Revista Hechos de Paz N.64 - Programa de las Naciones Unidas ...

Hechos de Paz • 1

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO PNUD
Año 8, N° 64, Junio - Julio 2012
ISSN 2027-5048
BRUNO MORO
Representante Residente, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD
SILVIA RUCKS
Directora del país
ALESSANDRO PRETI
Coordinador del Área de Paz,
Desarrollo y Reconciliación
DIRECCIÓN
Olga González Reyes
REDACCIÓN
Absalón Machado
Tania Guzmán
María O. Lizarazo Beltrán
Olga González Reyes
COLABORACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Luis Sanmiguel
Soraya Hoyos /ONU Mujeres
Nadya González / FAO
Ruta Pacífica de las Mujeres
ACNUR
Doris Pérez
PAGINA WEB
Andrés Bernal
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
Dirección de Prevención de Crisis
y Recuperación del PNUD, Nueva York
REVISTA HECHOS DE PAZ
Avenida 82 N° 10-62, Piso 2,
Bogotá, Colombia
Teléfono: (57-1) 4889000 ext 124
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COMENTARIOS:
olga.gonzalez@pnud.org.co
Las opiniones y planteamientos expresados
no reflejan necesariamente las opiniones
del PNUD, su junta directiva,
ni los Estados miembros.
Una publicación financiada por:
El desarrollo humano como
vía para transformar
la sociedad rural
EDITORIAL
En términos de desarrollo humano, la meta social más importante de Colombia
en el mediano y el largo plazo es la democratización y modernización
de la sociedad rural. Ello implica esfuerzos y compromisos de parte
del sector público, de las organizaciones de la sociedad civil y de cada uno
de sus actores, de la academia, de los gremios y de la cooperación internacional,
pues sin duda hablamos de un proyecto nacional para equilibrar el rezago al que
ha estado confinado el mundo rural durante décadas.
Ya que se trata de una tarea de grandes dimensiones, desde el Pnud queremos contribuir
en este gran desafío que enfrenta el país teniendo en cuenta que el desarrollo rural es sin
duda otra vía para construir las bases para la paz y la reconciliación de los colombianos.
En esta edición de Hechos de Paz proponemos unos mínimos indispensables para avanzar
en el desarrollo rural y destacamos algunas prácticas y experiencias internacionales
que han facilitado procesos de transformación de las sociedades rurales, con el ánimo
de estimular las reflexiones y ampliar la perspectiva y los alcances de los debates sobre
este desafío que enfrenta el país.
Hablar de los mínimos es referirse a la necesidad de un compromiso político por resolver
el conflicto rural y por cerrar las brechas de pobreza con respecto a los habitantes
urbanos, como bien lo ha planteado el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011,
Colombia rural. Razones para la esperanza.
Y avanzar hacia tales propósitos demanda implementar
políticas públicas que empiecen por ampliar las
capacidades y mejorar las condiciones de vida de
los pobladores rurales; por incentivar la
equidad e inclusión en el crecimiento
económico del sector; por garantizar la
participación libre y autónoma de
todos los pobladores rurales en la
toma de decisiones que les competen;
por fortalecer la voz y atender la agenda
de inclusión política y social de los
pobladores rurales más vulnerables;
y por crear la institucionalidad rural
capaz de impulsar y consolidar todos esos
logros. En últimas, por avanzar en cada
una de las dimensiones del
desarrollo humano de la gente
que vive en la Colombia rural.
DISEÑO, IMPRESIÓN Y ACABADOS
Milenio Editores e Impresores E.U.
milenioediciones@hotmail.com
© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL
2 • Hechos de Paz

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
En este propósito nacional debe haber
espacio para todos y todas. En esta reingeniería
y modernización del sector rural
cada uno de los colombianos tiene que jugar
un papel central. Una sociedad unida,
sin exclusiones, que reconozca y respete
sus diversidades y complementariedades
y en la que cada ciudadano cumpla un rol
democrático y de respeto de los derechos
humanos es fundamental para el futuro de
Colombia. Sin duda, en esta construcción
colectiva deben participar activamente los
habitantes rurales y quienes están en estado
de mayor vulnerabilidad, los ganaderos,
empresarios y representantes de diferentes
gremios locales y nacionales, las autoridades,
los políticos, los académicos…
El Gobierno nacional ha dado algunos
pasos significativos. La formulación de
una política de tierras, que incluye la
expedición de la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras (1448 de 2011), y los
esfuerzos de formalización y de recuperación
de baldíos, aunada a la voluntad
de combatir la pobreza de forma integral
mediante la creación del Departamento
para la Prosperidad Social, motivan la
búsqueda de puntos de encuentro y sinergias
con la sociedad civil y la cooperación
internacional.
De acuerdo con lo anotado por el Ministro
de Agricultura en esta edición de Hechos
de Paz, el próximo 20 de julio se estará
radicando el proyecto de ley de desarrollo
rural ante el Congreso de la República. Aunque
dicha ley no agota la discusión sobre el
futuro del mundo rural, es una oportunidad
clave para mantener el diálogo nacional y
regional en torno a la reconstrucción de la
democracia en el campo y a la urgencia de
lograr un orden social incluyente en el que
todos tengan un espacio y sus voces sean
escuchadas y tenidas en cuenta.
Es claro que enfrentar el problema de la
concentración de la tenencia de la tierra es
una condición necesaria, pero no suficiente
para dar solución al conflicto rural y abrir
caminos de paz para la sociedad colombiana,
como lo han señalado los pobladores
rurales en las áreas donde el Pnud tiene
presencia.
Asimismo, es preciso garantizar el ejercicio
pleno de la libertad de los pobladores rurales,
la ampliación de sus oportunidades
para elegir la vida que deseen y proteger el
ejercicio de sus derechos. También se necesita
de una economía que crezca de forma
equilibrada y sostenible, en tanto los
beneficios se redistribuyen atendiendo a
criterios de equidad, y la explotación de los
recursos naturales se hace considerando y
mitigando el impacto actual y futuro de sus
intervenciones. Y, finalmente, se requiere de
un Estado robusto, del lado de los ciudadanos,
fortalecido en lo local y comprometido
con la búsqueda del bien colectivo.
A los esfuerzos hechos desde el nivel nacional
tendrían que sumarse las voluntades
y los compromisos de las autoridades
públicas y los actores políticos, económicos
y sociales de orden territorial.
En este ámbito, el Pnud, con el apoyo imprescindible
y decidido de cooperantes
como las Embajadas de Suecia, Holanda
y España, ha venido realizando procesos
de fortalecimiento institucional, a veces
mediante el apoyo a Gobiernos departamentales
y municipales y, en otras oportunidades,
por la vía de la reconstrucción y
el fortalecimiento del tejido social y de las
organizaciones de pobladores afectados
por el conflicto rural en todas sus dimensiones.
Conscientes del desafío al que hacemos
referencia, queremos reiterar que los
planteamientos hechos en esta revista son
apenas un abrebocas para la discusión;
una motivación para la reflexión, pero sobre
todo una invitación a actuar, a tomar
decisiones y echarlas a andar de manera
que de nuevo las colombianas y los colombianos
tengan fundadas razones para
tener esperanza.
Bruno Moro
Representante Residente del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Humano (Pnud)
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INTRODUCCIÓN
© CORTESÍA DORIS PÉREZ
Lo rural: atender sus
problemas y reconocer toda
su potencialidad
La situación de la sociedad rural
colombiana ha recobrado una
gran importancia en la agenda
pública del país. Del enfoque
inicial centrado en la evolución
del conflicto armado y en la atención de las
víctimas, hay un tránsito hacia una mirada
más integral de la problemática.
Esta mirada se interroga, entre otros
muchos temas, por las oportunidades de
inserción del campo en un proyecto de desarrollo
nacional, con el trasfondo de una
economía globalizada; por las condiciones
de vida del 32% de colombianos y colombianas
que vive en la ruralidad, según el Índice
de Ruralidad propuesto por el Informe
Nacional de Desarrollo Humano Pnud 2011
Colombia Rural: razones para la esperanza;
por las rutas para facilitar el acceso equitativo
a la tierra y promover el uso y explotación
sostenible de los recursos naturales;
por la manera en que sería posible reconstruir
el debilitado aparato institucional –especialmente
en el nivel subnacional– que
se necesita para darle norte al sector; y por
cuáles son las herramientas de política pública
más adecuadas para hacer la tarea.
La presente edición de Hechos de Paz
quiere contribuir a animar esos debates
aprovechando la anunciada presentación
de una propuesta de ley de desarrollo rural
por parte del Gobierno nacional, que es una
coyuntura propicia para abordar de manera
amplia y pluralista la discusión de todos los
temas. No obstante, la invitación es a profundizar
en los ya mencionados, ir más allá
del trámite de la ley y mantener el interés en
el diálogo y en la controversia sobre el futuro
de la sociedad colombiana y el lugar que
debe reconocerse al mundo rural en cualquier
apuesta por su desarrollo.
Una nueva comprensión de la
ruralidad y el desarrollo rural
Los intentos recientes por impulsar el
desarrollo rural en Colombia han tenido
dos énfasis: la sustitución de importaciones
hasta finales de la década de los 80 y la liberación
de la economía a partir de la década
de los 90. El balance es hoy en día agridulce.
Hubo progresos importantes en términos de
modernización productiva, pero junto a ellos
persistieron la pobreza –en 2008 era pobre el
22% de la población de las cabeceras y el 49%
de los habitantes del resto, según el Informe
2011–; el conflicto interno y la concentración
de la propiedad de la tierra –para el año 2009,
el Gini de propietarios ascendió a 0,875, el de
tierras a 0,86 y el de avalúos a 0,84–.
A la par con la persistencia de esos viejos
problemas, el mundo rural fue objeto de profundas
transformaciones que, por supuesto,
cambiaron la manera en que los diferentes
actores sociales lo definen y asumen:
Superación de la dicotomía rural-urbano.
El proceso acelerado de crecimiento de
los centros urbanos plantea una nueva forma
de interacción con los territorios rurales,
en la cual lo urbano expande sus fronteras y
los campesinos, aunque emigran a las ciudades
en busca de oportunidades de ingresos
y mejor calidad de vida, no rompen su
vínculo con sus territorios de origen. Antes
bien, mantienen una relación simbiótica
que fortalece los lazos entre estos dos espacios
territoriales. Esta nueva realidad reta la
visión tradicional de dos mundos opuestos.
Creciente pluriactividad de la economía
rural. Como respuesta a las constantes crisis
de la agricultura, los hogares rurales han
venido diversificando sus fuentes de ingre-
4 • Hechos de Paz

sos a través de su incursión en diversas actividades
no agrícolas y la venta de su mano
de obra de forma estacional.
Heterogeneidad de los actores sociales. Los
territorios rurales se caracterizan hoy por la
alta heterogeneidad de los actores sociales
presentes en ellos. Desde una visión basada
en la superficie de las tierras explotadas y el
grado de especialización de sus actividades
productivas, se encuentran desde campesinos
sin tierra, pasando por pueblos afros e
indígenas, agricultores familiares, ganaderos
extensivos e intensivos, agroindustriales y
grandes agricultores productores de materias
primas con destino a mercados de exportación
o producción de biocombustibles.
El mundo rural, un sistema
complejo
Las transformaciones recientes del mundo
rural evidencian que los territorios funcionan
como un sistema complejo conformado
por múltiples dimensiones articuladas, entrelazadas
y determinadas entre sí, las cuales
reúnen diversos actores sociales, instituciones,
recursos naturales, activos productivos,
formas de producción, tradiciones, historia y
cultura, entre otros componentes. El reconocimiento
de esta realidad conduce a pensar
en un desarrollo rural multidimensional y,
por lo tanto, de responsabilidad multi-institucional
y no solo de la autoridad sectorial.
Desde esta perspectiva, la búsqueda del
desarrollo rural implica una ruptura conceptual
con la estrecha vinculación que
tradicionalmente se ha realizado entre desarrollo
y crecimiento económico para incorporar
nuevos conceptos que buscan un
desarrollo humano que aporte a la construcción
de mayor gobernabilidad democrática,
participación y corresponsabilidad ciudadana
en la planificación y gestión de los territorios.
Esto implica convocar a actores públicos
y sociedad civil en torno a la definición
de las prioridades del desarrollo territorial.
Implica, además, la construcción de sociedades
más justas, más libres y equitativas
en cuanto a la generación de oportunidades
para todos y todas, respetando la diversidad
cultural que conlleva a la existencia de diversas
maneras de percibir, asumir, interpretar
la vida, la sociedad, la relación con la naturaleza
y la producción económica. El desarrollo
rural también implica alcanzar la mayor
competitividad económica de los territorios
Formular e implementar políticas públicas de desarrollo
rural implica construir una gobernabilidad colectiva y
negociada entre las administraciones nacionales, regionales
y locales, a partir de la participación ciudadana.
rurales –entendida como el uso eficiente de
su capacidad productiva y de su potencial
económico endógeno– para generar los bienes
e ingresos necesarios para el desarrollo
económico presente y futuro del territorio y
sus habitantes y promover un manejo integrado,
armónico y sustentable de los recursos
territoriales.
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
Algunos desafíos
Asumir el desarrollo rural como un proceso
de búsqueda para alcanzar una conciliación
armónica y equilibrada entre el crecimiento
económico, la equidad social y la sostenibilidad
ambiental basada en una verdadera gobernabilidad
territorial, plantea, además de un
cambio de paradigma, grandes retos e incertidumbres
en su aplicación. Estos son algunos:
Incluir ejes transversales en la ejecución de las
acciones de desarrollo rural que garanticen
una mayor equidad social y territorial. El desarrollo
rural debe garantizar la inclusión de
las expectativas de hombres, mujeres y jóvenes
rurales; la corrección de desequilibrios territoriales
estructurales y el respeto y reconocimiento
a la diversidad étnica y cultural que
caracteriza los territorios rurales. Y más aún
teniendo en cuenta que el Informe encontró
un aumento en la brecha de pobreza entre las
13 áreas metropolitanas y el resto: en 2002 era
de 29 puntos y en 2009 de 33,7 puntos, cifras
que indican que el ritmo de disminución de la
pobreza en el resto ha sido considerablemente
menor que en las 13 áreas.
Construir una nueva relación Estado-sociedad
civil. Formular e implementar políticas
públicas de desarrollo rural, bajo un enfoque
que reconozca las multidimensionalidad
de los territorios rurales, implica la construcción
de una gobernabilidad colectiva y
negociada entre las administraciones nacionales,
regionales y locales, a partir de la participación
democrática de todos los actores
sociales presentes en los territorios. Esto demanda
la construcción de mayor confianza
de los ciudadanos hacia sus gobernantes y el
fortalecimiento de sus capacidades y habilidades
para la participación, organización e
interlocución.
Lograr mayor coherencia y articulación entre
las políticas públicas sectoriales respecto
a los objetivos de desarrollo de los territorios.
Un nuevo enfoque de desarrollo rural reta
a los diferentes niveles de la administración
pública a abandonar el enfoque sectorial y
transitar hacia un enfoque territorial. En la
práctica, esto significa abandonar la visión
de los territorios rurales como sectores fragmentados
y asumir un proyecto colectivo y
coherente de desarrollo nacional determinado
desde ellos. El verdadero reto es, entonces,
eliminar los “nichos sectoriales” en
la formulación de las políticas públicas de
apoyo al desarrollo rural.
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© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
Imprimir una visión de largo plazo en la
construcción del desarrollo rural. Considerando
que la construcción del desarrollo
rural implica el desarrollo armónico de todas
las dimensiones de los territorios, este
debe ser un propósito que sobrepase los
periodos gubernamentales y se convierta
en una Política de Estado, entendida como
un acuerdo de largo plazo entre los Gobiernos
y ciudadanos de los territorios rurales.
Abandonar los enfoques de corto plazo en
la búsqueda del desarrollo rural demanda
Una mirada internacional
gobernantes y ciudadanos con nuevas visiones
respecto a su desarrollo.
Conciliación de las disputas territoriales emergentes.
Se exige que haya una conciliación
entre el crecimiento acelerado de los centros
urbanos versus la sostenibilidad de los ecosistemas
de los territorios rurales; la expansión de
los cultivos agro-exportadores versus la agricultura
familiar campesina, persistencia histórica
de dos lógicas socioeconómicas opuestas
en torno al uso de la tierra; y la sostenibilidad
de los ecosistemas territoriales frente a la expansión
de las explotaciones minerías.
En la conciliación de estas disputas territoriales
el desafío para los Gobiernos, tanto
nacional como regionales, es formular políticas
públicas de conservación y de ordenamiento
territorial, que consulten las diversas
visiones de los actores sociales presentes en el
territorio, a fin de construir sistemas sostenibles
de producción y crecimiento urbanístico
competitivos, que a la vez favorezcan la conservación
de la biodiversidad y la seguridad
alimentaria de los territorios rurales.
Para enfrentar los desafíos y animar los debates sobre cómo avanzar hacia un desarrollo rural incluyente, equitativo y sostenible, esta edición
de Hechos de Paz también presenta experiencias de lo que han hechos otros países para superar sus retos y avanzar en esa dirección.
En la publicación se presentan puntos de vista de invitados de Ecuador y Brasil y se recogen experiencias que han sido catalogadas
como exitosas por diferentes estudios. Así, por ejemplo, se resaltan iniciativas estudiadas en la publicación Estado y sociedades civiles,
acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades para nuevas formas de gobernanza, elaborada a petición de la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao) por la Asociación para contribuir a mejorar la Gobernanza de la Tierra, el
Agua y los Recursos Naturales (Agter).
Si bien la investigación, de los autores Michel Merlet, Samuel Thirion y Vicent Garces,–cuyo documento completo se puede consultar
en http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/AGTER_ICARRD_Doc2_ES.pdf– fue elaborada en marzo de 2006, es posible aprender de muchas
de las experiencias internacionales que destaca.
Otras investigaciones han centrado su atención en descubrir cuáles han sido las claves de algunos países para contribuir, con sus
políticas, programas e inversiones en desarrollo agrícola, a reducir el hambre y la pobreza, como lo hace el libro Millions Fed: Proven
Successes in Agricultural Development (Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola), de la Bill & Melinda Gates
Foundation (BMGF) con la ayuda del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri).
Esta publicación –de noviembre de 2009– señala que “algunos son éxitos que surgieron sólo por unos cuantos años pero desencadenaron
largos episodios de crecimiento y desarrollo. Otros surgieron tras largos años de tenaz persistencia que produjeron resultados pese
a sustanciales riesgos, incertidumbres y dudas. Otros han sido el resultado de acciones emprendidas por comunidades para asegurar su
propia supervivencia en medio de difíciles condiciones ambientales”.
El estudio encontró éxitos en seis áreas diferentes: intensificación de la producción de alimentos básicos; integración de las personas y
el medio ambiente; ampliación del papel de los mercados principales; diversificación para sustituir los cereales principales; reforma de
las políticas en toda la economía y mejora de la calidad de los alimentos y la nutrición humana.
El texto completo de este libro en inglés se puede consultar en http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc64.pdf. El resumen
en español, en http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/millionsfedbookletsp.pdf
6 • Hechos de Paz

