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Educación
¿un proyecto de nación?
Retos de la Reforma Laboral en
Educación.
Graciela Carmina Andrade García Peláez.
Profesora-Investigadora en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y exsecretaria
de Educación en el Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo del período de julio de
2009 a febrero de 2012.
La mal llamada reforma educativa es en realidad
una reforma laboral para el sector educativo, que
supone entre otros objetivos:
a) la modificación de fondo de las relaciones
laborales de los trabajadores de la educación;
b) la autonomía del ejecutivo respecto a la parte
sindical para la definición de la política educativa;
c) la creación de un organismo “metagobernante”
que define criterios y evalúa al magisterio
y al sistema educativo, y con ello determina
la condición laboral de docentes, directivos,
supervisores y asesores técnico pedagógicos
desde un ámbito neutral y “fuera” de la relación
empleado-patrón;
d) la generación de autonomía de gestión en las
escuelas que apertura un nuevo proceso de
financiamiento del sistema educativo.
Más allá de considerar pertinente o no la reforma
en el sector educativo vale la pena señalar que
son palpables las dificultades de su aplicación, y
para ello señalaremos tres elementos que delatan
tal circunstancia:
1) la armonización de las leyes estatales con
las Leyes Generales de Educación y Servicio
Profesional Docente, así como con la Ley
del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación;
2) El amparo promovido por los trabajadores de
la educación contra la Reforma y,
3) La postergación de la evaluación en el presente
ciclo escolar tanto a alumnos como a docentes.
1) La armonización de las leyes estatales
En el mes de abril habrán transcurrido catorce
meses desde la promulgación por el Congreso de
la Unión de la reforma a los Artículos 3º y 73 Constitucionales
y siete meses desde la publicación de
las Leyes del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, General del Servicio Profesional
Docente y la modificación a la Ley General de
Educación que se derivaron de dicha reforma. El
12 de marzo pasado venció el plazo para que las
entidades federativas armonizaran sus leyes locales
con los ordenamientos federales, y los resultados
de dicha circunstancia hoy se encuentran en cuestionamiento
y controversia.
El día 11 de marzo tan sólo 20 entidades habían
cumplido con la armonización y se suponía que el
12 del mismo mes, lo harían 8 entidades más. Tres
aplazaron la armonización: Baja California Sur, Sinaloa
y Oaxaca, ésta última bajo un pacto para la
realización de foros entre el Gobierno de ese estado
y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE). No obstante el esfuerzo realizado
por diversas entidades, el Ejecutivo Federal
decidió entablar una controversia constitucional
I n i c i a t i v a C i u d a d a n a p a r a l a P r o m o c i ó n d e l a C u l t u r a d e l D i á l o g o 6