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sectores financiarán es compartida entre más de un nivel de gobierno. Estos cambios
coincidieron con el hecho de que empieza a declinar el crecimiento del FNDR y a aumentar de
manera significativa la magnitud de las Provisiones Sectoriales. Para el período 1992-2004 las
tasas de crecimiento promedio anual son de 3,8% para el FNDR y de un 20,6% para las
Provisiones Sectoriales. Lo anterior produjo que la proporción de recursos de decisión
completamente regional de la IDR, el FNDR, disminuyera progresivamente de un 100% en
1988 a un 28% en el año 2003 (ver Gráfico 1). Algunos factores que explican el rápido
crecimiento de las Provisiones Sectoriales son: (a) se les han traspasado fondos que
anteriormente eran ISAR; (b) debido al supuesto mal manejo que algunos ministerios harían de
sus recursos, el Ministerio de Hacienda opta por asignar parte de éstos a los gobiernos
regionales a través de estas provisiones; y (c) año a año se les ha ido asignando más fondos que
antes se asignaban al FNDR por motivos que se explican más adelante.
Este cambio en la evolución del FNDR coincidió con que sus criterios de distribución
interregional empiezan a ser regulados legalmente por primera vez, por medio de la Ley
Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) de 1993. Esta ley
definió en líneas generales sus objetivos de compensación socioeconómica y territorial a las
regiones, y como debían ser asignados los recursos para cumplir con ellos. Sin embargo, sólo a
partir del año 2003 con el Decreto Nº130 el FNDR tiene una fórmula matemática de
distribución explícita.
Al observar la historia del FNDR se vislumbra que es distinto su rol antes y después de las
reformas descritas y de la aparición de la LOCGAR. Según Espinoza y Marcel (1994) el
proceso de descentralización entre 1975 y 1989 respondió al menos a tres objetivos distintos:
(a) un objetivo geopolítico, orientado a un control y ocupación armónica de los espacios
territoriales, promoviendo especialmente a las regiones extremas; (b) un objetivo político,
orientado a generar un sistema en el cual la población se organiza bajo un esquema territorialcorporativo
como alternativa a las organizaciones sociales y políticas tradicionales; y (c) un
objetivo económico, orientado a hacer operar el principio de subsidiaridad al interior del Estado
y facilitar el proceso de privatización de algunas funciones públicas tradicionales.
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