parte i - Biblioteca Virtual en Salud

Derecho a la Educación: en defensa de la gratuidad de la educación universitaria.
Desde inicios de 1998, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional una
propuesta para reformar la Ley de Educación Superior, aduciendo la necesidad de
“modernizar” las Universidades para hacerlas más competitivas frente a las demandas
externas. La justificación esencial de la propuesta era atacar el problema de la falta de
financiamiento público de las universidades mediante la incorporación de modalidades de
cobro a través del pago de matrículas de inscripción. Esta propuesta fue rechazada de
inmediato por la mayoría de los centros de estudiantes y numerosos profesores de las
universidades públicas, pues se entendía que esta medida apuntaba a eliminar la gratuidad
en la educación superior, garantizada parcialmente por ley y por la Constitución de 1961,
vigente para aquella fecha. Los sectores políticos modernizadores y las autoridades de la
Universidad Simón Bolívar (USB) se valieron de la posibilidad de establecer excepciones
por razones de fortuna –previstas en la anterior Constitución en su artículo 78- para
argumentar que se podía instaurar el cobro universal en las universidades públicas, y
dejaban para el futuro, por la vía de excepción, la exoneración a los estudiantes que
demostraran vivir en condiciones de pobreza. En síntesis, se pretendía imponer el criterio
neoliberal de reforma educativa propuesto por el BM, lo que sin duda entraba en
contradicción con la garantía del derecho a la educación.
La USB es una institución oficial de educación superior, por lo que, de acuerdo
con la Ley de Universidades, debe brindar sus servicios educativos de forma gratuita a
todos. A pesar de esto, el 2 de abril de 1998 el Consejo Directivo aprobó la creación del
Fondo para el Desarrollo Estudiantil (FDE) que se constituiría con el aporte obligatorio de
una mensualidad por parte de los estudiantes de Bs 50.000,oo, siendo exonerados aquéllos
que demostraran no tener medios de fortuna. Ante ello, para salvaguardar y hacer valer el
derecho constitucional a la gratuidad de la educación, más de 150 estudiantes de la USB,
representados por Provea, presentaron en el mes de agosto un recurso de amparo ante la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Para la extinta Corte Suprema de Justicia, el cobro que la USB aprobó basándose
en un Reglamento Interno, constituía "efectivamente una excepción a la gratuidad de la
enseñanza impartida en las instituciones oficiales" que violaba la Constitución vigente: "ya
que no reposa en una previsión de rango legal, razón por la cual se considera procedente el
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