1
POLÍTICA
INTEGRAL
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
Una política integral
de tierras
El Informe Nacional de Desarrollo
Humano Pnud 2011
Colombia rural, razones para
la esperanza, sugiere que una
política integral de tierras tiene
como objetivos “eliminar y regular los
conflictos por ese bien, mejorar el uso de
los recursos productivos, aumentar la competitividad,
lograr una modernización de
mercado de tierras y de la tributación predial,
fortalecer los derechos de propiedad
y su formalización, lograr la restitución de
aquellas que fueron despojadas o abandonadas,
lograr una estructura de tenencia
más equitativa y disponer de un sistema de
información básico para la toma de decisiones.
En general se busca tener un sistema de
administración eficiente de las tierras en el
sector rural”.
Este enunciado indica claramente que la
política de tierras no se centra solamente
en la restitución de predios abandonados y
despojados por medio del conflicto y otros
tipos de violencias y en la redistribución
de ese bien productivo para lograr una sociedad
rural con mayor democracia económica,
social y política. Es una propuesta
de política pública más comprensiva que
involucra una visión amplia de las funciones
que tiene la propiedad rural en una sociedad
en proceso de transformación y que
requiere superar trabas históricas, que han
impedido el acceso a la tierra y su buen uso
para el bienestar de los pobladores rurales y
de los habitantes del país.
Una revisión histórica de las políticas estatales
señala, sin duda, que Colombia no ha
practicado una política de tierras con una
visión integral. Se ha producido una fragmentación
y desarticulación de acciones
gubernamentales sin una visión global de
desarrollo del sector rural y de las funciones
sociales y ambientales que la misma
Constitución le asigna a la propiedad rural.
La falta de decisión política para enfrentar
factores que generan atraso y pobreza en
el sector rural, ligados en muy buena parte
con la tenencia de la tierra y el uso de ese
factor, no ha permitido resolver los conflictos
por la tierra, ordenar el territorio en
términos productivos y sociales, ni atacar
los factores inerciales que mantienen la pobreza
rural en niveles muy altos, con una
condición de atraso que afecta seriamente
las condiciones de vida y el futuro de los pobladores
rurales.
Concepción de la política de tierras
La política de tierras requiere concebirse
dentro de una propuesta más amplia de acciones
pública para el sector agropecuario
y de la sociedad rural. Tiene sentido si considera
como marco de referencia el ordenamiento
territorial y el desarrollo rural con
enfoque territorial. Y el ordenamiento territorial
incluye la relación con las aglomeraciones
y ciudades que están articuladas en
diversos grados con lo rural y condicionan
su marcha.
Poniéndolo en términos de la economía política,
una visión integral de la administración
de las tierras en el sector rural implica
Hechos de Paz • 7

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
dos procesos simultáneos que se refuerzan
mutuamente: la distribución equitativa de
la tierra entre la población rural y la distribución
de la población en el territorio. Ello
significa la delimitación de áreas públicas y
privadas (clarificación de la propiedad), la
definición de criterios para el uso eficiente
del suelo, la garantía y reconocimiento de
los derechos de propiedad, un equilibrio
ambiental en el uso de los recursos, el acceso
sin restricciones a los factores productivos,
la regulación de los poderes que definen
el control de los territorios y el uso de
los recursos, la delimitación de la frontera
agropecuaria con base en criterios estratégicos
del uso de los recursos naturales, y
reglas de juego claras y trasparentes para las
transacciones en el mercado de tierras.
La naturaleza de la política de tierras enunciada
implica acciones en el corto, mediano
y largo plazo y un contexto político adecuado.
El catalizador de una política integral de
tierras no es, en las condiciones actuales,
una revolución social rural del campesinado,
sino una decisión política de la sociedad
colombiana, liderada por el Estado, de resolver
definitivamente uno de los escollos
más serios que tiene el país para sus procesos
de desarrollo: la inequidad en el acceso
a la tierra y demás recursos productivos, y
el poder político derivado de la alta concentración
de la propiedad rural, el cual tiene
expresiones violentas bien conocidas en
Colombia.
Por esa razón, no es posible resolver el problema
de tierras en Colombia con una política
integral en el corto y mediano plazo,
dadas las limitaciones institucionales y de
recursos, la dificultad de asumir decisiones
políticas que afectan factores estructurales y
de poder, la discontinuidad de las prioridades
políticas de los gobiernos y la carencia
de un movimiento social más fuerte, de carácter
regional y nacional, que apoye y promueva
la trasformación y modernización
de la sociedad rural, apoyado por sectores
urbanos que tengan peso político. Pero además,
el sistema inadecuado de diseño de las
políticas públicas es un limitante adicional:
centralizado, excluyente, a veces autoritario
y sin fundamento en un diagnóstico claro y
compartido de la situación rural.
CHINA Y VIETNAM
Las reformas de la tenencia de la tierra
China. Entre 1978 y 1984, este país ejecutó una serie de reformas de políticas que transformaron el sector alimentario y agrícola chino
y redujeron el hambre en una escala que ha sido catalogada como “sin parangón en la historia”. “Las reformas reintrodujeron efectivamente
la agricultura familiar después de más de 30 años de agricultura colectiva. Este nuevo enfoque a la agricultura –el Sistema de
Responsabilidad Familiar– brindó a los agricultores el incentivo de vender los excedentes de su producción al mercado. Al devolver más
del 95% de los terrenos agrícolas de China a unos 160 millones de hogares de agricultores, las reformas contribuyeron directamente a
un aumento en los ingresos rurales de un 137%, a reducir la pobreza rural en un 22% y a aumentar la producción de granos en un 34%.
Los aumentos de la eficiencia en las fincas también condujeron a un significativo aumento de la fuerza del trabajo rural disponible para
empleo fuera del sector agrícola, cambio que alimentó un rápido proceso de crecimiento industrial en el área rural de China y, más
ampliamente, la notable marcha que emprendió China hacia la industrialización en las últimas tres décadas”.
Vietnam. Numerosas reformas de tenencia de la tierra realizadas entre 1987 y 1993 cambiaron fundamentalmente la economía de
este país y le dieron una mayor orientación al mercado, lo que transformó el sector agrícola. “La descolectivización de la producción
agrícola y el aumento en la seguridad de la tenencia de tierras –junto con la liberalización de los mercados y la promoción de nuevos
incentivos económicos– desempeñaron un papel crítico en la aceleración del crecimiento agrícola, aumentando la seguridad alimentaria
y reduciendo la pobreza en todo el país… Durante el período 1989-1992 el sector agrícola salió de su estancamiento y creció a una
tasa de 3,9% anual, mientras que el país pasaba de ser un importador neto de alimentos a convertirse en el tercer exportador de arroz
más grande del mundo en 1989. En el plazo de una década, más de diez millones de hogares –que constituyen el 87% de los hogares
campesinos– habían recibido certificado de uso de la tierra para aproximadamente el 78% de los terrenos agrícolas de Vietnam. Estas
reformas, junto con otras políticas de liberalización del mercado, alentaron a los agricultores a producir alimentos básicos, ganado y
cultivos de alto valor de manera mucho más productiva y con ganancias sustancialmente mayores provenientes de mercado que en
épocas anteriores. Las reformas contribuyeron significativamente a la drástica reducción de la pobreza en Vietnam y a su crecimiento
económico e industrialización”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
8 • Hechos de Paz

Por ello, la política integral de tierras siempre
será gradual y requiere sincronías con
otras políticas públicas complementarias,
no solo rurales, también urbanas. Y también
la solución de los problemas de tierras y de
ordenamiento del territorio estará condicionada
a las velocidades con que se tomen
y apliquen las decisiones sobre desarrollo
rural. Siempre existirá una fuerte tensión
política en la toma de decisiones que afectan
factores de concentración de poder fundamentados
en el control de recursos como
la tierra, el agua y los territorios. El manejo
de esas tensiones políticas exige un Estado
fuerte con una institucionalidad consolidada
y una alta gobernabilidad, tanto nacional
como regional y local.
Aquí se sugieren medidas de política encaminadas
a la conformación de una política
integral de tierras, que deben considerar las
acciones en un horizonte de tiempo según la
naturaleza del problema o la acción a considerar.
Esta sugerencia es apenas un referente
para una discusión más amplia que le permita
al país aclarar cuál es el problema de tierras
a resolver, cómo asumir esa responsabilidad,
quiénes deben asumirla, cuál es el papel del
Estado y la sociedad civil en esas soluciones,
qué mecanismos son necesarios para garantizar
la continuidad en las soluciones, cómo
se articulan ellas con otras políticas y, en particular,
cuál es la institucionalidad requerida
para sustentar de manera efectiva una política
integral de tierras, así como las coaliciones
sociales que la fortalezcan.
Dado que muchas de las acciones públicas
de corto plazo necesitan mantenerse en
el mediano plazo y otras en el largo plazo,
y que también las de mediano requieren
permanecer por más tiempo para que todas
tengan los efectos esperados, no es fácil
indicar qué es primero y qué después. No
todo se puede hacer al mismo tiempo, con
la misma intensidad y velocidad. Es algo
parecido a un menú que se va ordenando
según las prioridades gubernamentales,
las demandas sociales, las capacidades de
ejecución del gasto público y de manejo de
soluciones complejas.
Por lo anterior, la siguiente lista de acciones
públicas debe ubicarse en la temporalidad
y espacialidad que definan las circunstancias,
las capacidades y las decisiones gubernamentales
y sociales:
• Información y conocimiento que permita
avanzar en la territorialización del
problema de tierras y el uso del suelo:
definir reglas de juego y delimitar el uso
del territorio en minería, agrocombustibles,
seguridad alimentaria, conservación
de los recursos naturales.
• Restitución de tierras despojadas y
abandonadas y formalización de los
derechos de propiedad.
• Cambios en el uso del suelo y el agua,
vía incentivos e intervenciones directas
del Estado.
• Redistribución de los derechos de propiedad
para lograr una mayor equidad
CHINA
Ampliando los límites del
rendimiento
Científicos botánicos, productores de
semilla, agentes de extensión y agricultores
contribuyeron a que China se
haya convertido en el primer país que
desarrolló y comercializó arroz híbrido
con rendimientos superiores a las otras
variedades de arroz cultivadas en el
país, en un esfuerzo iniciado en 1977 y
que aún hoy es tenido en cuenta. “Las
reformas políticas que estimularon la
inversión privada en la agricultura, junto
con los grandes avances en la investigación
sobre el arroz, promovieron el
crecimiento de una dinámica industria
de semillas de arroz híbrido. El arroz
híbrido se propagó tan rápidamente en
China que, entre 1978 y 2008, llegó a representar
el 63% de todos los terrenos
cultivados de este grano. Algo importante
es que los mejores rendimientos
ayudaron a que China pudiese alimentar
a unos 60 millones más de personas
al año durante este período”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos
demostrados en desarrollo agrícola.
en la sociedad rural, crear una clase media
rural y garantizar la supervivencia y
el mejoramiento de las condiciones de
vida de las familias rurales que decidan
vivir con dignidad en el campo. Ello implica
la intervención directa del Estado
(compra de tierras, extinción de dominio,
expropiaciones)
• Regulación de la inversión extranjera
en tierras o en el uso de la tierra por
vía de alquiler y sistemas similares. Es
necesario fijar una política clara sobre
este tipo de inversiones en consideración
a los efectos que tiene sobre los
pobladores rurales, el uso de los recursos
naturales, la seguridad alimentaria
interna, el medio ambiente y la soberanía
nacional.
• Reforma a la Ley 2ª de 1959 para definir
áreas de sustracción y la formalización
de la propiedad.
• Una política clara para el manejo y uso
de las tierras públicas (adjudicación de
baldíos).
• Instrumentos de conciliación en asuntos
agrarios y mecanismos de solución
de conflictos por la tierra.
© CORTESÍA SORAYA HOYOS / Onu MUJERES
Hechos de Paz • 9

• Recursos de crédito y subsidios para la
compra de tierras según el caso.
• Definición de criterios para la delimitación
de la frontera agropecuaria y el
ordenamiento territorial.
• Modernización del mercado de tierras
con reglas de juego para la transparencia,
el libre acceso, la adecuada información
y seguridad de los derechos adquiridos.
• Definición de políticas de recuperación
de suelos degradados y erosionados
que requieren sacarse de la producción
para ponerlos de nuevo en condiciones
productivas.
• Análisis y previsiones sobre los impactos
y riesgos del cambio climático sobre
los sistemas productivos, el uso del
suelo y la ubicación de las poblaciones.
• Mecanismos sociales e institucionales
para la resolución de los diversos conflictos
por la tierra y el control del territorio
por el Estado, así como de mecanismos y
acuerdos para evitar que se repitan situaciones
como el despojo de tierras y la alta
concentración de la propiedad.
• Revisión y adecuación de la estructura
tributaria de la propiedad rural, cobro
de valorización por obras públicas,
modernización del catastro rural, y suministro
de información catastral y de
tenencia de la tierra como un bien público.
Ello implica también actualizar la
información sobre la tenencia y sus procesos
mediante el censo agropecuario
realizado por lo menos cada 10 años.
• Revisar a fondo la institucionalidad pública
para la administración y manejo de
las tierras de acuerdo con su función social
y ambiental. Un rediseño institucional
para el desarrollo rural es el marco de
referencia para el manejo de las tierras.
• Regulación de los arriendos de tierras
para garantizar tiempos suficientes
para la recuperación de las inversiones,
el uso adecuado del suelo y la garantía
de los derechos de propiedad.
• Definición de instrumentos para incentivar
la adecuación de tierras, la cultura
del riego y el manejo sostenible de
los recursos naturales para conservar
su potencial productivo.
• Adecuación y modernización de instrumentos
complementarios de la política
integral de tierras: financiación, asistencia
técnica, desarrollo tecnológico,
información de mercados, infraestructura,
articulación a los mercados, infraestructura
social.
• Revisar las regulaciones sobre el uso del
agua en el sector rural, su apropiación,
los derechos de propiedad, la conservación
de cuencas, mecanismos de solución
de conflictos originados por la
apropiación y uso del agua.
• Manejo y reglas de juego para el desarrollo
y sostenibilidad de territorios
indígenas y de comunidades negras.
También hace parte de esta política el
reconocimiento de derechos a títulos
colectivos, el establecimiento y ampliación
de resguardos indígenas, los
mecanismos de solución de conflictos
entre comunidades, resguardos y campesinos
por el uso y apropiación del territorio.
Y la implementación de zonas
de reserva campesina como factores de
estabilización de la colonización y de
las sociedades rurales.
Adicional a lo anterior, la política integral de
tierras debe manejar criterios diferenciados
para atender prioritariamente situaciones
y sectores que por sus condiciones de vulnerabilidad
requieren de apoyos estatales e
intervenciones directas del Estado, tal es el
caso de las mujeres y los jóvenes, los indígenas,
afrodescendientes, campesinos sin tierra
o con poca tierra, despojados y víctimas
de la violencia.
TAIWÁN
La reforma agraria
“Fue puesta en marcha después de la
victoria del partido comunista chino sobre
el continente por los supervivientes
de la armada nacional que se habían refugiado
en la Isla y recibieron una ayuda
muy importante de Estados Unidos.
Ellos liberaron al campesinado de la
clase de los terratenientes, reduciendo
primero la renta del suelo y luego vendiendo
en pequeños lotes las tierras
confiscadas a los ocupantes japoneses
vencidos. La reforma agraria iniciada en
1953 limitó la propiedad a 2,9 ha. y redistribuyó
los excedentes a los campesinos,
permitiendo obtener una estructura
agraria muy igualitaria.
El restablecimiento del desarrollo agrícola
fue espectacular. La producción
se multiplicó por 5 en 30 años. Los Estados
Unidos financiaron ampliamente
y controlaron la aplicación de las políticas
agrícolas y acordaron conferir la
prioridad a la inversión en trabajo, a la
utilización de insumos y a la organización
de los productores. El Ministerio
de Agricultura, una institución ad-hoc
constituida para administrar la ayuda
americana, implementó las políticas de
desarrollo, apoyándose en las organizaciones
agrícolas. La reconversión de los
propietarios de tierras en industriales
nacionales fue inducida por los mecanismos
de compensación de la reforma
agraria. Los excedentes producidos por
el sector agrícola pudieron tener un rol
principal en la constitución del capital
industrial. Fuente: C. Servolin, a partir
de E. Thorbecke, en Merlet (2002)”.
Tomado de Estado y sociedades civiles, acceso a
la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades
para nuevas formas de gobernanza.
10 • Hechos de Paz
© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

2
POLÍTICAS
PÚBLICAS
© CORTESÍA B. HEGER / Acnur
Desarrollo rural con
enfoque territorial: desafío
para la política pública
La urgencia del desarrollo
rural con enfoque territorial,
que implica una visión
diferente de las dinámicas
generadas en el medio rural,
con un concepto más integral y de mayor
participación, pone serios retos para las
políticas públicas. Y mucho más teniendo
en cuenta que estas políticas vienen de
un andamiaje institucional concebido
para manejar problemas sectoriales con
una visión tradicional de lo rural, como lo
esencialmente agropecuario.
Los nuevos arreglos institucionales e instrumentos
requeridos para promover el enfoque
territorial apenas se empiezan a poner a
prueba en algunos países de América Latina.
La mirada a las experiencias del
desarrollo rural territorial en Brasil, Chile y
México, que realizó la Oficina Regional de la
Fao conjuntamente con el Bid, es un buen
referente para establecer los desafíos que
impone este enfoque, no solo en términos
instrumentales, sino también políticos
e institucionales 1 . Esos países tienen ya
experiencias para analizar con atención pues
indican caminos para empezar a considerar.
Colombia se apresta a entrar en esta nueva
visión y para ello requiere repensar las
políticas públicas y, especialmente, los
arreglos institucionales que de allí se derivan.
En Colombia, las políticas sectoriales
tuvieron una inflexión a comienzos de
los 90, cuando se dejó al mercado la
orientación de los recursos y las decisiones
de los agentes privados y el desarrollo rural
se centró en los aspectos productivos,
en subsidios y compensaciones a los
pobladores rurales siguiendo la demanda.
El Estado dejó de tener la iniciativa del
desarrollo rural, abandonando a los
productores en manos del mercado y las
dinámicas empresariales. Este enfoque
se ha considerado inadecuado, pues en
sociedades con grandes desequilibrios e
inequidades es imprescindible el liderazgo
e intervención del Estado. El mercado solo
no resuelve los problemas críticos de la
ruralidad, como lo ha indicado el Informe
Nacional de Desarrollo Humano (Indh 2011
Colombia rural, razones para la esperanza.
No se ha superado el deterioro de las
políticas y de la atención del Estado hacia
el sector, reflejados en la caída abrupta del
presupuesto destinado al sector. El actual
plan de desarrollo destina el 2,4% de la
inversión pública al sector agropecuario
y desarrollo rural (clasificado por
locomotoras) y cerca del 4% al clasificar
1
Fao y Bid (2007). Desarrollo territorial rural: análisis
de experiencias en Brasil, Chile y México. Editores:
Fernando Soto Baquero, Luis Carlos Beduschi Filho,
César Falconi. Santiago de Chile.
Hechos de Paz • 11

