la prestacion farmaceutica del sistema nacional de salud

excluyendo no sólo a los titulares que reibiesen asistencia
en virtud de una relación laboral, sino que cita como
requisito no tener derecho “sea como titulares o como
beneficiarias” a las asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, impidiéndo así que estas últimas se beneficiaran de
la exención de pago, aún cuanto fuese su grado de Minusvalía
muy superior al 33% que estipulaba la Ley.
Por otra parte, en 1994 palía en parte esta situación,
avanzándose en el tema de la atención a los minusválidos, al
establecerse por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (51) las pensiones no contributivas por inválidez, a
las que pueden optar todos los Minusválidos,
independientemente que estuviesen o no comprendidos ya en el
campo de aplicación del sistema, extendiéndose la asistencia
farmacéutica gratuita a parte de la población Minusválida
siempre que cumplan determinados requisitos, entre los que
se encuentran, edad entre 18-65 afios, tener un grado de
Minusvalía igual o superior al 65% y no superar sus rentas
de determinadas cuantías que se establecen en la Ley de
Presupuestos del Estado.
Sin embargo, aún siguen quedando excluidos de la
gratuidad de la asistencia farmacéutica, los beneficiarios
y titulares de activos en los que se dan las siguientes
circunstancias:
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