SUMARIO - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

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Boletín de Documentación
Sr. Barrera Costa
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, mi enmienda
defiende la república como forma política de Estado. Ya hablé
de esto el pasado lunes y voy a tratar de evitar, en cuanto
sea posible, la reiteración de argumentos, tanto
de los míos como de los desarrollados esta tarde por los
señores Gómez Llorente y Martín Toval. Si no lo consigo del
todo, les ruego benevolencia.
En el debate de totalidad desarrollé la tesis sobre esta cuestión:
el texto constitucional debía subordinarse al resultado de
un referéndum previo. Esta continúa siendo mi posición y, por
tanto, la presentación de la enmienda que tengo el honor de
defender en nombre de mi partido, Esquerra Republicana de
Cataluña, significó sólo que había previsto de antemano que
mi propuesta de rechazo global del anteproyecto de Constitución
no sería aceptada.
En estas condiciones, desechado el referéndum previo –lo
cual lamento profundamente–, mi opción es la República, y por
esto tomo la palabra en este momento.
A pesar de que he dicho que procuraría evitar la mera repetición
de lo que ya dije hace tres días en esta misma sala,
lo que sí quiero reiterar, antes de entrar en la exposición de los
argumentos que abonan la tesis republicana, es mi respeto y
estima por el Rey Don Juan Carlos y mi agradecimiento por
sus indiscutibles esfuerzos para lograr la reconciliación entre
los españoles y llevar el país a la democracia. Nada de lo que
pueda decir debe, pues, interpretarse como un ataque a su persona,
ya que hasta ahora sólo alabanzas merece.
El tiempo de que dispongo no me permite, naturalmente,
entrar en discusiones técnicas propias de constitucionalistas.
Yo, por otra parte, no soy jurista; soy sólo un modesto profesor
de Química. Me limitaré, pues, a los aspectos políticos de
la cuestión y trataré de ser a la vez lo más sistemático posible
y lo más breve posible.
Los temas esenciales de mi intervención serán: primero, el
de la accidentabilidad o sustantividad del problema; segundo,
el del nulo fundamento de los ataques de que es ahora objeto
la forma republicana de Gobierno, y tercero, el de la oportunidad
actual de la Monarquía, de su legitimidad y de su legitimación
futura.
Son y han sido siempre muchos en España, y en particular
en Cataluña, los que han sido accidentalistas con respecto a la
forma de Gobierno. Es evidente que, si hay una auténtica democracia,
los dos sistemas pueden funcionar igualmente bien,
y con un Rey con las cualidades que Don Juan Carlos ha demostrado
hasta ahora poseer, la Monarquía no plantearía problemas
importantes.
¿Quién puede dudar de que vale más una Monarquía con
buen gobierno que una República mal gobernada? ¿Quién puede
dudar de que vale más cualquiera de las Monarquías europeas
actuales que la República portuguesa en tiempos de Salazar?
Pero estos argumentos, que nos llevarían a la conclusión de que
el dilema Monarquía-República es un falso dilema, no van al
fondo del asunto. Porque la comparación entre los sistemas sólo
es válida aislándolos de los demás factores que entran en juego,
para determinar la situación de un país, es decir, operando
según el método científico, o sea, suponiendo igual todo lo
demás.
Separemos, pues, por un momento la cuestión de su contexto
español actual y de la tradición de las Monarquías españolas
y analicemos, aunque sea muy sumariamente, la naturaleza
intrínseca de la Monarquía.
La Monarquía es, en primer lugar, un sistema fundado sobre
privilegios hereditarios que no respetan el principio de
igualdad que hemos consagrado en el primer apartado del artículo
1º de la futura Constitución, aprobado por esta Comisión
esta mañana. Es, además, un sistema fundado sobre una
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jerarquía que no procede necesariamente del mérito. Es, en
tercer lugar, un sistema que en su funcionamiento tradicional
introduce una discriminación contra la mujer. Es, en fin y sobre
todo, un sistema que sustrae una parcela de poder -mayor
o menor, pero siempre una parcela de poder– de la soberanía
popular.
La Monarquía puede, a pesar de todo ello, funcionar bien
con un buen rey, nadie lo duda. Pero ¿quién puede garantizar
que un buen Rey no dejará de serlo? ¿Quién puede garantizar
que lo serán sus sucesores?
Algunos de los enemigos de la República no discuten nada
de lo dicho, pero argumentan que la República es mucho peor.
Sus razones no resisten el análisis. En primer lugar, veamos
lo que pasa en el mundo. En Europa todos los Estados son
republicanos, menos Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega y, ahora, España. Todos los países
americanos, sin excepción, son republicanos. La gran mayoría
de los países del resto del mundo son republicanos. Entre
las Repúblicas figuran las naciones actualmente más poderosas
de la tierra. ¿Cómo es posible que un sistema tan malo
como algunos dicen haya sido el escogido en la mayor parte
de los países que van a la cabeza de la civilización? Soy el
primero en reconocer que España tiene peculiaridades que no
existen en otros países. Pero países con Repúblicas, que mucho
quisiéramos nosotros poder igualar en cuanto a buen
gobierno, los hay de todos los tipos y en todas las latitudes.
No es argumento aquí, pues, hablar de la especificidad de
España.
Si del resto del mundo pasamos a España es igualmente
falacioso pretender que la República ha funcionado mal en
España. Las dos efímeras Repúblicas de 73 y del 31 terminaron
en sendas crisis de Estado. Esto es muy cierto. Pero
igualmente terminaron así cinco Monarquías (para no remontarnos
más allá de los Borbones): la instaurada con
Felipe V terminó con las capitulaciones de Bayona; la de
José Bonaparte y la de Amadeo de Saboya fueron cortísimas
y muy desgraciadas; la de Fernando VII y de Isabel II
terminó, tras incesantes convulsiones, con el destronamiento
de esta última; la de Sagunto –estable mientras hubo sólo
el caciquismo como forma de gobierno– terminó con la Dictadura
del General Primo de Rivera y la II República. Y no
hablo del «Reino» franquista, que era también un Estado monárquico.
La II República terminó, por cierto, con la guerra civil de
1936. Pero con la Monarquía hubo, en el siglo XIX, tres guerras
civiles –de origen dinástico–, sin contar los golpes de estado
y pronunciamientos y sin contar las guerras exteriores: las
coloniales en América y Filipinas; la guerra de Africa y la
desastrosa contra los Estados Unidos. En el siglo XX tuvimos,
con Monarquía, la guerra del Rif.
No quiero hablar a fondo de la última guerra civil porque
soy partidario, como el que más, de la reconciliación, pero la
responsabilidad de esta guerra no puede atribuirse únicamente,
ni tan sólo principalmente, a la institución republicana. Todo
el mundo tuvo su parte de responsabilidad, y no fue la de los
republicanos la mayor.
De hecho, la Historia de España, desde Carlos III hacia acá
–para no remontarnos más lejos–, no es para enorgullecernos
desde los puntos de vista conjugados de estabilidad, libertad,
justicia y buen gobierno. Creo que la institución monárquica
no tiene nada que ganar en cualquier intento de buscar responsabilidad
sobre el pasado. En realidad, ni un sistema ni a otro
se le puede pedir lo imposible y, en determinadas circunstancias
históricas, ningún sistema puede ser capaz por sus solas
virtudes de evitar la peor.
Y voy a pasar ya al tercero y último punto de mi intervención,
la República o la Monarquía, aquí y ahora. En el debate
de totalidad ya rebatí los argumentos de los que atribuyen a la