SUMARIO - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

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Boletín de Documentación
lamentarios elegidos están investidos de poder constituyente
por sufragio universal lime, directo y secreto en esas elecciones
democráticas y se hallan legitimados y haciendo el ejercicio
del mismo.
Por tanto, la Constitución será sometida a referéndum del
pueblo español para que decida libre y democráticamente si la
acepta no. En la irrenunciable función de ejercitar ese poder
constituyente estamos totalmente legitimados para tomar decisión
sobre la forma del Estado español que, en este caso, viene
del anteproyecto elaborado par el Congreso de los Diputados
como una Monarquía parlamentaria. En tal sentido, el Grupo
Parlamentario de UCD se pronunciará favorablemente sobre el
mismo.
Sr. Banjo Fanlo
…/… Vaya por delante, como han hecho otros señores Senadores,
mi respeto y mi admiración por la egregia figura de
don Juan Carlos, principal artífice de que este acto democrático
que estamos viviendo haya sido posible. Pero como lo cortés
no quita lo valiente, yo he de pronunciarme ante esta Cámara
como lo que fundamentalmente soy un modesto
profesional del Derecho; un profesional del Derecho que, por
otra parte, no es especialista en Derecho político, ni mucho
menos en Derecho constitucional, y que admite, desde ahora,
la posibilidad de que sus opiniones sean gravemente erróneas.
Sus Señorías juzgarán. Desde que la guerra civil dio al traste
con la Segunda República, nunca se habló en la legislación española
de Monarquía o, más propiamente, de Reino, hasta la Ley
de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947.
Hasta ese momento se habló de Estado nacional de carácter
totalitario, como se recoge en la exposición de motivos del Fuero
del Trabajo.
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, efectivamente,
en su artículo 1º establece que España se constituye en Reino.
Y es interesante recoger de este precepto legal el contenido
de su artículo 6º en el cual se dice expresamente que: «En
cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las
Cortes la persona que estime debe ser llamada en su día a sucederle,
a título de Rey o Regente, con las condiciones exigidas
por esta ley, y podrá, asimismo, someter la aprobación de
aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya
hubiese sido aceptada por las Cortes».
Quiero llamar también la atención de sus Señorías sobre el
artículo 9. de esta misma ley, que dice resumidamente: «para
ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá»
(aparte de otras condiciones que se especifican) «... jurar
las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los Principios que
informan el Movimiento Nacional».
Los Principios del Movimiento Nacional eran todavía una
mera declaración dogmática, porque no habían sido recogidos
y reconocidos como norma legal dentro de la colección legislativa.
Ciertamente, esta Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado
fue sometida, como todos recordarán, a un referéndum que
se celebró el día 6 de julio de 1947, en el que a base de argumentos
como el de recordar a los funcionarios administrativos
la obligación de votar y la conveniencia de hacerlo afirmativamente,
como la amenaza solapada de que se retirarían las
pensiones de jubilación a aquellas personas que no hicieran uso
del deber del voto, como, según recordaréis, como cosa anecdótica,
aquel rumor que se esparció de que se quitarían las
cartillas de racionamiento de tabaco a aquellos que no votaran,
conocidos estos argumentos se consiguió que efectivamente
votaran, según los datos oficiales, el 88 por ciento del censo
y que del número total de votos lo hicieran afirmativamente
el 93 por ciento de los votantes.
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A partir de este momento, como una cosa es predicar y otra
es dar trigo, pese a que España se constituía en Reino, el Jefe
del Estado se reserva una magistratura vitalicia y, efectivamente,
ningún movimiento hay en nuestra legislación hasta que con
fecha 17 de mayo de 1958 se promulga la Ley de Principios
del Movimiento Nacional, que hasta ahora, como he dicho antes,
tenía un carácter permanente dogmático, pero no legal, legislativo.
De esta ley interesa señalar el Principio VII, que dice:
«El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado
por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye
el Estado nacional. Su forma política es, dentro de los
principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto
determina la Ley de Sucesión y demás Leyes Fundamentales,
la Monarquía tradicional, católica, social y representativa».
Lo que se entendía por Monarquía representativa viene
desarrollado en el Principio VIII, que dice: «La participación
del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones
de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el
municipio y el sindicato y demás entidades con representación
orgánica que a este fin reconozcan las leyes». Y agrega: «Toda
organización política de cualquier índole, al margen de este
sistema representativo, será considerada ilegal».
Esto va en los Principios que se enuncian a priori, porque,
luego, su reconocimiento legislativo se hace en tres artículos,
el primero de los cuales dice lo siguiente: «Los principios
contenidos en la presente Promulgación son, por su propia
naturaleza, permanentes e inalterables». El artículo 3.º dice
literalmente: «Serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier
clase que vulneren o menoscaben los Principios proclamados
en la presente ley...».
Señorías, esto quiere decir, pura y simplemente, que, queramos
o no, en este momento no estamos haciendo reforma
política; estamos haciendo ruptura política, y de ello me congratulo.
Con posterioridad se promulga la Ley Orgánica del Estado
y se modifican las distintas Leyes Fundamentales. Estas
modificaciones se someten a un nuevo referéndum que se celebra
el día 14 de diciembre del año 1966, y con argumentos
quizá menos directas, pero tal vez más sutiles que los empleados
en el primer referéndum, como el de aquella señorita que en
un «spot» televisivo sustituyó aquello de «Veterano tiene eso»
por lo de «Voy a votar el referéndum porque le quiero mucho
al Caudillo», se consiguió que, superando los porcentajes de
votación obtenidos en el referéndum anterior, votara el 89,2 por
ciento del censo y lo hiciera afirmativamente el 95,86 por ciento
de los Votantes.
Por fin, llegamos a la Ley de 22 de julio de 1969, en la que
el Caudillo, por aquello de dejar todo «atado y bien atado» y
suponemos que al hablar de esto se refería concretamente a la
permanencia e inalterabilidad de los Principios del Movimiento
Nacional, no dejando siquiera el más mínimo resquicio a la
intervención indirecta de una presunta voluntad popular, hace
uso del derecho que le reconocía la Ley de Sucesión en la Jefatura
del Estado y nombra sucesor a Don Juan Carlos de Borbón
y Borbón, indicándose en la exposición de motivos de la
Ley textualmente que: «El VII de los Principios del Movimiento
Nacional establece que la forma del Poder del Estado español
es, dentro de los principios inmutables» (se reitera, una vez más)
«del Movimiento Nacional, la Monarquía tradicional, católica,
social y representativa». Y prosigue luego la exposición de
motivos, tras otros temas: «... estimo llegado el momento de
proponer a las Cortes Españolas, como persona llamada en su
día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe don Juan Carlos
de Borbón y Borbón, quien tras haber recibido la adecuada formación
para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos,
ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de
su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes
Fundamentales del Reino».