FRANCIA
País con políticas
estructuradas
“Francia desarrolló a partir de los años
60 una política agrícola con el objeto de
controlar la evolución de estructuras
agrarias, de manera que permitiese
la modernización de las unidades de
producción agrícola, conservando siempre
la explotación campesina familiar como
base de su desarrollo. Estas políticas
fueron aplicadas en estrecha articulación
con las organizaciones de campesinos
y con frecuencia bajo su iniciativa. Se
instauró un sistema de cogestión, con
numerosas estructuras paritarias en las
que residen instancias gubernamentales y
organizaciones de profesionales agrícolas.
Entre los aspectos más importantes de esta
política se encuentran:
• la concentración parcelaria a fin de
adaptar las unidades de producción
a las nuevas exigencias técnicas
• la ley del arrendamiento que protege
los derechos del agricultor, le garantiza
el acceso a la tierra por un largo
periodo y permite al Estado controlar
la evolución de la renta de la tierra
• el establecimiento de estructuras
paritarias que impiden la concentración
de tierras, en propiedad o arrendamiento
y buscan una medida idónea
para las unidades de producción
• el establecimiento de instancias
encargadas de intervenir sobre los
mercados del suelo para facilitar la
instalación de jóvenes agricultores,
los Safer, con la cooperación de los
créditos financieros de la banca
• la aplicación de mecanismos para
facilitar la partida de agricultores de
mayor edad y privilegiando la instalación
de los jóvenes.
Hoy en Francia, más del 60% de los productores
arriendan sus tierras. Ese porcentaje
aumentó en el curso de las últimas
décadas y los agricultores no pueden recurrir
a la compra de tierras, de gran peso
financiero, más que en ausencia de otras
alternativas”.
Tomado de Estado y sociedades civiles, acceso a
la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades
para nuevas formas de gobernanza.
la inversión por sectores, lo cual puede
considerarse insuficiente para atender los
multifacéticos problemas rurales, pese al
esfuerzo que se proyecta en relación con los
planes anteriores.
Ese presupuesto está diseñado más
para atender los requerimientos de
modernización productiva (infraestructura
de riego, tecnología, asistencia técnica y
apoyos tipo subsidios) que para modernizar
la sociedad rural y transformarla. La política
se expresa más en el presupuesto público
y las capacidades de su ejecución, ya que
los aportes del sector privado son solo
indicativos pues no obligan. No es claro
cuánto presupuesto requiere el sector,
el cual solo puede construirse una vez
definida la política, las estrategias y lo que
se quiere hacer con la ruralidad. En los
planes de desarrollo el presupuesto es una
herramienta instrumental para un modelo
de desarrollo modernizante en marcha,
el cual ha sido cuestionado por su fracaso
en resolver los problemas de pobreza, los
conflictos y la gran desigualdad existente
en el sector (Indh 2011).
Diferenciar las políticas de acuerdo con
los grados de ruralidad de los territorios
o de los municipios agrupados, como lo
propone el Informe Nacional 2011, es un
asunto que podrían gestionar las secretarías
de Agricultura y las oficinas de planeación
departamentales. Se trata de priorizar y
graduar la aplicación de los instrumentos
definidos para el desarrollo rural según
las características de los municipios o
sus agrupaciones en los territorios. Ese
es un campo en que puede avanzar la
política de manera rápida para atender las
demandas diferenciadas de los pobladores,
manteniendo las líneas generales del
desarrollo rural.
La política pública requiere cambios
en su sistema de diseño. No puede seguir
siendo atributo de la tecnocracia, no
siempre bien informada o experimentada
sobre la problemática rural. Tanto el
Departamento Nacional de Planeación
(Dnp) como el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural requieren avanzar más en
el conocimiento integral del problema rural.
La articulación academia - organizaciones
sociales-diseñadores de políticas es una
propuesta hecha en el pasado que no ha
tenido respuestas. Esa articulación solo se da
en el ámbito de la contratación de expertos
por tiempos cortos para elaborar documentos
y recomendaciones sin el debido contacto
con la realidad. Las misiones contratadas
para analizar problemáticas específicas,
como la pobreza, la equidad, se centran en
grupos en los que predomina por lo general
un pensamiento único y, por tanto, se quedan
cortos en los análisis y las recomendaciones.
Sería necesario revisar esas metodologías
para avanzar más allá de las concepciones de
la academia o de organismos internaciones,
sin desconocer su importancia.
Una política de desarrollo rural puede
construirse desde el centro y una articulación
con los territorios, en un proceso dinámico
de arriba hacia abajo y de abajo hacia
© CORTESÍA A.M RODRÍGUEZ / Acnur
12 • Hechos de Paz

arriba. Pero esta es una fórmula con fuertes ingredientes políticos y pocos
elementos instrumentales prácticos, por los factores de poder entre quienes
toman las decisiones y la naturaleza del modelo de desarrollo.
Para un desarrollo rural con enfoque territorial, la instrumentalización
de esa metodología se hace relevante, pues las experiencias
latinoamericanas muestran que la diversificación de la participación
en los arreglos institucionales para la promoción del desarrollo de los
territorios es fundamental para alcanzar buenos resultados, así como lo
son los acuerdos elaborados entre los actores.
La política de desarrollo rural requiere de mucho conocimiento y este
no solo existe en la tecnocracia ilustrada de nivel central. Mucho de él
está en las regiones y localidades del país, en organizaciones formales
e informales, en las instancias públicas y privadas, en los centros de
investigación y de pensamiento de los territorios, con sus diferencias de
visiones y concepciones que enriquecen el debate.
El ámbito de las políticas públicas
para el desarrollo rural
El campo de las políticas es muy amplio si se adopta la concepción del
desarrollo rural como transformación de los territorios, en el que opera
una ruralidad amplia y en el que la ruralidad es un continuo que alcanza
grados diferenciados. El estadio de las políticas cubre un espectro amplio,
que se puede centrar en:
1. El desarrollo productivo y agroindustrial, estímulos a la producción y
la inversión extranjera.
2. El tratamiento a los factores de producción (tierra, capital, trabajo,
tecnología) y el desarrollo de sus mercados.
3. La especial consideración de la política de tierras.
4. Las políticas referentes al comercio y los mercados (protección o desprotección
© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL
al aparato productivo).
5. Las políticas orientadas al desarrollo
social y político, al aumento y potenciación
de las capacidades, a la seguridad
DINAMARCA
Pionera de la vía campesina en Europa
y la justicia, con las diferenciaciones étnicas
“En el curso del siglo XVIII, la monarquía apoyada por la burguesía comerciante opta por
y de género.
liberar a la pequeña agricultura del yugo feudal. Impone un estatuto de arrendamiento
moderno desde 1786, crea una banca pública para ayudar a los campesinos a comprar
6. Los bienes públicos.
la tierra, desarrolla la enseñanza obligatoria. Se apoya sobre sindicatos agrícolas muy
organizados, quienes construirán un sistema cooperativo poderoso. El modelo danés
7. La seguridad alimentaria, los biocombustibles
y la minería.
constituye el prototipo de las políticas agrícolas modernas”.
Tomado de: “Estado y sociedades civiles, acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades
8. El manejo de los recursos naturales y el
cambio climático.
para nuevas formas de gobernanza”.
9. La articulación rural-urbana, la convergencia
entre esos dos ámbitos y las regiones,
y las integraciones horizontales
KENIA
Abriendo el mercado
y verticales en el territorio.
Entre 1990 y 2007 este país realizó una serie de reformas de políticas que “contribuyeron 10. El ordenamiento territorial.
al rápido crecimiento de la inversión privada en la comercialización de fertilizantes y
No puede afirmarse que el país
maíz, que ha tenido como resultado una drástica reducción del tiempo, el esfuerzo y
desconoce estos campos; tiene experiencias
los costos relacionados con la adquisición de fertilizantes y la venta de los excedentes
en muchos de ellos, con tratamientos de
de la producción de maíz. La distancia promedio que los pequeños agricultores tenían
carácter sectorial, no territorial. Y ese se
que recorrer para comprar fertilizantes se redujo a la mitad entre 1997 y 2007, y se han
constituye en el desafío del momento:
observado reducciones similares en las distancias recorridas para la venta del maíz. La
cómo pasar de una visión tradicional de
proporción de pequeños agricultores que usan fertilizantes para el maíz durante la temporada
principal de cultivo aumentó de 56% en 1996 a 70% en 2007, contribuyendo a
las políticas agropecuarias a una nueva,
fundamentada en el desarrollo territorial
aumentar los rendimientos y la disponibilidad de este cultivo básico vitalmente importante
para los consumidores de Kenia”.
rural y en la que es necesario combinar las
actuaciones y la articulación de mercados,
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
sociedad y Estado. No se trata solo de
Hechos de Paz • 13

hacer adecuaciones instrumentales; es
necesario avanzar con la innovación en
visiones, metodología, prácticas, acuerdos,
etc. Este es un reto no solo para el sector
público sino que compromete también, y
de manera importante, a la sociedad civil
e implica replantear los criterios usados de
responsabilidad social de los empresarios.
Recomendaciones
El Informe Nacional 2011 ha recomendado
una Reforma Rural Transformadora
que busca contribuir a la solución de los
problemas de pobreza, inequidad y conflictos
en el sector rural. Parte de esa propuesta
es la de conformar una red académica,
social e institucional para la ruralidad, que
permita mantener el debate sobre la problemática
rural y mejorar el conocimiento
para el diseño de políticas y la elaboración
de propuestas, con el fin de llegar a acuerdos
sobre el tratamiento de temas críticos
para el desarrollo rural.
Se trata de una red autónoma, no gubernamental,
con una coordinación nacional
y nodos regionales o territoriales,
fundamentada en grupos de investigación
articulados con las organizaciones sociales
y las entidades públicas y privadas respectivas
y con organizaciones internacionales.
Estos grupos no solo aportarían elementos
para el debate, también propuestas para la
resolución de problemas y ayudarían a estimular
una nueva generación de profesionales
que reconozcan la importancia de lo
rural para el desarrollo. La red tiene como
finalidad esencial acordar propuestas que
puedan hacer parte de la política pública
para enfrentar, con seriedad, con información
y conocimiento cierto, problemas
considerados críticos para el desarrollo. Se
mantendría por un periodo suficiente para
generar efectos transformadores; No puede
ser un mecanismo de corto o mediano plazo.
Tendría instrumentos para evaluar permanentemente
su desempeño y suficiente
flexibilidad para enfrentar los temas. Esta
red requiere de una agenda de trabajo e
investigación acordada en sus inicios, que
pueda traducirse tanto en un programa de
investigación, como de debates y reflexiones
permanentes para apoyar las políticas
públicas para el desarrollo rural.
Con la red se estaría recuperando, en
parte, el espacio perdido en el país en los
últimos 25 años en materia de debates y
propuestas sustentadas para el desarrollo
rural. El país no puede darse el lujo de
seguir diseñando políticas públicas solo
desde el nivel central y sin diagnósticos
acordados y suficientemente debatidos.
La tecnocracia sola siempre tendrá visiones
parciales e interesadas sobre la realidad
rural, que muchas veces obedecen
a postulados de pensamiento único que
instrumentaliza lineamientos de políticas
estilizadas para el crecimiento sin tener
en cuenta la realidad, como ha sucedido,
con pocas excepciones, en las dos últimas
décadas.
Esta red puede empezar a operar con
un consejo directivo en el que tengan
representación Colciencias, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, la universidad
pública y privada y organizaciones sociales
representativas de orden nacional. Una
entidad internacional podría servir de
promotora y coordinadora inicial de la
red para poner en marcha la iniciativa
y empezar a buscar los recursos para su
funcionamiento. La red contaría, además,
con un comité técnico que elaboraría la
propuesta de trabajo, sus modus operandi,
el tipo de articulaciones con las regiones
y los territorios y las propuestas sobre la
conformación de los nodos territoriales.La
red puede empezar a funcionar con unos
pocos nodos territoriales que se podrían ir
ampliando según la dinámica del proceso y
los recursos disponibles.
NEPAL
Ver el bosque a través de los árboles
A partir de la década de los 70 (1978) se realizaron reformas políticas y legislativas para que el acelerado desarrollo agrícola respetara el
medio ambiente y la comunidad tuviera participación en la decisión sobre el manejo de los bosques, un recurso natural importante de
Nepal. “El país cambió de una agenda centrada en la conservación a una estrategia de base más amplia que abarcaba el uso del bosque, el
desarrollo empresarial y las mejoras en los medios de vida. Al combinar la silvicultura con la agricultura en un marco que incluye el aprendizaje
a través de la experiencia, una fuerte red de la sociedad civil y formulación progresiva de políticas, Nepal ha convertido la silvicultura
comunitaria en un contribuyente importante a la seguridad alimentaria de aproximadamente 1,7 millones de hogares rurales. Para 2009,
una tercera parte de la población de Nepal estaba manejando directamente más de un cuarto del área forestal del país, usándola como
fuente de materias primas, ingresos y empleo”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
14 • Hechos de Paz

Ecuador y sus estrategias
articuladoras territoriales
Por Luis Lobo Guerra
Oficial Técnico del Fondo España-Fao . América Latina y el Caribe
Aunque en los últimos años
la mayoría de los países han
ampliado su agenda social
e implementan programas
de fomento productivo y
desarrollo social dirigidos a poblaciones
rurales, hay un desencanto con los impactos
logrados, que se consideran menores a
los esperados. Esto es particularmente
evidente en territorios en los que predomina
la población indígena, históricamente
excluida de los programas públicos de
fomento productivo y desarrollo social.
Una de las principales causas de ese
desencanto es la desarticulación de la
acción pública sectorial en los territorios.
En forma dispersa se ha pretendido
resolver desafíos que, como el hambre
y la desnutrición crónica infantil, son
multisectoriales y requieren para su solución
de la participación ciudadana. Además,
estas políticas sectoriales no reconocen las
desigualdades territoriales que existen en
cada país, lo que lleva, entre otros aspectos,
a que los territorios tengan capacidades
institucionales y sociales desiguales. Estos
son elementos clave para lograr la eficiencia
y el impacto de las políticas y los programas
ya que se la ‘juegan’ precisamente en los
territorios. Por otro lado, los impactos de las
políticas públicas son también atenuados
ante la escasez de recursos humanos
calificados, que exige la gestión de nuevos
programas y modelos de gestión de las
políticas públicas.
En estos últimos años se ha demostrado
el compromiso de los gobiernos de los
países andinos, entre ellos Ecuador, en su
lucha contra el hambre y la inseguridad
alimentaria, sobre todo en los territorios
rurales. Se destacan los siguientes aspectos:
i) nuevos marcos institucionales diseñados
para reducir el hambre y fortalecer la
seguridad alimentaria y nutricional (San) o
cambios constitucionales o leyes especificas
que declaran el derecho a la alimentación
como responsabilidad del Estado; ii) nuevos
órganos de coordinación interministerial y
multisectorial, tanto en el nivel nacional como
territorial; iii) ofertas públicas mejoradas
en materia de seguridad alimentaria y
nutricional a través de programas y políticas
articuladas territorialmente en diálogo con
la demanda social y iv) la Iniciativa América
Latina y el Caribe sin Hambre de los países
de la región, que ha permitido compartir
experiencias y avanzar hacia una visión
regional en la materia. Esto se ha convertido
en el marco de referencia de la estrategia de
la Oficina Regional de la Fao para América
Latina y el Caribe (Faorlc) en el área de
seguridad alimentaria.
Lecciones aprendidas
Para entender el caso Ecuador, a continuación
se presentan algunas lecciones de
la implementación de un nuevo modelo de
gestión de políticas públicas con la aplicación
de su Estrategia Acción Nutrición (Ean), una
iniciativa nacional con enfoque territorial.
La erradicación de la desnutrición crónica
infantil en Ecuador es posible gracias
a un nuevo modelo de gestión de las políticas
públicas que reconoce las desigualdades
territoriales. Ecuador, como otros países de
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / FAO
la región, mantiene una lucha permanente
contra la desnutrición crónica severa (disminución
del retraso en talla para la edad),
como se evidencia en el Plan Nacional del
Buen Vivir 2009-2013, en el que se propone
reducir la problemática en niños y niñas del
26% (dato de 2006) al 14,3 % (2013). Es una
meta ambiciosa, pero posible y que se ha ido
alcanzando. En las regiones de intervención
de la Ean, se ha reducido en más del 50% en
estos tres últimos años (según la Estrategia
Acción Nutrición, Ministerio de Coordinación
de Desarrollo Social, 2012).
Se requiere un marco institucional y normativo
que dé soporte a los procesos de articulación
de programas y políticas en los territorios.
Ecuador ha desarrollado una importante labor
en el diseño de un marco institucional
y normativo alrededor de la lucha contra la
pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional.
El 30 de marzo de 2007, mediante
Decreto Ejecutivo, se conformó el Consejo
Sectorial de Políticas de Desarrollo Social,
presidido por el(la) Ministro(a) de Coordinación
de Desarrollo Social, con el objetivo
de concertar las políticas y las acciones que
en el área social adopten seis ministerios y
Hechos de Paz • 15

