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todo el título los arts. 149.1.23 C.E. (normas básicas de protección del medio ambiente) y 149.1.25 C.E.
(Energía y minas). Sin embargo, de una primera lectura se suscitan algunas dudas jurídicas desde el
punto de vista competencial.
Más allá de los principios generales, conceptos, o definiciones de mínimos, la primera impresión que
causan artículos como el 125 (planes de transporte de empresas) o el 126 (requisitos para la contratación
de vehículos, con determinadas características de consumo, emisiones, etc., que deben formar parte de
los criterios de adjudicación en los contratos) parecen ir más allá en el establecimiento de normas básicas,
limitando el ámbito autonómico de establecer normas adicionales de protección y, en algún caso,
generando posibles conflictos de competencias con autonomías con competencias ampliadas en la
materia, especialmente en el caso de Cataluña, y su desarrollo normativo propio.
Adicionalmente, cabe preguntarse qué sucederá con la futura Ley de Movilidad Sostenible y si, a la vista
de la Ley de Economía Sostenible, el Gobierno reducirá la prometida Ley a las disposiciones que sean de
aplicación de la Ley de Economía Sostenible lo que, a la vista del detalle del anteproyecto, parece ser la
intención del ejecutivo.
Por lo que hemos visto hasta este momento, muchas son las dudas que, a nivel competencial, se le tienen
que plantear al legislador Estatal a la hora de elaborar con garantías una proposición de Ley de Movilidad
Sostenible, o para validar lo recogido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en términos
competenciales.
A) El título competencial del Estado
A diferencia de una Ley de calidad del aire, donde no cabe duda que la única materia afectada es el art.
149.1.23 de la Constitución, en el caso de la movilidad sostenible concurren ámbitos en los que las
Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas, como son los transportes interiores, las
infraestructuras interiores o la ordenación del territorio.
Pensemos, además, en otro supuesto:
¿Qué ocurre en los casos en que las Autonomías se han atribuido competencias sobre la materia?
El caso más evidente es el de Cataluña, donde la Ley 9/2003 de movilidad tiene su refrendo en el propio
Estatuto, como hemos visto; pero no es el único: así recordemos que el Estatuto de Autonomía de
Andalucía incorpora como Ordenación del Territorio y, por tanto, con competencia exclusiva, la Protección
Ambiental.
B) El ámbito de la Ley y su transversalidad con otra legislación sectorial
Como hemos visto en la crítica a la Proposición de Ley sobre movilidad sostenible, la tendencia del Estado
puede ser la de legislar en detalle, en detrimento de las competencias autonómicas y locales.
Las recientes leyes del suelo y de calidad del aire, especialmente la primera, ya han generado conflictos
de competencias por lo que, según algunas Comunidades Autónomas, son injerencias del Estado en sus
competencias.
C) La dificultad de definir la movilidad sostenible a efectos competenciales
El Gobierno tiene, como hemos visto, un mandato legislativo para elaborar una Ley de Movilidad
Sostenible y, como Estado integrante de la Unión Europea, se entiende debe velar porque tal futura norma
responda a los compromisos adquiridos ante la unión. Sin embargo, la heterogeneidad de la movilidad
sostenible, no prevista como materia única por nuestro legislador constituyente debe obligar, so pena de
permanente conflicto, a la búsqueda del máximo consenso entre agentes socioeconómicos y entre las
diferentes administraciones con competencias sobre la materia.
D) La aplicación de la futura Ley en las Comunidades con competencia en la materia
Podríamos pensar que, en estos casos, prevalece el carácter supletorio de la Ley Estatal; sin embargo, y
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, el Estado no puede legislar supletoriamente allá
dónde no tiene competencias, lo que nos trasladaría a una situación en la que, una vez más, nuestro
intérprete de la Constitución delimitaría el alcance en los casos de Cataluña, Comunidades que
contemplen la competencia de forma expresa, o ya hayan legislado aún de forma parcial sobre la materia,
como el País Vasco.
E) El posible título competencial en el art. 149.1.1. de la Constitución
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Técnica no exenta de polémica y que, en el caso de Cataluña, se solapa con la concreción de la Ley
Catalana de la movilidad sostenible como un derecho del ciudadano.
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