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Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
/// la ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de diciembre del
año dos mil once, se reúne el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de
la Nación, integrado por las señoras jueces de cámara Dra. María Alicia
Noli –en su carácter de Presidente- y Dra. María Susana Najurieta, los
señores senadores nacionales D. Rolando Adolfo Bermejo y D. Emilio
Alberto Rached, los señores diputados nacionales Dr. Oscar Edmundo
Nicolás Albrieu y Cdor. Ricardo Buryaile, y el señor representante de los
abogados de la matrícula federal, Dr. Fabián Antonio Sahade, a los efectos
de dictar el fallo definitivo en este expediente N° 30 caratulado “Doctor
Otilio Ireneo Roque Romano s/ pedido de enjuiciamiento”.
Intervienen en el proceso, por la acusación, los señores
representantes del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación doctores Hernán L. Ordiales y Carlos J. Moreno, y por la defensa
del magistrado enjuiciado, la señora Defensora Pública Oficial doctora
Estela Fabiana León y la señora defensora pública oficial designada en los
términos del artículo 17 del Reglamento Procesal, doctora Diana María
Yofre.
RESULTA:
I.- Que por resolución Nº 134/11, dictada en el expediente nº
419/2009 y sus acumulados n° 115/2010 y 372/2010, el plenario del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación decidió abrir el
procedimiento de remoción del doctor Otilio Ireneo Roque Romano,
integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, acusarlo por
las causales de mal desempeño y posible comisión de delitos, y
suspenderlo en el ejercicio de sus funciones (artículos 53 y 114 de la
Constitución Nacional).
Romano:
En concreto, en dicha resolución se le imputa al doctor
1- Haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo
la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad
cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad en el período
comprendido entre los años 1975 y 1983, de los que habría tomado
conocimiento en su condición de fiscal federal y juez federal subrogante.
Esta conducta está vinculada con los siguientes hechos investigados en la
causa n° 636-F “Fiscal c/ Guzzo, Gabriel y otros”:
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a) 76 hechos detallados en los acápites a), b) y c) del punto 4) de la parte
resolutiva del auto de procesamiento de fecha 18 de marzo de 2011 -cfr.
fs. 1271/1271 vta.-, confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de
Mendoza en el punto 4) de su sentencia de fecha 18 de mayo de 2011, y
que consisten en privaciones ilegítimas de la libertad agravadas de
personas que a la fecha continúan desaparecidas, privaciones ilegítimas de
la libertad y torturas;
b) 17 hechos detallados en la ampliación del auto de procesamiento
dictado con fecha 12 de mayo de 2011, y que consisten en torturas,
allanamientos de domicilio sin orden escrita de autoridad competente y
privaciones ilegítimas de la libertad;
c) 6 hechos detallados en el punto 5) de la parte dispositiva de la
resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza con
fecha 18 de mayo de 2011.
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2- Como consecuencia de las omisiones detalladas
precedentemente, haber resultado funcional al plan represivo montado por
las fuerzas armadas y de seguridad en la Provincia de Mendoza durante el
período 1975/1983, conforme surge de la sentencia dictada con fecha 18
de mayo de 2011 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que
le atribuyó al doctor Romano el grado de participación primaria o necesaria
en los delitos descriptos en el punto anterior.
3- Haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de los
delitos de acción pública que relataron ante él, en su calidad de fiscal, los
entonces imputados León Eduardo Glogowski, Ismael Esteban Calvo
Gutiérrez y Blas Armando Yanzón en el marco del expediente n° 34.281-
B -“Fiscal c/ Mochi, Prudencio y otros s/ averiguación infracción art. 189
bis y Ley 20.840”-, de trámite ante el Juzgado Federal de Mendoza.
4- Haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de las
lesiones presentadas por el entonces imputado Prudencio Oscar Mochi y
que se encontraban acreditadas en el expediente citado precedentemente,
en el que intervino como fiscal.
5- Haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de los
delitos de los que fue víctima la entonces imputada Luz Amanda Faingold
Casenave en oportunidad de su detención, y haber contravenido, en su
calidad de fiscal, el régimen legal que en ese entonces regía para los
menores. Todo ello en el marco del referido expediente n° 34.281-B.

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6- Haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de los
delitos de acción pública relatados por los entonces imputados Héctor
Enrique García, Elbio Miguel Belardinelli, Antonio Savone, Leopoldo López,
Olga Marzetti, Víctor Hugo Díaz Panello, Roque Argentino Luna, Rosa del
Carmen Gómez, David Agustín Blanco, Carlos Daniel Ubertone, Alberto
Ramón Córdoba, Alicia Beatríz Morales de Galamba y María Luisa Sánchez
de Vargas en el marco de la causa n° 36.887-B, en la que intervino como
fiscal.
7- Haber omitido requerir medidas de prueba e impulsar la
instrucción, además de haber solicitado en forma prematura su archivo, en
las causas n° 35.613-B y n° 37.801-B, en las que se ventilaban
detenciones ilegales y torturas, entre otros delitos.
II.- Que en ocasión de contestar el traslado de la acusación
(fs. 1412/1460), la defensa rebatió cada uno de los cargos formulados y
planteó, entre otras cuestiones que fueron oportunamente rechazadas por
este Jurado, la irrevisibilidad de actos políticos realizados por otros
poderes del Estado, cuya decisión fue diferida para el momento del fallo.
III.- En la audiencia de debate, en la que no estuvo presente
el doctor Otilio Ireneo Roque Romano, la acusación expuso oralmente los
hechos imputados al magistrado y la defensa explicó su posición al
respecto. Se recibieron las declaraciones de los testigos ofrecidos por las
partes y se incorporó la prueba documental e informativa aceptada por el
Jurado. Finalmente, la acusación y la defensa informaron oralmente, con lo
cual se cerró definitivamente el debate, quedando la causa en condiciones
de ser fallada (artículo 30 del Reglamento Procesal).
Y CONSIDERANDO:
1º) Que previo al desarrollo de las consideraciones específicas
del fallo, ha de reiterarse, a raíz de los hechos y circunstancias que se han
relatado en el curso del debate, que las conductas relacionadas con la
violación de derechos humanos merecen el más vigoroso repudio de este
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por atentar contra
valores humanos fundamentales.
En este caso en particular se le reprocha al juez acusado una
serie de omisiones que, por su entonces calidad de fiscal federal,
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importaba un grave perjuicio no sólo para los justiciables victimizados por
las fuerzas de seguridad, sino también para el necesario servicio de
justicia que en todo momento y bajo cualquier circunstancia debe
garantizar el Poder Judicial de la Nación.
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La entidad y gravedad del reproche por tales desatenciones
funcionales en los múltiples casos traídos a este proceso por el Consejo de
la Magistratura describen una conducta persistentemente omisiva cuya
atribución al doctor Otilio Ireneo Roque Romano deberá ser decidida por
este Jurado de Enjuiciamiento desde la perspectiva y ámbito de su
competencia, estrictamente limitada por el artículo 115 de la Constitución
Nacional.
Por ello este fallo no habrá de adentrarse en justipreciar los
actos jurisdiccionales inherentes al trámite de los expedientes admitidos
en la prueba, sino en la valoración de la actitud funcional del encausado
frente a los apremiantes hechos que se reflejaban en dichas actuaciones.
Este Tribunal no ha soslayado para el efectivo cumplimiento de
su misión el contexto político y social existente durante el período en que
se desarrollaron los hechos ventilados en este juicio, así como la incidencia
que tuvieron los mismos en el ámbito de los estrados jurisdiccionales
federales y más precisamente en la Provincia de Mendoza. Ha sido posible
la recreación aproximada de dicho entorno a través de los testimonios
recibidos durante las audiencias –tomándose en cuenta para su valoración
el extenso tiempo transcurrido- y de la prueba documental incorporada,
todo lo cual se ha meritado para arribar a la sentencia que se dicta a
continuación.
CUESTIÓN PREVIA:
2°) Que en ocasión de contestar el traslado de la acusación
(fs. 1412/1460), la defensa planteó una cuestión –que fue reeditada al
momento de la discusión final- cuya decisión fue diferida para el momento
del fallo, esto es, la irrevisibilidad de actos políticos realizados por otros
poderes del Estado.
En este sentido, adujo que el Consejo de la Magistratura
carece de facultades para promover el enjuiciamiento del doctor Otilio
Ireneo Roque Romano por supuestos hechos anteriores a su designación
como juez de cámara por el Poder Ejecutivo, cargo para el que obtuvo el

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acuerdo del Senado en dos oportunidades –al designárselo en 1993 y
luego de la reforma de la Constitución Nacional, en 1995-. Ello por
entender que se ha invadido la esfera de atribuciones exclusivas que la
Constitución le confiere al Honorable Senado de la Nación, ya que el
acuerdo tuvo por objeto determinar la idoneidad del candidato propuesto.
También hizo referencia a la jurisprudencia sentada por este Jurado en las
causas “Brusa” y “Lona”.
La acusación se opuso y peticionó el rechazo del planteo por
sostener que a la fecha en que le fue otorgado al doctor Romano el
acuerdo del Senado de la Nación los hechos objeto de reproche no fueron
conocidos ni valorados por los miembros de la comisión correspondiente, y
que darle efecto convalidatorio a dicho acuerdo constituiría un antecedente
peligroso ya que implicaría asegurar la impunidad del magistrado por los
delitos de lesa humanidad atribuidos por su actuación y comprometería la
responsabilidad internacional de nuestro país, al tiempo que importaría
dejar en desamparo a las víctimas.
3°) Que, en primer término, habiendo este Jurado asumido ya
su competencia para aquellos hechos anteriores al acuerdo –cfr. resolución
de fs. 1480/1482, de fecha 6 de octubre de 2011-, lo que en definitiva
debe decidirse es si el Senado de la Nación conoció y evaluó los hechos
que integran el objeto procesal al convalidar la designación del Dr. Otilio
Ireneo Roque Romano como juez federal.
Es que si bien este órgano posee facultades para juzgar
conductas previas al acuerdo, ello no sucede cuando tales hechos fueron
conocidos por el Senado y, no obstante, prestó al magistrado el acuerdo
para el cargo del cual hoy se pretende su remoción. En este sentido, se
tiene dicho que “va de suyo que este Jurado se ha de encontrar impedido
de abocarse a su tratamiento pues este Cuerpo carece de la potestad de
revisar las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en
cuenta por los poderes del Estado para la designación de los jueces” -
doctrina del Jurado en la causa “Caro, Rubén Omar s/ pedido de
enjuiciamiento”, fallo del 15 de agosto de 2006-.
Para dilucidar la cuestión debe ponderarse la prueba colectada
a tal fin; a saber, las actuaciones remitidas por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y por el Honorable Senado de
la Nación, y los testimonios de los senadores que integraban la Comisión
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de Acuerdos y votaron el pliego del doctor Romano, doctores Ricardo
Laferriere y Alicia Saadi.
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Al serle requerida al Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación la totalidad de los antecedentes obrantes
en esa dependencia valorados para la ratificación del doctor Romano en el
cargo de Fiscal Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
en el año 1986, se limitó a remitir copia de la nota enviada por el doctor
Romano el día 7 de agosto de 1985 acompañando su currículum vitae y la
copia del título de abogado, y la copia de la Resolución Ministerial N° 1300
de fecha 23 de mayo de 1986 por la cual se resuelve ratificar su
designación como Fiscal Federal. También remitió la solicitada copia del
decreto PEN N° 626 de fecha 5 de abril de 1993 por el cual se lo designa
en el cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y,
asimismo, la copia del Mensaje N° 2428 de fecha 17 de diciembre de 1992
peticionando el acuerdo senatorial respectivo para dicha designación (fs.
20/29 del Cuaderno de Prueba de la Acusación).
Por su parte, el Secretario de la Comisión de Acuerdos del
Honorable Senado de la Nación informó que el acuerdo para designar Juez
de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza al doctor Romano no
tuvo impugnaciones ni observaciones de personas físicas o jurídicas “dado
que para esa fecha las reuniones de la Comisión de Acuerdos y las
sesiones del plenario del H. Senado de la Nación respecto al tratamiento
de pliegos eran de carácter „secreto‟” (fs. 44/45 del Cuaderno de Prueba
de la Acusación).
El doctor Ricardo Emilio Laferriere declaró en la audiencia de
debate que no recordaba haber recibido impugnaciones para la aprobación
del pliego del doctor Romano ni que sus colaboradores le hubieran hecho
saber que hayan existido esas impugnaciones; que tenía la impresión de
que el pliego se votó por unanimidad “porque cuando eran casos
conflictivos normalmente no iban a la sesión hasta que no se consiguiera
la unanimidad”; y que los casos en que no se conseguía unanimidad y se
forzaba la votación eran muy pocos y difícilmente se le borrarían de la
memoria.
Finalmente, la doctora Alicia Arminda Saadi confirmó que la
designación del doctor Romano no recibió ninguna impugnación, y añadió
que si se hubiese efectuado alguna en el sentido de las imputaciones que
hoy se le formulan, no le hubieran prestado el acuerdo.

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4°) Que, en suma, al analizar e integrar los elementos
enumerados el marco probatorio se cierra en forma homogénea y adquiere
el peso suficiente para permitir concluir lógicamente en que el Honorable
Senado de la Nación, al momento de conceder el acuerdo para la
designación del doctor Otilio Ireneo Roque Romano como juez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 24 de marzo de 1993, no
conoció en plenitud los hechos que aquí se le endilgan.
De modo que el presente proceso de enjuiciamiento no implica
un avance sobre la designación efectuada por el Poder Ejecutivo con el
acuerdo del Senado, conforme a los recaudos exigidos por la Constitución
Nacional, y, en consecuencia, no se contradice la doctrina de este Cuerpo
que veda la revisión de una decisión de los poderes del Estado cuando ha
sido efectuada en los límites de sus facultades constitucionales, con la
finalidad de no lesionar la división de poderes -doctrina del Jurado en la
causa n° 20 “Dr. Rubén Omar Caro s/ pedido de enjuiciamiento”, fallo del
15 de agosto de 2006, reiterada en la causa n° 29 “Doctor Luis Francisco
Miret s/ pedido de enjuiciamiento”, fallo del 11 de marzo de 2011-.
La competencia de este Jurado de ninguna manera pretende
invadir zonas de reserva de otros poderes del Estado; de lo que se trata es
de juzgar si los comportamientos que la parte acusadora reprocha a quien
ostenta actualmente el cargo de Juez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Mendoza –que corresponden a conductas del pasado, que se expresan
de manera sucinta en la omisión grave de deberes de la función pública y
en indiferencia o desprecio frente a graves violaciones de derechos
humanos de las que tomaba conocimiento- forman convicción sobre una
persona que carece o que ha perdido los valores morales y
constitucionales que conforman la idoneidad de un juez de la Nación, de
modo tal de comprometer gravemente por razones de deshonra el servicio
de Justicia.
En un caso de estas características la revalidación del acuerdo
del Senado constituiría un precedente contrario tanto a la normativa y
jurisprudencia internacional como a nuestra Constitución Nacional y a la
doctrina consagrada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación,
ya que impediría la dilucidación de la conducta cuestionada y, en su caso,
aseguraría la impunidad de un magistrado por los delitos de lesa
humanidad que se le atribuyen, implicaría el desamparo de las víctimas e
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importaría un grave compromiso de la responsabilidad internacional de
nuestro país.
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Por todo ello, este Tribunal considera que la pretensión de la
defensa debe ser necesariamente rechazada.
HECHOS IMPUTADOS AL DR. ROMANO MATERIA DE ACUSACIÓN.
Causa n° 636-F “Fiscal c/ Guzzo, Gabriel y otros s/ av. inf. arts.
274, 144 bis y 144 ter del Código Penal”.-
5°) Que los representantes del Consejo de la Magistratura
imputan al doctor Otilio Ireneo Roque Romano el haber omitido en forma
reiterada y prolongada en el tiempo la promoción de la investigación,
persecución y represión de delitos de lesa humanidad cometidos por
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectados a la lucha
contra la subversión en el período comprendido entre los años 1975 y
1983, de los que habría tomado conocimiento en su respectiva condición
de fiscal federal y juez federal subrogante, facilitando de tal modo la
impunidad de los responsables de dicho plan y la continuidad del mismo.
Esta conducta está vinculada con los hechos investigados en la
causa n° 636-F “Fiscal c/ Guzzo, Gabriel y otros” que se encuentran
descriptos en el auto de procesamiento de fecha 18 de marzo de 2011, en
la ampliación del auto de procesamiento dictada con fecha 12 de mayo de
2011 y en la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de
Mendoza con fecha 18 de mayo de 2011; a saber:
a) Presuntas privaciones ilegítimas de la libertad agravadas de
personas que a la fecha continúan desaparecidas: caso n° 4:
Luis Rodolfo Moriña; caso n° 5: Santiago José Illa; caso n° 7:
Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca; caso n° 8: Héctor Pablo
Granic; caso n° 9: Blanca Graciela Santamaría; caso n° 10:
Lidia Beatríz De Marinis; caso n° 11: Virginia Adela Suárez;
caso n° 12: Mario Luis Santini; caso n° 13: Rosa Sonia Luna;
caso n° 14: María Silvia Campos; caso n° 16: Zulma Pura
Zingaretti; caso n° 17: María Leonor Mércuri; caso n° 19:
Salvador Alberto Moyano; caso n° 22: Marcelo Guillermo
Carrera; caso n° 23: Adriana Irene Bonoldi; caso n° 24:
Francisco Alfredo Escamez; caso n° 25: Mauricio Amilcar López;