dos secretarías nacionales. Como parte de
la ‘agenda social’, y teniendo como marco
el Plan Nacional de Buen Vivir, el Consejo
ha definido prioridades, entre ellas combatir
la malnutrición, que catalogó como
“un problema multicausal que requiere una
Ministerio de Coordinación de Desarrollo
Social está la de diseñar y poner en operación
“proyectos y estrategias” que marquen
un nuevo esquema para la implementación
de políticas. Así nace la idea de implementar
una estrategia integradora que articule
Los impactos de las políticas públicas son también
atenuados ante la escasez de recursos humanos
calificados, que exige la gestión de nuevos programas
y modelos de gestión.
respuesta intersectorial” que demanda “la
intervención coordinada de instituciones
representativas de más de un sector, y que
oriente a convertir la cooperación fortuita
o casual entre instituciones, en acciones de
cooperación institucionalizadas, mediante
políticas nacionales o locales, debidamente
concertadas”. Asimismo, el Consejo diseñó
la Política Nacional Acelerada de la Malnutrición
Infantil en Ecuador, con miras a mejorar
la atención pública a la niñez.
El desarrollo de la estrategia incluye reconocer
el papel de los territorios y los ciudadanos
en el nuevo modelo de gestión de las políticas
públicas. Entre las competencias del
las acciones de las instituciones públicas de
carácter nacional con las responsabilidades
de los gobiernos autónomos descentralizados
y la labor de las organizaciones de la
sociedad civil. En el año 2009, este ministerio
lidera la creación de la estrategia denominada
Intervención Nutricional Territorial
Integral (Inti), luego llamada “Acción
Nutrición”. Esta es una iniciativa de acción
focalizada dirigida hacia las regiones y los
territorios donde los problemas de malnutrición
son más agudos. Su objetivo es mejorar
el estado nutricional de niños y niñas
menores de cinco años de los territorios
intervenidos, involucrando a las familias y
comunidades mediante la articulación
de los principales
programas públicos en torno
Planes de Acción Concertados
a nivel escala cantonal.
Actualmente, la estrategia se
implementa en nueve provincias
(o departamentos, en
Colombia) y 27 cantones (o
municipios).
© CORTESÍA Fao / ECUADOR
La Estrategia Acción Nutrición,
que cuenta con el
apoyo de la Fao, y en concreto
del proyecto Gcp/Rla/169/
Spa “Programa regional para
reforzar los impactos de las
políticas públicas en la erradicación
del hambre y la desnutrición
crónica infantil”, desarrolla
diferentes instrumentos
de gestión claves, entre ellos
los siguientes:
Planes de Acción Concertados
(Pac). Son instrumentos
de planificación intersectorial
y mixto que expresan el consenso
alcanzado entre la oferta
público-privada de intervenciones
y la demanda social de
las comunidades y organiza-
ciones presentes en el territorio. Esto se hace
mediante la aplicación del Enfoque Territorial
Participativo en territorios ‘sociales’
y administrativos priorizados. Su diseño se
ha basado en los enfoques de marco lógico
y de gestión por resultados. Estos planes se
vinculan a los instrumentos territoriales y la
institucionalidad local existentes en el país.
Emprendimientos estratégicos. Se implementan
en el ámbito local como iniciativas
emblemáticas de inversión social
y territorial incluidas en los Pac de cada
cantón. Muestran la eficiencia de la acción
articulada de los diferentes programas
y las instituciones, en el marco
de alguno de los componentes de la estrategia.
Estos emprendimientos se caracterizan
por un enfoque territorial, la
participación de diferentes instituciones
y programas y la participación activa de
los destinatarios.
Sistemas de monitoreo evaluativo territoriales
en línea. Es un instrumento de política
pública de apoyo a la gestión y medición
de resultados de la estrategia por parte de
los destinatarios y en los territorios involucrados.
Desarrolla mecanismos integrados
de monitoreo y evaluación que se instalan
en las instituciones ejecutoras (nacionales
y locales) para fortalecer sus capacidades.
Permiten vincular las acciones y los desembolsos
de los programas y proyectos con
los resultados para generar evidencias medibles
y verificables sobre los indicadores
monitoreados y evaluados periódicamente.
Para tener en cuenta
• Identificar y focalizar la acción alrededor
de programas o instituciones claves para
la solución de problemas complejos facilita
los procesos de comunicación y articulación
en los ámbitos nacional y local.
• Fue acertado que, además del análisis
sobre las múltiples causas de la desnutrición
crónica infantil que permite una
articulación de las políticas sociales y
productivas, la estrategia haya abordado
un enfoque de cumplimiento de
derechos de la niñez e identificado las
institucionales fundamentales que no
podían faltar en el proceso.
• Fue atinada la metodología definida
para la selección de los territorios de
intervención, la cual incluyó el análisis
de los cantones con los indicadores
más críticos desde la perspectiva de la
desnutrición infantil y la pobreza.
16 • Hechos de Paz

3
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
El desarrollo rural y la
institucionalidad
Por Absalón Machado
Director Académico del Informe Nacional de Desarrollo Humano PNUD 2011, Colombia rural, razones para la esperanza
Uno de los desafíos más
complejo para el desarrollo
rural es la institucionalidad,
entendida como
las reglas de juego, los
acuerdos, las organizaciones, el uso de las
costumbres y prácticas que las comunidades
han ido sistematizando y el desarrollo
de la confianza entre los actores y la gobernabilidad.
Es necesario distinguir el fortalecimiento
institucional del desarrollo de instituciones.
El primero busca la eficiencia y eficacia de lo
existente en lo público y lo privado, podría
decirse, su modernización, la adecuación de
instrumentos a los contextos y la aplicación
de la lógica del costo-beneficio. El segundo
es más complejo, requiere la innovación,
allegar nuevas maneras de hacer las cosas,
nuevos acuerdos, relaciones y reglas de
juego entre los actores y capacidades para
enfrentar choques externos y riesgos,
como el cambio climático. Implica el
cambio de costumbres, dar vía libre a
nuevas iniciativas de las comunidades para
resolver sus problemas, nuevos canales
de comunicación de los actores sociales
con el Estado y el resto del mundo, las
transformación de las organizaciones y
cambios en la cultura institucional.
El fortalecimiento institucional requiere
del conocimiento de nuevas técnicas en
la administración pública y privada, y
el desarrollo institucional exige un gran
conocimiento científico de la naturaleza de
los procesos, las actitudes de las personas,
sus proyectos de vida, la dinámica de los
procesos y sus incidencias en la vida de
las personas y las comunidades. Así, este
es un desafío de la modernización y la
modernidad que exige actores públicos
y privados más calificados y con mejor
conocimiento de la realidad, cuyos ámbitos
se sitúan más allá del funcionamiento
del mercado, pues implican la creación
de nuevas redes de colaboración, la
explotación de complementariedades y el
estímulo a la participación y la iniciativa
social, como lo han indicado Piñero (2009) 1
y Martínez Nogueira (2009) 2 .
1
Piñeiro Martín (2009). Evolución de la institucionalidad
agropecuaria y rural en América Latina y el nuevo
contexto internacional: temas de reflexión. En FAO,
La institucionalidad agropecuaria en América Latina:
estado actual y nuevos desafíos, Martín Piñeiro (coordinador).
Santiago de Chile.
2
Martínez Nogueira, Roberto (2009). La institucionalidad
en la agricultura y el desarrollo rural: consideraciones
para su análisis. En FAO, ibídem.
Hechos de Paz • 17

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL
Desafortunadamente, como lo indica el
Informe Nacional de Desarrollo Humano
2011 Colombia rural, razones para la
esperanza, “el Estado colombiano no ha
discutido seriamente ni ha hecho una
reflexión consistente sobre el tipo de
institucionalidad requerido para atender
la problemática del campo y crear las
condiciones institucionales que garanticen
una estabilidad en el crecimiento y el
desarrollo rural”. Y las políticas agrarias
han dejado deteriorar la institucionalidad
para el desarrollo rural, mucha de ella
cooptada o capturada en los niveles local
y regional por actores que operan fuera de
la legalidad.
El país se prepara para recuperar el
desarrollo rural como política de Estado; así
se percibe en el proyecto de ley sobre tierras
y desarrollo rural en proceso de diseño. Y la
pregunta es si existen las condiciones para
asumir los cambios que significa trabajar
con un concepto renovado de la ruralidad,
como el mismo proyecto propone al
establecer el desarrollo rural con enfoque
territorial y el territorio rural como “un
espacio histórico y social, delimitado
geográficamente”.
No se trata de un concepto simple de lo
rural, pues al ligarlo al territorio se convierte
en algo complejo que impone un desafío
enorme para la sociedad. Transformar la
ruralidad en el territorio es una tarea de
toda la sociedad liderada por el Estado,
que implica nuevos instrumentos, otras
visiones y concepciones sobre el desarrollo,
nuevos arreglos y relaciones institucionales.
Y el desafío se ubica en agendas
pendientes en áreas de la política pública,
como bien lo han señalado los dos autores
señalados y que se recogen en el Informe
Nacional 2011, como son la provisión de
bienes públicos, facilitar la producción
y asegurar la transparencia de los
mercados, proteger y apoyar los sectores
económicos más débiles (por ejemplo, la
agricultura familiar) y fortalecer la propia
institucionalidad. Además, están el apoyo
a los pobres y la seguridad alimentaria
y nutricional, el medio ambiente y las
prevenciones de los riesgos, sin dejar de
mencionar la superación de los conflictos
que afectan el desarrollo rural.
Cuando el desarrollo rural se concibe en
el ámbito territorial, aparece la disyuntiva
entre centralización y descentralización.
NÍGER
El código rural
La puesta en marcha en Níger del Código Rural es una “experiencia notable” a tener en
cuenta, porque “pone el acento en la construcción progresiva de estructuras de consenso
y gobierno locales que implican a las autoridades tradicionales y facilitan su evolución”.
Así lo advierte la publicación Estado y sociedades civiles, acceso a la tierra y desarrollo
rural: reforzar las capacidades para nuevas formas de gobernanza, que destaca esta experiencia
en busca del desarrollo rural y su construcción como labor con población específica.
“Sobre la base de las prácticas de los ganaderos nómadas se han desarrollado nuevos
conceptos en materia de concepción de derechos, como aquel del ‘territoire d’attache’,
© Foto IRIN
territorio base sobre el cual los nómadas tienen un derecho de uso prioritario, sin que
puedan prohibir el acceso al agua a los usuarios de paso”.
El Código Rural fue desarrollado a través de un proceso participativo e iterativo y es una “herramienta que es a la vez un marco jurídico e
institucional para garantizar los derechos sobre la tierra, para promover una regulación concertada de los conflictos en las zonas rurales
y una gestión sostenible de los recursos naturales”, señala en su página web la Asociación para contribuir a mejorar la Gobernanza de
la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales (Agter), organismo internacional sin fines de lucro de derecho francés y autora de la publicación
a petición de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao). Esta experiencia, esta organización
internacional ha construido un módulo de capacitación sobre el Código Rural en Níger, que se brinda internacionalmente e incluye una
película documental y artículos sobre los principales desafíos del desarrollo rural y agrícola en este y otros países de África occidental.
La experiencia del Código Rural la resume así la publicación: “La aplicación del Código Rural fue un proceso lento (más de 10 años), que
necesitó numerosas consultas con los diferentes grupos sociales. Las Comisiones Territoriales registraron los diferentes derechos de los
usuarios a nivel local, asegurando la promoción y la actualización. Lo que resulta original y poco común es el proceso de construcción
de las nuevas modalidades de gobernanza, de construcción de consenso y de organización social. Las Comisiones Territoriales incorporan
las autoridades consuetudinarias que tenían un papel importante en materia de gestión de tierras, pero también otros miembros de
diferentes servicios de la administración, representantes de diferentes usuarios y además ya no trabajan al nivel de la unidad de jefatura
tradicional, sino de varias jefaturas vecinas. El proceso se generalizó poco a poco. Se proyectan nuevos consensos y nuevas concepciones.
El reconocimiento de los derechos de los pastores nómadas, a pesar de que los nuevos conceptos ya estén incorporados en los
textos jurídicos del Código Rural, no está todavía definitivamente conseguido”.
18 • Hechos de Paz

PAÍSES DE ASIA
La Revolución Verde
Los éxitos en el desarrollo rural empezaron en la década de los 60 y se llegó a conocer como la Revolución Verde. “En Asia, esta revolución
empezó con la introducción de variedades mejoradas de arroz y trigo para suelos irrigados que podían cultivarse dos veces al año, en vez
de solo una. El proceso continuó hasta la década de los 90 a medida que los casos de éxito se ampliaban a cultivos de alimentos básicos
menos conocidos, tales como el mijo y el sorgo, y a áreas más marginales que dependían de las lluvias más bien que de la irrigación. Las
inversiones en ciencia y tecnología (junto con inversiones complementarias en sistemas de irrigación, redes de caminos, producción de
fertilizantes y políticas de estabilización de precios de los alimentos) que financiaron la Revolución Verde dieron abundante fruto. Los
agricultores adoptaron rápidamente las nuevas prácticas y tecnologías agrícolas en un grado tan amplio que, entre 1965 y 1990, la producción
y los rendimientos de los cereales se duplicaron, rescatando a India y a otros países asiáticos del borde de la hambruna”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
Esta se hace compleja en su solución por el
conflicto armado y la operación de grupos
ilegales en los territorios donde el Estado
no tiene el control pleno. Descentralizar
recursos sin ese control puede ser un
suicidio y desprestigio para el desarrollo
rural. Ni tanta centralización que las
comunidades se sientan marginadas en la
toma de decisiones, ni tanta dispersión y
fragmentación en las mismas decisiones
que no permitan la coherencia y la
contundencia de las acciones que realiza
el Estado. El dilema no es excluyente, más
bien puede plantearse como el uso de lo
mejor de cada uno, con una capacidad de
cerrar las vías de la ilegalidad.
Situación actual
Colombia ha asistido a un proceso de
desinstitucionalización en el sector agropecuario,
traducido en un abandono y descuido
notables sobre el desarrollo rural. Las
experiencias del Programa Dri (Desarrollo
Rural Integrado), convertido en fondo de
cofinanciación, del Plan Nacional de Rehabilitación
(Pnr) y de las actividades del
antiguo Incora abrieron un camino convencional
sobre las políticas de desarrollo
rural, siguiendo los postulados de organismos
internacionales. Pero estas experiencias
se fueron echando al olvido a medida
que avanzaban los paradigmas de la apertura
económica definidos en el consenso de
Washington y se intensificaba el conflicto
armado interno, obligando al Estado a concentrar
recursos en combatir la ilegalidad.
Se dejaron a un lado, desvalorizando experiencias
valiosas que en algunos casos mostraron
la virtud de estabilizar algunas sociedades
rurales campesinas. Ese desperdicio
institucional ha pesado enormemente en
la situación actual: un Estado precario en
el sector rural que ha sido desbordado por
la problemática rural y la acción de actores
armados en la ilegalidad. Esa desinstitucionalización
es uno de los fenómenos más
graves en la problemática rural, pues se ha
presentado tanto en el sector público como
en la sociedad civil. Los grupos armados
que operan en la ilegalidad han desestructurado
a las comunidades y sus organizaciones,
han destruido capital social y han
hecho perder la confianza en las instituciones
públicas y en su capacidad de responder
a las demandas de los pobladores. Al
lado, los gremios empresariales se han fortalecido,
entre otras razones por las prebendas
que el Estado ha otorgado al desarrollo
empresarial moderno de la agricultura y los
incentivos a la inversión extranjera.
El desafío es triple: recuperar y
reestructurar lo bueno que se destruyó
durante el conflicto, replantear el campo
institucional para el desarrollo rural en
el proceso de transición del conflicto al
postconflicto y repensar la institucionalidad
para una ruralidad globalizada que
debe encarar el desafío de mantenerse
conservando las identidades existentes y
las que puedan construirse socialmente en
medio de la diversidad y la unidad nacional.
Si la ruralidad hoy ya no es lo sectorial,
ni ese ‘resto’ derivado de las estadísticas
demográficas, y si el Estado piensa en
términos de desarrollo rural con enfoque
territorial, es claro que el actual diseño
institucional no es el indicado. El país no
tiene una reflexión sistemática sobre el tipo
de institucionalidad que requiere para una
ruralidad con modernidad que opere en el
marco de la democracia y la estabilización de
las sociedades rurales, su empoderamiento
y el combate a la ilegalidad.
Cualquiera sea la referencia –si una reforma
rural transformadora como lo propone
el Informe Nacional 2011 del Pnud o
una ruralidad socialmente sostenible según
enunciados del Presidente de la República–,
la dimensión de repensar la institucionalidad
rural requiere de una reflexión sistemá-
© CORTESÍA DORIS PEREZ
Hechos de Paz
• 19

© CORTESÍA GERARD FAYOUX / Acnur
tica, más allá del proyecto de ley de tierras y
desarrollo rural.
Algunas recomendaciones
Una interpretación de los alcances de la
propuesta de reforma rural transformadora
del Informe Nacional 2011 indicaría los siguientes
elementos para una propuesta de
una nueva institucionalidad para el desarrollo
rural.
1. La institucionalidad como resultado de
una construcción social y un proceso
político de acuerdos para el desarrollo,
respetuoso de las identidades, las costumbres
y la diversidad y que reconozca
aspectos relevantes de las instituciones
informales legales construidas por las
comunidades en su práctica social. Ello
incluye, por ejemplo, la incorporación
de las propuestas de desarrollo rural local
validadas por las comunidades.
2. Diferenciar las instituciones y organizaciones
para el desarrollo rural según
los territorios, sean de colonización, de
desarrollos empresariales nuevos (la
altillanura), zonas incorporadas plenamente
a los mercados y la modernización,
como buena parte del área andina,
o áreas que están en proceso de tránsito
de la colonización a la plena incorporación
a la frontera agropecuaria.
3. Fortalecer y desarrollar las capacidades
de las secretarías de Agricultura para
que trabajen más por territorios en sus
respectivos ámbitos administrativosgeográficos
que con base en criterios
homogéneos de la territorialidad. Los
emprendimientos para las economías
empresariales y agriculturas de subsistencia
deben ir de la mano, pero las Secretarías
requieren dar atención prioritaria
a los territorios de las economías
campesinas y de grupos étnicos y, muy
especialmente, al desarrollo institucional
orientado a las mujeres rurales.
4. Fortalecer el diseño de políticas públicas
articuladas con la academia y los actores
sociales, fundamentadas en un mejor conocimiento
de la realidad y sus procesos.
5. Es conveniente que el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural recupere
la planeación como un instrumento
esencial de sus tareas de definición de
políticas y que mantenga mecanismos
de evaluación y seguimiento de los programas
y las estrategias definidos.
6. Un elemento fundamental de la institucionalidad
es la información de
calidad. No solo en producción y mercados,
sino en los procesos sociales
rurales, en el conocimiento de la naturaleza,
las limitaciones y las potencialidades
de las organizaciones sociales,
en las estructuras locales y regionales
del poder, en la naturaleza de las clases
sociales rurales, en las articulaciones y
contradicciones entre lo rural y lo urbano
y en las convergencias y divergencias
territoriales y sus causas y consecuencias.
La naturaleza y dinámica
de los conflictos rurales de todo tipo es
una información esencial para la toma
de decisiones públicas, así como lo es
contar con datos que permitan avanzar
en el conocimiento de las estructuras
agrarias existentes, sus conflictos y articulaciones
con todo tipo de actores, con
el Estado y la política. La información es
un instrumento esencial para la transformación
de la institucionalidad rural.
7. El sector rural es un mar de conflictos.
Los mecanismos de resolución de conflictos
en el sector rural son un asunto
pendiente en la agenda pública.
8. La articulación competente del Ministerio
de Agricultura con otras instancias
del Estado, como el medio ambiente,
la minería, la salud o la educación,
hace necesario reinventar mecanismos
que logren propósitos claros y eficaces
para los pobladores rurales.
9. Nuevas instituciones y mecanismos para
enfrentar adecuadamente el cambio climático
y los riesgos que existen sobre las
actividades rurales y su sociedad es parte
de las nuevas agendas en construcción
que requieren de una buena reflexión
por su complejidad y articulación con las
demás instancias estatales.
10. Todos los instrumentos para la modernización
productiva (asistencia técnica,
crédito, desarrollo de mercados, apoyos
y subsidios, riego, infraestructura social
y productiva, etc.) requieren una revisión
y actualización para mejorar su eficacia.
11. El rediseño del Incoder está pendiente
para ubicarlo en el desarrollo rural con
enfoque territorial, la generación de
conocimientos sobre la realidad rural y
las relaciones rurales-urbanas, la planificación
en el territorio, la construcción
de institucionalidad local para el desarrollo
rural, la definición de estrategias
y la articulación con los territorios, para
El desafío es triple: recuperar y reestructurar lo bueno
que se destruyó durante el conflicto, replantear el campo
institucional para el desarrollo rural al postconflicto
y repensar la institucionalidad.
que deje de ser un ente esencialmente
ejecutor de multitud de acciones y camine
hacia una especialización compartida
con otras organizaciones públicas
y privadas.
12. Avanzar en la reflexión sobre cómo
transformar las actuales culturas institucionales
para cambiar visiones, propuestas
y maneras de hacer las cosas.
20 • Hechos de Paz

