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La promesa del Gobierno Abierto

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MARÍA Cecilia Güemes - Álvaro V. Ramírez-Alujas<br />

205<br />

<strong>Gobierno</strong> abierto: beneficios y ganancias que<br />

reportan las estrategias de apertura al Estado<br />

y sus instituciones<br />

En las últimas décadas se ha venido insistiendo desde diferentes<br />

perspectivas en las ventajas que reporta, en términos de gobernanza,<br />

la apertura <strong>del</strong> Estado, la co-producción con la sociedad civil y las<br />

sinergias con el sector privado.<br />

Cuando se busca indagar sobre el para qué <strong>del</strong> gobierno<br />

abierto, normalmente las respuestas a esta pregunta se enfocan<br />

desde las ventajas que esta estrategia reporta a la sociedad civil,<br />

más allá de los naturales beneficios para el propio sector público.<br />

En tal sentido, suelen destacarse las bondades de la participación<br />

ciudadana en términos de legitimación y confianza institucional,<br />

así como el modo en que la apertura responde a los reclamos<br />

de trasparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de las<br />

autoridades políticas y gobernantes en el quehacer público.<br />

En esta oportunidad nos interesa centrarnos en las respuestas<br />

que el gobierno abierto puede ofrecer a interrogantes que la<br />

sociología política de las últimas décadas viene formulando respecto<br />

a cómo incrementar el poder estatal a modo de generar políticas<br />

públicas más eficaces y mayor bienestar social. Hace ya algunos<br />

años Michael Mann (1997) se preguntaba sobre las razones <strong>del</strong> éxito<br />

histórico de ciertos Estados en términos de eficacia política y social.<br />

A tal efecto, acuñó la idea de poder infraestructural, en oposición<br />

al poder despótico. Por poder despótico entendía el conjunto de<br />

intervenciones que las elites estatales desarrollan rutinariamente, sin<br />

consulta ni negociación, vale decir, autónomamente. Por el contrario,<br />

el poder infraestructural hacía referencia a la aptitud de un Estado<br />

en la implementación de decisiones penetrando en los territorios<br />

donde se asienta su poder. En tal sentido, el poder infraestructural<br />

supone una vía de doble dirección que no solo permite al Estado<br />

asociarse a la sociedad civil, sino que habilita a esta última a un<br />

mayor control sobre aquél. De este modo, la dominación coactiva<br />

típica <strong>del</strong> poder despótico (el ejercicio de la autoridad como “poder<br />

legitimado”, en la jerga weberiana) se complementa analíticamente<br />

LA PROMESA DEL<br />

GOBIERNO ABIERTO

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