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caso n° 26: Juan Humberto Rubén Bravo; caso n° 27: Ángeles
Josefina Gutiérrez de Moyano; caso n° 28: Pedro Ulderico
Ponce; caso n° 29: Jorge Albino Pérez, Emiliano Pérez y Gloria
Nelly Fonseca; caso n° 30: Miguel Julio Pacheco; caso n° 34:
María del Carmen Marín Almazán y Carlos Armando Marín; caso
n° 35: José Antonio Rossi; caso n° 36: Mercedes Vega de
Espeche; caso n° 40: Antonia Adriana Campos y José Antonio
Alcaraz; caso n° 41: Walter Hernán Domínguez, Gladys Cristina
Castro de Domínguez y Osiris Rodolfo Domínguez.
b) Presuntas privaciones ilegítimas de la libertad: caso n° 4:
Rodolfo Daniel Moriña; Olga Julia Yung y la hermana de Luis
Rodolfo Moriña; caso n° 47: Manuel Osvaldo Oviedo; caso n°
48: Luis Alberto Granizo; caso n° 49: Atilio Luis Arra; caso n°
50: Emanuel Ander Eg e Irma Zamboni de Ander Eg; caso n°
51: Walter Bernardo Hoffman; caso n° 53: Carolina Martha
Abrales; caso n° 54: Oscar Eduardo Koltes; caso n° 55: José
Heriberto Lozano y Laura Botella de Lozano; caso n° 56: Néstor
López; caso n° 57: Jorge Alberto Ochoa; caso n° 65: Violeta
Anahí Becerra; caso n° 67: Jaime Antonio Valls y Raúl Lucero;
caso n° 69: Samuel Rubinstein; caso n° 73: Justo Federico
Sánchez; caso n° 84: Roberto Roitman; caso n° 86: Joaquín
Rojas y Julio Rojas; caso n° 87: María Elena Castro y Margarita
González Loyarte; caso n° 88: Juan Carlos Nievas.
c) Presuntas torturas: caso n° 1: León Eduardo Glogowski, María
Susana Liggera e Ismael Esteban Calvo; caso n° 2: Roque
Argentino Luna, Rosa del Carmen Gómez, Ramón Alberto
Córdoba, Leopoldo López Muñoz, Héctor Enrique García, David
Agustín Blanco, Carlos Daniel Nicolás Ubertone, Antonio Savone y
Alicia Beatríz Morales; caso n° 3: Guido Esteban Actis, Rodolfo
Enrique Molinas, Fernando Rule, Marcos Augusto Ibañez, Alberto
Mario Muñoz, Haydée Clorinda Fernández, Vicenta Olga Zárate,
Silvia Susana Ontivero y Stella Maris Ferrón de Rossi; caso n°
89: Inés Dorila Atencio; caso n° 90: Teresita Fátima Llorens;
caso n° 91: Roberto Eduardo Jalitt y Roberto Blanco; caso n°
92: Aldo Roberto Rivaletto, Carlos Astudillo y Pedro Julio Torres;
caso n° 93: Ángel Bartolo Bustelo; caso n° 94: Néstor Ortíz y
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Florencia Santamaría; caso n° 96: Roberto Gaitán, Edith Arito y
Alberto José Scafatti; caso n° 98: Carlos Eduardo Cangemi
Coliguante; caso n° 101: Luz Amanda Faingold.
d) Presunta violación de domicilio: caso n° 4: Luis Rodolfo Moriña.
A diferencia de lo decidido por el Juez Federal de Mendoza
doctor Walter Bento –quien había considerado secundaria la participación
del doctor Romano-, la Alzada sostuvo que el magistrado enjuiciado prestó
a los autores una colaboración sin la cual los hechos no hubieran podido
cometerse y consideró su participación primaria ó necesaria. Para ello tuvo
en cuenta que su comportamiento, facilitador de la impunidad de los
autores materiales de los delitos de lesa humanidad y de su ejecución al
momento en que infringía sus deberes institucionales de promover la
persecución de delincuentes, era un bien escaso que sólo un fiscal o juez
federal podían aportar desde el ejercicio de su función.
6°) Que en atención a que la imputación efectuada al doctor
Romano en relación a los casos n° 1, n° 2, n° 3 y n° 101 resulta
sustancialmente análoga a la contenida en otros cargos formulados por la
acusación, su comportamiento en relación a los hechos cuestionados en
tales casos será tratado cuando se analicen específicamente ut infra las
causas n° 34.281-B “Fiscal c/ Mochi” (casos n° 1 y n° 101), n° 36.887-
B “Fiscal c/ Luna” (caso n° 2) y n° 37.801-B “Fiscal c/ Rabanal” (caso n°
3).
7°) Que del examen pormenorizado de las actuaciones en
cuestión surge que el doctor Romano no tuvo intervención alguna en los
expedientes n° 71.656-D “Hábeas Corpus a favor de Francisco Alfredo
Escamez” (caso n° 24), n° 70.172-D “Hábeas Corpus a favor de Bravo,
Juan Humberto Rubén” (caso n° 26) y n° 72.436-D “Hábeas Corpus a
favor de Castro, Gladys Cristina” (caso n° 41), por lo que los hechos a
ellos vinculados no será responsabilizado.
Tampoco serán admitidos los hechos vinculados a los
expedientes n° 37.112-B “Hábeas Corpus a favor de Salvador Alberto
Moyano” (caso n° 19), n° 70.582-D “Hábeas Corpus en favor de Pérez
Emiliano, Pérez Jorge y Fonseca Gloria” (caso n° 29), n° 70.715-D
“Hábeas Corpus a favor de Rossi, Juan Antonio (sic)” (caso n° 35), n°
38.220-B “Hábeas Corpus a favor de Domínguez, Walter Hernán, Castro
de Domínguez, Gladys y Domínguez, Osiris Rodolfo” (caso n° 41), n°

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35.432-B “Hábeas Corpus a favor de Ochoa Quiroga, Alberto Jorge” (caso
n° 57), n° 35.406-B “Hábeas Corpus a favor de Samuel Rubinstein” (caso
n° 69), n° 36.045-B “Hábeas Corpus a favor de Justo Federico Sánchez”
(caso n° 73) y n° 69.960-D “Hábeas Corpus a favor de Roberto Roitman”
(caso n° 84), debido a que nunca fue notificado del rechazo de dichos
recursos de hábeas corpus y, por lo tanto, no puede valorarse su
oficiosidad al respecto.
En el mismo sentido se procederá en relación al expediente n°
38.293-B “Fiscal c/ autores desconocidos en av. privación ilegítima de la
libertad” (caso n° 40), ya que de las poco legibles copias reservadas en
Secretaría surge que el doctor Romano intervino solamente hasta el 28 de
agosto de 1978 (fs. 7 vta., 19 y 31) y que posteriormente continuó
actuando el Procurador Fiscal Federal Edgardo Díaz Araujo, que fue quien
solicitó el sobreseimiento provisorio de la causa en el año 1981 (fs, 50, 63,
73, 75 y 77 vta.).
Y en el expediente n° 72.435-D “Hábeas Corpus a favor de
Domínguez, Walter H.” (caso n° 41) el doctor Romano solamente tuvo
intervención al notificarse en su carácter de fiscal de cámara de la
resolución de la Cámara Federal de Mendoza que decidió que se diera
trámite a la acción de hábeas corpus deducida en la causa (fs. 11/12), por
lo que tampoco se le hará imputación alguna al respecto.
8°) Que, en consecuencia, habrá de evaluarse la conducta del
doctor Otilio Ireneo Roque Romano en las siguientes actuaciones:
a) Recursos de hábeas corpus interpuestos en beneficio de
personas privadas de su libertad: n° 68.492-D “Hábeas Corpus a
favor de Luis Rodolfo Moriña” (caso n° 4); n° 68.797-D “Hábeas Corpus a
favor de Illa, Santiago José” (caso n° 5); n° 36.629-B “Hábeas Corpus en
favor de Talquenca, Hugo Alfredo y Talquenca, Julio Félix” (caso n° 7); n°
69.081-D “Hábeas Corpus en favor de Santamaría, Blanca Graciela” (caso
n° 9); n° 70.084-D “Hábeas Corpus a favor de De Marinis Figueroa, Lidia
Beatríz” (caso n° 10); n° 37.432-B “Hábeas Corpus a favor de Suárez,
Virginia” (caso n° 11); n° 37.380-B “Hábeas Corpus a favor de Santini,
Mario Luis” (caso n° 12); n° 69.477-D “Hábeas Corpus a favor de Luna,
Rosa Sonia” (caso n° 13); n° 36.647-B “Hábeas Corpus a favor de Zulma
Pura Zingaretti” (caso n° 16); n° 37.428-B “Hábeas Corpus a favor de
María Leonor Mércuri Monso” (caso n° 17); n° 37.430-B “Hábeas Corpus
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a favor de Marcelo Guillermo Carrera” (caso n° 22); n° 37.431-B “Hábeas
Corpus a favor de Adriana Irene Bonoldi de Carrera” (caso n° 23); n°
37.141-B “Hábeas Corpus a favor de Francisco Alfredo Escamez” (caso n°
24); n° 37.429-B “Hábeas Corpus a favor de Juan Humberto Rubén Bravo”
(caso n° 26); n° 37.413-B “Hábeas Corpus a favor de Gutiérrez de
Moyano, Ángeles” (caso n° 27); n° 37.366-B, n° 38.789-B y n°
39.765-B, todos denominados “Hábeas Corpus en favor de Pedro Ulderico
Ponce” (caso n° 28); n° 38.444-B “Hábeas Corpus a favor de Pérez Jorge
Albino, Pérez Emiliano y Fonseca Gloria” (caso n° 29); n° 38.314-B
“Hábeas Corpus a favor de Miguel Julio Pacheco” (caso n° 30); n°
38.211-B “Hábeas Corpus a favor de Carlos Armando Marín y otra” (caso
n° 34); n° 37.897-B “Hábeas Corpus a favor de Mercedes Salvadora Eva
Vega de Espeche” (caso n° 36); n° 38.222-B “Hábeas Corpus a favor de
José Antonio Alcaraz y Antonia Adriana Campos” (caso n° 40); y n°
38.411-B “Hábeas Corpus a favor de Gladys Castro de Domínguez y
Walter Hernán Domínguez” (caso n° 41); n° 34.423-B “Hábeas Corpus en
favor de Manuel Osvaldo Oviedo” (caso n° 47); n° 68.432-D “Hábeas
Corpus a favor de Granizo, Luis Alberto” (caso n° 48); n° 68.501-D
“Hábeas Corpus a favor de Emmanuel Ezequiel Ander Egg (sic)” (caso n°
50); n° 68.494-D “Hábeas Corpus a favor de Hoffman, Walter Bernardo”
(caso n° 51); n° 35.276-B “Hábeas Corpus a favor de Carolina Martha
Abrales” (caso n° 53); n° 35.416-B “Hábeas Corpus a favor de José
Heriberto Lozano, Osvaldo José Jara y Elisa Laura Botella de Lozano” (caso
n° 55); n° 35.423-B “Hábeas Corpus a favor de Néstor López” (caso n°
56); n° 37.541-B “Hábeas Corpus a favor de Ochoa, Alberto Jorge” (caso
n° 57); n° 69.971-D “Hábeas Corpus en favor de Violeta Anahí Becerra
Issa” (caso n° 65); n° 35.499-B “Hábeas Corpus a favor de Valls, Jaime
Antonio y de Lucero, Raúl” (caso n° 67).
12
b) Expedientes iniciados por denuncias policiales que luego
fueron elevadas a la justicia federal: n° 68.517-D “Fiscal c/ autores
desconocidos s/ av. inf. art. 142 bis del C. Penal” (caso n° 4); n° 69.145-
D “Fiscal c/ autores desconocidos s/ av. inf. art. 3° de la ley nacional
20.840” (caso n° 8); n° 69.147-D “Fiscal c/ autores desconocidos s/ av.
inf. art. 3° de la ley nacional 20.840” (caso n° 11); n° 36.371-B “Fiscal c/
autores ignorados en av. delito” (caso n° 14); n° 36.646-B “Fiscal c/
autores desconocidos s/ av. delito privación ilegítima de la libertad” y n°
36.872-B “Fiscal c/ autores ignorados s/ privación ilegítima de la libertad”

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
(caso n° 16); n° 69.664-D “Fiscal c/ autores desconocidos s/ av. delito
privación ilegítima de la libertad” (caso n° 19); n° 69.847-D “Fiscal c/
autores desconocidos s/ privación ilegítima de la libertad” (caso n° 22); n°
69.911-D “Fiscal c/ autores desconocidos por av. delito” (caso n° 25); n°
68.558-D “Fiscal c/ autores desconocidos s/ av. privación ilegítima de
libertad y robo” (caso n° 49); n° 68.560-D “Fiscal c/ autores
desconocidos s/ av. robo calificado y privación ilegítima de libertad” (caso
n° 54); n° 68.559-D “Fiscal s/ av. delito” (caso n° 86); n° 36.189-B
“Fiscal c/ autores ignorados en av. delito de privación ilegítima de la
libertad” (caso n° 87); n° 36.695-B “Fiscal s/ av. privación ilegítima de la
libertad” (caso n° 88); n° 36.694-B “Fiscal s/ av. delito de privación
ilegítima de la libertad” (caso n° 89); n° 67.507-D “Fiscal c/ Llorens,
Teresita Fátima” (caso n° 90); n° 68.733-D “Fiscal c/ Felipe Dante
Salpietro p/ inf. art. 275 C.P.” (caso n° 91); n° 35.114-E “Fiscal c/ Juan
Carlos Astudillo y otros p/ infracción al art. 189 bis de la ley nacional
20.840” (caso n° 92); n° 69.502-D “Fiscal c/ Bustelo, Ángel Bartolo y
Bula, Carlos s/ av. inf. art. 7° de la ley 21.325” (caso n° 93); n° 34.134-
B “Fiscal c/ Ortíz, Néstor Antonio y Santamaría, María Florencia y otros p/
av. inf. arts. 189 bis y 142 del C.P. y ley 20.840” (caso n° 94); n°
36.664-B “Fiscal s/ av. inf. ley 20.840” (caso n° 96); y n° 68.431-D
“Fiscal c/ Cangemi Coliguante, Carlos Eduardo s/ av. inf. ley 20.840” (caso
n° 98).
9°) Que en lo que respecta a los recursos de hábeas corpus
mencionados (con excepción del interpuesto a favor de Santiago José Illa,
que será tratado más adelante), corresponde destacar que, sin perjuicio de
advertirse una lineal displicencia e insensibilidad en la actuación del fiscal
Romano, su intervención se adecuó a las mínimas formas procesales que
habitualmente se utilizaban en esa época, por lo que no es posible
reprocharle mala conducta en ese sentido.
Para ello se tiene en cuenta que la situación en que en la
República debían ejercerse las magistraturas judiciales era de un profundo
agravio a las instituciones fundamentales y al equilibrio de las funciones
del Estado organizado según la célebre trilogía de Montesquieu. El Poder
Judicial no podía o no sabía frenar al terrorismo de Estado que comenzó a
13

instalarse en el año 1975 y continuó durante la dictadura militar que
gobernó entre los años 1976 y 1983.
14
En este orden de ideas, resulta ilustrativa la sentencia que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 18 de abril de 1977 -“Pérez
de Smith, Ana María y otros”- dirigiéndose “al Poder Ejecutivo Nacional a
fin de encarecerle intensifique por medio de los organismos que
correspondan, la investigación sobre el paradero y la situación de las
personas cuya desaparición se denuncia judicialmente y que no se
encuentran registradas como detenidas, a fin de que los magistrados estén
en condiciones de ejercer su imperio constitucional resolviendo, con la
necesaria efectividad que exige el derecho, sobre los recursos que se
intenten ante sus estrados en salvaguarda de la libertad individual y sobre
las eventuales responsabilidades en caso de delito”.
En este escenario en que la propia Corte dejaba escrito que no
podía frenar la arbitrariedad, este Jurado efectúa la valoración de las
intervenciones del doctor Romano en relación a los hechos contenidos en
este punto, concluyendo desde ese escrutinio funcional en que no esta
acreditado en su totalidad el cargo por el que fuera acusado.
10°) Que el cargo n° 1 se encuentra parcialmente probado en
relación a ciertos casos en los cuales el doctor Romano no propuso
ninguna medida de investigación o de trámite respecto de denuncias de
secuestro o de desaparición de personas o en los cuales omitió la
investigación de delitos de torturas, apremios ilegales y violaciones, de los
que tomó conocimiento con motivo de su condición de fiscal federal y, en
una oportunidad, en su condición de juez subrogante.
Este Jurado reprueba todo lo que el conjunto total de
expedientes revela de desprecio de la dignidad del ser humano y de abuso
de poder por parte de las fuerzas militares y policiales que detentaban el
gobierno de la época. Sin embargo, la misión en este Cuerpo es constatar
objetivamente que las conductas irregulares por las cuales el Plenario del
Consejo de la Magistratura acusa al Dr. Otilio Ireneo Roque Romano se
hallen debidamente demostradas. En los límites de este proceso
disciplinario de responsabilidad, el Jurado no ha podido formar convicción
sino sobre comportamientos omisivos del acusado desplegados en los
expedientes y hechos que se reseñan a continuación.
1. Expediente n° 67.507-D - Teresita Fátima Llorens (caso n° 90).