Brasil: del apoyo agropecuario a la
dinamización de los territorios rurales
Por Luiz Carlos Beduschi Filho,
Profesor de la Universidad de São Paulo (USP)*
La creación del Programa Nacional
de Fortalecimiento de la
Agricultura Familiar (Pronaf)
en 1996 es un hito importante
en esta historia de Brasil en
busca de su desarrollo rural para superar la
pobreza de sus habitantes y aumentar sus
libertades y oportunidades.
En primer lugar, en el proceso de Brasil
hay que subrayar la importancia del vínculo
entre los avances conceptuales y las dinámicas
sociales que han impulsado los cambios
institucionales.
En el debate académico se empezó a hablar
de la categoría de agricultura familiar,
entendida como aquella en que la propiedad,
la gestión y el trabajo provienen, en su
mayoría, de la familia. Con esta definición
se evitan prejuicios como aquellos que asocian
el carácter familiar de la finca a una
pequeña producción, a una producción de
subsistencia o de baja tecnología. La introducción
de esta nueva categoría, asociada a
su uso operativo en iniciativas, proyectos y
programas, permitió evidenciar –a través de
los datos del Censo Agropecuario de 1996–
la potencialidad de esta agricultura familiar,
que aun sin el apoyo de las políticas públicas
ya era responsable de entre el 35% y el
40% del valor total de la producción del sector
agropecuario.
Pero más que una categoría analítica, la
agricultura familiar fue incorporada como
un rasgo de identidad por una parte significativa
de los movimientos sociales rurales,
en especial de la Confederación Nacional de
los Trabajadores en la Agricultura (Contag -
www.contag.org.br), que lograron ampliar
su capacidad de influenciar las políticas públicas,
reivindicando el apoyo más decisivo
del Estado brasileño.
El principal obstáculo para que esta
agricultura familiar fuera más productiva
era el de las problemáticas alrededor del
acceso al crédito. El Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar
se constituye, entonces, como un programa
público que facilita el acceso al crédito (con
tasas de interés subsidiadas), asociado a capacitación
y a inversiones en infraestructura
en los municipios rurales. Se conforman,
además, los Consejos Municipales de Desarrollo
Rural Sostenible (Cmdrs), que producen
cambios significativos en las dinámicas
sociales, políticas y económicas de muchos
municipios rurales del país.
Desde entonces, el Programa Nacional
fue diversificando su actuación y ampliando
la escala del apoyo al fortalecimiento de
la agricultura familiar en Brasil. En 2006, se
consolida en ley la Política Nacional
de Agricultura Familiar, y
los datos del Censo Agropecuario
de 2006 muestran claramente lo
acertado que fue esta opción de
política. Representando el 84,4%
de los establecimientos del país y
ocupando apenas 24,3% del área,
la agricultura familiar es responsable
del 87% de la producción
de yuca, 70% de la producción de
frijol, 46% de maíz, 38% del café,
34% del arroz, 58% de la leche,
59% de cerdos, 50% de aves, 30%
de ganado y 21% del trigo.
La cooperación técnica de
organismos internacionales,
como la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación
y Agricultura (Fao), el Instituto
Interamericano de Cooperación
Agrícola (IIca) y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(Pnud), también fue importante
para estimular el debate
sobre el desarrollo rural en Brasil.
En una estructura productiva
dual como la brasileña –en que
grandes propiedades con monocultivos
y mano de obra asalariada
conviven a lado y lado con
propiedades familiares– la cons-
titución, en 2000, del Ministerio de Desarrollo
Agrario (www.mda.gov.br), en coexistencia
con el Ministerio de Agricultura,
Pecuaria y Abastecimiento, fue la solución
implementada para la conducción de una
política pública unida a lo rural.
Del sector agropecuario al
desarrollo territorial rural
Si los años de la década de los 90 estuvieron
marcados por el reconocimiento y la
creación de políticas de apoyo a la agricultura
familiar, a partir de 2000 otros temas
emergen e influyen en nuevos cambios ins-
*Coautor de la publicación Desarrollo territorial rural: análisis de experiencias en Brasil, Chile y México.
http://www.each.usp.br/beduschi
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
Hechos de Paz
• 21

titucionales en Brasil. Por un lado, la puesta
en marcha, en el año 2003, del Programa
Hambre Cero, que pone en la agenda pública
la cuestión de la seguridad alimentaria y
nutricional. La idea principal es que el combate
al hambre y a la desnutrición, además
de un imperativo ético, es una oportunidad
para dinamizar las economías locales, fortalecer
la agricultura familiar y estimular
cambios en las estructuras de poder en los
municipios más aislados del país. Una de
las innovaciones institucionales fueron los
Consorcios Municipales de Seguridad Alimentaria
y Desarrollo (Consad), que estimularon
la participación de la sociedad civil
y ampliaron el control social de la política
pública. En el nivel nacional, se fortaleció el
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria
(Consea), con amplia participación de las
organizaciones de la sociedad civil.
También es importante subrayar la decisión
del Estado de volver a cumplir su
papel en el desarrollo rural. El Programa
de Adquisición de Alimentos (Paa) es un
ejemplo de esta determinación, al garantizar
un horizonte más estable para que los
agricultores familiares puedan acceder a
nuevos mercados. Programas como huertos
escolares, alimentación escolar, comedores
populares, entre otros, crean mercados que
son más permeables a la participación de
los agricultores familiares. Otro ejemplo es
la Política Nacional de Asistencia Técnica y
Extensión Rural para la Agricultura Familiar
(Pnater), que recupera la capacidad del Estado
de proveer apoyo técnico a los agricultores
familiares del país.
Por otro lado, en Brasil se reconoce de
forma cada vez más intensa la importancia
de la dimensión territorial del desarrollo ru-
Más que un espacio geográfico en el que se desarrollan
determinadas actividades, en Brasil los territorios
son construcciones sociales que reflejan los lazos
entre los actores que los constituyen y que forjan una
determinada identidad.
ral. Más que un espacio geográfico en que
se desarrollan determinadas actividades, los
territorios son construcciones sociales que
reflejan los lazos entre los actores que los
constituyen y que forjan una determinada
identidad. En 2004, estos avances conceptuales
conllevan a otra innovación institucional,
con la creación de la Secretaría de Desarrollo
Territorial (Sdt) en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Agrario (http://www.mda.gov.
br/portal/sdt/) y la implementación del Programa
Nacional de Desarrollo Sostenible de
Territorios Rurales (Pronat).
Este Programa inició su trabajo, en
2004, identificando 65 territorios rurales
y pasando de 118 en 2006 a 164, a fines de
2010. En cada territorio fue constituido
un Colegiado Territorial con participación
de organizaciones de la sociedad civil y
de los poderes públicos local, regional
y nacional. Los colegiados territoriales
elaboraron sus Planes Territoriales de
Desarrollo Rural Sostenible (Ptdrs), que
deben expresar la visión estratégica que
tienen los participantes de este espacio
público de planificación sobre el futuro
del territorio. De hecho, la experiencia
del Programa Nacional en los territorios
está apoyada en la idea según la cual la
participación social es un motor principal
para impulsar los cambios necesarios en
el mundo rural. En el nivel nacional, el
Programa se apoyó en el fortalecimiento
del Consejo Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible (Condraf) como instancia de
articulación interministerial.
A partir de 2008, el Pronat da un paso
más para brindar un apoyo articulado a los
territorios rurales con la creación, a comienzos
de ese año, del Programa Territorios de
Ciudadanía (www.territoriosdacidadania.
gov.br), el cual ha priorizado su atención en
120 territorios, conformados por los municipios
con el menor índice de desarrollo humano
del país y con gran concentración de
beneficiarios del Programa Bolsa Familia. En
estos territorios se ejecutan, de forma articulada
y alineada, acciones de 22 ministerios
con el objetivo de superar la pobreza rural y
dinamizar las economías territoriales.
Estas transformaciones institucionales
en Brasil reflejan el dinamismo actual del
mundo rural, que demanda nuevos modelos
interpretativos y, sobretodo, creatividad para
hacer frente al reto de superar la pobreza y
ampliar las libertades de los habitantes de
los territorios rurales de nuestros países.
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

4
EL CAPITAL HUMANO
Fortalecer el capital
humano: condición para
las libertades ciudadanas
Con la aprobación de la Ley
de Víctimas y Restitución de
Tierras, la formulación del
proyecto de ley de tierras y
desarrollo rural, la publicación
del Informe Nacional de Desarrollo
Humano del Pnud 2011 Colombia rural,
razones para la esperanza, y las exigencias
de los pobladores rurales, el país ha vuelto
a pensar en la importancia estratégica de
lograr el desarrollo del mundo rural no solo
como fuente de oportunidades económicas,
sino también como camino para avanzar
en la construcción de una paz duradera.
El Informe 2011 muestra cómo, a pesar de
los avances de Colombia en su índice nacional
de desarrollo humano, se mantienen
profundas inequidades regionales, que se
reflejan en condiciones de vida desiguales.
En las zonas rurales, el 64,3% de la población
se encuentra en situación de pobreza y
el 29,1% en pobreza extrema (Merpd-Dnp,
2005). En los centros urbanos, en promedio,
la pobreza es 2,3 veces menor que en los municipios
de alta ruralidad, debido a las condiciones
de marginalidad en las viviendas, la
falta de acceso y disponibilidad de servicios
públicos, la baja escolaridad y escasas posibilidades
de generación de ingresos y empleo
dignos y permanentes (Indh, 2011, p. 65).
La lucha por la subsistencia diaria
obstaculiza el ejercicio de las libertades
ciudadanas de los habitantes de los territorios
rurales, situación que se torna
más dramática en algunos grupos poblacionales,
cuyas particularidades culturales
generalmente no son tomadas en
cuenta.
Colombia se caracteriza por ser una nación
con una gran diversidad socio-cultural
y étnica. En el país existen oficialmente, según
el Dane, tres grupos de minorías étnicas,
diferenciados por las particularidades
propias de cada uno: indígenas (3,40% de la
población nacional), afros (10,60% auto-reconocidos
como afrocolombianos, negrosmulatos,
raizales y palanqueros) y rom o
gitanos (0,01%).
No obstante los esfuerzos emprendidos
por el Gobierno nacional en materia de
escolaridad, persisten altos niveles de
analfabetismo en las poblaciones indígenas
y afros. La información del Censo 2005 del
Dane permitió establecer que la población
indígena tiene la tasa más baja de
alfabetismo en relación con la de los demás
grupos poblacionales: 62,4% en las áreas
Hechos de Paz • 23

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL
rurales y 84,5% entre los indígenas que
habitan áreas urbanas (48% mujeres y 52%
hombres del total de población indígena
alfabeta).
Para el caso de la población afro, en
Chocó , de acuerdo con la encuesta de
calidad de vida de 2008, mientras la tasa de
analfabetismo nacional en las áreas rurales
es igual al 14,90%, en la zona rural de este
departamento es igual a 26,10%.
que habitan, los derechos humanos y
libertades fundamentales de los pueblos
indígenas y afros se han visto afectados con
mayor crueldad por el conflicto armado
interno y la actividad del narcotráfico. Esto
ha ocasionado el desplazamiento forzado
de muchas de estas comunidades, que
también se han visto obligadas a huir por el
riesgo de reclutamiento forzado de jóvenes,
niños y niñas por parte de los grupos
BURKINA FASO Y NÍGER
Redescubriendo las
prácticas tradicionales
En la década de los 80 se transformó un
árido paisaje de la región del Sahel en
tierra agrícola productiva, gracias a que
se redescubrieron los conocimientos comunitarios
y las prácticas tradicionales
de gestión agrícola. Con el apoyo técnico
de importantes líderes comunitarios
y organizaciones no gubernamentales,
y ante las constantes sequías, “los agricultores
empezaron a innovar introduciendo
prácticas simples: proteger y manejar
los árboles y arbustos autóctonos
entre cultivos para brindar forraje y leña
y aumentar la fertilidad del suelo, cavar
hoyos en tierras infértiles y degradadas
para concentrar estiércol y agua de lluvia
para plantar y construir terraplenes con
contornos de piedra” para controlar el
agua de las lluvias y combatir la erosión.
“En la Meseta Central de Burkina Faso, la
rehabilitación de entre 200.000 y 300.000
hectáreas de tierra se tradujo en cerca de
80.000 toneladas adicionales de aproximadamente
medio millón de personas
en la región. En el sur de Níger, se estima
que esfuerzos similares han transformado
unos 5 millones de hectáreas de tierra,
aumentando la seguridad alimentaria de
al menos 2,5 millones de personas”. Estas
experiencias de innovación se siguen
aplicando actualmente.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos
demostrados en desarrollo agrícola.
Las desigualdades que afronta la población rural le
plantea al país el reto de realizar reformas estructurales
que viabilicen el acceso de todos los ciudadanos y las
ciudadanas rurales al pleno goce de sus derechos y
libertades.
© Foto IRIN
La situación de la salud en las
poblaciones indígenas y afros se caracteriza
por una deficiente calidad y baja cobertura
de los servicios públicos, lo que ocasiona
desnutrición infantil y una alta incidencia
de enfermedades transmisibles que
producen, a su vez, una elevada tasa de
mortalidad infantil.
Con relación a la seguridad humana, ante
la ubicación estratégica de los territorios
armados ilegales, como lo ha señalado la
Corte Constitucional.
Si bien es cierto que el desplazamiento
forzado de la población rural afecta
tanto a hombres como a mujeres en una
proporción similar, a partir de 2005 la
mayor expulsión ha sido de mujeres (52%
del total de personas inscritas en el Registro
Único de Población Desplazada - Rupd) y
jóvenes menores de 24 años (65% del total
de personas inscritas en el Rupd), según
el VII informe de verificación sobre el
cumplimiento de derechos de la población
en situación de desplazamiento, elaborado
por la Comisión de Seguimiento a la Política
Pública sobre Desplazamiento Forzado,
en octubre de 2008. Este mismo informe
ha destacado que la edad promedio de la
población desplazada a escala nacional es
de 21 años.
24 • Hechos de Paz

ARGENTINA Y PAÍSES DE ASIA
Dejando atrás el arado
En algunos países se dejó a un lado el arado para probar nuevas técnicas de gestión de cultivo. En Argentina, en la década de los 80,
“agricultores, investigadores, trabajadores de extensión y empresas privadas trabajaron conjuntamente para promover el cultivo sin laboreo:
una técnica de gestión de cultivos en la que los agricultores básicamente plantan semillas en campos sin arar para maximizar las
ganancias resultantes de las dobles cosechas intensivas y para reducir los costos de degradación de la tierra, conservar la fertilidad del
suelo y economizar los escasos recursos hídricos. Para 2008, el área de terreno cultivado sin laboreo alcanzó casi 22 millones de hectáreas.
El uso del cultivo sin laboreo, junto con la introducción de variedades de soya resistente a los herbicidas y otros factores, aumentó
la fertilidad de la tierra, revirtiendo décadas de erosión, creó unos 200.000 nuevos empleos agrícolas y brindó al mercado internacional
nuevos suministros de soya, que ayudaron a mantener bajos los precios globales de los alimentos”.
Esta nueva técnica también fue usada en los años 80 por los pequeños agricultores de una región que comprende partes de India, Nepal,
Pakistán y Bangladesh (la llanura indo-gangética). “Desde que empezaron estos experimentos, unos 620.000 agricultores que cultivan
trigo han adoptado alguna forma de cultivo sin laboreo, lo que representa cerca de 1,8 millones de hectáreas de tierras en la llanura
Indo-Gangética y genera aumentos promedio de ingresos de $180-$340 por hogar, particularmente en los estados indios de Haryana y
Punjab”. Las experiencias de estos países se iniciaron en 1989 (Argentina) y 1995 (Asia) y aún están en marcha.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
FRANCIA
La experiencia de la gestión
territorial de la SCTL
Las 6.300 hectáreas de tierra recuperadas
después de 10 años de lucha de los campesinos
de Larzac, contra la expansión
de un campo militar, fueron administradas
según la modalidad que ellos concibieron
desde la perspectiva de contribuir
al debate sobre la constitución de “juntas
territoriales”, una reforma sustancial que
finalmente no vio la luz. La tierra ha quedado
como propiedad del Estado, que la
pone a disposición de los habitantes por
medio del arrendamiento enfitéutico por
periodos de 60 años renovables. Se creó
una estructura específica para administrar
esas tierras, la Sociedad Civil de
Tierras del Larzac (Sctl). Sus miembros
son personas físicas y jurídicas, que representan
a los diferentes habitantes de
la región. Los campesinos son mayoría.
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
La situación de las mujeres rurales
continúa siendo de alta vulnerabilidad.
El Informe 2011 identifica la triple
discriminación de las mujeres rurales: por
ser mujeres, por ser rurales y, muchas de
ellas, por ser víctimas del conflicto armado.
Hay que tener en cuenta, además, la
incidencia de la jefatura femenina en el
sector rural, que es alta, según la Encuesta
Continua de Hogares (Ecv de 2008): en
el 81,6% de estos hogares las mujeres no
tienen cónyuge y en el 44,6% de los casos,
además de no tenerlo, tienen al menos un
hijo de menos de 18 años.
Los retos
Las desigualdades que afronta la población
rural frente al desarrollo como libertad
de elegir el modo de vida, con mayor pro-
La Sctl decide la política de desarrollo a
adoptar y privilegia el establecimiento de
nuevos agricultores más que el aumento
de tamaño de los arrendamientos existentes.
Arrienda la tierra a los productores
familiares por medio de contratos vigentes
hasta que alcanzan la jubilación.
Establece también contratos para el uso
de otros bienes no agrícolas, como la vivienda,
los derechos de caza, las formas
de mantener el control de recursos.
La Sctl consiguió combinar la protección
de los productores familiares y la gestión
colectiva del territorio por sus habitantes.
Tomado de Estado y sociedades civiles, acceso a
la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades
para nuevas formas de gobernanza
Hechos de Paz • 25

