Ley de Migración y Extranjería - OAS

a. Parientes de ciudadanos costarricenses. Se entienden como tales el cónyuge,
los hijos, los padres y los hermanos solteros.
b. Parientes de personas extranjeras residentes legalmente en el país; se
entienden como tales el cónyuge, los hijos y los padres de aquellos.
Asimismo, en casos calificados de representantes, gerentes, ejecutivos y
personal técnico de empresas establecidas en el país, la Dirección General,
discrecionalmente, podrá autorizar la apertura del respectivo expediente de
trámite de permanencia legal de la persona interesada y de su grupo familiar.
Artículo 62.—Será inadmisible la solicitud de permanencia legal de la persona
extranjera que haya ingresado al país o permanezca en él en condiciones contrarias a
lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 63.—No se autorizará la permanencia legal a la persona extranjera que haya
sido condenada, mediante sentencia penal firme, en Costa Rica o en el extranjero,
cuando el hecho punible sea reconocido como tal por la ley penal costarricense, por
delitos dolosos contra la vida, genocidio, actos de terrorismo, tráfico de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tráfico o trata de personas, estafa,
asociación ilícita, portación ilegal y trasiego de armas o explosivos, delitos de abuso
sexual de personas menores de edad, tráfico de patrimonio cultural, arqueológico o
ecológico, evasión fiscal o por delitos dolosos contra personas menores de edad, de la
tercera edad o con discapacidad o por violencia doméstica, así como a aquellas que
han estado vinculadas con bandas o pandillas delincuenciales o con el crimen
organizado; lo anterior, sin perjuicio de la autorización de permanencia provisional
establecida en la presente Ley.
Artículo 64.—El Poder Ejecutivo podrá establecer, mediante decreto y por un plazo
determinado, regímenes de excepción con el objeto de legalizar la situación migratoria
de las personas extranjeras que no estén a derecho. De previo a la promulgación del
decreto, el Poder Ejecutivo podrá requerir el criterio del Consejo, el cual deberá emitir
su recomendación en un acto debidamente razonado, contemplado las áreas de
seguridad pública, empleo y seguridad social. En ningún caso dicho régimen de
excepción podrá beneficiar a personas extranjeras que se encuentren en las
condiciones enumeradas en el artículo anterior.