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
11°) Que surge del expediente n° 67.507-D que Teresita
Fátima Llorens, de 22 años, fue detenida y declaró en sede policial el
29/1/75. El 31 de enero intervino el médico Dr. Ferrari y constató
excoriaciones en estado de costra en los pechos de la detenida y
excoriaciones en la región pubiana.
El Juzgado Federal de Mendoza recibió el caso el 3/2/75,
siendo juez el Dr. Agüero. Como fiscal federal actuaba el Dr. Miret y el
Dr. Otilio Ireneo Roque Romano se desempeñaba como secretario del
juzgado. A fs. 43 la joven fue interrogada por el juez en la Delegación de
la Policía Federal, en presencia del Delegado Comisario Fernández, y
manifestó que había sido bien tratada (a pesar de que existían huellas
físicas evidentes de picana eléctrica). El 25 de marzo de 1975 el doctor
Ángel Bustelo aceptó el cargo de abogado defensor para el cual lo había
designado Teresita Fátima Llorens. Romano se desempeñaba como juez
subrogante el 21 de abril de 1975, en ocasión de otra indagatoria, pero la
joven se abstuvo de declarar en razón de no estar presente su abogado.
Una nueva declaración le fue tomada el 29/4/75, en la presencia del Dr.
Bustelo y en un acta donde aparece la firma de Romano como juez
subrogante. Allí la señorita Llorens describió las torturas recibidas tras la
detención: fue golpeada, amenazada, se le aplicó picana eléctrica en
pechos, pubis y región glútea, pasó 3 días sin comer. Agregó que desde
hacía unos días era atendida por un médico por sus quemaduras, quien le
había proporcionado antibióticos. En esta declaración, Teresita Llorens
manifestó su embarazo de cinco meses.
La señora defensora del juez acusado afirmó que el Dr. Agüero
estaba en funciones el día 29/4/75 y que su defendido firmó el acta por
equivocación, a pesar de que él no estuvo presente. El expediente de
superintendencia sobre las licencias del juez Agüero corrobora esta
información, pues resulta que Romano asumió como juez subrogante el
30 de abril, cesó en funciones en mayo y nuevamente fue designado a
partir de julio de ese año.
En suma, no se ha demostrado fehacientemente quiénes
fueron los funcionarios presentes en el momento de la indagatoria del
29/4/75, ocasión en la que la joven relató en presencia de su abogado
defensor las condiciones inhumanas de su detención y los vejámenes
sufridos. Ciertamente, existe una circunstancia confusa, que es el hecho
15

de que Romano suscribiera el acta correspondiente a una declaración que
no habría presenciado.
16
12°) Que el Jurado estima que los argumentos de la defensa
no mejoran la situación del acusado, pues él tuvo conocimiento de los
delitos de los que había sido víctima Teresita Fátima Llorens desde la
llegada de la causa al juzgado federal debido a que el expediente se
iniciaba con el informe médico que verificaba signos evidentes de tortura.
En su posterior condición de fiscal, su obligación era promover la
investigación de los delitos gravísimos denunciados el 29 de abril de
1975.
No es aceptable el argumento de que no eran creíbles las
declaraciones de Teresita Fátima Llorens dado que en la primera
indagatoria (fs. 43 del expediente) había manifestado que “la habían
tratado bien”. Esa afirmación no es coherente con el estado físico de la
joven ni con las denuncias de apremios ilegales que había formulado el
abogado a fs. 42 del expediente. Esa manifestación sólo puede
comprenderse en el contexto de amenaza y sufrimiento de la detenida y
revela su falta de confianza en la protección que podía brindarle el
juzgado. La conducta del fiscal Romano es inaceptable desde el deber de
investigar delitos que llegaren a su conocimiento, de conformidad con el
art. 118, inc. 1°, del Código de Procedimientos en Materia Penal.
2. Expediente n° 68.733-D - Roberto Eduardo Jalitt y Roberto Blanco
(caso n° 91).
13°) Que el 17/1/76 la Policía detuvo a Roberto Jalitt, Héctor
Tomás Salcedo y Roberto Blanco Fernández en el marco de los autos n°
68.618-D “Fiscal c/ autores desconocidos p/ infracción ley 20.840”. Con
posterioridad, habiéndose constatado que los nombrados habían sido
detenidos en virtud de una falsa denuncia en su contra, se inician los
autos n° 68.733-D “Fiscal c/Felipe Dante Salpietro”, en los cuales el juez
federal Guzzo citó a declaración testifical a Jalitt, a Salcedo y a Blanco.
Este último no fue hallado y la Policía informó con vaguedad que había
sido detenido a los pocos días de la intervención militar. En agosto de
1976 prestó declaración Jalitt ante el juez federal y relató los golpes y
torturas sufridas por él y por Blanco al tiempo de la detención; también

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
relató que Roberto Blanco Fernández se había presentado el 1/4/76 a la
Policía y no regresó nunca más.
El procurador fiscal Dr. Otilio Ireneo Roque Romano tuvo
necesario conocimiento de los delitos denunciados en esta declaración el
21/9/76, al dictaminar en el expediente relativo a la acusación contra
Salpietro.
Asimismo, el 20/10/76 la esposa de Roberto Blanco solicitó ser
tenida por parte querellante y, además de reiterar las circunstancias
expuestas por Jalitt, acompañó copia de la exposición realizada por
Salcedo ante el Ejército Argentino el 2/4/76 (es decir, al día siguiente en
que Roberto Blanco desaparece en el D2), en la cual relató las
circunstancias de la detención del 17 de enero y cómo Roberto Blanco fue
salvajemente golpeado, puesto en libertad el 23 de enero y citado
nuevamente a presentarse en el Palacio Policial el 1° de abril de ese año,
oportunidad desde la que, a pesar de haber concurrido acompañado por
el dicente, no se supo más de él. Posteriormente, en abril del año 1977,
dieron nueva declaración testifical tanto Jalitt como Salcedo y se
pronunciaron en el mismo sentido.
De este expediente se desprende que el Dr. Romano omitió
investigar los delitos de torturas contra Jalitt y contra Blanco, como así
también propiciar la investigación sobre las circunstancias en las que
Roberto Blanco Fernández se presentó espontáneamente en el
departamento de policía y nunca más se tuvo noticias de él. Estos hechos
justifican su inclusión en el cargo que la Acusación presentó como n° 1.
3. Expediente n° 35.114-E - Aldo Roberto Rivaletto, Carlos Astudillo
y Pedro Julio Torres (caso n° 92).
14°) Que en esta causa dos de los imputados, los señores
Juan Carlos Astudillo y Aldo Roberto Rivaletto Faures, rectificaron las
declaraciones que suscribieron en sede policial y en la primera
declaración ante el juzgado federal. Astudillo fue detenido el 20/10/75 y
en la declaración indagatoria del 23/7/76 ante el juez federal Guzzo (fs.
286/287) afirmó que rectificaba las declaraciones efectuadas en sede
policial y en el juzgado (a fs. 78/79) pues recordaba las amenazas que le
hicieron en la Seccional de la Policía de Maipú, “donde permaneció diez
17

días encapuchado” recibiendo golpes, aplicación de picana y otros malos
tratos. El señor Aldo Roberto Rivaletto Faures fue también detenido el
20/10/75 y en la indagatoria ante el juez federal (fs. 221/222) manifestó
que había reconocido los hechos porque había sido “sometido a torturas;
que lo picanearon una o dos horas para que se adjudicara una serie de
atentados y que inclusive fue amenazado él y su familia”.
18
Sin perjuicio de haber tomado debido conocimiento de ambas
rectificaciones, el Dr. Otilio Romano formuló la acusación con sustento en
las originales declaraciones, con total prescindencia del deber de
investigar los graves apremios ilegales y las amenazas bajo las cuales
habrían sido obtenidos las confesiones y reconocimientos (fs. 300/302).
El Jurado estima que este caso debe ser incluido en los
supuestos de mal desempeño por omisión de las obligaciones de
investigar los delitos de los que tomó conocimiento por el ejercicio de su
función, de conformidad con el art. 118, inciso 1°, del Código de
Procedimientos en Materia Penal.
4. Expediente n° 69.502-B - Ángel Bartolo Bustelo (caso n° 93).
15°) Que tras haber sufrido el allanamiento y clausura de su
estudio jurídico, el abogado Ángel Bartolo Bustelo fue detenido en su
domicilio la noche del 3/9/76 en un operativo de gran violencia hacia él y
hacia su familia, en presencia de sus hijos menores de edad.
En la audiencia de debate el Jurado recibió el testimonio del
hijo de la víctima, Fidel Bustelo, quien relató el exceso de poder al tiempo
de la detención, los padecimientos de su padre y las condiciones
denigrantes en las que permaneció detenido. El fiscal Otilio Romano no
estuvo presente en la primera declaración indagatoria tomada en el
juzgado, pero tomó conocimiento de las violaciones a los derechos del
imputado al ser notificado el 24/9/76. No propuso ninguna medida de
investigación de los apremios y ultrajes que había padecido el abogado
Bustelo en ocasión de su detención y encarcelamiento en Mendoza.
Consta en el expediente –y fue expresado por Fidel Bustelo en
su declaración testimonial ante el Jurado- que Ángel Bartolo Bustelo fue
trasladado a la U.9 de La Plata donde le tomaron una nueva declaración
indagatoria, en presencia del juez federal, del secretario del Juzgado y de
otros uniformados. El hijo expresó que su padre había manifestado que
sospechaba que también el Dr. Romano había estado presente, porque

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
creía haber reconocido su voz y se decía que cada tanto aparecía por el
penal de La Plata. Sin embargo, el Jurado no ha podido tener por
demostrado este dato mediante pruebas fehacientes.
Lo relevante es que cuando el 21/12/76 el fiscal Otilio Romano
dictaminó que no debía hacerse lugar al sobreseimiento peticionado por
la defensa, fundó su posición ponderando la indagatoria de Bustelo en el
Juzgado Federal de Mendoza y soslayó la manifestación sobre apremios y
malos tratos denunciados en esa oportunidad (fs. 102/103).
El acusado Romano omitió denunciar y proponer medidas para
investigar los delitos y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad
contra un conocido abogado de Mendoza. Su conducta en el caso
“Bustelo” revela violación de sus deberes de fiscal, conforme al art. 118,
incisos 1° y 4°, del Código de Procedimientos en Materia Penal.
5. Expediente n° 36.664-B - Roberto Gaitán, Edith Arito y Alberto
José Scafatti (caso n° 96).
16°) Que el señor Roberto Gaitán y la señorita Edith Noemí
Arito fueron detenidos el 27/4/76 y el señor Alberto José Guillermo Scafatti
fue detenido el 14/4/76. Se les tomó una primera declaración en sede
policial. El 17 de septiembre de 1976, Scafatti no aceptó prestar
declaración indagatoria en sede judicial y designó abogado defensor. En
esa misma fecha, Justo Federico Sánchez prestó declaración indagatoria
ante el juez Guzzo y el secretario del Juzgado y manifestó que, en ocasión
de su declaración en sede policial, no pudo leer el acta porque no tenía sus
lentes y que previo a ello le habían quitado una venda de goma que tenía
sobre los ojos (fs. 41/43).
Al mes siguiente, Edith Noemí Arito declaró en la unidad de
detención de Villa Devoto (9/11/76). Allí rectificó lo que aparecía en su
declaración policial, pues afirmó que sufrió apremios al ser detenida y fue
obligada a firmar sin leer. En La Plata declararon a fin de noviembre de
1976, Alberto José Guillermo Scafatti y Mario Roberto Gaitán (fs. 87/89 y
fs. 90/91, respectivamente). En ambos casos, no ratificaron las originales
declaraciones en sede policial, pues afirmaron que fueron hechas bajo
apremios, con los ojos vendados y que fueron obligados a firmar sin leer.
19

20
El fiscal federal Otilio Romano tomó conocimiento de estas
manifestaciones al menos en ocasión de su intervención del 25/10/76 y del
22/12/76 (fs. 67 vta. y 94/95 del expediente).
La conducta que se le reprocha consiste en dar veracidad a las
manifestaciones vertidas en sede policial, pese a la coincidencia de los
dichos de los imputados respecto de los apremios ilegales sufridos y de las
condiciones en las que fueron forzados a firmar sin leer. Esa desaprensión
hacia los vejámenes padecidos por los detenidos y la credibilidad atribuida
al contenido de declaraciones que fueron dadas en clara situación de
violación de los derechos, justifica que este caso sea incluido en la causal
de remoción que se examina en el cargo n° 1 de la acusación.
6. Expediente n° 68.431-D – Carlos Eduardo Cangemi Coliguante
(caso n° 98).
17°) Que el señor Carlos Eduardo Cangemi Coliguante fue
detenido el 11/11/75 en la calle Independencia, departamento de Las
Heras. Se abstuvo de declarar en sede policial. Prestó declaración
indagatoria en sede judicial el 15/6/76; en aquella oportunidad el señor
Cangemi Coliguante denunció apremios ilegales y solicitó revisación
médica (fs. 51/53). El fiscal Dr. Otilio Romano el 1/7/76 fue notificado y
dictaminó a favor de la prisión preventiva del imputado sin ordenar
averiguación de los apremios ilegales denunciados (fs. 53 vta.).
Esta omisión configura un incumplimiento de los deberes
impuestos al procurador fiscal en el art. 118, inc. 1°, del Código de
Procedimientos en Materia Penal.
7. Expediente n° 36.189-B - María Elena Castro y Margarita Gonzá-
lez Loyarte (caso n° 87).
18°) Que el 31 de mayo de 1976 el Juzgado Federal n° 1
recibió el sumario de prevención n° 306/76, en el cual María Elena
Castro y Margarita González Loyarte denunciaron haber sido privadas de
su libertad con violencia, por personas que irrumpieron en su domicilio
con el rostro cubierto con medias de nylon y que se identificaron como
integrantes de la Policía Federal. Fueron mal tratadas, interrogadas bajo
amenazas, padecieron el simulacro de un fusilamiento y fueron
abandonadas.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
El 4/6/76 el fiscal Otilio Romano intervino en la causa y tomó
conocimiento de la denuncia. Su comportamiento se limitó a pronunciarse
sobre la competencia y propuso sobreseer provisoriamente las
actuaciones sin propiciar ninguna medida de investigación. Las
circunstancias denunciadas fueron evaluadas por el fiscal federal con
desaprensión significativa y extrema ligereza, conductas incompatibles
con sus deberes legales.
8. Expediente n° 68.797-D - Santiago José Illa (caso n° 5).
19°) Que el 15 de marzo de 1976 Elisa Magdalena Nicoletti de
Illa presentó un hábeas corpus en favor de su hijo Santiago José Illa. En
su presentación refirió que la noche del lunes 8 su hijo se encontraba en
su domicilio conjuntamente con su esposa y su hijo menor, cuando a eso
de la hora 2 irrumpió personal del Ejército, sin orden de allanamiento y
según dijo en búsqueda de armas –no encontrando ninguna-, y se lo
llevó detenido.
Ese mismo 15 de marzo el Juez Federal Carrizo resolvió tenerla
por presentada y domiciliada y, sin perjuicio de la jurisdicción y
competencia del Tribunal, requirió que se oficie a la 8va. Brigada de
Infantería de Montaña, al Jefe de la Policía de la Provincia y a la Policía
Federal, Delegación Mendoza, para que con carácter de urgente
informaran si se había producido la detención de Santiago José Illa, así
como autoridad que ordenó la medida y causas que la motivaron.
Al día siguiente el Coronel Tamer Yapur –2do. Comandante y
Jefe del Estado Mayor, Comando VIII Brigada de Infantería de Montaña-,
informó que el ciudadano Illia Nicoletti Santiago José había sido puesto a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional y se encontraba detenido, en uso
de las facultades que le acordaba el estado de sitio que se encontraba
vigente en el país -Decreto Nro. 2717/75- (fs. 7). En virtud de esta
respuesta, el 19 de marzo de 1976 se rechazó el recurso de habeas
corpus interpuesto, con costas; notificándose de lo resuelto el fiscal Otilio
Romano el día 22 de marzo de 1976 (fs. 8 y 8vta).
El 2 de julio de 1976 Silvia Cristina Faget de Illa, esposa de
Santiago José Illa, solicitó se libre nuevo oficio al Comando de la VIII
Brigada de Infantería de Montaña, para que informe sobre el paradero
actual de su esposo (fs. 10). Mencionó que con posterioridad a lo resuelto
21

por el Juez a fs. 8, se le informó en la Penitenciaría Provincial que su
marido había sido trasladado al Liceo Militar el 12 de mayo de 1976 a las
20 horas, pero que desde el 15 de mayo no tenía noticias suyas y en el
Comando de la Brigada de Infantería no se le dio ninguna explicación.
22
Teniendo en consideración lo manifestado por la señora de Illa,
el 5 de julio de 1976 el Juez Federal Guzzo requirió que se oficiara al
Comando de la 8ª. Brigada de Infantería de Montaña para que informe si
Santiago José Illa se encontraba detenido a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional y, en su caso, en qué dependencia de ese Comando
(fs. 10 vta.). El Coronel Tamer Yapur informó el 31/7/76 que Santiago
José Illa había sido puesto en libertad el día 12 de mayo de 1976 en
virtud de haberse dejado sin efecto su arresto a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional, mediante decreto Nro. 362/76 de fecha 6 de mayo de
1976.
El día 21 de septiembre de 1976 Elisa Magdalena Nicoletti de
Illla solicitó que se reabriera la causa, advirtiendo al señor Juez que pese
a lo manifestado por el Comando de la VIII Brigada de Infantería de
Montaña, su hijo no se había comunicado ni con ella ni con su esposa;
indicando que por versiones extraoficiales, el mismo habría sido detenido
nuevamente al salir de la Penitenciaría Provincial. Impetró que se giren
oficios a las distintas fuerzas de seguridad de la Provincia, a fin que
informen al Tribunal si su hijo se encontraba detenido, en su caso, por
orden de qué autoridad y delito que se le atribuía (fs. 15).
Al corrérsele vista de dicha presentación, el fiscal Romano
respondió que: “No siendo el presente intermediario de información,
…debe denegar lo solicitado” (fs. 15 vta).
Con fecha 1 de octubre de 1976 (fs. 16), el juez Guzzo no hizo
lugar a lo solicitado e indicó que debía estarse a la resolución obrante a
fs. 8, argumentando que el informe de fs. 13 había sido evacuado en la
misma fecha que la presentante dijo había sido liberado su hijo y
teniendo presente lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal Federal;
de lo resuelto fue notificado el doctor Romano el día 5 de octubre de
1976 (fs. 17 vta).
20°) Que así como este Jurado ha tenido presente el marco
histórico jurídico a la época de los hechos denunciados en este capítulo
de cargo, no puede pasar por alto que, si bien un funcionario judicial
podía dictaminar en el caso que se le planteara conforme sus propias

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
valoraciones jurídicas sin quedar obligado por una doctrina -judicial o de
los autores- a seguir determinada dirección, no podía, en ningún caso,
sustraer una vía como la del hábeas corpus de la disponibilidad de un
justiciable.
En las sociedades contemporáneas, en las que el monopolio de
la función jurisdiccional reposa en el Estado, éste tiene el cometido de
administrar justicia, otorgando tutela jurisdiccional a aquél que la
reclama en su momento. La cuna del instituto que protege la libertad, su
linaje y su función presentes en la historia del derecho para limitar la
arbitrariedad del poder en beneficio de la libertad y la vida, fueron
olvidados en la desorbitada frase con la que se pronunció el entonces
Fiscal al decir que no era “intermediario de información”.
El Fiscal no debía –ni podía- asegurar un resultado, pero debía
cumplir con su obligación de dictaminar solicitando las medidas que el
caso imponía. Las expresiones contenidas en el brevísimo dictamen de fs.
15 vta. de estos autos expresan una conducta capaz de configurar un
supuesto de denegación de justicia. El doctor Romano negó la tutela
jurisdiccional que las leyes garantizaban al justiciable, que demandaba el
requerir información a las autoridades penitenciarias, militares, policiales
y al propio Poder Ejecutivo Nacional respecto de la situación del entonces
detenido Santiago José Illa. La injustificada oposición a que se realizaran
las diligencias propias que permitía la vía escogida configura una
conducta incompatible con sus deberes legales.
21°) Que en razón de todo lo expuesto, este Jurado considera
que el cargo n° 1 de la acusación está probado en forma parcial, con el
siguiente alcance: Haber omitido en forma reiterada la denuncia,
promoción de la investigación y persecución de delitos de privaciones
ilegítimas de libertad –incluso de personas que a la fecha continúan
desaparecidas-, apremios ilegales, violaciones y torturas, de los que tomó
conocimiento en su condición de fiscal, con relación a los hechos
reseñados precedentemente.
Causa nº 34.281-B “Fiscal c/ Mochi, Prudencio y otros
s/averiguación de infracción art. 189 bis del C.P. y Ley 20.840”.-
23