BANGLADESH
Diversificación hacia dietas sanas
Ante la baja calidad de la dieta alimentaria (deficiencias en vitamina C, zinc, hierro y otros nutrientes) y por el efecto de esta problemática
en la seguridad alimentaria de la población en situación de mayor vulnerabilidad, se desarrolló en este país un programa que ha sido
catalogado como innovador. El programa, iniciado en 1990 y aún en ejecución, promueve los huertos familiares, la pequeña producción
ganadera y la educación en temas de nutrición. Una organización no gubernamental –Helen Keller International (Hki)– “trabajó en
sociedad con más de 70 organizaciones locales y el Gobierno de Bangladesh para alentar a los hogares afectados por la inseguridad alimentaria
a producir sus propios alimentos ricos en micronutrientes, tanto para el consumo doméstico como para el mercado. Se estima
que estos programas de producción familiar de alimentos han alcanzado a aproximadamente 5 millones de personas y han contribuido a
combatir las deficiencias de micronutrientes que pueden ser importantes causas de enfermedades tales como la ceguera nocturna, particularmente
entre mujeres y niños”. El programa tuvo un impacto especial en las dietas de las mujeres, niñas y niños, y las empoderó apoyando
el desarrollo comunal.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
© CORTESÍA DORIS PEREZ
BURKINA FASO
Reformas en la producción de algodón
Entre 1992 y 2006 este país hizo un esfuerzo importante para renovar su estrategia de desarrollo del algodón a través de una reforma
gradual y consecutiva que “primero, fortaleció el papel de los grupos de agricultores algodoneros y, segundo, liberalizó parcialmente los
mercados de insumos y productos en el sector algodonero… Las reformas en el sector algodonero de Burkina Faso, iniciadas en 1992,
reunieron experiencias de la liberalización del mercado y el desarrollo de cultivos comerciales como impulsores del éxito en el desarrollo
agrícola. Cargada con una estrategia estatal de desarrollo del algodón calificada de ineficiente, no equitativa y desestabilizadora de
la economía nacional para finales de la década de los 80, siguió una ruta de reforma que combinaba los esfuerzos por fortalecer el papel
de los grupos de agricultores algodoneros antes de la liberalización parcial de los mercados de insumos y productos. En parte como resultado
de estas reformas, y a pesar de los precios mundiales consistentemente bajos para el algodón, Burkina Faso ha surgido como el
principal exportador africano de algodón con base en un triple incremento de la producción desde principios de los 90. El crecimiento
del sector algodonero ha absorbido a más de 200.000 nuevos agricultores dedicados a otros cultivos o emigrantes que han regresado de
países vecinos afectados por conflictos civiles”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
26 • Hechos de Paz

INDIA
Conectando la red lechera
Entre 1970 y 1996 se ejecutó en este país un programa nacional catalogado
como innovador y llamado Operación Abundancia (Operation
Flood), que fue determinante para la integración y el desarrollo de la
industria lechera nacional. La iniciativa “ayudó a crear una industria
láctea nacional que integró a los pequeños agricultores (muchos de
ellos mujeres) con las cooperativas lecheras de pueblo, los procesadores
comerciales y los distribuidores de productos lácteos, e introdujo
nuevas tecnologías para modernizar la industria… En el proceso de
vincular las principales ciudades de India con las cooperativas rurales,
la Operación Abundancia trajo importantes avances tecnológicos
al sector lácteo rural, comercializó la producción láctea en pequeña escala
y transformó el entorno de políticas para apoyar el crecimiento de
la industria láctea… Respaldada por un entorno de políticas de apoyo
que aseguraba el crecimiento y desarrollo continuos de la industria lechera,
India pasó de ser una importadora neta de productos lácteos a
ser una de las principales participantes en el mercado lechero global.
Entre 1970 y 2001, la producción lechera de India aumentó a la respetable
tasa de cerca de 4,5% anual, con estimaciones durante el período
2007-2008 que indican que la producción lechera ha superado los 100
millones de toneladas al año. Como resultado, millones de consumidores
tienen ahora mejor acceso a la leche y otros productos lácteos”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
© Foto GOBIERNO DE INDIA
fundidad en las minorías étnicas, mujeres
y jóvenes, le plantea al país el reto de realizar
reformas estructurales que viabilicen
el acceso de los ciudadanos y ciudadanas
rurales al pleno goce de los derechos y las
libertades.
Esto exige el reconocimiento de las desigualdades
territoriales y poblacionales de las
especificidades de género, generacionales y
culturales, focalizando la intervención del Estado
en las familias rurales más vulnerables.
Además de avanzar en la solución del
conflicto rural, en el que confluyen el
conflicto agrario y el conflicto armado
interno, proteger la vida e integridad
de las personas y combatir la pobreza
rural, es necesario garantizar la inclusión
económica, social y política de los
habitantes de los territorios rurales,
centrando la búsqueda del desarrollo rural
en la construcción de una sociedad más
profunda en el ejercicio de la democracia y
de las libertades de todos los ciudadanos y
las ciudadanas.
Una verdadera democracia participativa
parte del principio de la igualdad política de
todos los ciudadanos, hombres y mujeres,
© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL
Hechos de Paz
• 27

MÉXICO
Lucha contra un enemigo evasivo
A partir de 1955 se dio un esfuerzo global –que aún continúa- para combatir la roya
del tallo del trigo. El Premio Nobel Norman Borlaug, con la ayuda de formuladores
de políticas, científicos y filántropo, aplicó la ciencia moderna al problema al desarrollar
en México variedades de trigo resistentes a la roya, con la ayuda de innovadores
métodos de investigación. “Este esfuerzo global ayudó a proteger unos 117
millones de hectáreas de terreno cultivado contra la roya, asegurando directamente
la seguridad alimentaria de 60 a 120 millones de hogares rurales y de muchos millones
más de consumidores”. Asimismo, esto dio origen a un sistema global de investigación
agrícola, que incluye al Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (Cgiar), dedicado a buscar soluciones al hambre y a la inseguridad
alimentaria.
© Foto GOBIERNO DE MEXICO
Tomado del libro Alimentado a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
en la definición de las decisiones públicas
que afectan sus comunidades y supone el
mutuo reconocimiento de la diversidad
entre todas las personas.
La creciente frustración por la falta
de oportunidades y por los altos niveles
de desigualdad, pobreza y exclusión
social se expresa en pérdida de confianza
en el sistema político y en crisis de
gobernabilidad, hechos que ponen en
riesgo la estabilidad de un régimen
democrático, como lo ha advertido el
informe del Pnud 2004 La democracia en
América Latina: hacia una democracia de
ciudadanos y ciudadanas.
De esta forma, las soluciones a la inequidad
y pobreza presentes en los territorios
rurales, orientadas hacia el fortalecimiento
del capital humano, demandan
también el fortalecimiento de las organizaciones
sociales rurales y la recuperación
del tejido social destruido por el conflicto,
a fin de aumentar la participación, el empoderamiento
y la capacidad de acción de
los ciudadanos y las ciudadanas rurales en
la definición de su propio modelo de desarrollo.
La Reforma Rural Transformadora,
propuesta por el Informe 2011, requiere,
además de una decisión política del
Gobierno nacional y del acuerdo de la
sociedad en general para proyectar un
proceso de cambio a largo plazo de la
situación actual del mundo rural, activar
el movimiento social de los ciudadanos
y las ciudadanas rurales, partiendo de
una reflexión seria y fundamentada
sobre el tipo de sociedad rural deseada
y la base estructural sobre la cual se
levantará, a partir del reconocimiento
de los hombres, las mujeres, los jóvenes
y los niños habitantes de los territorios
rurales como sujetos sociales y políticos
con derechos.
La construcción del desarrollo rural
de forma sostenible requiere, entonces,
el fortalecimiento del capital humano
para que haya un crecimiento nacional
equitativo, pero también requiere de ciudadanos
con poder de acción y decisión y
poder político.
© CORTESIA : NADYA GONZÁLEZ / Fao

5
© CORTESÍA SORAYA HOYOS / Onu MUJERES
EL SECTOR PRODUCTIVO
Un necesario impuso a la
actividad agropecuaria
Hasta no hace mucho tiempo,
la actividad agropecuaria
y rural fue una de
las más dinámicas de la
economía colombiana,
promovió el despegue y la consolidación de
otros sectores productivos y, además, fue
fundamental en el crecimiento y desarrollo
del país. Pero en los últimos años, el desempeño
de la actividad agropecuaria y rural es
bajo e inestable.
¿Cómo explicar esta situación? ¿Cómo
lograr que otra vez el sector agropecuario
sea un referente de crecimiento para ampliar
las oportunidades de los pobladores
rurales y para que lleven una vida digna en
el campo y del campo?.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano
del Pnud 2011 Colombia rural, razones
para la esperanza, responde a estas
preguntas y presenta algunas recomendaciones
–que esperan sean tenidas en cuenta–
para que el país logre un desarrollo rural
incluyente, equitativo y sostenible.
Según el informe, desde mediados del
siglo XX la sociedad rural sufrió un conjunto
de transformaciones que alteraron
las formas y relaciones de producción en
el campo y la estructura del sector y de los
hogares rurales. Entre los factores que contribuyeron
a generar esos cambios profundos
están la transición demográfica; el auge
económico, que ocasionó bonanzas cafeteras
en los años 50 y que se repitieron décadas
más tarde; los cambios y las rupturas de
los modelos de desarrollo imperantes, que
impulsaron la adopción de esquemas de
protección que favorecían la sustitución de
importaciones, y el crecimiento basado en
la promoción de exportaciones, así como la
desgravación arancelaria de ciertos bienes
de capital.
A pesar de estas transformaciones, las
políticas públicas sectoriales han hecho
poco por superar los factores estructurales
que aún sumen a la población rural en
condiciones de vulnerabilidad y afectan su
desarrollo humano. Un desempeño adecuado
del sector no solo es el resultado de
políticas públicas bien orientadas y sin discriminaciones;
también de una adecuación
social y económica de la estructura agraria
a las condiciones de los pobladores rurales
y a las exigencias del mercado, al igual que
de objetivos de estabilidad en la sociedad
rural y el cierre de las brechas entre lo rural
y lo urbano.
La inestabilidad del desempeño
El Informe señala que una de las características
del desempeño del sector agropecuario
ha sido su inestabilidad. Es difícil
que Colombia pueda avanzar en su desa-
Hechos de Paz • 29

ollo con un sector agropecuario con crecimientos
tan bajos, con políticas que son
resultado de atención a los grupos de poder
y que no consideran una visión más amplia
de país y de la sociedad. Sin duda un crecimiento
estable con equidad es una condición
necesaria para avanzar en el desarrollo
del país y posicionar a Colombia en el concierto
de las naciones.
Los determinantes del comportamiento
del crecimiento económico en Colombia
durante las dos últimas décadas se han fundamentado
en la expansión de las exportaciones
de productos tradicionales y no
tradicionales (como azúcar, flores, algodón,
frutas, etc., y productos manufacturados,
como confecciones, cuero e industria editorial,
entre otras) y en las repercusiones de
variables macroeconómicas, como la tasa
de interés (debido a la estrecha relación de
la tasa de interés con el ahorro y la acumulación
de capital), el gasto público y el tipo
de cambio real sobre la evolución del Pib.
A pesar de la elevada senda de crecimiento
y el exitoso rumbo que tomó la economía
durante los años 80, gracias al auge
de los productos tradicionales, Colombia
sufrió una reducción paulatina en su ritmo
de crecimiento económico en la década de
1990. La adopción de un nuevo modelo de
desarrollo y la recesión de finales del siglo XX
(entre 1998 y 1999 el PIB decreció 4,2%) han
explicado las oscilaciones acentuadas que
ha sufrido el Pib durante los últimos años.
Desde principios de la década de los 90, el
crecimiento de la producción agropecuaria
recorrió un camino similar al comportamiento
del producto total. Sin embargo,
al promediar la década, el Pib agropecuario
comenzó a ser un poco más errático y
volátil que el agregado: su crecimiento se
situó alrededor de 1,6% entre 1990 y 2000,
un poco menos de la mitad de la variación
promedio del producto total (el crecimiento
promedio del Pib de la economía ascendió
a 2,8%).
En el periodo comprendido entre 2001 y
2009, el sector registró un crecimiento sectorial
de 2,7%, mientras la economía se expandió
4,1%.
Después de la pronunciada caída del
Pib a finales de los años 90, el PIB sectorial
ha tenido un franco y gradual descenso en
su participación en el total. La experiencia
internacional señala que en la medida en
que mejoran los países, el grado de desarrollo
de su sector agrícola pierde importancia
en la generación del Pib (De Ferranti
et ál., 2005). No obstante, la baja participación
de la agricultura con respecto a la
producción total está acompañada de una
reducción en el ritmo de crecimiento de la
productividad sectorial y una caída en la
competitividad.
Las razones
El desempeño del sector agropecuario
tiende a estar más relacionado con factores
estructurales y fallas del mercado y el
Estado, que con factores coyunturales o de
variaciones de precios. Pero las razones no
son solo económicas, también los aspectos
sociales e institucionales y la influencia del
conflicto armado interno explican el pobre
crecimiento de la agricultura.
Entre los factores del entorno estarían:
a. La ruptura del pacto internacional del
café al finalizar los años 80, lo que condujo
a agudizar la paulatina pérdida de
participación del grano en el total de la
producción, debido a la expansión de su
oferta internacional y a una tendencia
de precios favorables para el consumo
mundial.
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Resistencia a virus y plagas
En esta región hay dos proyectos exitosos implementados entre 1971 y 1989 para combatir el virus del mosaico (una enfermedad) y la
cochinilla (un insecto) que afecta a la yuca o mandioca, un cultivo clave para el sustento y la generación de ingresos de los agricultores
más pobres de la región, especialmente en tiempos de sequía o crisis. Entre 1971 y 1989, en África Occidental, la aplicación de la ciencia
moderna ayudó a frenar la propagación de esta enfermedad y el insecto. “Se estima que la introducción de variedades de yuca resistentes
a las enfermedades ha contribuido a aumentar la disponibilidad anual de harina de yuca, o gari, en 1,4 millones de toneladas, que bastan
para alimentar a 29 millones de personas en la región. De igual manera, se estima que el programa de control de la cochinilla de la yuca
ha reducido las pérdidas producidas por dicha infestación en aproximadamente 2,5 toneladas por hectárea”.
Asimismo, en África Oriental y Meridional también se aplicó la ciencia moderna para mejorar el maíz incrementó la producción y los rendimientos
del maíz entre los pequeños productores de escasos recursos, que constituyen la mayoría de los agricultores de la región. “Entre
1965 y 1990, los rendimientos del maíz en Kenia, Malaui, Zambia y Zimbabue aumentaron anualmente entre 1% y 5% –tasas muy respetables
en comparación con las tasas de crecimiento del rendimiento y la producción en países tales como Estados Unidos– mientras que los
aumentos en la producción anual de maíz oscilaron entre 1,8% y 3,3% en estos mismos países”.
Tomado del libro Alimentado a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
30 • Hechos de Paz

© CORTESÍA BORIS HEGER / Acnur
FILIPINAS
Tilapia mejorada
Entre 1998 y 1997 se desarrolló en este
país un proyecto para el Mejoramiento
Genético de la Tilapia Cultivada (Genetic
Improvement of Farmed Tilapia, Gift),
que jugó un papel clave para que el pescado
se convirtiera en una fuente de ingreso
y de proteínas para muchos criadores
y consumidores de Filipinas. “Al
criar una variedad de tilapia originaria de
África, el proyecto desarrolló una nueva
raza que crece más rápidamente y es más
resistente al estrés ambiental que otras
variedades. Estas mejoras aumentaron
de manera significativa los rendimientos
y producción de pescado, incrementando
así su disponibilidad para los consumidores,
reduciendo los precios de mercado
y proporcionando una fuente más
barata de proteína a los pobres del país…
Entre 1990 y 2007, la producción de tilapia
en Filipinas aumentó en un 186%,
mientras que los costos de producción
de tilapia disminuyeron entre un 32% y
un 35%. El precio bajo y estable del pescado
derivado de Gift lo ha convertido
en una fuente de proteínas extremadamente
popular entre unos 19 a 23 millones
de consumidores pobres. Estas variedades
de pescado comprenden ahora el
68% de la totalidad de alevines de tilapia
producidos en Filipinas”.
Tomado del libro Alimentado a millones: éxitos
demostrados en desarrollo agrícola.
b. El deterioro de la competitividad de la
producción frente a nuevas regiones cultivadoras
en otros países competidores.
c. La reducción del área de producción
de algunos cereales, como el arroz, y la
crisis algodonera sufrida a mediados de
la década de 1990, resultado de la caída
de las cotizaciones internacionales del
algodón.
c. El rápido desmonte de la estructura arancelaria
y la lenta reconversión de la estructura
agropecuaria hacia bienes que
reflejaran las ventajas naturales, lo que no
permitió que los productores se prepararan
en forma adecuada para competir en
los mercados internacionales.
d. La pérdida de la capacidad institucional,
explicada por la ausencia de una
política clara y consistente y de una
adecuada orientación de recursos de
crédito y fomento, así como la insuficiente
asistencia técnica a los pequeños
y medianos productores agropecuarios
y la falta de una oferta focalizada de
bienes públicos.
También hay factores estructurales que
han afectado el desarrollo de la actividad
agropecuaria en las últimas décadas, entre
ellos los siguientes:
a. La falta de un adecuado afianzamiento
de los factores de producción relevantes
en la actividad agropecuaria –capital
humano, inversión productiva,
tierra y tecnología–. Hay unos bajos niveles
de capital humano en las áreas rurales;
una ausencia de una permanente
y continua acumulación de capital; la
concentración de la propiedad rural;
la reducción progresiva de la transferencia
de tecnología y la disminución
del crecimiento en el tiempo de la productividad
del sector agropecuario. La
debilidad en los factores de producción
no permitió que la productividad
sectorial avanzara rápidamente hasta
alcanzar niveles óptimos o potenciales.
b. Las falencias institucionales expresadas
en la falta de profundización en
los mercados de tierra y trabajo y las
asimetrías de esos mercados y las de la
comercialización de los bienes agropecuarios
impidieron que se asignaran de
manera más eficiente los recursos productivos,
se fortaleciera el mercado doméstico
y se mejoraran las condiciones
de vida de los trabajadores rurales.
c. La débil inserción en el mercado internacional
–debido al bajo ritmo de crecimiento
de la productividad sectorial,
una balanza comercial volátil e inestable
y una elevada protección a los bienes
agropecuarios transables– y la revaluación
del peso no contribuyeron a
afianzar la competitividad internacional
de los productos agropecuarios.
d. La violencia rural, que frena el desempeño
sectorial, afecta su productividad
e incide sobre los niveles de bienestar
de los trabajadores y la población rural.
El conflicto armado, la violencia
y la criminalidad en áreas rurales han
ocasionado altos costos para la sociedad
rural, que se pueden expresar en
pérdidas ocasionadas al capital físico,
humano, social y ambiental. Los costos
sobre el capital físico se encuentran
asociados con la infraestructura social
y física destruida por las acciones de los
grupos armados ilegales y bandas criminales
en las áreas rurales; los segundos
costos se relacionan con las pérdidas
de vidas productivas y saludables
originadas por la violencia, así como el
desplazamiento de población víctima
de amenazas, presión y despojo ocasionado
por la presencia de los grupos armados
ilegales. El tercer costo se refiere
a la desestructuración y destrucción de
las redes sociales y el empoderamiento
y la pérdida de las tradiciones culturales
y capacidades que han acumulado
las organizaciones y comunidades ru-
Hechos de Paz • 31

