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habilidades y potencialidades de las personas, siendo también un fin básico
del educador como formador integral, pues éste, dentro en su función como
orientador, es quien debe servir de facilitador para que sus alumnos logren
alcanzar su desarrollo máximo. Para ello, debe conocer a cabalidad las etapas
evolutivas en que se encuentran sus niños, conociendo así el alcance de sus
capacidades, según las características individuales de cada niño y el contexto
en donde se desenvuelven.
Se evidencia así la existencia del principio de intervención social, donde no se
olvidan los factores externos en los que se desenvuelven los niños, fuera del
marco escolar, entre los que podríamos mencionar la familia, la comunidad, la
sociedad y el Estado, entre otros. Éstos también influyen en el desarrollo y la
formación de los alumnos en sus diferentes áreas de conocimiento.
Por ultimo, pero no menos importante, encontramos el principio de
intersectorialidad, el cual hace referencia a la necesidad en algunos casos de
apoyo externo por parte de instituciones ajenas, o sectores que puedan
cooperar de forma positiva en la intervención o prevención dentro de la
orientación escolar.
Retomando el tema de correspondencia y co-responsabilidad entre familia,
sociedad y Estado, como agentes esenciales en la formación integral del niño
e impulsores de su prevención y tratamiento oportuno, pues están presentes
de forma continua en los diferente ámbitos y contextos en que se
desenvuelven, la ley 115 del 8 de febrero del 1994, o Ley General de
Educación, clarifica las responsabilidades especificas del Estado, la familia y
la sociedad en torno al proceso, obligaciones, servicios, beneficios
estudiantiles, objetivos y áreas, entre otros, con respecto a la educación, a fin
de garantizar la formación integral de los niños, pues “se fundamenta en los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra y en su carácter de servicio público”.