Debates sobre los derechos humanos y el sistema ... - Acnur

Juan Aníbal Barría
humanidad y su carácter no amnistiable e imprescriptible, y sus
consideraciones en el caso Luis Almonacid.
Nuestras cortes de apelación, por su lado, han declarado
expresa y reiteradamente que ese decreto ley de amnistía
carece de efectos jurídicos por ser incompatible con la Convención
Americana. Así, en el caso del secuestro y ejecución del
señor Gabriel Marfull, el tribunal de alzada de Santiago expresó
en su fallo del 18 de enero de 2006 que “[c]omo consecuencia
de la manifi esta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas
leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando
un obstáculo para la investigación de los hechos”.
Sobre la base de los antecedentes expuestos, ¿cómo
debemos comportarnos en el plano internacional? Chile ciertamente
debe seguir propugnando en los foros multilaterales que
los compromisos internacionales no sean letra muerta y que las
instancias de protección creadas convencionalmente efectivamente
funcionen, no desvirtuándose sus propósitos ni debilitándose
sus competencias. Este debería ser nuestro norte en el
proceso de construcción institucional del Consejo de Derechos
Humanos que reemplazó a la antigua Comisión.
¿Qué pedimos, en general, como Estado a los organismos
internacionales de promoción y protección de derechos
humanos? Primeramente, que privilegien la adecuación interna a
los parámetros internacionales y tengan la comprensión hacia los
ritmos y difi cultades internas de implementación con los que se
enfrentan las maquinarias ofi ciales. Es esencial que apoyen los
esfuerzos de coordinación interministerial, ya que en la práctica
movilizar la maquinaria gubernamental no es fácil, máxime cuando
algunas instituciones ven las exigencias internacionales como
algo distante a sus preocupaciones cotidianas más apremiantes.
En esta dirección, es urgente que el Estado en su
conjunto –no solamente el gobierno- emprenda medidas positivas
y concretas que no se limiten a no incurrir en acciones
violatorias sino que garanticen que las personas puedan gozar
de sus derechos, tanto aquellos que derivan de lo estipulado en
la Carta Fundamental cuanto aquellos que surgen de compromisos
internacionales libremente adquiridos. El Estado deberá
asegurarse de que las normas internacionales operen dentro
de su territorio; examinar periódicamente su legislación y sus
prácticas con el propósito de eliminar todas las discrepancias
que aquéllas puedan mostrar con las normas internacionales;
brindar sufi cientes y apropiados recursos a los individuos para
que puedan reclamar y obtener una justa reparación en caso
de violación de sus derechos; y, por último, crear aquellas condiciones
necesarias –materiales y de otro carácter- para que
efectivamente puedan gozarse los derechos proclamados.
Un punto que nos parece necesario abordar es la
conveniencia de seguir adoptando instrumentos jurídicos, más
aún ante el extraordinario crecimiento que estos han experimentado
en las últimas décadas. Admitamos que es una tendencia
positiva -muchas veces necesaria- expresar legalmente las legítimas
y justifi cadas pretensiones y planteamientos de ciertos
grupos de personas que son objeto de una discriminación o de
una exclusión. Pero también convengamos que no siempre es la
meta deseable ni viable en el corto plazo. En efecto, a estos instrumentos
vinculantes deberíamos arribar cuando previamente se
ha recorrido el camino político-diplomático -es decir, de resoluciones
y declaraciones-, las cuales requerirán de una evaluación
permanente acerca de cómo ómo los derechos allí consagrados se
aplican interna e internacionalmente. ternacionalmen ente. Programas amas o planes de dde
acción
con calendarios ndarios de actividad aactividades
ades específi cas, con on reuniones a
las que deben eben asistir r repre representantes resentantes gubernamentales con facul-
¿Qué pedimos, en general, como Estado a
los organismos internacionales de promoción
y protección de derechos humanos?
Primeramente, que privilegien la adecuación
interna a los parámetros internacionales y
tengan la comprensión hacia los ritmos y
difi cultades internas de implementación.
tades para asumir sumir compromisos comp promiso sos concretos, pueden n en e ocasiones
ser más efectivos s y operativos s que qque
una a convención. co convención.
No podemos s dejar de reconocer cer que un docum documento
jurídico tiene mayor peso y mayor ayor perfi l público. Sin embargo,
solamente cuando hay consenso en la conveniencia y urgencia
de legislar, es que el terreno estará abonado para comenzar la
negociación de un instrumento que entrañe obligaciones para
los Estados. Ésta ha sido nuestra respuesta cuando se invita a
la Cancillería a proponer la adopción de acuerdos dedicados
a ciertos sectores de nuestra sociedad en foros universales y
Inƒormación
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II Número Nú 3 | SEPTIEMBRE DE 2007