BANGLADESH
Bombeando la producción
En la década de los 80 (1989) este país tomó importantes medidas para liberalizar los mercados de insumos agrícolas, lo que llevó a
“moderar las restricciones impuestas a la importación y venta de equipos de irrigación, tales como los sistemas de bombeo de poca
elevación y los pozos tubulares superficiales. Estas reformas aparentemente menores estimularon el rápido crecimiento del cultivo de
arroz irrigado durante la estación seca, que posteriormente aumentó hasta dar cuenta del 90% del aumento en la producción de arroz
en Bangladesh entre 1988 y 2007. Y con este crecimiento en la producción de arroz disminuyeron los precios reales de este producto que
pagaban los hogares afectados por la inseguridad alimentaria y, por último, se redujo significativamente la pobreza del país”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
rales. Y los costos ambientales se traducen
en la pérdida de los ecosistemas,
biodiversidad y patrimonio natural de
los pobladores rurales.
Esta violencia rural también pone en
riesgo la seguridad alimentaria cuando se
reduce la oferta de productos agrícolas esenciales
para abastecer el mercado interno o se
erigen obstáculos para que la población pueda
acceder de manera adecuada a productos
agropecuarios básicos y de buena calidad.
Las recomendaciones: retomar la
senda del desarrollo rural
Para retornar por la senda del desarrollo
humano y el crecimiento del sector, el
Informe Nacional señala que es necesario
que el Estado y la sociedad colombiana
concentren sus esfuerzos, iniciativas y políticas
en lograr mejoras sensibles en la productividad
sectorial, fortalecer la educación
y la inversión productiva, desconcentrar la
propiedad rural, disminuir el conflicto de
usos del suelo, revisar a fondo su política de
inserción en el mercado externo, desarrollar
los mercados de tierras y trabajo, minimizar
el conflicto rural y proteger las áreas dedicadas
a la producción de alimentos.
En síntesis, el Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2011 propone una reforma
rural transformadora en la que se incida
fuertemente en el componente productivo
y de mercados. Esto significa actuar, con el
liderazgo del Ministerio de Agricultura, sobre
por lo menos ocho grandes aspectos:
a. La modernización de la producción.
b. El avance tecnológico.
c. La construcción de infraestructura.
d. Los acuerdos comerciales.
e. La seguridad alimentaria.
f. El crecimiento de las exportaciones y
del mercado interno.
g. El uso de los potenciales agropecuarios,
forestales y pesqueros.
h. El avance en la competitividad.
Por su trascendencia para la reactivación
del sector, el Informe señala estrategias
concretas sobre cinco elementos:
a. El mercado interno.
b. La tecnología y la asistencia técnica.
c. El riego.
d. La regulación de créditos.
e. La seguridad alimentaria.
Sobre la transformación de las agriculturas
de subsistencia, el Informe indica que
este es un proceso de más largo plazo que
requiere una fase de transición lenta hacia
la conformación de empresas familiares rurales
con capacidad de avanzar en sus procesos
de gestión, acumulación, conformación
de empresas de servicios, desarrollo de
sistemas de cooperación y articulación con
empresas agropecuarias mayores, a través
de negocios horizontales y verticales, y con
organizaciones de segundo y tercer nivel en
la prestación de servicios.
INDIA
Cultivos mejorados para tierras áridas
Con inversiones a largo plazo del Gobierno de India, los Gobiernos estatales y el sistema de investigación agrícola internacional se
consiguió la difusión del mijo perla y sorgo mejorados, lo que ayudó a reducir la inseguridad alimentaria en las zonas áridas y semiáridas
del país, con los mayores niveles de pobreza. La experiencia, aún en ejecución, se dio a través de reformas de políticas y avances
científicos logrados a mediados de la década de los 90 que “estimularon el crecimiento de la inversión privada en la comercialización de
semillas mejoradas de mijo perla y sorgo, incluyendo híbridos. Estos dos cultivos son fuentes esenciales de sustento e ingresos de unos
14 millones de familias pobres de esa nación. Aunque en conjunto abarcan solo un 10% de toda el área cultivada de India, se cultivan
en las zonas áridas y semiáridas del país, donde vive cerca del 60% de la población. El surgimiento de empresas privadas de semillas, en
conjunción con una buena investigación estatal, ha brindado a unos 6-9 millones de agricultores acceso a semillas mejoradas que han
aumentado los rendimientos en más del 85% en las últimas décadas”.
Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
32 • Hechos de Paz

El nuevo desarrollo rural
con enfoque territorial
Por Juan Camilo Restrepo Salazar
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
INVITADO ESPECIAL
© CORTESÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
En todas las dimensiones del
desarrollo rural, Colombia tiene
un gran potencial deficientemente
aprovechado: hay un
déficit de oferta alimenticia
interna que se suple con importaciones
crecientes; cerca de la mitad del territorio
es vulnerable a los extremos climáticos, que
serán más severos en el futuro próximo; la
pobreza rural del 64% de sus habitantes es
un tercio mayor que el promedio nacional
del 46%; todos los indicadores de bienestar
social son notablemente inferiores en el
campo; la distribución de la tierra, con un
índice de concentración del 0.87, es la tercera
peor del mundo y, finalmente, el país
no ha resuelto la mayoría de los conflictos
de tenencia que ocurren entre los poseedores
materiales y los propietarios registrados,
que fueron encubiertos por el desplazamiento
forzado y el despojo de la tierra.
Por las razones anteriores, la política de
desarrollo rural ha sido diseñada para cerrar
esa brecha de servicios fundamentales
de atención a la primera infancia, salud,
nutrición, educación, provisión de agua
potable, vivienda y saneamiento básico, seguridad
social, en un plazo de diez años, a
partir de la sanción de la ley de desarrollo
rural que será presentada al Congreso el 20
de julio próximo. Este esfuerzo involucra a
todos los sectores del Gobierno nacional y
articula los niveles nacional, departamental
y municipal en programas de desarrollo rural
con enfoque territorial, con el liderazgo
y coordinación del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
El desarrollo rural tiene como objetivo
elevar la competitividad de los territorios
a partir de su localización, los estrechos
vínculos urbano-rurales, su conectividad
a redes de transporte, su infraestructura
productiva, el desarrollo del capital humano,
las capacidades productivas de la población,
su asociación y cooperación y su
exitosa vinculación a cadenas productivas
orientadas a mercados rentables en la economía
nacional y global.
Los territorios rurales comparten un
contexto geográfico, económico y social y
se constituyen como tales cuando sus pobladores,
sus organizaciones sociales y sus
instituciones resuelven coordinar sus acciones
y actuar en concierto para mejorar
la competitividad de su economía y superar
sus rezagos en la generación de ingresos y
el bienestar de sus habitantes. El desarrollo
es un proceso de cambio que se genera desde
las iniciativas locales y regionales, con la
orientación, la cofinanciación y el apoyo de
las instituciones nacionales. La competitividad
no está en las parcelas o fincas sino
en los territorios, con sus recursos de suelo
y aguas, su capital humano, infraestructura,
capacidades productivas, dotación de servicios
sociales y su inserción en los mercados.
La experiencia internacional demuestra
que la economía campesina, cuando dispone
de los bienes públicos fundamentales y
Hechos de Paz • 33

tiene acceso a la tierra, genera más empleo
y reparte mejor los beneficios que la producción
extensiva de plantación. En Colombia,
los pequeños productores aportan
el 70% de la canasta alimenticia nacional,
a pesar de su falta de tierras adecuadas, financiación
y tecnología. Estas deficiencias
pueden superarse al aumentar las escalas
de producción mediante la asociación y la
empresarización de los pequeños productores,
para aumentar su eficiencia y su camente
sostenible del suelo,
los bosques y el agua para
elevar la productividad de
los recursos, y ese aprovechamiento
depende de la
distribución equitativa de
la tierra y la cultura de usos
del suelo de la población, regulados
por las normas ambientales
y las orientaciones
del Gobierno central, con la
Unidad de Planificación de
Tierras Rurales, Adecuación
de Tierras y Usos Agropecuarios
(Upra) del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural, las Corporaciones Autónomas
Regionales (Car) y
los Gobiernos locales en los
Planes de Ordenamiento Territorial
(Pot).
La orientación de la política
agraria es armonizar los
criterios de una buena gestión
de los usos del territorio,
el ordenamiento social de la
propiedad y el impulso a los
programas de desarrollo rural
con un enfoque territorial, que permiten
articular las dimensiones ambiental, social
y económica en la geografía concreta de
cada región del país.
De esa forma, el Gobierno central, los
departamentos, los municipios y los territorios
que surjan por la concertación entre
sus pobladores, autoridades y organizaciones
sociales pueden concurrir, con sus capacidades,
recursos e iniciativas, a armonizar
objetivos y cofinanciar las inversiones
La política de desarrollo rural ha sido diseñada para
cerrar esa brecha de servicios fundamentales en un
plazo de diez años, a partir de la sanción de la ley de
desarrollo rural que será presentada al Congreso.
pacidad de negociación en los mercados de
insumos y productos finales. En la misma
dirección, la vinculación de empresarios y
pequeños productores en alianzas productivas,
con equidad e inclusión social, es una
estrategia para mejorar la competitividad
de las cadenas productivas, y así generar y
retener más valor en el mundo rural.
El desarrollo rural de los territorios debe
basarse en el aprovechamiento ambientalnecesarias
para lograr las metas trazadas
desde el nivel territorial, y plasmar esos
acuerdos en los Convenios Plan, que comprometen
a todas las partes involucradas en
la continuación de los esfuerzos a mediano
plazo, para evitar la dispersión de iniciativas
y la interrupción de los programas de
desarrollo territorial.
Los componentes de los programas de
desarrollo rural con enfoque territorial son
el acceso y ordenamiento de los derechos
de propiedad, la generación de ingresos
para las comunidades rurales, el apoyo
integral a proyectos productivos a partir
de la demanda, el ordenamiento de los
usos de los suelos y el agua, la promoción
y el fortalecimiento de las cadenas
productivas, los servicios financieros, la
formación de competencias y la capacitación
para la gestión productiva y la gestión
local de la asistencia técnica integral
con apoyo del sistema nacional de ciencia
y tecnología.
En cuanto al ordenamiento del territorio,
la política es proteger las reservas ambientales
estratégicas contra la ocupación y
apropiación ilegales, el cierre de la expansión
de la frontera agropecuaria, la formalización
del 48% de los predios del catastro
rural que carecen de títulos registrados, la
recuperación y el registro de los baldíos a
nombre de la Nación de tierras ilegalmente
tituladas a grandes propietarios, la distribución
de la tierra a la población campesina
sin ella o con extensiones insuficientes, la
sustracción y adjudicación en Unidades
Agrícolas Familiares (Uaf ) de cinco millones
de hectáreas ya deforestadas y ocupadas
de la reserva forestal de la Ley 2 de 1959
y la protección de nueve millones de hectáreas
de bosques que hoy carecen de protección
ambiental.
Finalmente, para dinamizar el mercado
de tierras y los usos adecuados del suelo,
el proyecto de ley de desarrollo rural crea
el derecho real de superficie, que permite
asegurar como derecho real lo construido o
plantado en suelo ajeno, mediante contrato
con el propietario y el pago de un canon periódico
hasta por 30 años. Además, se crearán
más Zonas de Reserva Campesina para
asegurar el territorio de las comunidades
campesinas, así como Áreas de Desarrollo
Empresarial, en las cuales se permitirá adquirir
extensiones que permitan economías
de escala en la producción y se promoverán
los Proyectos Especiales de Desarrollo
Agropecuario y Forestal (Pedaf), creados en
la ley del Plan de Desarrollo.
El desarrollo rural es el resultado multidimensional
del desarrollo en el mundo
rural y convoca la acción coordinada del
Estado, en sus niveles territoriales, la población,
con sus organizaciones e instituciones
sociales, y los agentes económicos,
orientados a los mercados de bienes y servicios.
34 • Hechos de Paz

El desarrollo humano rural
debe ser una apuesta
al futuro generacional
Por Edilia Mendoza Roa
Lideresa de aNUC-UR, la Mesa Nacional de Unidad Agraria y la Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales Colombianas
Construir alternativas hacia
el futuro, con enfoque poblacional,
de género e intergeneracional
y otros, exige
tener un horizonte definido
y asegurado para tal fin, que armonice los
intereses económicos con los fines de justicia
social propios de un Estado Social de
Derecho. Hoy, en Colombia y el mundo, son
ambivalentes esas iniciativas, pues se dan
en un entorno controlado por los pocos
que concentran los poderes económicos,
políticos y militares. No podemos seguir
ignorando que el modelo hegemónico de
desarrollo económico, basado en la competitividad
y en el desarrollo desmesurado
a favor de esos pocos, es incompatible con
las garantías ambientales, agrarias y alimentarias
que demanda el cumplimiento
de derechos fundamentales, como el acceso
a la tierra y el territorio y a la alimentación
para los pueblos étnicos, las comunidades
rurales y el mundo rural. Es por ello
que durante décadas los campesinos y las
campesinas hemos solicitado y exigido una
reforma agraria integral y democrática, que
asegure efectivamente el acceso a las tierras,
créditos, mercadeo y otros servicios a
los sectores menos favorecidos del campo
y que ponga frenos y transforme el modelo
avasallador y salvaje imperante.
Propuesta integral, integradora
y transformadora
Transformar el modelo de desarrollo
parte de tener al ser humano como centro
orientador e integrador de diversos elementos
esenciales para la vida, como el agua, el
oxígeno y el aire, la tierra, las semillas, la
participación, la protección y la prioridad
para brindar una atención inmediata y
oportuna a los habitantes del campo, con
el fin de garantizar un futuro generacional
acompañado de la implementación de tecnologías
y las investigaciones que posibiliten,
prioricen y empoderen la combinación
de conocimientos y saberes ancestrales, visiones,
intereses y culturas.
Un desarrollo humano integral rural requiere
de un enfoque diferencial, de género,
de derecho, poblacional, territorial, de participación,
justicia y con acciones concretas
positivas que atiendan, resuelvan y prioricen
los diversos actores y sujetos de derechos;
que proteja el principio de la libertad
del ser, del hacer, del tener y del estar; que
permita decidir sobre diferentes aspectos,
además de la producción nacional; que
empodere la economía campesina, comunitaria
y étnica y que combine y articule
las diversas estrategias institucionales en la
planificación y definición de políticas, normas,
programas y proyectos que se ejecutan
en el mundo rural. Asimismo, se requiere de
una institucionalidad fuerte que concentre
sus esfuerzos en defender, proteger, subsidiar
y empoderar a los pequeños y medianos
productores y a los grupos étnicos, y
en reconocer la importancia de la multidiversidad
de bienes y servicios que ofrece el
campo colombiano. En esa institucionalidad
las comunidades rurales (campesinos y
campesinas, indígenas y afrocolombianos),
desde sus visiones ancestrales y culturales,
deben participar, decidir y ejercer el control
y la vigilancia de las políticas y los recursos
que se destinan para el campo.
A partir del reconocimiento político,
económico, social, cultural y comunitario
de todas y cada una de las comunidades
rurales, el desarrollo humano integral rural
implica también el reconocimiento y la
materialización del derecho inherente que
les asiste a participar y decidir sobre su
destino y la definición de las prioridades
INVITADA ESPECIAL
Hechos de Paz • 35

de desarrollo. Es decir, garantizar el pleno
consentimiento libre, previo e informado
en la adopción de normas y en la definición
de proyectos que no afecten su territorialidad
ni atenten contra su diversidad étnica
y cultural para que, con enfoque de género
y edad, contribuyan al cuidado del planeta.
En Colombia no es posible alcanzar este
desarrollo humano integral rural sin una reforma
agraria que revierta la concentración
de la propiedad de la tierra; que rompa con
el latifundio especulativo –que mantiene
desperdiciadas 17 millones de hectáreas
aptas para la agricultura–; que rebaje el elevado
precio de la tierra y que entregue tierra
suficiente a campesinos, indígenas y afros.
Alcanzar este desarrollo parte del imperioso
deber constitucional de garantizar el acceso
real a la tierra a las comunidades rurales.
Ello implica transformar las estructuras
maquiavélicas, que son las causantes de la
histórica concentración de la tierra y de las
36 • Hechos de Paz
En Colombia no es posible alcanzar un desarrollo
humano integral rural sin una reforma agraria que
revierta la concentración de la propiedad de la tierra.
tunidades económicas, sociales, políticas,
laborales y culturales. Tampoco es posible
conseguir el desarrollo humano integral rural
sin recuperar la soberanía alimentaria o
el derecho de los pueblos a definir sus propias
políticas y estrategias sustentables de
producción, distribución, consumo, comercialización
y abastecimiento de alimentos,
que garanticen el derecho a la alimentación
saludable y apropiada culturalmente para
© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL
permanentes y reiteradas contrarreformas
agrarias mediadas por poderes políticos y
económicos y por la violencia, el desplazamiento
y el destierro de más de cinco millones
de colombianos, así como formalizar
los derechos de propiedad y sucesión. Lo
anterior debe acompañarse de medidas encaminadas
a transformar y superar las desigualdades
e inequidades que existen en la
satisfacción de derechos individuales y colectivos
a la salud, la educación, el trabajo y
la vivienda, al igual que a alcanzar las oporla
población, y se valoren la sostenibilidad
ecológica y ambiental, el papel de las mujeres
y los usos y costumbres de indígenas,
raizales, palenqueros, afros y gitanos.
De la misma forma, para evitar nuevos
desplazamientos el desarrollo humano integral
rural demanda de mecanismos, leyes
y normas que protejan la economía campesina
y étnica frente a: el ingreso de productos
foráneos en el marco de los tratados
de libre comercio, la promoción del capital
extranjero al acceso a la tierra y la puesta en
marcha de proyectos agroindustriales y forestales
de gran escala, mineros, petroleros
y de infraestructura.
Articulación de compromisos
Medidas como el levantamiento de la
restricción para adquirir más de una Unidad
Agrícola Familiar (Uaf), el fomento a las zonas
de desarrollo empresarial especificadas
en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y los
contratos de uso contemplados en la Ley de
Víctimas, así como iniciativas para incorporar
el derecho real de superficie, que se propone
en el proyecto gubernamental de Ley de
Desarrollo Rural, son contrarias al desarrollo
humano integral rural y a los derechos de
campesinos y campesinas, indígenas y afros,
víctimas o no, así como de sus hijos e hijas.
En esta línea, caminar en el logro del
desarrollo humano integral rural implica
articular el compromiso gubernamental a
restituir las tierras y los territorios de las víctimas
con las políticas que se impulsan en
el campo, en particular con la política rural.
No puede hablarse de reparación integral sin
medidas que hagan efectivos los derechos de
los restituidos a producir en sus predios, de
forma tal que se garanticen la sostenibilidad
y la dignidad en los retornos o en las reubicaciones
para aquellos que no pueden volver a
sus predios por razones de seguridad física
de sus vidas y bienes o por otras circunstancias.
Estos y otros elementos hacen parte
del proyecto alternativo de Ley Agraria que
campesinos y campesinas, indígenas, afrodescendientes
y trabajadores rurales, entre
otros sectores, presentaremos a consideración
del Congreso de la República. Garantizar
el desarrollo humano integral rural como
una apuesta generacional y la no repetición
de la situación actual de la población rural es
la deuda social, histórica, económica, moral
y cultural que el Estado tiene con el movimiento
campesino y agrario, el más afectado
e ignorado en las últimas cinco décadas.

