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El Consultor: Imprimir
1.— La fijación de políticas de ordenación urbana y territorial adecuadas que incrementan el
suministro local de bienes y servicios de todo tipo para evitar las necesidades de desplazamientos
de los ciudadanos.
2.— Determinar, mediante el debate público oportuno, la fórmula para que las personas y empresas
responsables contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo: esta recomendación no es más que una
especificidad del principio «quien contamina, paga», ya recogido en la reciente Ley 34/2007 de
calidad del aire y protección de la atmósfera.
3.— Potenciar los derechos de los viajeros (frecuencia, puntualidad, control), como fórmula de
hacer atractivo el transporte colectivo de viajeros.
4.— La recomendación de hacer un Libro Verde sobre el transporte urbano, fomentando el
transporte colectivo de viajeros, y respetando el principio de subsidiariedad pues, como reconoce
expresamente «el transporte urbano es competencia natural de las autoridades locales y
regionales».
5.— Establecer políticas fiscales que favorezcan a los vehículos que menos contaminan.
2. La Proposición de Ley de movilidad sostenible presentada por Ecologistas en Acción,
Greenpeace, Comisiones Obreras, Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds y Los Verdes
Esta Proposición de Ley tiene el mérito de ser la primera propuesta de legislar a nivel de todo el Estado
sobre la Movilidad Sostenible.
Tiene como referente inspirador la Ley Catalana, sin olvidar el Libro Blanco ni las recomendaciones de la
Comisión Europea, siendo especialmente valorable el nivel de detalle con el que contempla el problema
del transporte a Polígonos Industriales y la necesidad, inclusive, de Planes de Transporte de Empresa.
Reproduce el sistema de «Planeamiento en cascada», sin olvidar que los elementos básicos son los
planes de movilidad urbana.
A nivel competencial intenta cuidar su carácter de «principios básicos», y, aunque la exposición de motivos
ni el texto articulado de la Proposición dicen nada al respecto, el propio art. 1 «Objeto» refleja este
principio: «Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y objetivos a los que debe responder una
gestión de la movilidad de las personas y del transporte de mercancías dirigida a la sostenibilidad y la
seguridad, y definir los instrumentos y órganos adecuados para garantizar una movilidad sostenible
basada en dichos principios».
Es al desarrollar las funciones de las diferentes administraciones concurrentes donde pueden encontrarse,
en mi opinión, vicios de inconstitucionalidad por:
— No sólo porque las Comunidades con competencias estatutarias en movilidad, desarrolladas
legalmente, como es el caso de Cataluña, pueden entender una injerencia en sus competencias, y
tendrían base constitucional para tal afirmación.
— Porque el detalle con el que se determina cuál debe ser el contenido de los planes directores
autonómicos de movilidad sostenible (art. 10) y los planes de movilidad urbana sostenible (art. 11)
atentan a las competencias autonómicas de ordenación del territorio, transporte, infraestructuras e,
inclusive, a las de gestión de medio ambiente reconocidas por el art. 148 de la Constitución: en
definitiva, una cosa es enumerar el esquema de planes y otra muy diferente el determinar el
contenido de los mismos más allá de lo mínimo esencial.
3. Retos de una futura Ley Estatal frente a las competencias autonómicas y locales. Los
interrogantes del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El posible conflicto de
competencias con la Ley de Cataluña
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La Proposición de Ley sobre movilidad sostenible que acabamos de citar coincide en el tiempo con la
discusión parlamentaria de la Ley 34/2007 de calidad del aire y Protección de la Atmósfera. La adicional
7.ª de la Ley, que emplaza al Gobierno al desarrollo de una Ley de movilidad sostenible es, de hecho, el
acuerdo transaccional que aplaza la intervención legislativa del Estado en la materia.
Adicionalmente, el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado por Consejo de Ministros de
27 de noviembre de 2009, introduce entre toda una serie de medidas, un capítulo III al título III con la
rúbrica «Transporte y movilidad sostenible» y, a los efectos que nos interesan, las Secciones 2.ª:
«Planificación y gestión eficiente de las infraestructuras y servicios del transporte» y la Sección 3.ª:
«Movilidad Sostenible». En la Disposición final cuadragésima se menciona como título competencial para
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