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la prisión preventiva de Luna, Gómez González, Blanco, Ubertone Conde, Córdoba y Morales de Galamba en orden a los delitos previstos por los arts. 213 bis del Código Penal y 1º y 2º incs. a) y c) de la ley 20.840 (fs. 562/571). 46 Un mes más tarde, 18 de octubre de 1978, el doctor Guzzo resolvió declarar clausurada la instrucción de la causa, elevarla a plenario y remitirla al señor Procurador Fiscal a los fines previstos en el artículo 457 del Código de Procedimientos en lo Criminal, lo cual fue notificado a Otilio Roque Romano en la misma fecha (fs. 577/vta). El 19 de octubre, o sea, al día siguiente, el doctor Romano le solicitó al magistrado la certificación de los antecedentes penales de los procesados y la comunicación de la resolución de la Cámara conforme lo estipulado por la ley 11.752 lo cual así fue dispuesto (ver fs. 577vta.). El 27 de abril de 1979 se dio por cumplido el requerimiento del doctor Romano –fs. 577vta.- y se corrió nueva vista al Ministerio Público Fiscal, para ese entonces ya representado por el doctor Edgardo A. Díaz Araujo (fs. 673). Con fecha 2 de octubre de 1979 se produjo la acusación del nuevo Procurador Fiscal Federal, quien solicitó que se condenara a David Agustín Blanco, Carlos Daniel Ubertone, Ramón Alberto Córdoba, Rosa del Carmen Gómez, Alicia Beatriz Morales de Galamba y Roque Argentino Luna a distintas penas de reclusión en orden a los delitos previstos por el art. 213 bis del Código Penal y arts. 1º y 2º incisos a) y b) de la ley 20.840 (ver fs. 693/700). Seguidamente, a fs. 702 el doctor Díaz Araujo le solicitó al doctor Guzzo la investigación de los apremios ilegales denunciados por David Agustín Blanco y el magistrado en la misma foja decretó: “MENDOZA, 4 de octubre de 1979. Previo a resolver la petición fiscal precedente, requiérase de la Policía de la Provincia, suministre al Tribunal el apellido y nombre de los funcionarios de esa repartición que intervinieron en el Sumario de Prevenciones 4/76 instruido por el Departamento Informaciones Policiales D-2. OFICIESE.-“ El 22 de octubre se cumplió lo dispuesto precedentemente mediante oficio Nº 4989-B (fs. 703), que fue contestado cuatro días más tarde por el Comisario Mayor Juan Agustín Oyarzabal (fs. 720) haciendo saber que el requerimiento había sido girado al Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña de conformidad con lo decretado en el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación punto 4º de la Orden Reservada Nº 239/76, lo cual fue puesto en conocimiento del Procurador Fiscal Federal (fs. 720vta). El señor Defensor Oficial, doctor Guillermo Max Petra Recabarren, contestó la acusación del Ministerio Público Fiscal el 18 de octubre del mismo año y solicitó la absolución de todos sus asistidos (fs. 704/715). El 11 de junio de 1980 el doctor Guzzo resolvió condenar a Roque Argentino Luna, Ramón Alberto Córdoba y Carlos Daniel Ubertone a las penas de tres años de prisión para el primero y cinco años de prisión para los dos últimos por considerarlos penalmente responsables de los delitos previstos y reprimidos por el artículo 213 bis del Código Penal y artículos 1º y 2º incisos a) y b) de la ley 20.840 (ver fs. 816/825). Asimismo, en el mismo fallo resolvió absolver de culpa y cargo a Rosa del Carmen Gómez, David Agustín Blanco y Alicia Beatriz Morales de Galamba por los delitos atribuidos oportunamente en la acusación fiscal. 47°) Que a raíz de las apelaciones interpuestas tanto por la defensa como por el Procurador Fiscal Federal la causa se remitió a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 3 de noviembre de 1980 (fs. 872), donde el doctor Romano volvió a tomar contacto con el expediente en su carácter de Fiscal de Cámara (fs. 874). El 10 de diciembre de ese año el Fiscal de Cámara, Otilio Roque Romano, expresó agravios y al valorar la prueba del expediente afirmó: “… 9) Debe tenerse especialmente en cuenta que la declaración que Blanco virtiera ante el Consejo de Guerra (fs. 73) y en la que reconoce conocer a Rabanal, Suárez, Rosales y otros miembros de la cedula no ha sido desmentida por el procesado, ni hay indicios o razones que nos lleven a pensar que su contenido no es otra cosa que los dichos de los propios imputados. Advierta V.E. que nadie, ninguno de los procesados ha denunciado haber sido objeto de apremios o presiones en el Consejo de Guerra.” La Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza con fecha 11 de junio de 1981 finalmente resolvió revocar parcialmente el fallo apelado en cuanto disponía la absolución de David Agustín Blanco, al que condenó a la pena de seis años de prisión por resultar penalmente responsables de los delitos previstos y reprimidos por el artículo 213 bis del Código Penal y artículos 1º y 2º incisos a) y b) de la ley 20.840. Y por 47
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