0122 26 de enero 2009 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y ...

Resolución No 0122 26 de enero 2009 Hoja No. 10
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
Que el área del derecho administrativo sancionador, es en nuestra legislación, un
importante mecanismo de protección del ambiente, en cuanto brinda a los poderes
públicos encargados de la gestión ambiental la obligación de tomar medidas e
imponer las sanciones pertinentes, en procura de dar cumplimiento al mandato
constitucional y legal de propender por el interés general a que deben someterse
las decisiones administrativas dentro de nuestro estado social de derecho.
Que, así mismo, tanto la política como las normas reguladoras ambientales
apuntan a la aplicación de unas medidas preventivas y de unas sanciones, por el
incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y
el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.
Que, a su vez, en el inciso 2 del artículo precedente se hace referencia a los
instrumentos represivos y establece la obligación por parte del Estado para
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que con base en lo consagrado en el Título XII, artículos 84 al 86 de la Ley 99 de
1993, este Ministerio está investido de funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables
al caso; para lo cual se sujeta al procedimiento previsto en el Decreto 1594 de
1984.
Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es
del caso hacer referencia a lo establecido en el artículo 333 de la Constitución
Política, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero
"dentro de los límites del bien común".
Lo anterior significa que si bien la Carta reconoce que la empresa es base del
desarrollo, igualmente consagra que tiene una función social y que ésta implica
obligaciones.
Que por su parte, el artículo 334, impone al Estado la obligación de intervenir, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo,
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fín de conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano.
Que dentro del alcance de la licencia ambiental, tanto el artículo 50 de la Ley 99
de 1993, como el artículo tercero del Decreto 1220 de 2005 establecen:
“De La Licencia Ambiental. Se entiende por licencia ambiental la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada.” 1 (Subrayado fuera de texto)
“Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos,
1 Artículo 50 de la Ley 99 de 1993