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3. Entes locales y principio de subsidiariedad
Al igual que el art. 149.3 de la Constitución permite a las Comunidades Autónomas asumir a través de
sus Estatutos competencias sobre materias no atribuidas expresamente al Estado, las entidades locales
poseen, dentro de la normativa configurada como «bloque de la constitucionalidad de la garantía
institucional de la autonomía local» capacidad normativa residual en virtud del principio de proximidad.
Así, junto con la obligatoriedad que impone el art. 2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local de
atribuir competencias a las entidades locales en los asuntos que les afecten, más importante es si cabe el
art. 4.2. de La Carta Europea de Autonomía Local, la cual forma parte de nuestro Derecho positivo
desde 24 de febrero de 1989, fecha de publicación en el B.O.E. del instrumento de ratificación de la Carta
por el Estado Español de 20 de enero de 1988. Este precepto dispone:
«Las entidades locales tienen dentro del ámbito de la Ley libertad plena para ejercer su iniciativa en toda
materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad».
Evidentemente la expresión «dentro del ámbito de la Ley» hace referencia a la legislación nacional y, en
concreto, al reparto de competencias constitucionalmente configurado, del cual no se excluyen a las
entidades locales.
Salvo en el caso de las Comunidades que, especialmente Cataluña, han desarrollado normativa sobre
movilidad sostenible o sobre aspectos que inciden en la misma (País Vasco), o la reserva estatutaria
descrita cuando hemos hablado del Estatuto de Andalucía, en mi opinión nada impide que los municipios,
respetando su marco de competencias y, por descontado, legislación específica que imponga condiciones
o requisitos especiales (Ley 34/2007 de calidad del aire o Real Decreto Legislativo 2/2008), desarrollen no
solo Planes de Movilidad Urbana Sostenible, sino Ordenanzas Municipales que, yendo más allá en el nivel
de protección, establezcan medidas adicionales contra el ruido, contaminación industrial o restricciones al
tráfico, entre otras.
VI. LAS RECOMENDACIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO. HACIA UNA LEY ESTATAL DE
MOVILIDAD
1. La resolución 2006/227 de 12 de julio 2007 «Por una Europa en movimiento-movilidad sostenible
para nuestro continente»
La resolución 2006/227, de 12 de julio de 2007 (DOCE de 13/07/07) actualiza y pone al día las
conclusiones del Libro Blanco del Transporte de 2001, siendo su propio título ya de por sí toda una
declaración de intenciones.
Sus recomendaciones, en resumen, son:
a) La mejora de la interoperabilidad entre los modos de transporte, mejorando el ferroviario,
marítimo y fluvial.
b) La potenciación del servicio público de transporte colectivo de viajeros interurbano por carretera.
c) La mejora del mercado interior del transporte aéreo.
d) La necesidad de establecer una auténtica política común del transporte mediante la armonización
técnica, fiscal y social.
e) Incrementar la calidad del servicio para hacerlo atractivo al usuario.
f) La protección y seguridad del transporte, pero evitando controles innecesarios.
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g) Elaboración de un programa de I+D+I para reducir la dependencia de los transportes de los
combustibles fósiles.
h) Optimización de las infraestructuras desde una doble perspectiva: reducir la congestión y
aumentar la accesibilidad a través de la movilización de todas las fuentes de financiación.
i) Potenciar en los núcleos urbanos la inversión en transporte colectivo en detrimento del transporte
privado.
Para conseguir estos objetivos, y tras un balance negativo sobre la evolución desde el Libro Blanco en
2001 hasta la fecha, plantea algunas recomendaciones urgentes, de las que se destacan aquellas que
pueden erigirse en fuentes del Derecho interno:
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