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tudinaria. Más que valorar la robustez de la ley consuetudinaria
en el contexto africano, su lugar ha estado
siempre subordinado no solo al derecho estatutario sino
también a los decretos emanados de la matriz deficientemente
estructurada que engloba la “política, sanidad
y moralidad públicas”. Lamentablemente, las normas
consuetudinarias siguen siendo el hermano pequeño
de la ley, una posición que mina su crecimiento,
adaptabilidad y resistencia.
Los conflictos, especialmente los relativos a violencia
masiva, han sido abordados deficientemente por el
derecho estatutario. Esto se debe, en gran parte, a que la
violencia masiva genera una compleja amalgama de incumplimientos
de las leyes penal y civil – casos de tierras
y políticos – y la mera magnitud de sus consecuencias
siempre deja un efecto residual que la mayoría de
los sistemas legales no pueden abordar adecuadamente.
Además, aunque es posible resolver estos casos mediante
nociones de culpabilidad individual, los conflictos
también destruyen la cohesión de la comunidad, un
aspecto al que la ley escrita no puede hacer frente ni
eficazmente ni con prontitud.
¿De que modo han contribuido las normas consuetudinarias
de las comunidades indígenas a la resolución
de conflictos en Kenia, un área donde las normas
estatutarias han resultado ser un fracaso abismal
Norte de Kenia: Estado incompleto
El gobierno colonial instituyó el marco administrativo
inicial separando las tierras de pastoreo del norte del
resto del país, creando la Kenia del Sur y la del Norte.
Los nómadas del norte eran considerados contrarios a
la ética de la empresa colonial, debido a su distancia
geográfica del centro en Nairobi, además de por sus
medios de sustento, que chocaban con el imperativo colonialista
de establecer comunidades para obtener beneficios
mediante una moderna agricultura y un sistema
tributario. En el norte de Kenia, el gobierno colonial
legalizó el uso de fuerza militar y autorización administrativa
para sofocar cualquier resistencia pastoralista
contra la Pax Britannica, estableciendo las bases para
la instrumentalización de violencia como árbitro fundamental
en la región. Las leyes de emergencia aprobadas
inmediatamente después de la independencia, con
el objetivo de dominar a la milicia prosomalí, la Shifta,
dio al nuevo gobierno dirigido por africanos carta blanca
legal para combatir dicha insurgencia. Lo que comenzó
como una lucha legitima por la libre determinación
rápidamente degeneró en bandolerismo generalizado.
Las armas de fuego que quedaron después de
que se diera por concluida oficialmente la rebelión, y la
necesidad de repoblar los rebaños mermados, explican
los altos niveles posteriores de robos de ganado y atracos.
Desde entonces, la Provincia del Noreste ha sido
sinónimo de inseguridad. Aunque los derechos civiles
y políticos estaban englobados en la constitución de independencia,
incluyendo estar libres de arresto arbitrario,
tortura y asesinatos extrajudiciales, comunidades
en la frontera norte de Kenia fueron expuestas a un flagrante
abuso de estos derechos. Por la Ley de Indemnización
promulgada tras la Guerra Shifta, las acciones
llevadas a cabo por los funcionarios de seguridad en los
cerrados distritos del norte del país no podían ser recusadas
en los tribunales.
Durante los años 1990, se hizo patente que los métodos
convencionales para abordar los conflictos, bien
mediante el uso de fuerza bruta o de medios judiciales
oficiales, no eran capaces, por más tiempo, de contener
las recrudecidas disputas del norte. La apertura del espacio
democrático en el país proporcionó oportunidades
a las comunidades del norte para reconsiderar nuevos
modos de solucionar enfrentamientos arraigados
entre tribus y clanes. La respuesta era buscar resoluciones
mediante las atemporales normas consuetudinarias
de estas comunidades que, aunque fuertemente minadas
o manipuladas durante la inmediata era colonial o
postcolonial (Mamdani, 1996; Joireman, 2008), aún seguían
siendo adecuadas como medio legítimo para resolver
conflictos insolubles. En el caso del norte de Kenia,
recurrir bien a formas puras o reinterpretadas de
instituciones consuetudinarias parece haber sido la
única opción, dada la absoluta inexistencia o total incompetencia
de los mecanismos de resolución de disputas
dirigidos por el estado. Recientes estudios indican
que los tribunales oficiales en el norte de Kenia son
pocos, burocráticos y a menudo se considera que administran
un tipo de justicia que o se caracteriza por la
larga duración de los procedimientos o tiene un impacto
más castigador que reconciliador en los individuos y
comunidades en cuestión (Chopra, 2009).
Búsqueda de justicia consuetudinaria pura:
el modelo de paz de los borana y gabra
Los pueblos pastoralistas de los borana y los gabra del
norte de Kenia y el sur de Etiopia habían estado inmersos
en un violento conflicto entre ellos que alcanzó su
punto álgido con las atrocidades de 2005; todo ello a
pesar de sus estrechos lazos lingüísticos, territoriales y
sociales. En lo que se ha dado a conocer como la masacre
de Turbi, 100 miembros gabra fueron asesinados
en su comunidad el 12 de julio de 2005. Durante este
incidente, atribuido al ala militar de la comunidad borana,
cientos de hombres armados con una surtida
mezcla de armas, incluyendo desde rifles AK-47 y gra-
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