Página 1 de 17 El Consultor: Imprimir 11/05/2010 http://www ...

El Consultor: Imprimir
Así, en la Sentencia 102/1995, de 26 de junio de 1995 (LA LEY JURIS. 13115/1995), a cuenta de la Ley
Orgánica 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de los Espacios Naturales, sobre el ámbito
competencial, y entre otras cuestiones, señalaba en su fundamento jurídico 8.°, recogiendo los
argumentos de la sentencia 149/1991 (LA LEY JURIS. 58074-JF/0000):
«Aunque esta redacción del texto constitucional lleva naturalmente a la conclusión de que el constituyente
no ha pretendido reservar a la competencia legislativa del Estado solo el establecimiento de preceptos
básicos necesitados de ulterior desarrollo sino que, por el contrario, la competencia para desarrollo de tal
legislación básica que, a la sazón, solo disfrutaban tres Comunidades Autónomas (País Vasco, Cataluña y
Andalucía) hoy generalizada por mas de la Ley Orgánica 9/1992 es una atribución sin duda legítima, pues
la Constitución no excluye la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar también
mediante normas legales o reglamentarias, la legislación estatal, cuando específicamente los Estatutos les
hayan atribuido esta competencia. Ahora bien, su obligada interpretación conforme a la Constitución pone
de manifiesto, sin embargo, que en materia de medio ambiente el deber estatal de dejar un margen al
desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica, aun siendo menor que en otros ámbitos,
no puede llegar, frente a lo afirmado en la STC 149/1991 (fundamento jurídico 1 D, in fine) de la cual
hemos de apartarnos en este punto a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de
las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de
contenido».
1.2. Cabe también, de acuerdo con el art. 148.2 de la Constitución que una Comunidad Autónoma
adquiera competencias de medio ambiente del art. 149 en el marco de una reforma de su estatuto
de autonomía
A la luz de la jurisprudencia constitucional antes descrita, cabría que una Comunidad Autónoma, sin
invadir la normativa básica estatal sobre la materia, en base a la facultad del 149.1.23 de que puedan
establecer normas adicionales de protección e inclusive, invocando la cláusula residual del 149.3, legisle
sobre aspectos como la movilidad sostenible, dado lo heterogéneo de la materia, o complemente en la
legislación sectorial del Estado (Agua, Transportes, Espacios Naturales, etc.) cuestiones no previstas por
el legislador Estatal. Analizaremos esta cuestión mediante el estudio competencial de la Ley 9/2003 de la
movilidad de Cataluña.
2. Panorama autonómico
De acuerdo con el marco de competencias en las materias objeto de la movilidad sostenible y a la vista de
la interpretación ya detallada que el Tribunal Constitucional ha arrojado sobre la materia, la legislación
autonómica puede encuadrarse en dos grandes grupos:
A) Estatutos que reflejan sin variaciones o ampliaciones los arts. 148 y 149 de la Constitución: en
este grupo se integran prácticamente la totalidad de los Estatutos de Autonomía, así: Baleares (L.O.
1/07 de 28/2), en su art. 30.1.46.°; Aragón (L.O. 5/07 de 20/04) art. 70.22; Valencia (L.O. 1/06 de
11/04), art. 50.6; o Madrid (L.O. 3/1983 de 25/02), arts. 26 y 27. En todos los casos se remarca la
capacidad autonómica de promulgar normas adicionales de protección del medio ambiente.
B) Estatutos con referencias específicas a la movilidad, o con concreciones de mayor alcance sobre
las materias de la movilidad sostenible. Al respecto, señalar:
— PAÍS VASCO (L.O. 3/1979) .— Si bien su art. 11 no aporta nada sustancialmente, pues
reproduce el sistema constitucional al atribuir a la Comunidad competencia del desarrollo
legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en Medio
Ambiente y Ecología, sí merece el máximo interés la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de
protección del medio ambiente del País Vasco. Esta Ley, aun no llamándose de la
movilidad sostenible, sí puede considerarse el primer esfuerzo serio de regular no solo el
derecho al medio ambiente saludable (art. 3), sino el establecimiento detallado de toda una
serie de medidas, programas y acciones para conseguir sus objetivos.
De esta forma, regula los programas marco medioambientales (art. 6), el ejercicio de
competencias entre las diferentes instituciones involucradas (art. 7), y gases contaminantes
o ruidos de vehículos. Igualmente desarrolla todo su Título IV a detallar cuáles deben ser los
instrumentos públicos para la ordenación de la política ambiental.
— ANDALUCÍA.— El recientemente reformado Estatuto de Andalucía mediante Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, a la hora de establecer las competencias autonómicas
introduce, si no el concepto de movilidad sostenible, sí el de sostenibilidad. Sus referencias
son:
Art. 56.5.— «Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
http://www.elconsultor.es/modules/document/toolbar/exe_printdoc.jsp?textSelected=f...
Página 9 de 17
11/05/2010