95. Fragmento de Torah Jueces, 7 Escritura cuadrática vocalizada ...

Exposición y catálogo. Hebraica Aragonalia. El legado judío en Aragón
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103. Proceso inquisitorial
Jurados y Justicia de Teruel
Cella, 1484
33,5 x 35,5 cm
Sección Inquisición, leg. 533/18
Archivo Histórico Nacional. Madrid
El segundo gran frente abierto fue el de Teruel, cuya colectividad conversa
no constituía sino una modesta oligarquía con una sutil red de parentescos,
garante del equilibrio financiero de sus arcas y dinamizadora de la economía
local, que no justificaba a priori su elección como sede inquisitorial. No
obstante, concurría un hecho decisivo: la vigencia de un fuero propio de
Extremadura distinto del que imperaba en el reino de Aragón, que era preciso
doblegar en aras de los nuevos criterios de uniformidad política.
El Concejo, financiado en parte por los conversos, se opone a la entrada
del inquisidor Juan Colivera, entendiendo que la Inquisición vulneraba derechos
esenciales consagrados en sus fueros y algunos preceptos canónicos:
era excesivamente joven para el desempeño del cargo, no acreditaba su nombramiento
con documentos originales y carecía de jurisdicción porque esta
provincia no es reino de Aragon.
El clima llegó a la exasperación, como se declara por parte de algunos testigos,
los turolenses manifestaban a los foráneos que ante se dexarian espedaçar
que acoger a los dichos inquisidores porque vienen contra sus libertades,
e que si alla tomassen alguno de los ministros con las provisiones, que ellos le
apedrearian. Otro vecino de Cella, asegura que un viernes antes de la feria vio
que en la plaza, cabe la piquota, estavan puestos montoncillos de piedra, asegurándole
que habían de excavar un hoyo en medio para apedrear a los inquisidores
si entraban en la ciudad o a cualquier persona que llevase cartas
remitidas por el rey o los inquisidores.
Sus esfuerzos resultaron vanos, no logrando el respaldo de la Diputación
del Reino, del arzobispo de Zaragoza, ni de las ciudades de Huesca, Barbastro,
Monzón y Daroca. Es más, no sólo la Comunidad de Aldeas cederá al
inquisidor una sede en Cella para que inicie los procesamientos, sino que
solicitará el amparo regio, lo que dará pie a que el rey intervenga en el conflicto,
nombrando como capitán a Juan Garcés de Marcilla, que decretará el
estado de sitio. Derrotados políticamente, y con la amenaza de una invasión,
los jurados, guiados por la obediencia debida y el miedo, claudicarán el 25 de
marzo de 1485, con cierta esperança de su gran clemencia, con venia y perdon
de aquella.
M.Á.M.D.