Educación y políticas sociales Sinergias para la inclusion

Introducción
se trataba del último gobierno del Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Fue seguramente su relativa simpleza, esa decisión de
hacer algo, la que convocó enorme entusiasmo en un contexto en
el que faltaban otras iniciativas. Posteriormente fue el apoyo irrestricto
que estos programas recibieron de parte de los organismos
multilaterales de crédito el que multiplicó las experiencias y suscitó
opiniones controversiales. Sin lugar a dudas, su gran plus fue el
hecho de que aun en el marco del mejoramiento de los indicadores
agregados permitiera focalizar acercando soluciones a los impactos
resultantes de la pobreza y sus correlatos en materia de exclusión
social y de acceso a derechos. Como señala S. Cecchini (Cecchini,
2013), su posterior extensión a prácticamente toda la región muestra
la cara más convincente de su éxito. También es parte de su
extensión la aplicación del modelo a otros grupos sociales, como
los adolescentes y jóvenes en Argentina, por ejemplo, habilitados a
recibir transferencias en el marco del nuevo programa PROGRESAR
cuya condicionalidad consiste en la terminalidad de los niveles educativos
y/o de la inserción en programas de capacitación laboral.
El marco conceptual en el que se colocan los programas es el
del acceso al derecho a la educación. Se supone que cada niño y/o
familia beneficiada por las transferencias es un sujeto de derecho
y que esos fondos contribuyen a la concreción del mismo. Como
señala R. Cuenca, en su presentación en el Seminario internacional,
“con el reconocimiento de que la educación es un derecho humano
y fundamental, y que los derechos de la niñez son derechos superiores,
el derecho a la educación abandonó el nivel de derecho de
tercera generación, logrando que la exigencia de su cumplimiento
sea inmediata”. Es decir, que –tal como señala el autor– después
del desarrollo del esquema de K. Tomasevski de las “4-A” la calificación
de una política como camino correcto hacia la puesta en
marcha de la educación como un derecho humano debe responder
al cumplimiento de los requisitos de asequibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad.
Otro de sus aportes es la noción de ampliación del acceso a la
ciudadanía, especialmente una ciudadanía social de acceso a derechos
cuyo resultante es fortalecer la democracia. Se considera que
su funcionamiento es una herramienta eficaz de erradicación de la
EDUCACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
SINERGIAS PARA LA INCLUSIÓN
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