24
22°) Que los representantes del Consejo de la Magistratura,
en el marco del expediente nº 34.281-B “Fiscal c/ Mochi, Prudencio por
av. infracción art. 189 bis y ley 20.840”, del registro del Juzgado Federal
de Mendoza, formularon al magistrado los siguientes cargos:
a) Haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de los
delitos de acción pública que relataron ante él como fiscal los entonces
imputados León Eduardo Glogowski, Ismael Esteban Calvo Gutiérrez y Blas
Armando Yanzón.
b) Haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de las
lesiones presentadas por el entonces imputado Prudencio Oscar Mochi y
que se encontraban acreditadas en la causa.
c) Haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de los
delitos de los que fue víctima la entonces imputada Luz Amanda Faingold
Casenave en ocasión de su detención y haber contravenido, en su calidad
de fiscal, el régimen legal que en ese entonces regía para los menores.
23°) Que a fin de poder determinar si tales hechos deben ser
endilgados al doctor Romano como una irregular conducta asumida por él
durante el trámite de la pesquisa, resulta necesario estimar el
conocimiento que poseía respecto de ellos y la actitud funcional que
adoptó, para lo cual han de cotejarse y merituarse inicialmente los
principales actos procesales cumplidos en esa investigación.
Dicho ello y a los efectos de no tornar fatigosa la lectura del
presente fallo, se dan por integradas y reproducidas al presente las
constancias del expediente referido en cuanto sindican las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que fueron realizados los allanamientos,
detenciones y posteriores actos procesales dentro del marco de dicha
causa, examinando en especial la actuación del acusado con relación a las
situaciones que en ese contexto presentaban León Glogowski, Ismael
Esteban Calvo Gutierrez, Blas Armando Yanzón, Prudencio Mochi y Luz
Amanda Faingold Casenave, aunque respecto de estos dos últimos casos
se formularán consideraciones particulares dentro de este mismo capítulo.
Por ello en adelante sólo se hará referencia a las actuaciones en que haya
tenido intervención el juez enjuiciado y que tengan relevancia con relación
al objeto de este proceso.
24°) Que entre los días 28 y 29 de agosto de 1975 se realizó
un procedimiento en el domicilio de calle Malvinas Argentinas n° 97 del
Departamento de Guaymallén, en virtud de un allanamiento que fue

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ordenado por el juez federal Miret. En la ocasión fueron detenidos
sucesivamente Ismael Calvo, Blas Yanzón, Prudencio Mochi, León
Glogowski, María Susana Liggera, Luz Amanda Faingold Casenave, (caso
sobre el cual, como se anticipara, se volverá por presentar
particularidades de mayor gravedad). Ello dio origen al Sumario de
Prevención nº 4 y, luego, en la justicia federal, a los autos n° 34.524-B,
acumulados a los autos n° 34.281-B, caratulados “Fiscal c/ MOCHI
Prudencio y otros p/ Av. Infracción art. 189 bis C.P. y ley 20.840”.
Según surge de las actas de los obrados referidos, entre el 29
de agosto y el 1° de septiembre de 1975 se les recibió declaración
indagatoria en sede policial, entre otros, a los detenidos Prudencio Oscar
Mochi (fs. 146) León Eduardo Glogowski (fs. 148), Ismael Esteban Calvo
Gutiérrez (fs. 152) y Blas Armando Yanzón (fs. 158), quienes desde un
primer momento se abstuvieron de declarar respecto de los delitos que se
les estaban imputando (todos referidos y contenidos en la ley 20.840).
El día 5 de setiembre de 1975 León Eduardo Glogowski declaró
en indagatoria ante el juez Miret y el fiscal Romano en sede del Juzgado
Federal N° 1, oportunidad en la que manifestó que fue detenido junto con
otra persona (de nombre Liggera) cuando tocaba timbre en la casa de un
tal “Alfredo” para gestionar la impresión de apuntes universitarios.
Asimismo, expresó que conocía a alguno de los imputados y que mantenía
una relación sentimental con Luz Faingold, pero que ella no tenía actividad
político sindical por lo que no se explicaba su detención esa noche.
Al ser preguntado si tenía algo más que agregar, respondió
que quería “denunciar y reclamar la devolución de cinco mil seiscientos
pesos que le sustrajeron al ser detenido en… la calle Malvinas
Argentinas...”; aclarando que cinco mil pesos los tenía en su billetera en el
bolsillo interior de su saco, el que habían roto al arrebatársela –exhibiendo
la rotura-. Que“... cuando mencionó la sustracción en la policía esa
mañana había recibido como respuesta una golpiza, exhibiendo… el labio
inferior en el que se nota una pequeña lesión e informa que se la hicieron
de un puñetazo”. También quiso “denunciar… el mal trato recibido en la
policía consistente en falta de alimento en los primeros días… tenerlo
vendado y no sacarlo del calabozo para hacer sus necesidades y
amenazarlos con un arma para que comieran vendados”. Añadió que
“escuchó que la señorita Faingold a gritos reclamaba que no la ultrajaran”.
25

Cuando el juez le preguntó si podía identificar o dar algún indicio respecto
de los autores de los hechos denunciados, contestó que lo único que sabía
era que estaban en el Palacio Policial pero que no conocía a los agentes
culpables, ya que permaneció casi todo el tiempo vendado al salir de los
calabozos. Por último, manifestó que por dichos de sus compañeros
detenidos sabía que a casi todos les faltaba algo, sobre todo relojes y unos
cheques de Yanzón (fs. 228/231).
26
25°) Que estas circunstancias -que obran en el expediente de
referencia- fueron también relatadas en lo sustancial por el propio
Glogowski durante su testifical ante este Jurado, ocasión en la que
contextualizó las dramáticas situaciones de terror (muertes, amenazas,
desapariciones de personas atribuidas a la denominada “Triple A”) que se
vivían en aquel tiempo en Mendoza. Contó que llegó en “estado de shock”
–tal su expresión- al Juzgado Federal, razón por la que no pudo reconocer
o retener, en un primer momento, los nombres de las personas que se
encontraban cuando comenzó su indagatoria, pero que en el instante en el
que tuvo el coraje de formular sus denuncias, puede recordar y afirmar
ahora que estaba el doctor Romano. Finalizando su deposición el testigo
dejó expresado su interrogante en cuanto a que si en ese momento se lo
hubiera escuchado, no podrían haberse evitado otras violaciones (v.
versión estenográfica de la audiencia del 21 de noviembre del corriente).
Cabe consignar que respecto de las denuncias formuladas por
el detenido Glogowski, el único aparente interés exteriorizado por el juez y
el fiscal de la causa fue esa última pregunta formulada al declarante
respecto del conocimiento que podía tener de los autores, sin que existiera
posteriormente absolutamente ninguna actuación impulsando algún tipo
de investigación en ese sentido.
26°) Que el 6 de septiembre de 1975 Ismael Esteban Calvo
declaró en indagatoria en los autos de referencia ante el juez Miret y el
fiscal Romano, negando inicialmente todos los cargos que se le imputaban,
para luego relatar que se encontraba en el domicilio de la calle Malvinas
Argentinas cuando un grupo de hombres entró empujando el portón y lo
detuvieron, le vendaron los ojos, lo ataron y lo amordazaron. Luego llegó
su tío Blas Armando Yanzón con otra persona y ambos fueron reducidos en
forma similar al declarante.
Al ser preguntado si deseaba agregar algo más, respondió que
quería “...denunciar que estando detenido en la Policía lo llevaron

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vendado, le preguntaban sobre los hechos que el declarante ignora y le
pegaron puñetazos, puntapiés y con un palo que escuchó que se quebraba
en todo el cuerpo exigiéndole que firmara cosa que hizo en tres papeles
que no le dieron a leer. Afirma que ayer y anteayer volvieron a pegarle
pero que no puede individualizar a los autores de los malos tratos en razón
de tener los ojos vendados…”. Agregó que no le habían devuelto $ 60.000
moneda nacional, un pañuelo y un cinturón que le sacaron en la casa de
calle Malvinas cuando fue detenido” (fs. 245/247).
Cabe puntualizar que desde un primer momento el mencionado
Calvo Gutiérrez presentó excoriaciones en frente y miembros inferiores,
así como traumatismos en región costal anterior derecha, aconsejándosele
rayos X para descartar lesiones óseas, según acta de fs.153 del expediente
de marras. Con todo ello, en este caso tampoco existe constancia alguna
de que se halla dispuesto algún tipo de medida investigativa respecto de
los hechos denunciados.
27°) Que el detenido Blas Armando Yanzón declaró en sede
judicial y en presencia del fiscal Romano el 6 de setiembre de ese año,
oportunidad en la que también negó todos los cargos que se formulaban
en su contra y denunció que cuando fue detenido el personal policial le
secuestró tres cheques, describiendo cada uno de ellos minuciosamente, y
otros objetos. A preguntas que se le formularon respondió que no podía
identificar a los autores de la sustracción porque estaba vendado y no
escuchó nombres de personal policial interviniente. Sobre estos delitos
denunciados tampoco se dispuso medida alguna por parte de quienes
estaban a cargo de la investigación en la causa (fs.248/249).
28°) Que de lo hasta aquí descripto puede advertirse en forma
clara la postura ambivalente que adoptaba el doctor Romano en su
actuación como fiscal según se tratara de investigar uno u otro tipo de
hechos delictivos y de quiénes fueran las víctimas, denunciantes o
denunciados. No es necesario efectuar una profunda interpretación
normativa para advertir a primera vista que el nombrado –al igual que el
juez a cargo de dicha causa- le asignaba un doble estándar a las leyes
penales, pesquisando con ahínco las imputaciones que se efectuaban por
infracción a la ley 20.840 y, por otro lado, restándole importancia al
imperativo legal que le imponía el artículo 118 del Código de
Procedimientos en Materia Penal, al punto de no realizar ninguna actuación
27

especto de los delitos que concretamente denunciaban los indagados
referidos. De esta manera desoía el mandato expreso que dicha norma le
imponía ya desde su primer inciso en cuanto a “Promover la averiguación y
enjuiciamiento de los delitos que correspondan a la Justicia Federal o del
fuero común, en el distrito en que ejerzan sus funciones, y que llegase a
su conocimiento por cualquier medio...”.
28
29°) Que en este orden de ideas, y continuando con lo el
desarrollo de la conducta exteriorizada por el doctor Romano en los autos
de referencia, ha de abordarse el emblemático caso referido a los
padecimientos por los que tuvo que pasar Luz Amanda Faingold Casenave,
quien contaba en el momento de su brutal detención con sólo diecisiete
años de edad (ver fs. 1 del incidente de restitución n° 34.498).
A raíz de la orden de allanamiento librada por el juez Miret en
el marco de la investigación por infracción a ley 20.840 (fs. 117), resultó
privada de su libertad por parte de personal policial el 29 de agosto de
1975 a altas horas de la noche, en el domicilio de la calle Malvinas
Argentinas antes citado. A partir de ese momento y mediante la prueba
incorporada (indagatorias obrantes a fs.1290/292 de la causa n° 34.281-
B, declaración de la nombrada Faingold Casenave en la audiencia del 14
de noviembre del corriente) se tiene por acreditado que fue encapuchada y
mediante amenazas con armas de fuego fue trasladada a un lugar en el
que fue brutalmente golpeada, violada y torturada psicológicamente
mediante simulacros de su propio fusilamiento, dejándola prisionera en
inhumanas condiciones en un calabozo dentro de lo que resultó ser el D-2,
donde permaneció desde ese día (la madrugada del 29 de agosto) hasta el
4 de setiembre cuando fue trasladada a un hogar de menores.
El día 5 de setiembre de 1975 el doctor Miret, en su calidad de
juez subrogante, le recibió declaración indagatoria a Luz Faingold en el
marco de la causa “Fiscal c/ Mochi” (fs. 217), ocasión en la que la menor
expuso su versión y negó su participación frente al extenso interrogatorio
que se le formuló respecto de las circunstancias y los hechos por los cuales
había sido detenida por una comisión policial. Según consta en el acta,
durante la indagatoria estuvieron presentes su abogado –el doctor
Garasino, a quien la menor había designado previamente-, sus padres y el
fiscal Romano, cuyas firmas obran al pie junto a las de los demás
intervinientes. Luz Faingold contó ante este Jurado que no recuerda haber
visto en ese acto al doctor Romano, pero que el funcionario podría haber

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ingresado por la puerta que daba a sus espaldas y encontrarse detrás suyo
(v. versión estenográfica de su declaración del día 14 de noviembre del
corriente).
Cabe agregar en este punto que la testigo afirmó en la
audiencia de debate, a instancias de una pregunta formulada por los
acusadores, que habría visto al doctor Romano ingresar a la celda donde
ella se hallaba en cautiverio sin que en ese momento supiera que era él.
No recordó haber mantenido diálogo alguno, intuyendo que podría haberle
preguntado el nombre a la declarante, creyendo recordar la cara de
desagrado de aquella persona. También manifestó que a raíz de ese
episodio indagó durante mucho tiempo sobre de quién podría haberse
tratado, y luego de descartar varias posibilidades dejó pasar el tema hasta
que lo olvidó. Recientemente, al ser alertada por su abogado Pablo Salinas
para que observara una publicación donde aparecía una foto de Romano,
sintió una fuerte reacción por reconocerlo después de 35 años.
30°) Que debe adelantarse en cuanto a este aspecto de su
testimonio que, no obstante no dudarse de su veracidad, no pueden
soslayarse las circunstancias erosionantes de la percepción y memoria de
la deponente dado -como ya se dijo- el extenso tiempo transcurrido desde
aquellos aberrantes hechos, además de las deterioradas condiciones físicas
y psicológicas en las que se encontraba dentro de aquella celda
nauseabunda y oscura, según la descripción que formulara. Que valorada
la declaración con los criterios de lógica y sentido común, antes de concluir
debe ser contrastada con la firme negativa expresada por la defensa en el
sentido de que el acusado no concurrió jamás a un centro de detención,
para determinar desde allí que no puede asumirse con certeza que la
situación haya ocurrido de la manera en que la víctima recuerda.
Es por ello que, no contándose con otros elementos
probatorios arrimados a este proceso, en esta instancia no es posible
endilgársele en forma fehaciente al acusado un hecho tan grave como el
de haber presenciado directamente en el lugar de detención D.2 las
inhumanas condiciones en que se mantenía a Luz Amanda Faingold
Casenave, sin perjuicio de las conclusiones a las que se puedan arribar en
la investigación que en la justicia penal de Mendoza se está llevando a
cabo.
29

30
31°) Que si bien es cierto que el sinceramiento respecto de su
primera declaración en relación a su presencia y detención frente a aquél
domicilio así como el relato de lo que realmente le había sucedido lo
efectuó varios años después (en diciembre de 1984) frente a otro
magistrado a cargo, doctor Jorge Roberto Burad, no lo es menos que no
tuvo otra motivación que el evidente cambio de circunstancias, en el
marco real de un verdadero contexto democrático, con las garantías que
ofrecía el juzgado federal para que la damnificada declarara libremente su
versión de los hechos y en particular lo ocurrido en cuanto a la brutal
vejación de la que fue víctima.
Dicho esto, cabe retrotraerse al momento de las primeras
actuaciones en la sede del Juzgado Federal N° 1, cuando declararon León
Eduardo Glogowski (fs. 228/231), la menor Luz Faingold (fs. 217/220),
Ismael Esteban Calvo (fs. 245/247) y Blas Armando Yanzón (fs.248/249),
para realmente dilucidar la actitud asumida por el fiscal Romano frente a
las circunstancias que se fueron desarrollando en esas jornadas.
En efecto, volviendo a la declaración de Glogowski,
particularmente en cuanto a su relato de los ilícitos cometidos contra él,
sus consortes de causa y de cómo percibió en forma auditiva y directa la
vejación de su novia por haberla oído suplicar que no la “ultrajaran” -
según su expresión en el acta-, puede advertirse la ausencia de voluntad
del procurador fiscal Romano en investigar alguno de los delitos
denunciados.
A mayor abundamiento, aún frente al aparente interés del juez
en iniciar alguna pesquisa al respecto al preguntarle al declarante “si podía
identificar o dar algún indicio respecto de los autores de los hechos
denunciados” y la obvia manifestación del detenido en cuanto a que “lo
único que sabía era que estaban en el Palacio Policial pero que no conocía
a los agentes culpables, ya que permaneció casi todo el tiempo vendado al
salir de los calabozos”, se abstuvo de cumplir con su deber funcional de
tratar de profundizar mínimamente la investigación de tales hechos,
requiriendo alguna medida tendiente a promover la averiguación e
identificación del o los autores (lo cual, a todas luces, ni siquiera
demandaba mayor esfuerzo dado que se encontrarían, con alto grado de
probabilidades, entre el personal policial que cumplía funciones en el D.2).
La verosimilitud y seriedad de la notitia criminis de la que
había tomado directo conocimiento la reafirmaba el hecho de que los

