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municipal, y acabando de esta forma con un vacío normativo que era causa de importantes
disfunciones...».
Esta Ley provocó en su inicio virulentas tensiones competenciales, primeramente con la Generalitat
Catalana, y obligó a resolver al Pleno del Tribunal Constitucional, en la Sentencia 118/1996 (LA LEY
JURIS. 8076/1996), tres cuestiones de inconstitucionalidad presentadas tanto sobre la Ley, sobre la Ley
Orgánica de Transferencias, como sobre la propia Ley 12/1987, de 28 de mayo, de Transportes de
Cataluña.
Esta interesantísima sentencia acabó declarando nulos varios artículos de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres en todos aquellos supuestos en que, por la vía de la supletoriedad del derecho
estatal, al amparo del art. 149.3 de la Constitución, se atribuía el Estado unas determinadas
competencias.
Así ocurría, de entrada, con la redacción original del art. 2 de la Ley, que señalaba:
«Art. 2. La presente Ley será de aplicación directa en relación con los transportes y actividades auxiliares
o complementarias de los mismos, cuya competencia corresponda a la Administración del Estado.
Asimismo, se aplicará a aquellos transportes y actividades cuya competencia corresponda a las
Comunidades Autónomas y a la Administración Local con el carácter supletorio o directo que en cada caso
resulte procedente, de conformidad con el ordenamiento constitucional, estatutario y legal.Las
disposiciones contenidas en el Capítulo VII del Título III y en los Capítulos II y V del Título IV se
considerarán de aplicación supletoria respecto de las que, conforme a sus Estatutos, puedan dictar las
Comunidades Autónomas».
Sobre la supletoriedad del 149.3 de la Constitución y las pretensiones del art. 2.°, el Tribunal
Constitucional señala, en su Fundamento de Derecho 7, tras recordar su propia doctrina sobre la
supletoriedad:
«Por consiguiente, es indudable que en materia de transportes terrestres el Estado no puede dictar
normas puramente supletorias, dirigidas exclusivamente a regular aquellos transportes que se encuentran
sometidos a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. En la medida en que las normas
que resulten de aplicación a los transportes terrestres intracomunitarios, en cada una de las Comunidades
Autónomas, ofrezcan lagunas a los aplicadores del Derecho, deberán integrarlas de conformidad con las
reglas usuales de interpretación, incluida la cláusula de supletoriedad del Derecho Estatal del art. 149.3 in
fine C.E. Pero la supletoriedad resultará predicable, por disponerlo así la Norma Fundamental de las
normas dictadas válidamente por el Estado en materias de su competencia: ya los preceptos sobre
transportes intercomunitarios, ya los preceptos aplicables a los transportes de competencia autonómica,
pero fundados en títulos competenciales del Estado distintos al de «transporte», sin que ello implique la
aplicación de dichos preceptos ante la simple ausencia de regulación autonómica en la materia de que se
trate; la aplicación de los preceptos aludidos como supletorios dependerá de la eventual identificación de
una laguna por el aplicador del derecho».
Tras este planteamiento, y de forma más concreta, señala en su fundamento 8.°:
«La alegada inconstitucionalidad aparece de forma patente en el segundo párrafo de dicho precepto, en
cuanto considera de aplicación supletoria las normas contenidas en el Capítulo VII del Título II que, por
referirse a los transportes urbanos no hallan amparada en título competencial alguno que habilite al Estado
para dictarlas, ni respecto de los transportes de competencia estatal —que, por definición no pueden ser
los transportes urbanos— ni respecto de los que son competencia de las Comunidades Autónomas la
supletoriedad se utiliza así como título competencial, y ese uso implica una inconstitucional vulneración del
orden constitucional de competencias».
De modo particular, y bajo el marco interpretativo de la Sentencia 118/1996 (LA LEY JURIS. 8076/1996),
de 27 de junio, del Constitucional, las principales aportaciones en pro de la movilidad sostenible de la Ley
son:
— La programación y planificación: reflejadas en los arts. 15 y 16, especialmente en las
referencias del art. 15 sobre el contenido de los programas o planes de transporte.
— La coordinación e intermodalidad del transporte, de los arts. 25 a 28.
— La regulación de las diferentes modalidades del transporte terrestre y de las condiciones
de su ejercicio reflejadas en todo el título IV de la Ley.
1.2. Tráfico. Circulación de vehículos a motor
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Bajo esta rúbrica el Estado ha desarrollado toda una serie de disposiciones normativas que, en lo que a lo
más intrínsicamente relacionado con la movilidad sostenible se refiere, se concentran en el Real Decreto
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