Aplicación de los Principios CLARITY a la Ley General de ...

En segundo lugar, ¿por qué no se puede cumplir este requisito y presentar el certificado que acredita la
capacitación ante el registrador poco tiempo después de que se ha registrado la cooperativa?
Como están las cosas en la actualidad, los retrasos en la constitución de una cooperativa pueden
ser consecuencia de la actitud del gobierno de no ofrecer un programa adecuado de capacitación. Los
asociados fundadores se verán agobiados por la preocupación de que no hay cursos disponibles. Si se
permitiera completar el curso con posterioridad al registro, la responsabilidad recaería en el gobierno,
el que tendría que proporcionar programas satisfactorios de capacitación para cumplir sus deseos de
tener cooperativas con directores capacitados, y, de esta manera, no se retrasaría el proceso de registro.
El registro también puede retrasarse debido a que los asociados fundadores deben, como requisito,
incluir en sus materiales de registro un estudio de la viabilidad de la cooperativa propuesta. (Ley, Art.
23c). Los retrasos derivados de esta exigencia pueden deberse al tiempo que se requiere para realizar
un estudio de esas características o a la indisponibilidad de personal experto o de recursos necesarios
para hacer el trabajo. Este requisito también dá cabida a retrasos burocráticos involuntarios o, lo que es
más preocupante, expresamente intencionales, ya que ni la ley ni los reglamentos especifican los temas
que se deben incluir en el estudio o las normas del contenido del mismo. En consecuencia, existe una
amplia latitud para el estudio que puede servir como pretexto para rechazar las solicitudes. Tal rechazo
podría complicar en forma considerable y retrasar el proceso de solicitud de registro, puesto que al no
haber especificaciones en cuanto a temas y contenido, se entiende que no hay normas para revisión de
apelaciones, o bien sólo existen normas generales muy poco razonables. Asimismo, los requisitos de
dicho estudio y su presentación al gobierno como condición para el registro significan que las personas
que están constituyendo una cooperativa son despojadas del juicio sobre la viabilidad de la misma,
siendo ellas quienes más saben sobre la cooperativa y tienen el mayor interés en que sea un éxito. La
decisión sobre la viabilidad es traspasada a un funcionario gubernamental potencialmente politizado,
quien muy probablemente conoce menos la comunidad a la que la cooperativa va a atender y no está
muy al tanto de otros hechos que atañen a la cooperativa y que además tiene un interés menor en el
éxito de los esfuerzos desarrollados para establecer la cooperativa.
Además, el registro puede retrasarse por la exigencia de que el 25% del capital social suscrito se
debe pagar al principio. (Ley, Art. 23b). La Ley parece admitir el pago de capital social en especie; por
otra parte, el requisito del 25% podría ser difícil o imposible de cumplir si una gran parte del capital
social de la cooperativa se va a aportar de esta forma. Asimismo, tal vez hayan circunstancias en las que
el capital sea escaso, que una gran parte de este capital no se necesite al comienzo y que el plan de
negocios de la cooperativa sea generar aportes de capital de sus asociados mediante los excedentes futuros.
Surge la pregunta si, desde el punto de vista filosófico de la cultura nicaragüense, es una política
pública adecuada preocuparse sobre si las entidades económicas, incluidas las cooperativas, tienen
capital suficiente o si es un asunto que deben decidir los fundadores y que determinarán las fuerzas del
mercado a través del éxito o fracaso de la empresa.
El registro requiere demasiada información.
Finalmente, la ley y los reglamentos parecen exigir la presentación de acciones más completas, papeleo
e información que se requiere para registrar y constituir una entidad con personalidad jurídica.
(Ley, Art. 23; R2007, Art. 5). Muchos de los materiales que se deben presentar, incluidos los libros de la
asamblea general, del consejo administrativo y del consejo de vigilancia, el registro de inscripciones de
asociados, diario y mayor parecen ser necesarios para las tareas gubernamentales de regular y controlar,
pero no para registrar de manera ordenada las cooperativas.
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