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propios denunciantes Glogowski e Ismael Esteban Calvo (éste en mayor
medida) mostraban los rastros y secuelas de las golpizas y maltratos
recibidos, lo que hacia más creíble aún la versión del primero en cuanto al
ultraje sexual que habría sufrido la menor a manos de quienes los habían
detenido y mantenido en cautiverio hasta ese día.
Sin embargo, el fiscal Romano no le solicitó al juez Miret
ninguna medida tendiente a verificar tal injusto ni a determinar sus
autores, sin que esta omisión pueda ser justificada -como ha tratado de
hacerlo la defensa- en el hecho de que Luz Faingold Casenave, en su
primera declaración frente a sus padres y letrado defensor, no haya
denunciado apremios ilegales, vejámenes ni violación. Tampoco puede
tener favorable acogida la exculpación intentada por la señora defensora al
argumentar que el doctor Romano “...recuerda que se le pregunto
expresamente por dicha circunstancia”, pero que no se dejó constancia de
ello probablemente por cuestiones de pudor (v. ap. c. del escrito de
defensa de fs. 1412/1458).
Es que justamente, al situarnos en el contexto social de
aquella época y tratándose de una adolescente, no puede soslayarse de
ningún modo la situación de desamparo en la que se encontraba, frente a
sus padres, su abogado y otras personas a las que ella no conocía, por
tanto resultaba pueril esperar que formulara algún tipo de denuncia en esa
situación y casi una burla pretender que relatara las circunstancias de su
propia violación. Es obvio que la pesquisa, si es que realmente se hubiera
querido realizar sobre ese hecho aberrante, debía llevarse a cabo en un
ámbito reservado y seguro para la menor, con adecuada asistencia médica
y psicológica y, por otro lado, continuarse indagando sobre los firmes
dichos de Glogowski, avalados en su veracidad por los de Calvo y Yanzón,
para identificar de entre los funcionarios policiales que se encontraban esa
noche y durante los días subsiguientes custodiándola en el D.2., a quienes
habían participado.
32°) Que tampoco es admisible la justificación pretendida en
cuanto a que era necesario el impulso particular para la investigación de
los delitos contra la libertad sexual según las prescripciones de los
artículos 71 y 72 del Código Penal, pues en el caso surgía a todas luces
que el ultraje del que se estaba anoticiando no era un ilícito del ámbito
privado de los denominados de alcoba. De lo que realmente se trataba era
31

de una denuncia de gravísimos apremios ilegales y tormentos cometidos
por funcionarios policiales a cargo de la custodia de los detenidos en el
Palacio Policial de Mendoza, y por lo tanto delitos federales de acción
pública previstos y reprimidos por el Código Penal vigente en ese
momento, por lo que la obligación de impulsar la pesquisa era inexcusable
para el señor fiscal Otilio Ireneo Roque Romano.
32
33°) Que más allá de la incorrecta actuación del juez de la
causa, el cual ya ha sido juzgado por este Cuerpo (en el respectivo
proceso de remoción seguido al doctor Luis F. Miret), el fiscal Romano
evidenció una conducta no menos reprochable que quedó plasmada en las
constancias de sus intervenciones en los autos de referencia, notándose
(como ya se acentuó en párrafos anteriores) que impulsaba con gran
celeridad y firmeza todas las medidas investigativas y coercitivas que
estuvieran al alcance para la investigación de los ilícitos referidos a la ley
de “antisubversión” -a modo de ejemplo puede observarse su propuesta
de medidas de fs. 252 -, lo cual sería aceptable si como contrapartida no
hubiera adoptado una postura absolutamente pasiva frente a las graves,
concretas y verosímiles denuncias por apremios, vejaciones, robos, etc.,
formuladas por quienes eran indagados en esa misma causa.
Sin embargo, el doctor Romano nada hizo respecto de los
delitos que llegaron a su conocimiento en forma directa por medio de los
indagados, ya que no sólo los escuchó personalmente, sino que además
pudo comprobar el estado de deterioro que presentaban, producto de los
tormentos que habían padecido y que estaban relatando en sus
declaraciones frente al juez y en su presencia.
34°) Que nuevamente, como ya se ha visto en los casos
anteriores, el doctor Romano se comportó con inexplicable desidia e
inactividad, incumpliendo así sus obligaciones como funcionario esencial
del sistema de justicia en representación del Ministerio Público, en abierta
infracción a lo preceptuado por el art.118, incisos 1° y 4° del Código de
Procedimientos en Materia Penal, el cual le imponía además, su deber de
garante procesal.
En nada enerva lo afirmado las justificaciones pretendidas por
la esforzada defensa en cuanto a que por aquellos días se realizaban
audiencias en forma simultánea por parte del personal de la secretaría del
juzgado -la que se había dividido en dos-, atento a la cantidad y lo extenso
de las declaraciones que debían tomarse respecto de esa causa, además

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del trabajo diario y habitual. Es que justamente lo inusitado de dicha
instrucción, comparada con lo que representaba en aquel entonces el
curso normal de la justicia federal de Mendoza -como lo puso de resalto la
señora Defensora Oficial en su escrito de fs. 1412/1458- le imponía al
fiscal interviniente su inmediación permanente sobre todos los actos
iniciales, como lo eran las indagatorias a los recién detenidos, de tal modo
que aún con la vertiginosidad con la que la defensora manifiesta debían
atenderse las causas, no podían pasarle desapercibidos los dichos de
aquellos, volcados en las actas que él firmaba, como tampoco el estado en
que se encontraban tales detenidos al momento de ir a declarar.
A mayor abundamiento, como bien resalta la defensa oficial,
surge de las actuaciones de referencia que a instancia del defensor de
Ismael Esteban Calvo Gutierrez y Blas Armando Yanzón, el doctor Romano
dictaminó favorablemente respecto de sus sobreseimientos (v. dictamen
de fs. 296), los que se hicieron efectivos a los quince días de producida
sus detenciones por auto de fs.297/298 del 15 de setiembre de 1975. Sin
embargo, no puede dejar de advertirse que, paradójicamente, entre los
fundamentos de ese decisivo –notificado y consentido por el fiscal en la
diligencia de fs. 301 vta.- se resaltó que ambos imputados se habían
pronunciado “...-en forma verosímil y coincidente-...” (ap.II de la
resolución mencionada), así como que sus explicaciones no se hallaban
contradichas, si no mas bien corroboradas por otro co-imputado en la
causa -de apellido Sisterna-.
Siendo ello así, cabe preguntarse: si se tuvieron por veraces
los dichos de aquellos imputados, por qué no creyó el doctor Romano
posibles las puntuales denuncias que efectuaron en cuanto a los malos
tratos y robos sufridos? Y peor aún, si admitió la credibilidad del total de
esas declaraciones, cómo es que no demandó las medidas tendientes a
investigar tales delitos de acción pública presuntamente cometidos por las
propias fuerzas de seguridad del D.2.? No puede hallarse otra respuesta
que la afirmación, nuevamente, de su incumplimiento deliberado de las
obligaciones impuestas por las normas procesales penales vigentes.
35°) Que por todos los hechos y circunstancias probadas y
descriptas precedentemente en el presente acápite, debe concluirse en
que la actitud reiteradamente omisiva de denunciar o investigar asumida
por el doctor Otilio Ireneo Roque Romano en los casos mencionados en
33

elación a León Eduardo Glogowski, Ismael Esteban Calvo, Blas Armando
Yanzón y Luz Amanda Faingold Casenave, es constitutiva de una conducta
impropia e inadmisible para la continuidad en el ejercicio de la
magistratura del acusado.
Incidente de entrega de Luz Faingold.-
34
36°) Que distinto ha de ser el temperamento a adoptarse
respecto de la imputación formulada y sostenida en sus alegatos por los
señores acusadores en relación a que la actuación del entonces fiscal Otilio
Ireneo Roque Romano en el incidente caratulado “Natalio Faingold solicita
entrega de su hija Luz Amanda Faingold” habría contravenido el régimen
legal que regía para los menores.
Esta cuestión, como bien resaltó la señora Defensora Oficial,
ya fue tratada minuciosamente en el fallo recaído en la causa n° 29 de
este Jurado “Doctor Luis Francisco Miret s/ pedido de enjuiciamiento”. No
obstante ello, dado que la postura procesal del juez interviniente era
distinta en cuanto a la posibilidad de acción y decisión de la que le
correspondía al representante del Ministerio Público, será abordada
nuevamente desde esta óptica.
En primer término, corresponde destacar que las primeras
actuaciones labradas por los agentes policiales integrantes del D.2,
atendiendo al ilícito comportamiento con el que actuaban -del que ya se ha
venido haciendo alusión en los casos anteriores-, no pueden ser tenidas
por incontrastables. Especialmente las actas (obrantes a fs.137 vta. y
138/138 vta. de la causa principal, del 29 de agosto de 1975) en las que
se daba cuenta de presuntas directivas del juez Miret en el sentido de que
se hiciera entrega de la menor a su madre, lo que así se habría cumplido
en el acto, para luego asentar al poco rato que el mismo magistrado
habría dispuesto la revocatoria de esa entrega en mérito de la “Ley
Nacional 13.944” , en lugar de consignar la Ley “14.394”, que era la
correcta. Todo esto aporta un marco de incertidumbre respecto del
momento en que en realidad le comunicaron al magistrado la detención de
la menor, lo que se hace extensivo a la figura del fiscal.
37°) Que pasando entonces a examinar las constancias del
incidente referido, puede comprobarse que el día 2 de septiembre de
1975, mediante la presentación formulada por el padre de la menor, el
juez tuvo noticia de su detención y le corrió vista del pedido de restitución

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presentado al fiscal interviniente, doctor Romano, quien se notificó ese
mismo día (v. fs.2/4 del incidente).
Respecto de los argumentos formulados por Natalio Faingold
en el sentido de que no serían de aplicación las previsiones del art.14 de la
ley 10.903 con las modificaciones del dec. ley 5286/57 –que regía en ese
momento, pues si bien su hija era menor de 18 años, acusada de delito,
no la debían disponer preventivamente pues no se encontraba material y
moralmente abandonada o en peligro moral, haciendo también referencia
al artículo 2° de la ley 14.394 (cfr. escrito obrante a fs.2/5 de dicha
incidencia)- el doctor Romano, a los efectos de dictaminar, solicitó las
actuaciones principales para “...determinar la naturaleza y gravedad del
delito o los delitos imputados a la menor Faingold”(v. fs.4).
El 4 de septiembre y luego de haber recibido sendos
certificados médicos aportados por los padres de la menor Faingold que
daban cuenta de un cuadro de “personalidad inmadura de la menor” con
un diagnóstico de “neurosis depresiva con sensibilidad al aislamiento” y
que por tal motivo necesitaba tratamiento y control constante por el
peligro de un posible retroceso, el juez Miret dispuso el traslado de la
detenida “...a dependencias de la Dirección Provincial del Menor adecuadas
a su edad y estado de salud...”, así como la realización por parte del
Cuerpo Médico Forense de un estudio psico-físico “...con carácter de
urgente e informe al Tribunal los resultados del mismo.” (cfr. decreto del 4
de septiembre de 1975 de fs. 8 vta.). Así es que, según las constancias de
fs. 10 y 12 de la incidencia, fueron librados y recibidos los oficios
pertinentes para el cumplimiento de lo ordenado, surgiendo además de las
actuaciones principales (fs.142 y 204 a 207) que en la misma fecha fueron
cumplidas por el personal policial tales disposiciones.
El día 5 de septiembre de ese año el fiscal Romano contestó la
vista conferida opinando que atento a la gravedad de los hechos que se le
atribuían a Luz Amanda Faingold, por los cuales en la etapa oportuna
debería decretarse su prisión preventiva -art.14 de la ley 10.903-, no
debía hacerse efectiva la entrega de la menor a sus padres, debiendo ser
internada en un establecimiento dependiente del Consejo Nacional del
Menor.
Luego de este dictamen el Juez Miret se pronunció en contra
de la petición iniciada por el señor Natalio Faingold, resolviendo no hacer
35

lugar a la entrega a sus padres de la menor Luz Amanda Faingold y,
consecuentemente, mantener su detención preventiva en dependencias de
la Dirección Provincial del Menor adecuadas a su edad y estado de salud,
todo ello conforme las previsiones del artículo 3° en función de los
artículos 1° y 2° de la ley 14.394. (resolución del día 6 de septiembre,
fs.16/16 vta. de la incidencia). Entre los argumentos esgrimidos para
fundar dicha decisión expresó que existían sospechas suficientes de que la
nombrada formara parte de una organización con finalidades políticas,
pero por fuera de la nómina de partidos políticos, por lo cual estaría
actuando en forma oculta, y que poseería instrucción militar habida cuenta
de las armas y municiones secuestradas en el domicilio en donde se
produjo la detención. Consecuentemente tuvo por probable, aunque
provisoriamente, que aquélla habría cometido graves delitos contra la
seguridad común y que no obstante su corta edad podía ser de gran
peligrosidad.
36
38°) Que para finalizar y a los efectos de decidir sobre la
presente imputación, resta mencionar que luego de apelada por los padres
y abogado de la menor la resolución de referencia, en el trámite de Alzada,
corrida la vista pertinente al señor Fiscal de Cámara doctor Manuel W.
Martín Maffezzini, éste se pronunció en forma rígida y aún más rigurosa
contra la restitución de la menor a sus padres, aseverando en alguno de
los párrafos de su dictamen que no había existido un control sobre ella ya
que de lo contrario “...indudablemente no estaría en la situación
presente...”, preguntándose en otro de los pasajes cómo era posible que
una niña como la menor Faingold, si ha sido debidamente criada, educada
y controlada, se viera envuelta en tales episodios, para luego concluir en
que tales circunstancias hablaban a las claras de una falta total de control
y dirección tanto de su padre como de su madre y que ello llevaba a
sostener lo resuelto por el señor juez a-quo (dictamen de fs.38).
Por su parte, el Tribunal de Alzada, si bien revocó la resolución
de referencia, no dispuso la nulidad de lo actuado e insistió en que “...el
Juez de la causa, amplíe y reitere la producción de todos los informes y
pericias que estime necesarios al efecto de determinar, también, en forma
que no admita dudas, cuál es la personalidad de la menor y el grado de
imputabilidad, como igualmente los controles que aseguren su
sometimiento al tratamiento médico correspondiente y a la vida del hogar
e inevitable control de su progenitora, todo ello al efecto, es obvio, de una

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
eventual aplicación de las normas previstas en el art. 7° de la ley 14.394
si fuere necesario”. Precisamente, esta norma estaba referida a que en los
casos en que un menor de dieciocho años incurriere en un hecho delictivo
el juez podría declarar, entre otras restricciones que incluían hasta la
pérdida de la patria potestad, la de “...disponer el régimen que
corresponda que hará cumplir por intermedio del Consejo Nacional del
Menor, o por la autoridad que corresponda en jurisdicción provincial”.
39°) Que en definitiva, de la breve reseña efectuada
precedentemente respecto de las instancias relevantes del incidente de
marras para la dilucidación de este punto, se desprende que el doctor
Romano, en su carácter de fiscal, intervino en las oportunidades en que se
le corrió vista expresando su opinión contraria a la entrega de la menor a
sus padres -al igual que lo hizo el Fiscal de Cámara-. Dicha actuación se
efectuó, según las constancias existentes, dentro del ámbito jurídico y
respecto de una cuestión opinable, según las diferentes apreciaciones e
interpretación de las circunstancias de hecho y de derecho que regían el
caso, no advirtiendo este Jurado que el acusado haya contravenido en el
particular el régimen legal que regía para los menores. El que
indudablemente aparece alejado de los actuales parámetros y normas
constitucionales y convencionales.
Lesiones presentadas por Prudencio Oscar Mochi.-
40°) Que en lo concerniente a la actuación del doctor Romano
en esa misma causa pero en relación a la detención del imputado
Prudencio Oscar Mochi, cabe consignar que el nombrado fue aprehendido
en el marco de aquel procedimiento efectuado en el domicilio de Malvinas
Argentina n° 97 entre los días 28 y 29 de agosto de 1975, en virtud de
una orden de captura librada por el juez federal. La única versión oficial de
las circunstancias de dicha detención quedó plasmada en el acta de la
prevención, en la cual se hizo constar que Mochi se había dado a la fuga a
la carrera y al no acatar la voz de alto impartida se efectuó un disparo al
aire, siendo finalmente detenido a las cuatro cuadras, presentando una
herida de bala en la pierna izquierda (acta de fs. 123/124 labrada por el
Departamento de Informaciones de la D.2).
Al día siguiente la instrucción policial dispuso el reconocimiento
médico de Mochi pues “...presenta una herida adquirida en el
37

procedimiento realizado por personal de la Brigada de Investigaciones...”
(fs. 142vta.). Seguidamente (fs.143) obra la orden policial emitida el
28/8/75 para que se examinara a Prudencio Oscar Mochi y se informara
sobre las lesiones presentadas, su origen, tiempo de curación e
incapacidad laboral. Al pie, el médico policial certificó que al momento del
examen presentaba una “...herida producida por arma de fuego, con
orificio de entrada en cara posterior de muslo izquierdo a la unión del
tercio medio con el inferior, con orificio de salida en cara interna de muslo
izquierdo a la misma altura. Tiempo probable de curación e incapacidad
laboral se establece en 25 días, salvo complicaciones y a partir del
momento del hecho”.
38
Luego de ello, el día 5 de setiembre de ese año, el nombrado
Mochi es conducido en calidad de detenido a declarar en indagatoria frente
al juez Miret y el fiscal Romano, ocasión en la que se abstuvo de declarar
respecto de los delitos que se le estaban endilgando en la causa (v. acta
de indagatoria de fs.222).
41°) Que las actas policiales descriptas anteriormente dando
cuenta de la cronología de la detención de Mochi y de la herida provocada
en consecuencia, sumadas a las constancias de la inmediata atención
médica del aprehendido, aparentaban cierta normalidad en el
procedimiento, especialmente teniendo en cuenta que para esa época se
había instaurado el estado de sitio.
Ciertamente, la versión policial en cuanto a que se habría
efectuado un disparo intimidatorio al aire y terminó impactando en el
muslo izquierdo del perseguido -con orificio de entrada en cara posterior y
de salida a la misma altura- es de muy dudosa verosimilitud, pero no
puede soslayarse que la acción por la herida producida en consecuencia -
descripta en el informe de fs.143- se hallaría incursa dentro del ámbito de
las acciones dependientes de instancia privada y fuera de la esfera de
impulso del Ministerio Público.
Asimismo, cabe recordar que las normas de procedimiento
vigentes preveían, entre las diligencias de prevención que efectuaran los
funcionarios, el uso de la fuerza “cada vez que fuese indispensable para el
debido desempeño de sus atribuciones” (art.182 inc. 12 C.P.M.P, ley
2372), así como también instituían al juez como el director y contralor de
esos procedimientos desde el inicio de la prevención.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
Dicho esto, debe arribarse a la conclusión de que, en la
especie, era el juez de la causa quien debió haber indagado y ordenado
formar las actuaciones pertinentes ante las irregularidades cometidas en el
proceso de detención de Mochi por el personal policial (art.197 cód cit.).
42°) Que si bien de lo desarrollado en los casos anteriores
puede afirmarse sin hesitación que el doctor Romano no se caracterizaba
por controlar la legalidad del proceso en cuanto a la actuación de las
fuerzas de seguridad, en lo que se refiere a esta cuestión, no existiendo en
el presente otros elementos de cargo, no puede adjudicársele una
conducta impropia que amerite su destitución en el cargo.
Causa n° 36.887-B “Fiscal c/ Luna, Roque Argentino y otros s/
arts. 213 bis, 292 en función del art. 296, 189 bis del C.P. y ley
20.840”.-
43°) Que los representantes del Consejo de la Magistratura
imputan al doctor Otilio Ireneo Roque Romano el haber omitido efectuar
denuncia penal con motivo de los delitos de acción pública relatados por
los entonces imputados Héctor Enrique García, Elbio Miguel Belardinelli,
Antonio Savone, Leopoldo López, Olga Marzetti, Víctor Hugo Díaz Panello,
Roque Argentino Luna, Rosa del Carmen Gómez, David Agustín Blanco,
Carlos Daniel Ubertone, Alberto Ramón Córdoba, Alicia Beatríz Morales de
Galamba y María Luisa Sánchez de Vargas en el marco de la causa n°
36.887-B, en la que intervino como fiscal.
44°) Que el presente expediente fue iniciado por la Policía de
la Provincia de Mendoza, Departamento de Informaciones Policiales D-9, el
1º de junio de 1976, a raíz de la aprehensión de Roque Argentino Luna
como supuesto participe de la organización “Montoneros”, de acuerdo con
las investigaciones dispuestas por el Consejo de Guerra Especial Estable y
conforme con la Ley de Seguridad Nacional –Nº 20.840- y el Decreto Ley
Nº 2452 (fs. 1).
A partir del interrogatorio de Roque Argentino Luna (fs. 4/5) se
dispuso –entre otras medidas- instruir sumario, dar intervención al
Comandante de la Octava Brigada de Infantería de Montaña con asiento en
Mendoza y detener a sus otros supuestos cómplices.
39

