parte i - Biblioteca Virtual en Salud

La evaluación de la campaña arrojó resultados parcialmente positivos, en el
sentido de que, a pesar de que finalmente no se logró que el Ministerio formalizara su
anuncio a través de una resolución que prohibiera el cobro en los servicios públicos de
salud, se logró sensibilizar a un buen número de organizaciones comunitarias y sociales, en
las que la mayoría, por vez primera, asumió una perspectiva de derecho en su trabajo, se
ejerció una presión suficiente sobre el Ministerio de Sanidad que motivó a un buen número
de funcionarios y médicos a modificar su posición favorable al cobro a través del proceso
de "recuperación de costos", y adicionalmente se logró una difusión en los medios de
comunicación social que permitió que esta problemática tomara estado público.
Paralelamente a las estrategias de presión de la campaña hacia las autoridades del
gobierno –ya en su último año de gestión-, en el marco de la campaña electoral de 1998,
desde Provea, impulsamos un acercamiento con sectores políticos y sociales vinculados al
entonces candidato a la Presidencia de la República, Hugo Chávez Frías, a quienes
presentamos nuestras propuestas, vinculadas con los derechos humanos en general y de
manera particular con los DESC, donde la gratuidad de la salud era uno de los
planteamientos fundamentales.
Posteriormente, una vez electo Chávez y convocada la realización de una
Asamblea Nacional Constituyente, el planteo de la gratuidad de la salud fue incorporado en
la propuesta de Constitución realizada por el Foro por la Vida, y finalmente incorporado en
el texto de la recientemente aprobada Constitución de 1999. Durante seis meses, el trabajo
de cabildeo y presentación pública de las propuestas por parte de Provea y otras
organizaciones y sectores gremiales de los trabajadores de salud, derivó en el apoyo de los
constituyentes al planteamiento de abordar la salud como derecho, rescatando la gratuidad
como un principio fundamental para garantizarlo.
En este sentido, la nueva Constitución tiene una perspectiva garantista del derecho
a la salud, dedicándole 3 artículos: los artículos 83, 84, y 85. Por su importancia, destaca en
el artículo 83 la definición de la salud como "un derecho social fundamental, obligación del
Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida". En el artículo 84 se reconoce
que el sistema público nacional de salud estará "regido por los principios de gratuidad,
universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad"; al tiempo que
establece que "Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no
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