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El Consultor: Imprimir VII. EL MARGEN DE COMPETENCIAS AUTONÓMICO EN EL DESARROLLO NORMATIVO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 1. Cataluña No ofrece ninguna duda de que tanto su Estatuto, la Ley de Movilidad como otra normativa de desarrollo obedecen a una competencia de carácter exclusivo. 2. País Vasco y Andalucía País Vasco.— Como hemos visto, aun en desarrollo de la normativa estatal, la Ley 3/1998 de 27 de febrero de Protección del Medio Ambiente del País Vasco establece no sólo el derecho a un medio ambiente saludable, sino medidas específicas sobre vehículos y transporte que, aun incidiendo sólo en lo medioambiental, deben considerarse como parte de su legislación sobre movilidad sostenible. En cualquier caso una futura norma estatal debe preservar las competencias estatutarias y desarrolladas. Andalucía.— Recordemos que el art. 56.5 de su Estatuto considera la protección ambiental como parte de la ordenación del territorio, independientemente de las facultades de medio ambiente del 57.3 del Estatuto, reflejo del sistema del 149.1.23 de la Constitución y de sus propias competencias de gestión del art. 148 de la Constitución. 3. Autonomías sin título competencial propio o legislación sobre la materia: estudio del caso de Madrid En el apartado correspondiente de este estudio indicábamos que la gran mayoría de Comunidades Autónomas no contienen disposiciones estatutarias sobre movilidad sostenible, lo que, unido a la heterogeneidad de la materia, dificulta su encuadre. El esquema, en todos los casos será el mismo: competencias exclusivas en las infraestructuras de la Comunidad que no discurren por otra u otras, competencia exclusiva sobre el transporte terrestre intracomunitario, exclusiva sobre la ordenación del territorio y compartida, y de desarrollo en materia de medio ambiente. ¿Qué puede hacer una Autonomía como la de Madrid, que parte de estas premisas competenciales? 3.1. La posible Ley de la Movilidad Sostenible de Madrid: su título competencial Mucho se está hablando de una reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid y, en su caso, entiendo hay margen para que, con fundamento más que en el 149.1.23 de la Constitución, en el 148.2 y 149.3 de nuestra Carta Magna pueda atribuirse, al igual que Cataluña, competencias en materia de movilidad sostenible. A falta de reforma estatutaria no está de más recordar, como acertadamente ha trasladado el legislador autonómico andaluz a su Estatuto, que la movilidad sostenible tiene más de ordenación del territorio que de medio ambiente, por lo que una hipótesis de Ley sobre la materia fundamentada en las competencias autonómicas no sería descabellada, más si tenemos en cuenta la justificación que supone la necesidad de regular el transporte en las áreas metropolitanas. 3.2. El margen de competencias de la Administración Local El art. 2 de la Ley 7/1985 impone al legislador estatal y autonómico prever, en lo que les afecte, cuáles serán las competencias locales sobre una determinada materia. En cualquier caso, como hemos visto, las competencias locales en ordenación del tráfico urbano y medio ambiente deben respetarse; por lo tanto, ni la Ley Estatal, ni la posible autonómica, pueden bajar a un nivel de detalle de forma que se cercenen o anulen las competencias de las entidades locales sobre la materia. El problema surgirá en aquellos casos en que el legislador autonómico o, en su caso, el estatal, legisle contra Ordenanzas de Tráfico o Medio Ambiente, o Planes de Movilidad Urbana establecidos previamente, de forma que los anule total o parcialmente o les imponga tales condiciones que cuestionen su eficacia: al respecto, una vez más las entidades locales jugarán en inferioridad de condiciones frente al Estado y las Autonomías por la dificultad de acceso al Tribunal Constitucional, según están formulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional los requisitos para acceder al Conflicto en Defensa de la Autonomía Local. VIII. CONCLUSIONES Página 16 de 17 El Estado Español, acorde con sus compromisos internacionales, está apostando decididamente por http://www.elconsultor.es/modules/document/toolbar/exe_printdoc.jsp?textSelected=f... 11/05/2010
El Consultor: Imprimir medidas que favorezcan la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, siendo los referentes más cercanos la Ley 8/2007 del suelo y, específicamente la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. Sin embargo, el compromiso adquirido por la adicional 7.ª de la Ley 34/2007 de formular una Ley de ámbito estatal de movilidad sostenible se encuentra con múltiples condicionantes que, en el ámbito de las Competencias Estado-Comunidades Autónomas-Municipios, cuestionan su viabilidad: a) En mi opinión, parece claro que Cataluña, al haberse atribuido estatutariamente competencias sobre movilidad y haber legislado sobre la materia, obliga a la futura Ley Estatal a buscar fundamentos basados especialmente en la uniformidad de los derechos y de su ejercicio (art. 149.1.1.), con toda la polémica que ello implica, minimizando su alcance, y limitándose a cuestiones elementales y grandes directrices sobre movilidad. b) En el resto de Comunidades, hayan desarrollado o no legislación propia sobre uno o varios aspectos de la movilidad sostenible, como es el caso del País Vasco o Andalucía, podemos encontrarnos ante dos situaciones: — Que mediante una reforma de sus estatutos de autonomía se atribuyan competencias sobre movilidad sostenible: en definitiva, supondría apoyarse en el 149.3 de la Constitución para justificar la iniciativa. — Que, como podría suponer con mayor protección estatutaria en el caso de Andalucía, una Comunidad Autónoma, como la de Madrid, formulase una Ley propia de Movilidad Sostenible basándose no solo en sus facultades de desarrollo sobre el medio ambiente del 149.1.23 de la Constitución Española, sino, especialmente, y ahí sí hablamos de competencias exclusivas, en la ordenación del transporte dentro del territorio de la Comunidad y en la movilidad sostenible como un elemento esencial de la ordenación del territorio. Página 17 de 17 No parece se despejen las dudas sobre título competencial que apuntan lo esbozado en el anteproyecto de ley de economía sostenible pues, como hemos señalado, la «vis expansiva» del legislador estatal puede entrar en colisión con el marco competencial autonómico para el establecimiento de normas adicionales de protección. Como vemos, este estudio no es más que una mera aproximación a lo que, sin duda, será un interesantísimo debate político y doctrinal en el futuro más inmediato. (1) SSTC 4/1981, de 2 de febrero; 32/1981, de 28 de julio; o 40/1988, de 19 de febrero. (2) Diario de Sesiones del Senado, Comisiones nº 511, de Medio Ambiente, 4/10/07. Diario de Sesiones del Congreso, Comisiones nº 866, de 27/06/07. (3) Recursos de inconstitucionalidad nº 6963/2007 (Comunidad de Madrid), 6964 (Comunidad de La Rioja) o 6973/2007 (Gobierno de Canarias). Debe tenerse en cuenta también el interpuesto por el Partido Popular, recurso 6965/2007. http://www.elconsultor.es/modules/document/toolbar/exe_printdoc.jsp?textSelected=f... 11/05/2010
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