40
Así, de acuerdo a las constancias del expediente policial, el 2
de junio de ese año se procedió a la detención de Rosa del Carmen Gómez
González, quien ese mismo día fue indagada por la Policía de la Provincia
de Mendoza (conf. fs. 7/9).
De la misma manera aconteció posteriormente con David
Agustín Blanco –detenido e indagado el 6 de junio, conf. fs. 12/13vta.-;
Héctor Enrique García –detenido e indagado el 7 de junio, conf. fs. 15/16-;
Elbio Miguel Belardinelli –detenido e indagado el 7 de junio, conf. fs.
22/23-; Antonio Savone –detenido e indagado el 14 de junio, conf. fs.
45/46-; Leopoldo López –detenido e indagado el 14 de junio, conf. fs.
47/48 y 199-; Alicia Beatriz Morales de Galamba –detenida e indagada el
14 de junio, conf. fs. 49/50-; María Luisa Sánchez de Vargas –
detenida e indagada el 14 de junio, conf. fs. 51/52vta.-; Olga Rosa
Marzetti –detenida e indagada el 25 de junio, conf. fs. 81/82-; Víctor Hugo
Díaz Panello – detenido el 7 de agosto e indagado el 11 del mismo mes,
conf. fs. 212 y 219/220-; Carlos Daniel Ubertone –detenido e interrogado
el 30 de julio, conf. fs. 231; y Alberto Ramón Córdoba –detenido e
interrogado el 30 de julio, conf. fs. 232-.
El 19 de octubre de 1976 el Consejo de Guerra Especial Estable
de la Subzona 33 dictó sentencia respecto de Alicia Beatriz Morales de
Galamba y María Luisa Sánchez de Vargas condenándolas a las penas de
cinco y cuatro años de reclusión respectivamente, por considerarlas
autoras penalmente responsables de los delitos de tenencia de armas,
municiones y explosivos e incitación pública a la violencia colectiva en
grado de tentativa. En el tercer punto dispositivo del mismo fallo se
dispuso remitir el sumario policial al señor Juez Federal para la
investigación de aquellas conductas que pudieran ser de su competencia
(fs. 246/247) lo cual se efectivizó el 27 de octubre de ese año (fs. 248).
45°) Que recibido el expediente en el Juzgado Federal de
Mendoza a cargo del doctor Gabriel Guzzo, a casi cinco meses de iniciado
el proceso, el Procurador Fiscal Federal Otilio Roque Romano se expidió
sobre la pertinente competencia del magistrado y solicitó la instrucción del
sumario (fs. 248vta).
El 3 de noviembre de 1976 el juez Guzzo ordenó recibirles
declaración indagatoria a Héctor Enrique García, Elbio Miguel Belardinelli,
Antonio Savone, Leopoldo López, Olga Marzetti, Víctor Hugo Díaz Panello,
Roque Argentino Luna, Rosa del Carmen Gómez, David Agustín Blanco,

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
Carlos Daniel Ubertone, Alberto Ramón Córdoba, Alicia Beatriz Morales de
Galamba y María Luisa Sánchez de Vargas (fs. 249).
El 12 de noviembre de 1976 el magistrado, con la asistencia de
su secretario, le recibió declaración indagatoria a Víctor Hugo Díaz, quien
ratificó sus declaraciones anteriores -212 y 219/220- prestadas ante el
personal policial y aclaró que las realizó sin ningún tipo de presión (fs.
264).
Elbio Miguel Belardinelli prestó declaración indagatoria ante el
doctor Guzzo el 17 de noviembre de 1976, luego de lo cual el magistrado
dispuso su libertad. En dicho acto procesal manifestó no haber sufrido
algún tipo de apremio o haber observado irregularidades mientras
permaneció detenido, y sólo realizó una aclaración respecto al contenido
de su indagatoria (fs. 22) prestada ante personal policial (fs. 266/7).
El 15 de marzo de 1977 el magistrado se constituyó en la
Unidad Carcelaria Nº 9 con asiento en la ciudad de La Plata a los fines de
recibirle declaración indagatoria a David Agustín Blanco, quien se abstuvo
de prestar declaración aduciendo que antes de hacerlo deseaba hablar con
el abogado de su confianza que asumiría la defensa (fs. 305).
María Luisa Sánchez Sarmiento de Vargas prestó declaración
indagatoria en el Centro de Detención de Villa Devoto, ciudad de Buenos
Aires, el 17 de marzo de 1977, con la presencia del señor Defensor Oficial
que la asistía, doctor Guillermo Petra Recabarren. En esa oportunidad
denunció una serie de irregularidades en el procedimiento policial –la
obligaron a firmar documentos con sus ojos vendados, razón por la cual
desconoció el contenido y tenor de los documentos que se le exhibieron- y
además señaló haber sufrido malos tratos mientras permaneció privada de
su libertad en la ciudad de Mendoza (fs. 307/314).
El 19 de abril de 1977, en la Unidad Carcelaria Nº 9 con
asiento en la ciudad de La Plata, prestó declaración indagatoria David
Agustín Blanco, quien denunció irregularidades en el procedimiento y
haber sufrido distintos apremios ilegales mientras permaneció detenido en
el Departamento Central de la Policía de Mendoza, en ocasión de ser
interrogado por el personal policial. Además en ese acto exhibió al juez y
secretario actuante seis especies de ampollas pequeñas que tenía en la
zona abdominal como consecuencia de un interrogatorio con electricidad,
motivo por el cual el magistrado al finalizar la declaración dispuso su
41

examen médico con el objeto de constatar las lesiones que tenía,
determinar su origen y su antigüedad (fs. 337/339).
42
El 22 de abril de 1977 el Jefe de la Unidad Nº 9 de la ciudad de
La Plata, Prefecto Abel David Dupuy, informó al señor juez federal Gabriel
Guzzo que en el examen médico se comprobó: “…la presencia de tres
lesiones cicatrizables, redondeadas de aproximadamente un centímetro de
diámetro, ligeramente sobreelevadas de la superficie dérmica, de aspecto
acrómico, ubicadas sobre la línea medio abdominal, en cara anterior y
mitad superior del abdomen, localizadas respectivamente, la primera
inmediatamente por debajo del apéndice xifoides, la segunda en el punto
medio de línea xifoumbilical y la tercera en el tercio izquierdo de dicha
línea. Además existe una cuarta lesión de iguales características a las ya
descriptas, a la derecha de la línea media. No pueden precisarse las
causas y el tiempo probable de producción oscilaría entre ocho y doce
meses. Servicio Médico, (U.9), Abril 22 de 1977….” (fs. 343).
El 26 de abril de 1977 el doctor Guzzo, entre otras medidas,
ordenó oficiar a la Penitenciaria Provincial y Cárcel de Detenidos de
Mendoza y a la Unidad Carcelaria Nº 9 de la ciudad de La Plata, a los fines
de que se informe el estado psicofísico de David Agustín Blanco a la fecha
de ingreso a esos establecimientos (fs. 344).
A fs. 348 del expediente obra glosada la constancia de
notificación del doctor Otilio Roque Romano respecto de las medidas
dispuestas por el magistrado sobre los supuestos apremios ilegales
denunciados por Blanco.
El 4 de mayo de 1977 se recibe en el Juzgado el informe
remitido por el Director de la Penitenciaria Provincial y Cárcel de detenidos
de Mendoza, Comisario General retirado José Naman García, donde se hizo
saber que el Jefe de la División Sanidad de esa penitenciaria, a su vez, le
informó que no existían registros respecto del interno David Agustín
Blanco (fs. 357/358).
Alicia Beatriz Morales de Galamba prestó declaración
indagatoria en el Juzgado Federal el 18 de mayo de 1977 haciendo un
relato de los hechos mediatos a su detención denunciando irregularidades
en el procedimiento policial tales como hacerle firmar actas y
declaraciones sin poder ver su contenido por cuanto siempre la obligaban a
suscribirlas con sus ojos vendados y bajo amenaza (fs. 377/381).

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
A fs. 383 el señor Defensor Oficial, doctor Petra Recabarren,
por pedido expreso de su asistida Alicia Beatriz Morales solicitó al
magistrado que se oficiara al Consejo de Guerra con asiento en esa ciudad
y a la Policía Provincial (D-2) para que informara el destino de todo el
mobiliario de su domicilio –calle Rodríguez Nº 78 de esa ciudad-, del
vehículo Citroen 3CV y la mercadería que se comerciaba, a lo cual el
doctor Guzzo dio curso oficiando en consecuencia (fs. 383vta.).
El 24 de mayo de ese año prestó declaración indagatoria
Héctor Enrique García, quien en primer lugar solicitó hablar con su letrado
de confianza –según constancia de fs. 386- y luego de entrevistarse con el
doctor Pedro Francisco Baglini realizó una exposición de los hechos
relacionados a la imputación en su contra y denunció haber sufrido
distintos apremios ilegales mientras permaneció detenido en el D-2 de la
Policía de Mendoza (ver fs. 387/389).
Roque Argentino Luna declaró en indagatoria celebrada el 30
de mayo de 1977 ante el Juez Federal de Mendoza denunciando
irregularidades en el procedimiento policial y militar –lo obligaron a firmar
documentos sin saber que contenían-, y además, haber sufrido torturas
mientras había permanecido aprehendido en el D-2 de la Policía de
Mendoza. El acta labrada en ocasión de llevarse a cabo dicho acto procesal
fue firmada además del juez de la causa, por su Secretario –doctor Jorge
A. Gargüir- y el señor Defensor Oficial –doctor Petra Recabarren- (fs.
431/433).
Al día siguiente se le recibió declaración indagatoria en el
Juzgado Federal de Mendoza a Rosa del Carmen Gómez González, quien
también denunció distintas irregularidades en el procedimiento policial –la
obligaron a firmar varias declaraciones- y distintos tipos de vejámenes y
apremios ilegales mientras permaneció detenida (fs. 434/437). El acta
labrada en ese acto fue suscripta por el Magistrado, su Secretario y el
señor Defensor Oficial, quien se hizo presente cuando ya se había iniciado
el acto.
El 31 de mayo el juez Guzzo ordenó a la Dirección de la
Penitenciaria Provincial y Cárcel de Detenidos practicar un informe médico
a Héctor Enrique García a fin de determinar el estado de su salud y la
constatación de lesiones en su cuerpo, fechas de su producción y causas
43

de las mismas. Además requirió que se le informe si se le había
confeccionado ficha médica (fs. 440).
44
Carlos Daniel Nicolás Ubertone prestó declaración indagatoria
en el Juzgado Federal de Mendoza, ante el Magistrado, su Secretario y el
señor Defensor Oficial el 1º de junio de 1977. Allí hizo saber que mientras
permaneció detenido en dependencias policiales y del servicio penitenciario
provincial fue presionado para firmar varios papeles con los ojos vendados,
rectificando en la audiencia las imprecisiones vertidas en los documentos
firmados ante la autoridad policial y militar (ver fs. 444/446).
Ramón Alberto Córdoba declaró en indagatoria llevada a cabo
el 2 de junio de 1977 en el Juzgado Federal de Mendoza con la presencia
del Magistrado, su Secretario y el señor Defensor Oficial. En dicho acto
denunció haber sufrido apremios ilegales cuando fue interrogado en el
Departamento Central de la Policía Mendocina, señalando además que fue
obligado a firmar distintas declaraciones en la Seccional 7ma., en el D-2 y
también en la penitenciaria provincial sin poder leer su contenido ya que le
vendaban los ojos. Finalmente agregó que mientras permaneció detenido
en el Palacio Policial se le habían retenido todos sus efectos personales, los
que luego le fueron devueltos salvo un anillo de compromiso de oro blanco
que se lo observó puesto a un oficial de policía al cual describió (ver fs.
447/450).
El doctor Otilio Roque Romano interpuso recurso de reposición
y apelación en subsidio contra el decreto de fs. 383vta. por entender que
no tenia relación con el objeto procesal del expediente (“…convertiríamos
al Tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas…”) y que no
cumplía con los requisitos de una denuncia conforme los parámetros
fijados por el art. 156 del Código de Procedimientos en Materia Penal (fs.
458).
El 7 de junio de 1977 volvió a prestar declaración indagatoria
Rosa del Carmen Gómez, quien nuevamente relató haber sido torturada y
obligada a firmar tres declaraciones con los ojos vendados (fs. 459). Este
acto procesal fue llevado a cabo por el magistrado y su secretario.
Ese mismo día el doctor Guzzo hizo lugar al recurso de
reposición interpuesto por el doctor Otilio Roque Romano, revocó por
contrario imperio el decreto de fs. 383vta. dejando sin efecto los oficios
dispuestos en consecuencia (fs. 460) y notificó al Procurador Fiscal (fs.
460vta.).

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
Leopoldo López Muñoz prestó declaración indagatoria el 28 de
julio de 1977 en los estrados del Juzgado Federal de Mendoza ante el
doctor Guzzo, su Secretario, el señor Defensor Oficial, doctor Petra
Recabarren y el Procurador Fiscal, doctor Otilio Roque Romano. Allí
denunció que mientras permaneció detenido tanto en el D-2 como en la
Seccional 3ra de la Policía Provincial lo hicieron declarar y firmar
documentos con los ojos vendados (fs. 486/488).
El 29 de julio de 1977 compareció a prestar declaración
indagatoria en el Juzgado Federal de Mendoza, Olga Rosa Marzetti, quien
se negó a declarar (fs. 491).
Antonio Savone prestó declaración indagatoria en el Juzgado
Federal de Mendoza el 1º de agosto de 1977 ante el doctor Guzzo y su
secretario. En esa oportunidad hizo saber a los funcionaros que durante
su detención fue obligado a firmar sendas declaraciones con los ojos
vendados, tanto en el Departamento de Policía como en la Unidad
Penitenciaria. Agregó que “… sabía que era incorrecto, pero con todo lo
que he pasado ahí no podía hacer otra cosa…” (fs. 497/499).
46°) Que con fecha 6 de septiembre de 1977 el fiscal Romano
solicitó al magistrado de la causa el dictado de la prisión preventiva
respecto de Luna, Gómez González, Blanco, Ubertone Conde, Córdoba y
Morales de Galamba por encontrarse reunidos –a su criterio- los extremos
del artículo 366 del Código Procesal en Materia Penal (fs. 515).
El 28 de septiembre de 1977 el doctor Guzzo resolvió
sobreseer provisionalmente en la causa a los nombrados Luna, Gómez
González, Blanco, Ubertone Conde, Córdoba y Morales de Galamba. Para
ello valoró especialmente la existencia de grandes diferencias entre lo
declarado por los acusados tanto en sede policial como militar y lo
expuesto en sede judicial, además de la existencia de ciertas
irregularidades –firmas de declaraciones sin poder ver su contenido,
presiones y amenazas para firmarlas- y de los apremios ilegales
denunciados por Blanco y Córdoba (fs. 519/521).
(fs. 525).
Dichos sobreseimientos fueron recurridos por el doctor Romano
El 18 de septiembre de 1978 la Cámara Federal de Apelaciones
de Mendoza integrada por los doctores Julio E. Soler Miralles, Luis
Francisco Miret y Pedro J. Lella resolvió revocar el auto apelado y decretar
45

la prisión preventiva de Luna, Gómez González, Blanco, Ubertone Conde,
Córdoba y Morales de Galamba en orden a los delitos previstos por los
arts. 213 bis del Código Penal y 1º y 2º incs. a) y c) de la ley 20.840 (fs.
562/571).
46
Un mes más tarde, 18 de octubre de 1978, el doctor Guzzo
resolvió declarar clausurada la instrucción de la causa, elevarla a plenario
y remitirla al señor Procurador Fiscal a los fines previstos en el artículo 457
del Código de Procedimientos en lo Criminal, lo cual fue notificado a Otilio
Roque Romano en la misma fecha (fs. 577/vta).
El 19 de octubre, o sea, al día siguiente, el doctor Romano le
solicitó al magistrado la certificación de los antecedentes penales de los
procesados y la comunicación de la resolución de la Cámara conforme lo
estipulado por la ley 11.752 lo cual así fue dispuesto (ver fs. 577vta.).
El 27 de abril de 1979 se dio por cumplido el requerimiento del
doctor Romano –fs. 577vta.- y se corrió nueva vista al Ministerio Público
Fiscal, para ese entonces ya representado por el doctor Edgardo A. Díaz
Araujo (fs. 673).
Con fecha 2 de octubre de 1979 se produjo la acusación del
nuevo Procurador Fiscal Federal, quien solicitó que se condenara a David
Agustín Blanco, Carlos Daniel Ubertone, Ramón Alberto Córdoba, Rosa del
Carmen Gómez, Alicia Beatriz Morales de Galamba y Roque Argentino Luna
a distintas penas de reclusión en orden a los delitos previstos por el art.
213 bis del Código Penal y arts. 1º y 2º incisos a) y b) de la ley 20.840
(ver fs. 693/700).
Seguidamente, a fs. 702 el doctor Díaz Araujo le solicitó al
doctor Guzzo la investigación de los apremios ilegales denunciados por
David Agustín Blanco y el magistrado en la misma foja decretó:
“MENDOZA, 4 de octubre de 1979. Previo a resolver la petición fiscal
precedente, requiérase de la Policía de la Provincia, suministre al Tribunal
el apellido y nombre de los funcionarios de esa repartición que
intervinieron en el Sumario de Prevenciones 4/76 instruido por el
Departamento Informaciones Policiales D-2. OFICIESE.-“
El 22 de octubre se cumplió lo dispuesto precedentemente
mediante oficio Nº 4989-B (fs. 703), que fue contestado cuatro días más
tarde por el Comisario Mayor Juan Agustín Oyarzabal (fs. 720) haciendo
saber que el requerimiento había sido girado al Comando de la Octava
Brigada de Infantería de Montaña de conformidad con lo decretado en el