La Declaración de los
Derechos de los Campesinos
El pasado 24 de febrero el Comité
Consultivo de los Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas aprobó por unanimidad
el texto preliminar de la
Declaración Internacional de los Derechos
de los campesinos, que busca ser un nuevo
instrumento jurídico para la protección y
desarrollo de los campesinos, sus comunidades
y quienes viven y trabajan en el mundo
rural.
El documento, construido con las bases
campesinas de organizaciones de muchos
países del mundo, pasa ahora a manos del
Consejo de Derechos Humanos - organismo
formado por 54 representantes de países- y
luego se inicia un trámite que culmina en
la Asamblea General de Naciones Unidas,
que vota y aprueba las Declaraciones e instrumentos
jurídicos de esta naturaleza. El
siguiente es el texto de dicha Declaración:
• Afirmando que los campesinos son
iguales a las demás personas y, en el
ejercicio de sus derechos, deben estar
libres de toda forma de discriminación,
incluyendo la discriminación por motivos
de raza, color de piel, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de
otra índole, origen nacional o social,
propiedad, riqueza, nacimiento u otras
razones relacionadas con la condición
social;
• Reconociendo que la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el
Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos, así como la Declaración
y el Programa de Acción de Viena,
confirman la universalidad, indivisibilidad
e interdependencia de todos los
derechos humanos, civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales;
• Destacando que en el Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, los Estados se comprometieron
a tomar medidas apropiadas
para asegurar el cumplimiento del derecho
de toda la población, a condiciones
de vida adecuadas,
incluyendo el derecho a
la alimentación, y el derecho
fundamental a estar
libre del hambre, especialmente
mediante el desarrollo
y la reforma de los
sistemas agrarios;
• Subrayando que de acuerdo
con la Declaración de
las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los
Pueblos Indígenas, todos
los pueblos indígenas,
incluyendo los campesinos
indígenas, tienen el
derecho a la libre determinación
y que, en virtud
de este derecho, pueden
determinar libremente su
estatus político y buscar
libremente su desarrollo
económico, social y cultural,
teniendo el derecho
a la autonomía y al auto
gobierno en materias relacionadas
con sus asuntos
internos y locales, así
como las vías y los medios
para financiar sus funciones
autónomas;
• Recordando que muchos campesinos de
todo el mundo han luchado a través de
la historia por el reconocimiento de sus
derechos y por sociedades justas y libres;
• Considerando que el actual desarrollo
de la agricultura, la especulación con
productos alimenticios, y las adquisiciones
y el arrendamiento y acaparamiento
de tierras en gran escala en muchas
regiones del mundo ponen en peligro la
vida de millones de campesinos;
• Teniendo en cuenta la creciente concentración
de los sistemas alimentarios
del mundo en manos de unas pocas
compañías transnacionales;
• Reconociendo que la agricultura, la
pesca y la cría de ganado de pequeña
escala pueden contribuir a asegurar
© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL
una producción alimentaria sostenible
y de calidad para todos;
• Considerando que los campesinos
constituyen un grupo social específico
tan vulnerable que la protección de sus
derechos requiere de medidas especiales
para asegurar que los Estados respeten,
protejan y cumplan sus derechos
humanos;
• Creyendo que la presente Declaración
es un paso esencial hacia el reconocimiento,
la promoción y la protección
de los derechos de los campesinos;
• Reconociendo y reafirmando que los
campesinos tienen derecho, sin discriminación,
a todos los derechos humanos
reconocidos por el derecho internacional;
Hechos de Paz • 37

Adopta solemnemente la presente Declaración
de los Derechos de los Campesinos:
Artículo 1 Definición de campesinos
1. Campesino es un hombre o mujer que
tiene una relación directa y especial con
la tierra y la naturaleza a través de la producción
de alimentos u otros productos
agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra
por sí mismos y dependen mayormente del
trabajo en familia y otras formas de pequeña
escala de organización del trabajo. Los
campesinos están tradicionalmente integrados
a sus comunidades locales y cuidan
el entorno natural local y los sistemas agroecológicos.
2. El término “campesino” puede aplicarse,
hombre o mujer, a toda persona que practica
la agricultura, la ganadería o la trashumancia,
que produce artesanías relacionadas
con la agricultura o que desarrolla otras
ocupaciones similares en zonas rurales.
Esto incluye a las personas indígenas que
trabajan en la tierra.
3. El término “campesino” también se aplica
a las personas sin tierra. De acuerdo con
la definición de la Organización para la Alimentación
y la Agricultura de la ONU, las
siguientes categorías de personas se consideran
sin tierra y es probable que se enfrenten
a dificultades para asegurar sus medios
de vida: 1. familias de agricultores con poca
tierra o sin tierra; 2.familias no agrícolas en
áreas rurales, con poca o sin tierra, cuyos
miembros se dedican a diversas actividades
como la pesca, la artesanía para el mercado
local o la provisión de servicios; 3. otras
familias de trashumantes, nómadas, campesinos
que practican cultivos itinerantes,
cazadores y recolectores, y personas con
medios de subsistencia similares.
Artículo 2 Derechos de los campesinos
1. Todos los campesinos, sean hombres o
mujeres, tienen los mismos derechos.
2. Los campesinos tienen derecho a disfrutar
plenamente, en forma individual y
colectiva, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales reconocidos en
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y
demás instrumentos del derecho internacional
de derechos humanos.
3. Los campesinos son libres e iguales a todas
las demás personas y tienen derecho a estar
libres de cualquier tipo de discriminación en
el ejercicio de sus derechos, en particular, de
la discriminación por motivos de su condición
económica, social, sexual y cultural.
4. Los campesinos tienen derecho a participar
en el diseño de políticas, en la toma de
decisiones, la implementación y el monitoreo
de todo proyecto, programa o política
que afecte sus tierras y territorios.
5. Los campesinos tienen derecho a la soberanía
alimentaria, la cual incluye el derecho
a una alimentación saludable y apropiada
culturalmente, producida con métodos
adecuados y sostenibles desde el punto de
vista ecológico, y el derecho a definir su propia
alimentación y sistemas agrícolas.
Artículo 3 Derecho a la vida y a un nivel
de vida adecuado
1. Los campesinos tienen derecho a la integridad
física, y a no ser asediados, desalojados,
perseguidos, arrestados arbitrariamente
o asesinados por defender sus derechos.
2. Los campesinos tienen derecho a vivir
dignamente.
3. Los campesinos tienen derecho a un nivel
de vida adecuado, lo que incluye el derecho
a percibir ingresos suficientes para satisfacer
sus necesidades básicas y las de sus familias.
4. Los campesinos tienen derecho a una alimentación
adecuada, saludable, nutritiva y
accesible, y a mantener sus culturas tradicionales
alimentarias.
5. Los campesinos tienen derecho a consumir
su propia producción agrícola y a
aprovecharla para satisfacer las necesidades
básicas de sus familias, y a distribuir su
producción agrícola entre otras personas.
6. Los campesinos tienen derecho a acceder
al agua potable, servicios sanitarios,
medios de transporte, electricidad, medios
de comunicación y tiempo libre.
7. Los campesinos tienen derecho a una
vivienda digna y a vestirse adecuadamente.
8. Los campesinos tienen derecho a la educación
y la formación.
9. Los campesinos tienen derecho al nivel
más alto alcanzable de salud física y mental.
Tienen derecho a acceder a servicios de
salud y medicina, incluso cuando vivan en
zonas remotas. Asimismo, tienen derecho
a usar y desarrollar la medicina tradicional.
10. Los campesinos tienen derecho a una
vida saludable y libre de la contaminación
con productos agroquímicos, como los pesticidas
y fertilizantes químicos.
11. Las campesinas tienen derecho a estar protegidas
contra la violencia doméstica, ya sea de
índole física, sexual, verbal o psicológica.
38 • Hechos de Paz
© CORTESÍA OLGA GONZÁLEZ REYES

12. Las campesinas tienen derecho a controlar
su propio cuerpo y a rechazar su uso
con fines comerciales.
13. Los campesinos, hombres y mujeres,
tienen derecho a decidir cuántos hijos desean
tener y sobre el método anticonceptivo
que desean usar.
14. Las campesinas, tienen derecho a la plena
realización de sus derechos sexuales y
reproductivos.
Artículo 4 Derecho a la tierra y al territorio
1. Los campesinos tienen derecho a poseer
tierras, colectiva o individualmente, para su
vivienda y para sus cultivos.
2. Los campesinos y sus familias tienen derecho
a labrar su propia tierra, obtener productos
agrícolas, criar ganado, cazar, recolectar
y pescar en sus territorios.
3. Los campesinos tienen derecho a trabajar
y disponer de las tierras no productivas de
las que dependen para su subsistencia.
4. Los campesinos tienen derecho a gestionar,
conservar y aprovechar los bosques y
áreas de pesca.
5. Los campesinos tienen derecho a la seguridad
de la tenencia y a no ser desalojados
forzosamente de sus tierras o territorios.
Ninguna relocalización puede tener lugar
sin el consentimiento libre, previo e informado
de los campesinos afectados y el posterior
acuerdo de una compensación justa
y transparente, y, donde sea posible, con la
opción de retornar.
6. Los campesinos tienen derecho a beneficiarse
con la reforma agraria. No se deben
permitir los latifundios. La tierra debe cumplir
con su función social. Se deben aplicar
límites en la propiedad de la tierra cuando
éstos sean necesarios con el fin de asegurar
un acceso equitativo a las tierras.
Artículo 5 Derecho a las semillas, y al saber
y la práctica de la agricultura tradicional
1. Los campesinos tienen derecho a determinar
las variedades de semillas que desean
sembrar.
2. Los campesinos tienen derecho a rechazar
variedades de plantas que consideren
peligrosas desde el punto de vista económico,
ecológico y cultural.
3. Los campesinos tienen derecho a rechazar
el modelo industrial de agricultura.
4. Los campesinos tienen derecho a conservar
y desarrollar su conocimiento local sobre
la agricultura, la pesca y la cría de ganado.
5. Los campesinos tienen derecho a utilizar
instalaciones agrícolas, de pesca y de cría de
ganado.
6. Los campesinos tienen derecho a elegir
sus propios productos y variedades, así
como los modos de practicar la agricultura,
la pesca y la crianza de ganado, en forma individual
o colectiva.
7. Los campesinos tienen derecho a utilizar
sus propias tecnologías o la tecnología que
escojan guiados por la necesidad de proteger
la salud humana y la conservación del
medioambiente.
8. Los campesinos tienen derecho a cultivar
y desarrollar sus propias variedades, y a
intercambiar, dar o vender sus semillas.
Artículo 6 Derecho a medios de producción
agrícola
1. Los campesinos tienen derecho a obtener
créditos y el material y herramientas necesarios
para desarrollar sus actividades agrícolas.
2. Los campesinos tienen derecho a obtener
asistencia técnica, herramientas productivas
y otras tecnologías apropiadas para aumentar
su productividad de maneras que respeten
sus valores sociales, culturales y éticos.
3. Los campesinos tienen derecho a agua
para la irrigación y la producción agrícola
en sistemas sostenibles de producción controlados
por las comunidades locales. Tienen
derecho a usar los recursos hídricos de
sus tierras y territorios.
4. Los campesinos tienen derecho a medios
de transporte e instalaciones de secado y almacenamiento
necesarias para comercializar
sus productos en mercados locales.
5. Los campesinos tienen derecho a participar
del planeamiento, la formulación y la
adopción de los presupuestos para la agricultura
local y nacional.
Artículo 7 Derecho a la información
1. Los campesinos tienen derecho a obtener información
adecuada relacionada con sus pro-
© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao
3. Los campesinos tienen derecho a obtener
información adecuada en el ámbito nacional
e internacional sobre la preservación de
los recursos genéticos.
Artículo 8 Libertad para determinar
precios y mercados para la producción
agrícola
1. Los campesinos tienen derecho a darle
prioridad a la producción agrícola destinada
a satisfacer las necesidades de sus familias.
Tienen derecho a almacenar su pro-
El actual desarrollo de la agricultura, la especulación
con productos alimenticios y las adquisiciones y el
arrendamiento y acaparamiento de tierras en gran escala
ponen en peligro la vida de millones de campesinos.
pias necesidades, incluyendo créditos, capital,
mercados, políticas, precios y tecnologías.
2. Los campesinos tienen derecho a obtener
información adecuada sobre bienes y servicios,
y a decidir qué y cómo desean producir
y consumir.
ducción para asegurar la satisfacción de sus
necesidades básicas y de sus familias.
2. Los campesinos tienen derecho a vender sus
productos en mercados locales tradicionales.
3. Los campesinos tienen derecho a fijar los
precios, de manera individual o colectiva.
Hechos de Paz • 39

4. Los campesinos tienen derecho a obtener
un precio justo por su producción.
5. Los campesinos tienen derecho a una retribución
justa por su trabajo, para satisfacer
sus necesidades básicas y las de sus familias.
6. Los campesinos tienen derecho a un sistema
justo e imparcial de evaluación de la
calidad de su producto, nacional e internacionalmente.
7. Los campesinos tienen derecho a desarrollar
sistemas de comercialización comunitarios
a fin de garantizar la soberanía
alimentaria.
3. Los campesinos tienen derecho a rechazar
intervenciones que puedan destruir los
valores de la agricultura local.
4. Los campesinos tienen derecho a expresar
su espiritualidad en forma individual y
colectiva.
Artículo 10 Derecho a la diversidad biológica
1. Los campesinos tienen derecho a proteger,
preservar y desarrollar la diversidad
biológica, en forma individual y colectiva.
2. Los campesinos tienen derecho a rechazar
patentes que amenacen la diversidad
Los campesinos son un grupo social específico tan vulnerable
que la protección de sus derechos requiere de
medidas especiales para asegurar que los Estados respeten,
protejan y cumplan sus derechos humanos.
Artículo 9 Derecho a la protección de
valores en la agricultura
1. Los campesinos tienen derecho al reconocimiento
y la protección de su cultura y
de los valores de la agricultura local.
2. Los campesinos tienen derecho a desarrollar
y preservar el conocimiento agrícola local.
biológica, incluyendo las de plantas, alimentos
y medicamentos.
3. Los campesinos tienen derecho a rechazar
los derechos de propiedad intelectual
sobre bienes, servicios, recursos y conocimientos
que les pertenecen, mantenidos,
descubiertos, desarrollados o producidos
por las comunidades locales.
4. Los campesinos tienen derecho a rechazar
mecanismos de certificación establecidos
por empresas transnacionales. Se deben
promover y proteger instrumentos de garantía
locales dirigidos por organizaciones campesinas
con el apoyo de los gobiernos.
Artículo 11 Derecho a la preservación del
medio ambiente
1. Los campesinos tienen derecho a un medio
ambiente limpio y saludable.
2. Los campesinos tienen derecho a preservar
el medio ambiente de acuerdo con sus
conocimientos.
3. Los campesinos tienen derecho a rechazar
todas las formas de explotación que
causen daños ambientales.
4. Los campesinos tienen derecho a litigar y reclamar
compensaciones por daños ambientales.
5. Los campesinos tienen derecho a obtener
reparaciones por la deuda ecológica, y por
el despojo histórico y actual de sus tierras
y territorios.
Artículo 12 Libertad de asociación,
opinión y expresión
1. Los campesinos tienen derecho a asociarse
libremente y a expresar su opinión
de acuerdo con sus tradiciones y culturas,
incluyendo reclamos, peticiones y movilizaciones,
en el ámbito local, regional, nacional
e internacional.
2. Los campesinos tienen derecho a crear y
formar parte de organizaciones independientes
de campesinos, sindicatos, cooperativas
o cualquier otra organización o asociación
con el objeto de proteger sus intereses.
3. Los campesinos, en forma individual o colectiva,
tienen derecho a expresarse por medio
de sus costumbres locales, idiomas, culturas
locales, religiones, literatura y arte local.
4. Los campesinos tienen derecho a no ser
criminalizados por sus reclamos y luchas.
5. Los campesinos tienen derecho a resistir
contra la opresión y a recurrir a la acción
pacífica directa para proteger sus derechos.
Artículo 13 Derecho al acceso a la justicia
1. Los campesinos tienen derecho a recursos
efectivos en caso de quesean violados
sus derechos. Tienen derecho a un sistema
judicial justo, y a tener acceso efectivo y no
discriminatorio a los tribunales y contar
con ayuda legal.
3. Los campesinos tienen derecho a ser informados
y tener asistencia legal.
40 • Hechos de Paz
© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL