INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones

del Constituyente estaba la idea de dejar en manos del Tribunal -con entera independencia de los demás poderes
del Estado- la conducción de los asuntos electorales y la resolución de sus controversias, lo cual se fortalece con
la irrecurribilidad de sus resoluciones, de modo que al imposibilitarse que las decisiones del Tribunal pudieran ser
revisadas ante otra instancia distinta a la electoral, es evidente que el fin de la norma ha sido la defensa del principio
de autonomía que acompaña la función electoral (artículo 95 de la Constitución Política). Ante ello, el Tribunal -en
uso de la atribución conferida constitucionalmente- interpretó las disposiciones constitucionales y legales atinentes a
la materia electoral, estimando oportuno hacer una revisión de su doctrina jurisprudencial relativa a la irrecurribilidad
de los fallos electorales que dicta como juez de la República y que, por su naturaleza, impliquen sanciones en
el ejercicio de la función pública reiterando también que su jurisprudencia resulta vinculante erga omnes, salvo
para sí mismo (artículo 221 código Electoral); volvió a insistir también el Tribunal en el fallo que se reseña, en
el carácter de cosa juzgada material de sus sentencias y en las diferentes modalidades del contencioso electoral
(artículo 220 del Código Electoral). Por ello, estimó -no obstante no existir previsión legal que regule el recurso de
reconsideración o reposición contra las sentencias que dicte con motivo de procesos sancionatorios- se encuentra
habilitado para conocerlo ya que tal conocimiento no contradice el diseño constitucional de irrecurribilidad de sus
resoluciones, lo cual tampoco desnaturaliza el fin que procuró el Constituyente con la posibilidad de que el Tribunal
revise sus propias resoluciones. De ahí que el Tribunal decidió que el vacío normativo, en la regulación del recurso de
reconsideración, debía colmarse mediante las reglas usuales de interpretación del bloque de legalidad, lo que obliga
a aplicar analógicamente las reglas del recurso de reconsideración o reposición establecido en la Ley General de la
Administración Pública, entendido como un medio de impugnar las resoluciones finales dictadas por el jerarca de una
autoridad pública en única instancia. De esta manera, el Tribunal reconoció la posibilidad de revisar su propio fallo
en procesos sancionatorios vinculados con el ejercicio de la función pública, a saber, la cancelación de credenciales
a funcionarios de elección popular y las denuncias por parcialidad o beligerancia política. Igualmente, el Tribunal
aclaró que esa posibilidad recursiva no existe en lo que respecta a los demás institutos del contencioso electoral,
dada la diversa naturaleza de estos, que consiste en un control de legalidad y constitucionalidad de actuaciones y
disposiciones adoptadas por otros actores (partidos políticos, Registro Electoral, juntas electorales, etc.).
9. Cancelación de credencial municipal por daño a la Hacienda Pública, ocurrido en período
anterior al del mandato actual, variación de la doctrina jurisprudencial por reinterpretación de
la normativa
En diligencias de cancelación de la credencial de alcalde de la Municipalidad de Atenas, el Tribunal -en resoluciones
n.º 6673-M-2011 y 7105-M-2011- dispuso variar parcialmente su doctrina jurisprudencial relativa a la posibilidad de
suprimir credenciales municipales por hechos acaecidos en un período anterior. En efecto, con base en lo prescrito
en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que dispone esa cancelación por
la comisión de falta grave contra las normas de fiscalización y control de la Hacienda Pública, y en armonía con
el artículo 18, inciso d), del Código Municipal que establece que un alcalde perderá su credencial si incurre en
alguna de las causales previstas en el citado artículo 73, el Tribunal reinterpretó la normativa señalando que deben
dimensionarse sus alcances y efectos, a la luz de los principios constitucionales de ética y responsabilidad en la
función pública en pro de la tutela de valores e intereses fundamentales, por cuanto el legislador no circunscribió la
potestad de suprimir las credenciales municipales de elección popular al período electoral en el que el funcionario
cometió la falta grave. El Tribunal concluyó que si el artículo 14 del Código Municipal -reformado por el numeral 310
del Código Electoral- prevé la posibilidad de reelección consecutiva en favor de todos los funcionarios municipales
de elección popular, esto también conlleva, necesariamente, las responsabilidades propias del ejercicio del cargo,
independientemente de si la falta fue cometida en el período anterior. El Tribunal entiende que la reelección no genera
un nuevo mandato diverso del ya ejercido en el período anterior, sino una prolongación de aquel otorgado cuatro años
antes para seguir desempeñando el mismo cargo, lo cual supone que la extensión del mandato no desvincula a su
titular de las actuaciones que hayan tenido lugar en el período previo. Así, cuando un funcionario municipal comete
una falta grave en el curso de su primer período y antes de asumir el segundo, ello impacta la Hacienda Municipal
en el ulterior período; la continuidad en el desempeño del mismo puesto obliga a entender que también se prorroga
la responsabilidad del agente público por las conductas desplegadas anteriormente; de lo contrario, se reconocerían
espacios de impunidad para aquellas infracciones, o quebrantamientos, que se presenten en un período específico y
de previo al inicio del otro. Así, entiende el Tribunal que su potestad de cancelar credenciales municipales no caduca
respecto de aquellos funcionarios que se reelijan de manera consecutiva en el mismo cargo; antes bien, conserva
su poder de sancionar conductas acaecidas de previo a la reelección, lo cual no opera cuando se trata de hechos
irregulares acaecidos en el ejercicio de un cargo distinto al nuevo que se ejerce.
10. Plebiscito revocatorio del mandato de alcalde de Pérez Zeledón
• Recurso de amparo y medida cautelar tendientes a que el alcalde de Pérez Zeledón no obstaculice el derecho
al sufragio en el plebiscito revocatorio de mandato: el Tribunal, en resolución n.º 6813-E1-2011, declaró
con lugar el recurso de amparo interpuesto contra Luis Mendieta Escudero, alcalde de Pérez Zeledón, por
considerar que este había incurrido en una omisión que -por su naturaleza- amenazaba el derecho fundamental
de los habitantes del cantón de ejercer su derecho al sufragio en el plebiscito revocatorio de mandato del
alcalde, según fue acordado por el Concejo Municipal de aquel cantón.
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