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
punto 4º de la Orden Reservada Nº 239/76, lo cual fue puesto en
conocimiento del Procurador Fiscal Federal (fs. 720vta).
El señor Defensor Oficial, doctor Guillermo Max Petra
Recabarren, contestó la acusación del Ministerio Público Fiscal el 18 de
octubre del mismo año y solicitó la absolución de todos sus asistidos (fs.
704/715).
El 11 de junio de 1980 el doctor Guzzo resolvió condenar a
Roque Argentino Luna, Ramón Alberto Córdoba y Carlos Daniel Ubertone a
las penas de tres años de prisión para el primero y cinco años de prisión
para los dos últimos por considerarlos penalmente responsables de los
delitos previstos y reprimidos por el artículo 213 bis del Código Penal y
artículos 1º y 2º incisos a) y b) de la ley 20.840 (ver fs. 816/825).
Asimismo, en el mismo fallo resolvió absolver de culpa y cargo a Rosa del
Carmen Gómez, David Agustín Blanco y Alicia Beatriz Morales de Galamba
por los delitos atribuidos oportunamente en la acusación fiscal.
47°) Que a raíz de las apelaciones interpuestas tanto por la
defensa como por el Procurador Fiscal Federal la causa se remitió a la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 3 de noviembre de 1980
(fs. 872), donde el doctor Romano volvió a tomar contacto con el
expediente en su carácter de Fiscal de Cámara (fs. 874).
El 10 de diciembre de ese año el Fiscal de Cámara, Otilio
Roque Romano, expresó agravios y al valorar la prueba del expediente
afirmó: “… 9) Debe tenerse especialmente en cuenta que la declaración
que Blanco virtiera ante el Consejo de Guerra (fs. 73) y en la que reconoce
conocer a Rabanal, Suárez, Rosales y otros miembros de la cedula no ha
sido desmentida por el procesado, ni hay indicios o razones que nos lleven
a pensar que su contenido no es otra cosa que los dichos de los propios
imputados. Advierta V.E. que nadie, ninguno de los procesados ha
denunciado haber sido objeto de apremios o presiones en el Consejo de
Guerra.”
La Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
con fecha 11 de junio de 1981 finalmente resolvió revocar parcialmente el
fallo apelado en cuanto disponía la absolución de David Agustín Blanco, al
que condenó a la pena de seis años de prisión por resultar penalmente
responsables de los delitos previstos y reprimidos por el artículo 213 bis
del Código Penal y artículos 1º y 2º incisos a) y b) de la ley 20.840. Y por
47

otra parte, en el mismo resolutorio confirmó el temperamento absolutorio
dictado respecto de las otras dos imputadas (ver fs. 889/896).
48
En éste fallo el doctor Soler Miralles, voto que lideró el acuerdo
y encontró consenso en sus colegas de Sala, sostuvo que: “…El señor Juez
Inferior ha encuadrado la situación de Blanco en la hipótesis del art. 13 del
C.P.Crim, fundado en que, presentando este procesado signos de violencia
que el Juzgador estima susceptibles de atribuirse a apremios ejercidos
sobre el mismo al ser examinado por la prevención policial, si bien no da
por acreditada su existencia, ante la posibilidad de que, por los signos
referidos, ellos resulten //´ corroborantes de las manifestaciones del
imputado sobre el estado físico y anímico en que se podría haber
encontrado en el momento de declarar ´, asume el sentenciante que ´el
valor indiciario inicial de sus dichos policiales se ve perturbado´ (suc. fs.
821 v.); de ahí su duda.-“
48°) Que durante el debate oral y público llevado a cabo en el
presente enjuiciamiento prestó declaración testimonial Rosa del Carmen
Gómez, quien relató cómo fue detenida en el mes de junio de 1976 y
luego torturada y violada en forma reiterada mientras permaneció privada
de su libertad. Además agregó que: “me pregunta[ba Romano] quiénes
eran los que me habían violado, le dije ´no sé´, en la sala de tortura no
sé, pero los que me violaron en las celdas, sus caras las tengo en mi
mente. Entonces, como no sabía los nombres no me recibieron la
denuncia. Era muy difícil saber cómo se llamaban porque ellos se ponían
sobrenombres…”, “…Entonces, [Romano] me decía que era imposible hacer
una denuncia si no sabía los nombres de los que me habían violado y
realmente... Yo nombraba a un señor que le decíamos en el D2 "Pulóver
Bordó" que es el que yo cuando me sacan las vendas -estuve dos meses
largos vendada y mi olfato y mi oído fue... increíblemente cuando los
olores y los ruidos y las voces de ellos las reconocí cuando en algún
momento me sacaban las vendas; entonces se me grabaron sus caras y
hasta el último día fui violada. Uno de ellos está muerto, las caras de los
violadores. Entonces, yo le decía que yo podía decir... si lo veo puedo
decirle quién es, pero no sé sus nombres. Entonces no me permitieron
hacer esa denuncia. Con el tiempo el hombre que estaba ahí, en esa
oficina, era muy buen mozo y con el tiempo me doy cuenta de que es este
señor Romano, que no sé qué papel hacía en ese momento porque
realmente yo nunca fui más al juzgado y mi denuncia fueron recién

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
después de mucho tiempo de poder saber quiénes eran los que me
violaron con nombre y apellido y dónde trabajaban, porque antes nunca
me recibieron una denuncia….”.
49°) Que llegado el momento de analizar las constancias
obrantes en el expediente nº 36.887-B “Fiscal c/LUNA, Roque Argentino y
otros….” y el testimonio prestado en la audiencia por Rosa del Carmen
Gómez, este Jurado tiene por acreditado que casi la totalidad de las
personas detenidas en esa investigación denunciaron ante el magistrado y
los distintos funcionarios que actuaban en él -entre ellos el por entonces
Procurador Fiscal Federal Otilio Roque Romano- distintas clases de
irregularidades delictivas llevadas a cabo por el personal policial,
penitenciario y militar.
Así, María Luisa Sánchez Sarmiento de Vargas, David Agustín
Blanco, Alicia Beatriz Morales de Galamba, Roque Argentino Luna, Rosa del
Carmen Gómez González, Daniel Nicolás Ubertone, Ramón Alberto
Córdoba, Leopoldo López Muñoz y Antonio Savone al ser indagados por la
Justicia Federal de Mendoza hicieron saber concretamente que al declarar
en sede policial, militar y en algunos casos en los centros de detención del
servicio penitenciario provincial, se los obligaba a firmar con sus ojos
vendados, razón por la cual la mayor parte de ellos desconocieron el
contenido de dichos documentos.
A esto se suma que David Agustín Blanco, Héctor Enrique
García, Roque Argentino Luna, Rosa del Carmen Gómez y Ramón Alberto
Córdoba también denunciaron haber sufrido apremios ilegales durante su
detención y como medio de compulsión para que aportaran la información
que se les requería. Además, el último de los nombrados denunció
concretamente haber sido victima del desapoderamiento de un efecto
personal por parte del personal de un centro de detención.
No sucedió lo mismo con Víctor Hugo Díaz, Elbio Miguel
Belardinelli y Olga Rosa Marzetti que nada denunciaron, la última por
haberse negado a declarar.
50°) Que fijados dichos extremos, se ha de determinar ahora
qué temperamento adoptó el magistrado aquí enjuiciado ante los hechos
denunciados por los detenidos, y de existir algún tipo de omisión, si
resulta ser de entidad tal como para considerarla una causal de mal
desempeño.
49

50
A poco de analizar el expediente en cuestión resulta claro que
el doctor Romano estuvo al tanto de las distintas irregularidades
denunciadas por los detenidos desde el inició de la investigación judicial.
En efecto, a las vastas notificaciones personales que existen en el
expediente (fs. 248vta, 255, 274vta, 324vta, 325vta, 327vta, 333vta,
336vta, 348, 361vta, 364vta, 374, 381, 458, 460vta, 525vta, 530vta,
533vta, 544vta, 572, 576vta, 577vta, 588vta), realizadas antes o después
de las declaraciones de los imputados, se suman los escritos judiciales que
presentó en la causa, donde para hacer valer su pretensión hizo mérito de
las distintas indagatorias.
Además, no es preciso lo afirmado por la esforzada Defensa
Oficial en su alegato, en cuanto sostuvo que: “…No hay una declaración
indagatoria de las personas que se mencionaron en esta audiencia, donde
el doctor Romano, en su calidad de fiscal, ni en ninguna otra, haya estado
presente. Si bien era notificado de las indagatorias, no comparecía.”
Es que en las declaraciones indagatorias de Alicia Beatriz
Morales de Galamba (fs. 375) y Leopoldo Lopez Muñoz (fs. 486/488) figura
asentada la presencia del doctor Romano y obra asentada su firma. O sea,
que estas actas, como todas las otras existentes en el sumario, tal cual
señaló la señora Defensora Oficial, no han sido redargüidas de falsedad y
por lo tanto no sólo demuestran que estaba en conocimiento indirecto sino
directo de los hechos denunciados, en este último caso de las
irregularidades denunciadas por Leopoldo López Muñoz.
También debe tenerse en cuenta lo testificado en la audiencia
por Rosa del Carmen Gómez, quien sin hesitación alguna precisó haber
sido interrogada por el doctor Romano en oportunidad de declarar en el
Juzgado Federal de Mendoza. Y si bien es cierto que los dichos de ésta
testigo no resultaron ser de suma precisión, lo cual se atribuye al tiempo
transcurrido desde los traumáticos hechos vividos, es innegable que
sumado a los demás extremos del expediente encuentran un valido
sustento.
51°) Que otra situación que demuestra a las claras lo que se
viene afirmando es el caso de David Agustín Blanco. En efecto, Romano
tomó conocimiento de los apremios ilegales e irregularidades en el
procedimiento denunciadas por el detenido Blanco al declarar este último
ante el doctor Guzzo en la ciudad de La Plata; es más, también tuvo a la
vista el informe médico que acreditaba la existencia de las lesiones en el

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
cuerpo del denunciante, lo cual avalaba por tiempo de producción los
dichos del imputado. Esto se puede afirmar debido a que el magistrado en
el decreto de fs. 344 hace expresa mención del informe médico en
cuestión que obra agregado a la foja anterior, de la cual Romano se
notificó expresamente a fs. 348.
Pese a ello, Romano en ese momento nada solicitó ni investigó.
Y más aún, más tarde además de hacer caso omiso a los apremios ilegales
denunciados, puesto que los consideró no probados –en el requerimiento
de fs. 534/535–, llamativamente cuando ya se desempeñaba como Fiscal
Federal de la Cámara de Apelaciones de Mendoza se permitió afirmar
incluso que ninguno de los imputados había denunciado haber sido objeto
de apremios o presiones en el Consejo de Guerra –expresión de agravios
de fs. 882/884-.
Recién para el mes de octubre de 1979, o sea, habiendo
transcurrido más de dos años, un nuevo Procurador Fiscal –el doctor Díaz
Araujo- al advertir dicha omisión le solicitó al doctor Guzzo la investigación
de los apremios ilegales denunciados por Blanco (fs. 702).
52°) Que por otra parte, llama la atención que hayan
escapado al conocimiento del doctor Romano tamañas irregularidades y
violaciones a derechos y garantías constitucionales cuando ante una
simple petición de la contraparte que fue acogida favorablemente por el
magistrado hizo saltar fuertemente sus resortes funcionales recurriendo su
producción por no ajustarse al objeto procesal del expediente.
Pero más extraño resulta aún que el Procurador Fiscal Federal
al fundamentar su posición ante insignificante medida del magistrado
señaló que esto lo hacía dado a que ”…conforme a lo preceptuado por el
art. 498 y sgtes. del C.P.Crim. …. el suscripto actúa como principal
custodio de los actos de procedimiento…” (ver fs. 458).
Entonces, como principal garante de ese procedimiento el
doctor Romano intentaba que el curso de la investigación no se desviara,
pero llamativamente no acusó recibo de las serias y reiteradas denuncias
que efectuaron las distintas personas aprehendidas. No sólo ello, sino que
además posteriormente les daba valor probatorios a los dichos extraídos
bajo las condiciones denunciadas por cuanto no se había probado la
existencia de esos apremios ilegales. Pero difícilmente podrían haberse
probado si quienes se encontraban como garantes del procedimiento no
51

adoptaban todos los recaudos legales para investigar seriamente la
comisión de tales ilícitos.
52
Tan es así que el magistrado aquí enjuiciado al solicitar la
prisión preventiva de Luna, Gómez, Blanco, Ubertone, Córdoba y Morales
fundamento su petición en el contenido de las declaraciones prestadas por
los detenidos tanto en sede policial, militar como judicial.
Pero si algún duda podía caber al respecto, el doctor Romano
se encargó de disiparla, por cuanto al expresar agravios ante la Cámara
Federal de Apelaciones sostuvo “… Aceptándose que los imputados han
reconocido los ilícitos por los que se los procesa en sede policial, y no
habiéndose probado que tales dichos hayan sido extraídos por vía de
apremios ilegales, se ha afirmado en forma permanente que no basta la
retractación de la confesión policial, si no se prueba el fundamento de la
misma y esta declaración tiene el valor de una presunción o indicio de
culpabilidad suficiente para decretar la prisión preventiva…”.“… es
indiscutible que los actos cumplidos ante dichos Tribunales [Militares],
deben ser tenidos en cuenta al haber sido agregados formalmente en la
causa. Si bien como se lo ha indicado, al no ser Tribunales del Poder
Judicial, quedaría en la orbita del Poder Ejecutivo, tales actuaciones tienen
valor de instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se
refieren mientras no sean argüidos de falsos, lo que no ha ocurrido en
autos…” (fs. 534/535)
53°) Que a esta altura no existe dubitación alguna de que el
doctor Otilio Roque Romano estaba en pleno conocimiento de las
irregularidades existentes en el proceso policial y militar que dio origen al
expediente judicial y pese a ello nada hizo por garantizar el respeto de la
manda constitucional.
En otras palabras, este Jurado está convencido de que el
doctor Romano conoció las denuncias efectuadas por los detenidos y
simplemente hizo caso omiso a las mismas porque no estaban probadas,
pese a que él era uno de aquéllos que debía encargarse de investigarlas
por ser justamente –tal como él mismo lo afirmó- el custodio de los actos
de ese proceso.
Y no es que esto sólo lo decía él, sino que por un lado estaba
obligado a actuar en defensa de la legalidad del proceso conforme con lo
estipulado en el cuarto inciso del artículo 118 del Código de
Procedimientos en Materia Penal, y por otro, tenia la obligación legal de

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que llegasen a su
conocimiento por cualquier medio –primer inciso del mismo artículo-. Pero
nada de ello hizo.
Tales omisiones realizadas en forma sistemática durante el
proceso trascienden el mero error judicial y muestran un patrón de
conducta por parte del enjuiciado que menoscaba su aptitud para
desempeñar la judicatura, puesto que se ha afectado esa integridad de
espíritu, imprescindible para que un funcionario pueda merecer la
confianza pública.
Por las razones expuestas y por la plena prueba colectada en el
proceso, este cargo se encuentra probado.
Causa n° 35.613-B “Fiscal c/ Rabanal, Daniel Hugo y otros en
averiguación infracción ley 20.840 de Seguridad Nacional” y causa
n° 37.801-B “Compulsa de autos n° 35.613-B”.-
54°) Que los representantes del Consejo de la Magistratura
imputan al doctor Otilio Ireneo Roque Romano el haber omitido requerir
medidas de prueba e impulsar la instrucción, además de haber solicitado
en forma prematura su archivo, en las causas n° 35.613-B y n° 37.801-
B, en las que se ventilaban detenciones ilegales y torturas, entre otros
delitos.
55°) Que a fs. 1180/1273 del expediente n° 636-F caratulado
“Fiscal c/ Guzzo y otros s/ inf. Art. 274, 144 bis y ter CP” se agregó
la resolución del 18/3/2011 dictada por el juez federal de Mendoza Dr.
Bento que dispuso el procesamiento del juez Dr. Otilio Roque Romano en
relación –entre otros graves delitos- a las torturas que las víctimas
pusieran en conocimiento del entonces fiscal federal. Dicho auto de mérito
fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza –fs.
1775/836-.
Sucintamente allí se trató en el caso n° 3 la situación de
Rodolfo Enrique Molinas, Fernando Rule, Marcos Augusto Ibáñez, Alberto
Mario Muñoz, Haydee Clorinda Fernández, Vicenta Olga Zarate, Silvia
Susana Ontivero y Stella Maris Ferrón de Rossi, quienes fueron detenidos
entre el 6 y el 20/02/1976 y al ser indagados en el juzgado federal en los
autos 35613-B “F. c/ Rabanal y otros.” denunciaron haber sido torturados,
53

lo que motivó la formación de la compulsa nº 37801-B para la
investigación de aquéllas, en las que el 13/10/1978 el fiscal Romano
dictaminó por el archivo de las actuaciones.
54
56°) Que el expediente nº 35.613-B “Fiscal c/ Rabanal” del
registro del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza se inició el 6/2/1976 con la
detención efectuada por personal policial de Daniel Hugo Rabanal por
conducir un automotor presuntamente robado y, atento a la existencia de
indicios de la violación a la ley de seguridad nacional n° 20.840, se
instruyó sumario de prevención policial por averiguación de actividades
subversivas. Posteriormente, resultaron aprehendidos Rodolfo Enrique
Molinas, Marcos Augusto Ibáñez –el 9/2-, Fernando Rule Castro, Silvia
Susana Ontivero –el 9/2-, Alberto Mario Muñoz, Ivonne Eugenia Larrieu,
Stella Maris Ferrón de Rossi –el 10/2-, Miguel Ángel Gil -11/2-, Olga
Vicenta Zárate -21/2- y Guido Esteban Actis (20/2/1976).
Durante el trámite de la investigación policial (sumario n° 2)
en el Departamento de Informaciones Policiales de Mendoza (D2) se
recibió espontáneamente declaración indagatoria ante el instructor policial
por infracción a la citada ley y asociación ilícita –sin asistencia letrada-, a
Rabanal –fs. 8-, Ibañez –fs. 16-, Ontivero –fs. 25-, Rule –fs. 30-, Muñoz -
fs. 35-, Molina -fs. 52-, Larrieu –fs. 57-, Gil –fs. 84-, Actis –fs. 140-,
Zárate –fs. 163- y Ferrón –fs. 168-, quienes en lo sustancial reconocieron
su pertenencia a la agrupación Montoneros, el rol de cada uno dentro del
grupo y en los hechos que se investigaban. En esa ocasión, todos
quedaron detenidos e incomunicados a disposición de la 8° Brigada de
Infantería de Montaña de Mendoza.
El 25/2/1976 la 8° Brigada remitió el sumario policial al
Juzgado Federal de Mendoza a cargo del Dr. Rolando Evaristo Carrizo (fs.
200), haciendo constar el fallecimiento de Gil cuando era trasladado a la
Penitenciaria para ser tratado de una dolencia que padecía y que quedaba
pendiente la realización del informe médico legista pertinente.
Declarada la competencia del juzgado (224 y 229), el juez
Carrizo ordenó por razones de seguridad recibir las declaraciones
indagatorias en la Unidad Regional I de Mendoza, siendo notificado
Romano a vuelta de esa foja.
El juez Carrizo –junto al secretario penal del Juzgado Juan
Carlos Guiñazú- tomó el 26 y 27 de junio en esa dependencia policial las
indagatorias de Rabanal (fs. 226), Ontivero (fs. 227/9), Rule Castro (fs.

