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19. El día 5 de septiembre de 2008, SEPIA contesta – documento recepcionado
por la Fiscalía el día 8 de septiembre del año en curso – los requerimientos
contenidos en el oficio reservado número 1.395, y señala lo que sigue:
a) No existe relación con todas las agencias creativas de publicidad que
operan en Chile, aunque estén asociadas a la ACHAP.
b) No existe vínculo alguno con todas las agencias asociadas a la ACHAP,
ya sea en términos de propiedad o administración, a nivel de accionistas,
directores, gerentes o directivos en general.
c) No se han desarrollado campañas o asumido cuentas en conjunto sin el
consentimiento del avisador con otras agencias asociadas a ACHAP.
d) No se han prestado servicios ni elaborado trabajos a o con otras
agencias asociadas a ACHAP.
20. Queda claro que SEPIA participó de manera voluntaria y transparente en
las consultas formuladas por la Fiscalía, pues nada hay que esconder. De
igual forma, queda de manifiesto que SEPIA no tiene mayores vínculos que
los netamente gremiales con ACHAP.
21. Luego de lo expuesto, los siguientes párrafos del requerimiento de la
Fiscalía señalan que se habría desarrollado un acuerdo anticompetitivo “en
relación a todas las licitaciones a que se convocase para contratar con una
agencia de publicidad…; que “si un avisador no acataba estas instrucciones,
ACHAP usaría el poder de mercado que concitaba para hacer fracasar la
licitación. Así lo entendieron y así lo consintieron todos los requeridos.”
22. Más adelante, en lo que compete a mi representada, la Fiscalía afirma que
“los acuerdos anticompetitivos estaban perfectos y ya surtía sus efectos …”
(el subrayado es nuestro). El argumento de la Fiscalía tiene base en una
interpretación errónea del acuerdo del Directorio de ACHAP de fecha 30
de abril de 2008, en que resolvieron, entre otros asuntos, reafirmar las
condiciones competitivas en que deben desarrollarse los procesos
licitatorios.
23. Extraña forma de entender qué es un acuerdo o cómo se forma el
consentimiento, así como de cuáles son las formalidades requeridas por el
derecho para entender que la voluntad tiene o tendrá efectos jurídicos.
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