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Apoya su título competencial en el art. 149.1.23.ª, según dispone expresamente la disposición final sexta
de la Ley. Aunque el precepto habla de «competencias exclusivas», en el desarrollo de la Ley se
contempla con insistencia la necesaria participación de las Comunidades Autónomas en la planificación,
evaluación y control.
Sí recoge expresamente el art. 16 de la Ley el caso de existencia de competencias de Autonomías y
Ayuntamientos para elaborar, dentro del ámbito de sus competencias, planes y programas de protección
de la atmósfera: la Ley impone con carácter obligatorio a los municipios de más de 100.000 habitantes la
confección de tales planes o programas; imposición que, seguramente, acarreará conflictos de
competencias por lo repartido de las de medio ambiente y por lo en muchas ocasiones, difícil de establecer
el deslinde.
El art. 16 de la Ley, con diferencia el más conflictivo desde el punto de vista competencial, aporta otras
novedades de, por lo menos, dudosa constitucionalidad:
— La vinculación del planeamiento urbanístico a los planes y programas para protección de la
atmósfera, hasta el punto que el art. 16.4 señala: «Los planes y programas regulados en este
artículo serán determinantes para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de
ordenación del territorio. Si tales instrumentos contradicen o no acogen el contenido de los planes y
programas regulados en este artículo, esta decisión deberá motivarse y hacerse pública».
— El catálogo de medidas a adoptar por las Comunidades Autónomas recogido en el art. 16.2, que
podría entrar en conflicto con la legislación autonómica de desarrollo.
— Por último, y sin ser menos importantes otras cuestiones, la mención expresa del art. 16.4 a los
planes de movilidad urbana y transporte de empresa podría generar dudas sobre competencia: al
estar incardinadas en el art. 16.2 relativo a los planes a adoptar por las Comunidades Autónomas,
podría ser interpretado como una interferencia de las autonomías en las competencias locales
sobre medio ambiente y regulación del tráfico urbano.
Las referencias expresas a la movilidad sostenible de la Ley:
Como hemos dicho, en coherencia con los compromisos comunitarios adquiridos, las disposiciones
adicionales 6.ª y 7.ª introducen, aun sin definirlo, el concepto de movilidad sostenible:
— Mandatando a las Administraciones Públicas para que, en el ámbito de sus competencias,
promuevan sistemas de transporte público y privado menos contaminantes.
— Mayor polémica competencial genera y generará la disposición adicional séptima, en la que se
establece el compromiso de elaborar una Ley Estatal de movilidad sostenible, con cita específica de
los planes de transporte de empresa.
Como veremos de forma más detallada, las Comunidades Autonómicas que han reformado sus Estatutos
han incorporado en algún caso, y antes de la entrada en vigor de la Ley Estatal, competencias sobre
movilidad y, en el caso más palpable, la Comunidad de Cataluña tiene como base estatutaria todo un
desarrollo normativo propio en torno a la Ley 9/2003 de 13 de junio, de la movilidad de Cataluña.
Igualmente, la Ley de calidad del aire baja a un detalle en el desarrollo de algunas medidas, régimen
sancionador o fiscalidad, que han merecido ya el reproche en la tramitación parlamentaria de la Ley, vía
enmiendas, al considerarse invaden competencias autonómicas (2).
B) El Real Decreto Legislativo 2/2008, Texto refundido de la Ley del Suelo
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Como adelantábamos en el capítulo «regulación legal y niveles de competencias», el bloque de
constitucionalidad al que el legislador ha pretendido vincular esta Ley es el del art. 149.1.1.° de la
Constitución, que reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales. Complementariamente, configura el «paraguas constitucional» en base a las
competencias atribuidas al Estado en el art. 149.1.13.° (bases y coordinación general de la actividad
económica), 18.° (bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, legislación sobre
expropiación forzosa) y 23.° (legislación básica sobre protección del medio ambiente). Este título
competencial lo incorpora el Real Decreto Legislativo 2/2008, Texto Refundido de la Ley del Suelo, en su
disposición final primera y, con el mismo, otorga el carácter de legislación básica, a los efectos que
interesan a este estudio, los siguientes preceptos:
— Arts. 1 a 9: disposiciones Generales y condiciones básicas de la igualdad en los derechos y
deberes constitucionales de los ciudadanos.
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