Revista Hechos de Paz N.64 - Programa de las Naciones Unidas ...

tiene acceso a la tierra, genera más empleo
y reparte mejor los beneficios que la producción
extensiva de plantación. En Colombia,
los pequeños productores aportan
el 70% de la canasta alimenticia nacional,
a pesar de su falta de tierras adecuadas, financiación
y tecnología. Estas deficiencias
pueden superarse al aumentar las escalas
de producción mediante la asociación y la
empresarización de los pequeños productores,
para aumentar su eficiencia y su camente
sostenible del suelo,
los bosques y el agua para
elevar la productividad de
los recursos, y ese aprovechamiento
depende de la
distribución equitativa de
la tierra y la cultura de usos
del suelo de la población, regulados
por las normas ambientales
y las orientaciones
del Gobierno central, con la
Unidad de Planificación de
Tierras Rurales, Adecuación
de Tierras y Usos Agropecuarios
(Upra) del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural, las Corporaciones Autónomas
Regionales (Car) y
los Gobiernos locales en los
Planes de Ordenamiento Territorial
(Pot).
La orientación de la política
agraria es armonizar los
criterios de una buena gestión
de los usos del territorio,
el ordenamiento social de la
propiedad y el impulso a los
programas de desarrollo rural
con un enfoque territorial, que permiten
articular las dimensiones ambiental, social
y económica en la geografía concreta de
cada región del país.
De esa forma, el Gobierno central, los
departamentos, los municipios y los territorios
que surjan por la concertación entre
sus pobladores, autoridades y organizaciones
sociales pueden concurrir, con sus capacidades,
recursos e iniciativas, a armonizar
objetivos y cofinanciar las inversiones
La política de desarrollo rural ha sido diseñada para
cerrar esa brecha de servicios fundamentales en un
plazo de diez años, a partir de la sanción de la ley de
desarrollo rural que será presentada al Congreso.
pacidad de negociación en los mercados de
insumos y productos finales. En la misma
dirección, la vinculación de empresarios y
pequeños productores en alianzas productivas,
con equidad e inclusión social, es una
estrategia para mejorar la competitividad
de las cadenas productivas, y así generar y
retener más valor en el mundo rural.
El desarrollo rural de los territorios debe
basarse en el aprovechamiento ambientalnecesarias
para lograr las metas trazadas
desde el nivel territorial, y plasmar esos
acuerdos en los Convenios Plan, que comprometen
a todas las partes involucradas en
la continuación de los esfuerzos a mediano
plazo, para evitar la dispersión de iniciativas
y la interrupción de los programas de
desarrollo territorial.
Los componentes de los programas de
desarrollo rural con enfoque territorial son
el acceso y ordenamiento de los derechos
de propiedad, la generación de ingresos
para las comunidades rurales, el apoyo
integral a proyectos productivos a partir
de la demanda, el ordenamiento de los
usos de los suelos y el agua, la promoción
y el fortalecimiento de las cadenas
productivas, los servicios financieros, la
formación de competencias y la capacitación
para la gestión productiva y la gestión
local de la asistencia técnica integral
con apoyo del sistema nacional de ciencia
y tecnología.
En cuanto al ordenamiento del territorio,
la política es proteger las reservas ambientales
estratégicas contra la ocupación y
apropiación ilegales, el cierre de la expansión
de la frontera agropecuaria, la formalización
del 48% de los predios del catastro
rural que carecen de títulos registrados, la
recuperación y el registro de los baldíos a
nombre de la Nación de tierras ilegalmente
tituladas a grandes propietarios, la distribución
de la tierra a la población campesina
sin ella o con extensiones insuficientes, la
sustracción y adjudicación en Unidades
Agrícolas Familiares (Uaf ) de cinco millones
de hectáreas ya deforestadas y ocupadas
de la reserva forestal de la Ley 2 de 1959
y la protección de nueve millones de hectáreas
de bosques que hoy carecen de protección
ambiental.
Finalmente, para dinamizar el mercado
de tierras y los usos adecuados del suelo,
el proyecto de ley de desarrollo rural crea
el derecho real de superficie, que permite
asegurar como derecho real lo construido o
plantado en suelo ajeno, mediante contrato
con el propietario y el pago de un canon periódico
hasta por 30 años. Además, se crearán
más Zonas de Reserva Campesina para
asegurar el territorio de las comunidades
campesinas, así como Áreas de Desarrollo
Empresarial, en las cuales se permitirá adquirir
extensiones que permitan economías
de escala en la producción y se promoverán
los Proyectos Especiales de Desarrollo
Agropecuario y Forestal (Pedaf), creados en
la ley del Plan de Desarrollo.
El desarrollo rural es el resultado multidimensional
del desarrollo en el mundo
rural y convoca la acción coordinada del
Estado, en sus niveles territoriales, la población,
con sus organizaciones e instituciones
sociales, y los agentes económicos,
orientados a los mercados de bienes y servicios.
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