Aplicación de los Principios CLARITY a la Ley General de ...

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Los Principios CLARITY se definen como una herramienta de apoyo para las cooperativas que les
ayuda a entender y evaluar la ley que los regula. Los nueve principios básicos de CLARITY (véase
el cuadro 1) proceden de aspectos internos y externos de las cooperativas. Los aspectos internos
surgen de los principios de cooperativismo de Rochdale y muchos de ellos están incluidos en la
Ley y su reglamento: como la autonomía e independencia; control democrático de los miembros;
membresía abierta y voluntaria, y la participación económica de los miembros. Los principios
relacionados con asuntos externos de las cooperativas son el tratamiento equitativo, acceso a los
mercados, proporcionar un marco regulador eficiente y coherente, y proteger el debido proceso a
fin de evitar conflictos.
A través de una serie de reuniones, talleres, teleconferencias y evaluaciones de las descripciones
sobre el tema, CLARITY generó un conjunto de principios para obtener entornos legales favorables
a las cooperativas. Estos principios no pretenden de ninguna forma crear una ley modelo: CLAR-
ITY no beneficia ninguna ley modelo en particular y por ende tampoco la apoya para ser aplicada
en todos los países. Más bien los Principios CLARITY sirven de herramientas que permiten a los
movimientos cooperativos locales la posibilidad de analizar entornos legales y reglamentarios y
establecer un proceso para formular recomendaciones e iniciativas que promuevan los cambios
que sean necesarios introducir.
Principios para Conseguir Entornos Legales y Regulatorios Habilitantes
Las leyes y los reglamentos cooperativos tienen una herencia de un marco legal común de sistemas
centralizados del siglo pasado en todo el mundo. En Asia, por ejemplo, fueron sistemas coloniales
(británicos, franceses, holandeses, españoles, etc.). En los países francófonos de África,
fueron sistemas paraestatales. En América Latina y la antigua Unión Soviética fueron dominados
por el Estado y los partidos en el poder. Estos sistemas disminuían la función de los miembros en
la administración de las empresas y estos eran substituidos por funcionarios gubernamentales o
líderes del partido en el poder.
En épocas pasadas, expertos y funcionarios del Estado mantenían la firme postura de que las
cooperativas en países en vías de desarrollo necesitaban que el Estado las guiara para desarrollarse,
por lo tanto justificaba el sometimiento del principio del control democrático en favor de los poderosos
organismos del Estado, con la autoridad para dirigir y controlar las empresas.
Por lo tanto, eran los organismos del Estado y los partidos políticos quienes decidían la designación
y destitución de gerentes y directores, decidían negocios fundamentales, disolvían cooperativas,
ordenaban la enmienda de estatutos, fijaban los requisitos para la membresía, y operaban
como órgano de adjudicación para resolver controversias.
Las cooperativas carecían de los derechos legales de que disponían las demás empresas privadas,
como el derecho a demandar o ser demandado, suscribir contratos, realizar actividades comerciales
en otros sectores sin la respectiva autorización del Estado.
El Nuevo Consenso
En los últimos 20 años, tenemos un mundo que va en una secuencia de transición de los sistemas
centralizados hacia los sistemas descentralizados, con una economía de mercados abierta y
libre comercio, una democracia en marcha y una economía globalizada.
El desafío es que todavía muchas leyes antiguas no han sido modificadas y mucho menos flexibilizadas
que permitan a las cooperativas crecer y desarrollarse. Por tal razón, surgió un nuevo consenso entre