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niveles de educación, preparación de los jóvenes, y fortalecerá
la cultura educativa y el desarrollo de los mexicanos para
enfrentar los retos del campo laboral en el país y fuera de él.
En tanto, el senador Ramiro Hernández García,
del PRI, recalcó que es con educación como se solucionarán
muchos de los problemas que viven los mexicanos.
Externó que miles de jóvenes no ingresan a
preparatorias porque no hay espacios, por lo que con
la reforma esos 7 millones de jóvenes que no estudian
y no trabajan tendrán la oportunidad de hacerlo.
Consideró importante que las decisiones
de gobierno sean acordes con las reformas legislativas
y den cumplimiento a lo que establece la ley, mediante
un aumento en el presupuesto para tal efecto,
así como hacer una revisión al proyecto educativo.
Por su parte, el senador perredista Pablo
Gómez Álvarez aseguró que si México cobrara impuestos
debidos y progresivos a los más ricos, garantizaría
por tres años la educación media superior.
Cuestionó los estímulos fiscales que otorga
el Ejecutivo a padres que tienen a sus hijos en educación
privada, ya que “no hay recursos para construir
aulas y contratar profesores en enseñanza de bachillerato.
Llamó al Senado a derogar esa disposición y utilizar
los recursos a favor de la legislación que se aprueba.
Por el PVEM, el senador Francisco Agundis Arias indicó
que con la aprobación del dictamen, se establecerán las condiciones
para modificar la legislación reglamentaria, a fin de que sea
un derecho la asistencia a la educación y formación profesional.
Destacó la importancia de establecer como obligación del
Estado otorgar educación media superior, con la particularidad de
quenosevulneraránlasinstituciones“libresyeducativas”delpaís.
Además, llamó a que en el presupuesto sean considerados
los montos suficientes para la implementación de la reforma
y que ésta no se vea impedida por falta de recursos económicos.
A su vez, el senador Francisco Alcibíades García
Lizardi, de Convergencia, manifestó que sólo el 42 por
ciento de la población mexicana de entre 25 y 44 años
de edad cuenta con una educación media superior.
En este sentido, refirió que las tasas de graduación de
México son las segundas más bajas entre los países de la
OCDE, sólo después de Turquía, mientras que el 52 por
ciento de los estudiantes de este nivel concluyen sus
estudios frente al 68 por ciento de otras naciones.
Ante este panorama, el legislador advirtió
que el desafió para México será proporcionar
educación a “la población más
grande de jóvenes que el país verá en unas décadas
y aumentar su inversión por estudiante”.
Por su parte, el senador petista
Ricardo Monreal Ávila indicó que en
el 2010 más de 7 millones de jóvenes,
que oscilan entre los 15 y 29 años, “no
estudiaron y tampoco trabajaron”.
Esta situación, agregó, ha provocado
que México pertenezca a los
contextos 19
países con mayor población inactiva “o podríamos decirlo de
otra manera: población joven contratada por los cárteles”.
En este sentido, expresó que “hoy mismo amanecimos
con una noticia: diez sicarios muertos en
Zacatecas, en un enfrentamiento con la Policía Federal y
los sicarios muertos tenían entre 16 y 18 años; a eso hemos
orillado a la población con este sistema injusto”.
Por ello, consideró que esta enmienda constitucional
será un “paliativo pero no resolverá el problema de fondo”.
En su oportunidad, el senador Rafael Ochoa Guzmán,
de Nueva Alianza, expresó que esta reforma constitucional es de
“enorme trascendencia”, ya que supone “un paso decisivo e histórico
en la compleja y ardua tarea del Estado de brindar servicios
educativos gratuitos, laicos y de calidad a los jóvenes mexicanos”.
Sin embargo, consideró que el plazo para alcanzar
la cobertura total “es muy largo, si pensamos en
la urgente necesidad de atender a los miles de jóvenes
que no han encontrado lugar en las escuelas públicas”.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para
sus efectos constitucionales.