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de una denuncia de gravísimos apremios ilegales y tormentos cometidos
por funcionarios policiales a cargo de la custodia de los detenidos en el
Palacio Policial de Mendoza, y por lo tanto delitos federales de acción
pública previstos y reprimidos por el Código Penal vigente en ese
momento, por lo que la obligación de impulsar la pesquisa era inexcusable
para el señor fiscal Otilio Ireneo Roque Romano.
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33°) Que más allá de la incorrecta actuación del juez de la
causa, el cual ya ha sido juzgado por este Cuerpo (en el respectivo
proceso de remoción seguido al doctor Luis F. Miret), el fiscal Romano
evidenció una conducta no menos reprochable que quedó plasmada en las
constancias de sus intervenciones en los autos de referencia, notándose
(como ya se acentuó en párrafos anteriores) que impulsaba con gran
celeridad y firmeza todas las medidas investigativas y coercitivas que
estuvieran al alcance para la investigación de los ilícitos referidos a la ley
de “antisubversión” -a modo de ejemplo puede observarse su propuesta
de medidas de fs. 252 -, lo cual sería aceptable si como contrapartida no
hubiera adoptado una postura absolutamente pasiva frente a las graves,
concretas y verosímiles denuncias por apremios, vejaciones, robos, etc.,
formuladas por quienes eran indagados en esa misma causa.
Sin embargo, el doctor Romano nada hizo respecto de los
delitos que llegaron a su conocimiento en forma directa por medio de los
indagados, ya que no sólo los escuchó personalmente, sino que además
pudo comprobar el estado de deterioro que presentaban, producto de los
tormentos que habían padecido y que estaban relatando en sus
declaraciones frente al juez y en su presencia.
34°) Que nuevamente, como ya se ha visto en los casos
anteriores, el doctor Romano se comportó con inexplicable desidia e
inactividad, incumpliendo así sus obligaciones como funcionario esencial
del sistema de justicia en representación del Ministerio Público, en abierta
infracción a lo preceptuado por el art.118, incisos 1° y 4° del Código de
Procedimientos en Materia Penal, el cual le imponía además, su deber de
garante procesal.
En nada enerva lo afirmado las justificaciones pretendidas por
la esforzada defensa en cuanto a que por aquellos días se realizaban
audiencias en forma simultánea por parte del personal de la secretaría del
juzgado -la que se había dividido en dos-, atento a la cantidad y lo extenso
de las declaraciones que debían tomarse respecto de esa causa, además