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230), Molinas (fs. 238), Larrieu (fs. 239/40), Muñoz (fs. 241), Ibáñez (fs.
242), Zárate (fs. 243), Actis (fs. 244), Ferrón de Rossi (fs. 245) y Haydeé
Clorinda Fernández (fs. 320). En esta primera oportunidad, los nombrados
no prestaron conformidad a la celebración del acto, absteniéndose de
declarar, a excepción de Ontivero y Larrieu. En esos actos no se observó la
firma o que se haya hecho constar la presencia del fiscal Romano.
Sin embargo y pese a sus abstenciones, ya se visualizaba a
esta altura señales del estado físico de algunos de ellos y del proceder de
la policía. En efecto, cuando Rabanal fue indagado se lo interrogó sobre la
gravedad de la herida que presentaba, forma de producción y tratamiento
adoptado, quien expresó que “la herida fue producida en forma casual en
momento de su aprehensión” y que al principio no fue atendido y se le
infectó. A su pedido, el juez ordenó su internación y tratamiento en el
penal y un informe médico al respecto (fs. 226vta.).
También en el acta de la indagatoria se hizo constar que otro
imputado –Ibáñez- presentaba una tira plástica con gasa sobre la nariz y
un brazo vendado en cabestrillo, disponiendo el juez su revisión médica en
el penal para determinar el tiempo de producción y gravedad de las
lesiones, tratamiento recomendado e informe inmediato al juzgado (fs.
242/vta.).
Por otra parte, Ontivero declaró en esa ocasión que si bien
reconocía su firma en la declaración de fs. 25 y parte de su contenido
(modifica parcialmente su intervención en la campaña intimidatoria del
personal policial), expresó que nunca le fueron mostradas las fotografías
de las personas que allí se consignaron. En tanto que Larrieu reconoció su
firma y el contenido de su exposición de fs. 57/vta..
Luego fueron trasladados en calidad de comunicados a la
penitenciaría provincial (fs. 246/59).
A fs. 267 se agregó el resultado del informe médico ordenado
respecto de Ibáñez, surgiendo que el 22/2/76 estaba deshidratado y en
regular estado de nutrición, con pulso tenso y mostraba: dos lesiones
costrosas en vías de cicatrización en región frontal y herida en dorso de
nariz con exposición de huesos propios; hematomas múltiples en zonas del
tórax, dorso, lumbosacra e ilíaca, herida infectada en región coccígea,
lesiones epidérmicas costrosas y cicatrices en el pubis, en la muñeca y
codo izquierdo, edema generalizado en el miembro superior derecho con
55

heridas infectadas en muñeca y codo y ampollas en el antebrazo;
excoriaciones múltiples en pie izquierdo y talón derecho, lesiones
epidérmicas costrosas en ambos muslos y zona inguinal. Se informó que el
28/2 se le drenó quirúrgicamente un absceso del antebrazo izquierdo y
evolucionaba favorablemente.
56
En los informes médicos policiales de fs. 301/3vta. efectuados
en el D2 entre el 25 y 26/2 se certificó que: Rabanal presentaba heridas
ulceradas en los talones; Actis, herida de bala en mano derecha y férula
en dedo anular de mano izquierda; Ontivero, excoriación en talón derecho;
Zárate operada de histerectomía con buena evolución. Del resto de los
examinados, se consignó que no presentaban lesiones externas visibles.
Esos informes fueron elevados al juez, quien los agregó y tuvo presente,
notificándose de ello a Romano el 22/3.
Con posterioridad el juez Carrizo dio vista al fiscal Romano
para que se expida acerca de la situación legal de los indagados y urja la
medidas que estime corresponder, requiriendo únicamente que,
atendiendo a las actas de procedimientos, croquis y valorando las
declaraciones de los imputados ante la policía, se dicten sus prisiones
preventivas por los delitos imputados en las indagatorias y la clausura del
sumario (art. 366, Código de Procedimientos en Materia Penal -CPMP–, ley
2372). El Dr. Romano nada expuso en relación con los informes médicos
ya glosados en la causa.
Asimismo, fue notificado de la necroscopia practicada sobre
Miguel Ángel Gil Carrión (fs. 327/31), fallecido el 22/2/76. Allí surgía que
el cadáver presentaba cicatrices en pierna izquierda de 15 cm. –con lesión
costrosa-, en fosa ilíaca derecha y lesiones antiguas en el cuello y codo
derecho y edemas en masa encefálica y pulmones; concluyendo que esa
lesión infectada en pierna izquierda produjo septicemia, que le causó la
muerte.
Recuérdese que durante la instrucción se examinó a Gil el 21/2
en el calabozo por hallarse enfermo y se sugirió su urgente traslado para
recibir un adecuado tratamiento dada la precariedad y la falta de
condiciones esenciales en esa seccional, disponiéndose su envío a la
penitenciaria provincial atento al delicado estado de su salud ya que
padecía “…un cuadro de insuficiencia cardíaca producto de la infección de
una vieja varice interna de su pierna, … y dado que en el lugar que

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
actualmente se aloja no reviste las lógicas comodidades para un
tratamiento médico” (fs. 152/3).
A fs. 154 el servicio médico penitenciario informó que el
interno Gil ingresó en gravísimo estado y falleció el 22/2 a las 0.10 horas
(por paro cardíaco, midriasis paralítica, arreflexia total y respiración
refleja) y, ante la imposibilidad de detectar la causa de su muerte, se
solicitó una autopsia médico legal, la cual fue dispuesta por el instructor
policial ese día visto la necesidad de determinar las reales causas que
ocasionaron su deceso como así también la revisión de todos los detenidos
para determinar si sus condiciones físicas permitían su alojamiento en esa
sede (fs. 154/5vta.).
A raíz de esa nueva revisión y por idénticas razones, se efectuó
el traslado del detenido Marcos Augusto Ibáñez a la penitenciaría (fs.
156/7).
A fs. 334/7vta. el juez convirtió en prisión preventiva las
detenciones soportadas por los procesados en orden a diversas
infracciones previstas por el art. 213 bis del Código Penal y de la ley
20.840, al estimar acreditada por semiplena prueba la responsabilidad
penal de aquéllos, valorando –en concordancia con el fiscal- las
manifestaciones autoincriminatorias efectuadas por los detenidos ante la
autoridad de prevención.
A fs. 345/6 la penitenciaría ampliando el informe médico sobre
las lesiones de Ibáñez, destacó que al momento de su ingreso a la unidad
el 22/2 y sobre la base de su ficha clínica, el tiempo de producción de las
lesiones que presentaba oscilaban (por sus diferentes evoluciones) entre 7
y 25 días. Adviértase que algunas coincidirían con su alojamiento en el D2.
Sólo se lo tuvo presente, sin noticia al fiscal.
A fs. 347/9 amplía su declaración indagatoria Guido Esteban
Actis (en Mendoza, el 30/6/1976) ante el juez Guzzo y secretario Guiñazú
–sin la presencia del fiscal Romano-. Manifestó que el 19/2/76 fue retirado
de su domicilio por una comisión policial con la excusa de trasladarlo al
Palacio Policial para que reconociera a unas personas. Que allí le hicieron
firmar un acta de detención y se lo condujo a un calabozo, donde escuchó
a Ontivero. Que esa noche fue vendado y sometido a golpes de todo tipo y
amenazado, lo que se repitió a la mañana siguiente, apoyándosele un
arma en la cabeza, por lo que tuvo que afirmar hechos que lo involucraban
57

y negaba, siendo golpeado durante todo ese día y a la noche se le hizo
firmar un papel sin leer. Que el 29/2 fue trasladado de la penitenciaría
nuevamente al D2 donde continuaron los interrogatorios, golpes, malos
tratos y amenazas; siendo devuelto a la unidad con los ojos vendados.
Reconoció como suya la firma que luce a fs. 140/1 cuando prestó
declaración espontánea policial, pero afirmó que en su contenido hay
muchas cosas que negó (v.gr. su pertenencia a Montoneros o suministro
de información de militares) y que la firmó luego de ser conducido
vendado y de los pelos y recibiendo amenazas como “sabés rezar?” o “te
quedan 15 minutos de vida”. Al hallarse siempre vendado no pudo
reconocer a los autores de las golpizas y amenazas y solicitó garantías de
no volver a ser maltratado.
58
El nombrado Actis fue el primero en denunciar ante el juez
cómo y dónde fue detenido y torturado, pero no consta que se haya
ordenado formar compulsa para investigar las torturas denunciadas.
El juez Guzzo amplió las declaraciones indagatorias de los
imputados, constituyéndose en La Plata y Devoto, donde habían sido
trasladados por la Brigada de Infantería de Montaña (fs. 462vta.). Así
escuchó a Molinas, Rule, Ibáñez, Muñoz, Fernández, Zárate, Ontivero y
Ferrón de Rossi, quienes en similares términos que los efectuados por el
coimputado Actis denunciaron detalladamente las torturas sufridas en el
D2 (fs. 469/72, 473/5, 476/9, 480/3vta., 484/6, 487/90, 491/2, 494/6).
Todos expusieron coincidentemente ante la autoridad judicial
sobre los inhumanos tratos de los que fueron objeto al ser detenidos por
personal policial o militar, quienes -sin identificación y a cara tapada-
irrumpían en grupo violentamente en sus hogares a cualquier hora; siendo
reducidos, encapuchados y maltratados. También concordaron en haber
sido alojados en el Departamento de Informaciones Policiales de Mendoza
(D2), donde se agravaron sus condiciones de detención. Afirmaron que
siempre permanecieron con los ojos vendados y eran interrogados a los
golpes y mediante el uso de picana eléctrica en distintas zonas del cuerpo,
recibiendo amenazas de muerte –o sobre su familia-, siendo obligados a
firmar exposiciones policiales contra su voluntad y sin conocimiento previo
ni posterior, donde aparecían incriminándose o involucrando a otros en los
delitos investigados. Que no eran atendidos apropiadamente de las heridas
y se les restringía el uso de sanitarios y la alimentación básica. También
revelaron abusos y violaciones múltiples de mujeres –algunas

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
embarazadas y que abortaron- en esa dependencia. Que la mayoría no
pudo identificar a sus torturadores por permanecer siempre con los ojos
tapados. Destacaron haber sido indagados por el juez Carrizo en
dependencias policiales y frente al personal de esa fuerza en un estado
patético que hacía presumir la existencia y origen de los tormentos, no
adoptándose medida alguna al respecto, lo que provocó que casi todos se
abstuvieran de declarar libremente. En definitiva todos desconocieron los
secuestros y declaraciones cumplidas en la prevención.
A fs. 497/vta., ya en Mendoza y con fecha 30/6/77, el juez
Guzzo ordenó oficiosamente que, atento a las denuncias formuladas por
los nombrados, se procediera a extraer compulsa de sus respectivas
declaraciones, formar causa por separado en averiguación de apremios
ilegales y dar vista al fiscal sobre la competencia y para solicitar las
medidas que estime corresponder.
Sin perjuicio de ello, el mismo juez ordenó una serie de
medidas de prueba tendientes a identificar al personal que actuó en los
procedimientos del 9 y 10/2/76 y a confirmar ciertas precisiones
efectuadas por los imputados denunciantes. De dicha providencia quedó
notificado el fiscal Romano el 4/7 (fs. 507vta.).
Con motivo de la prueba decretada, el juez efectuó una
inspección ocular en uno de los domicilios allanados y observó
considerables diferencias en el lugar que contrastaron con aquél que fue
fotografiado al inicio de las actuaciones (fs. 508).
También se obtuvo información del Policlínico de Cuyo (Zárate
ingresó y fue intervenida el 11/2 y dada el alta el 20/2/76) y de la U.9 de
La Plata -al ingresar ahí Muñoz el 27/9/76 su salud no presentaban
particularidades-.-fs. 510 y 515/6-.
A fs. 517 la policía informó, respecto del personal afectado a
los procedimientos, que el oficio fue girado al Comando de la 8° Brigada
de Infantería de Montaña en razón de que la policía se halla bajo su
control operacional.
A fs. 518/20vta. el Servicio Correccional avisó que el 26/7/77
el interno Marcos Augusto Ibáñez fue hallado cuando intentaba ahorcarse
en una celda del pabellón de seguridad en el que cumplía una sanción
disciplinaria, e informó sobre su estado de salud y de su traslado a otro
hospital. El juzgado incorporó las actuaciones como antecedentes y se
59

notificó al fiscal Romano, quien no urgió temperamento alguno (ver fs. 529
in fine).
60
A fs. 545/8 se anotició que el nombrado Ibáñez finalmente
había fallecido el 13/9/77 por insuficiencia y paro cardiorrespiratorio; y
agregado como antecedente a la causa, se notificó a las partes (fs. 552),
requiriendo por ese episodio el Dr. Romano sólo que se declare extinguida
la acción penal por fallecimiento conforme las referidas constancias (art.
59 inc.1°, Código Penal).
Así lo resolvió el juzgado a fs. 559. Romano fue notificado de
esta decisión y como antes tampoco hizo referencia alguna a las
circunstancias que rodearon este macabro hallazgo; sólo promovió la
producción de informes médicos o de antecedentes policiales y judiciales
de los imputados por la ley 20.840.
El 16/11/77 (fs. 599) el juez clausuró el sumario, elevó la
causa a plenario y dio intervención al fiscal en los términos del art. 457
CPMP –ley 2372-. En lo que aquí interesa, el Dr. Romano acusó y formuló
severas penas a los enjuiciados (fs. 605/13) por distintos delitos penados
por el Código Penal y por la ley de seguridad nacional 20.840 pero nada
consideró sobre las padecimientos anoticiados.
Finalmente, a fs. 906/7 Daniel Hugo Rabanal (el 2/7/79 en La
Plata) amplió su indagatoria y también desconoció la validez de su
declaración ante la policía a raíz por haber sido obtenida mediante
apremios ilegales y amenazas (esta denuncia resultó posterior al dictamen
y archivo dispuesto en autos 37.801-B).
57°) Que el expediente nº 37.801–B “Compulsa de Autos nº
35.613-B” se formó con las declaraciones indagatorias referidas de Molinas
(fs. 1/7), Rule (fs. 8/12), Ibáñez (fs. 13/9), Muñoz (fs. 20/7), Fernández
(fs. 28/32), Zárate (fs. 33/9), Ontivero (fs. 40/3) y Ferrón de Rossi (fs.
45/9) a efectos de investigar por separado los apremios denunciados (fs.
50).
En la primera intervención que tuvo el agente fiscal Romano
(fs. 50vta., 1/8/77), únicamente se pronunció sobre la competencia del
juzgado y la instrucción del sumario, el cual ya había sido ordenado, sin
propiciar otras medidas conducentes al descubrimiento de los hechos.
A fs. 52 obra constancia actuarial de haberse glosado a fs. 517
(causa 35.613) nota policial que advertía que el pedido de datos del

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personal policial interviniente pasó al Comando de la 8° Brigada por
hallarse la policía bajo su control operacional.
Corrida otra vista al fiscal a los fines pertinentes, el Dr.
Romano (fs. 52vta., 22/8) pidió que se le de ingerencia una vez
identificado el personal policial actuante; en esa ocasión, tampoco sugirió
ningún acto que contribuya a esclarecer los hechos o apresurar el trámite
de esa pesquisa.
El juzgado casi un mes después (19/9) solicitó al Comandante
de la citada 8° Brigada la información sugerida por el fiscal y que no
implicaba otra cosa que iterar el contenido del oficio librado a la policía el
1/7 –fs. 498, c.35613- (fs. 53).
El 13/12/77 –fs. 174- (tres meses después) y atento el tiempo
pasado sin respuesta a ese requerimiento judicial, se lo reitera con
solicitud de “urgente despacho” (fs. 54 y 55). A vuelta de esa foja y luego
de más de 6 meses, el fiscal Romano el 22/6/78 solicitó su reiteración sin
carácter ni apercibimiento alguno. El juez „ad-hoc‟ Petra Recabarren sólo
proveyó la designación de su subrogante y no aquéllo (fs. 56/8), lo que
insumió otro mes hasta que –vuelto el Dr. Guzzo- se lo reitera una vez
más (26/7, fs. 59).
El 18/9/78 el Dr. Romano peticionó que se citara a prestar
declaración informativa (art. 236 2°, CPMP) al Comisario Pedro Sánchez,
Jefe del Departamento D2 (fs. 60), y por ello que se deje sin efecto el
oficio cuya respuesta se hallaba pendiente, lo que así fue decretado (fs.
61), señalándose audiencia para el 3/10/1978.
En esa fecha, a fs. 62/3 prestó declaración informativa Pedro
Sanchez Camargo, quien relató las investigaciones que se efectuaban para
combatir a la subversión. Expresó cómo se llegó a la Columna 9 “Cuyo” de
Montoneros comandada por Rabanal y a su detención, ocasión en la que
aportó datos que permitieron el arresto de los integrantes del grupo y el
secuestro de abundante armamento y documentación. Interrogado por el
personal policial a cargo de los procedimientos, manifestó que actuaron
conjuntamente el Cuerpo Motorizado de Vigilancia y el de Infantería con
personal del Centro de Instrucción Contra Subversivo y la División
Investigaciones del D2, recordando que actuaron los oficiales Fernández,
Smaha, Funes, Gras, Cabo Lucero, Sargento Bustos, Cabo Moroy, Agente
Manrique y personal del Ejército y Aeronáutica que no recordaba, que
61

hacían un total de 84 uniformados y de civil. A pesar de que Romano
requirió esa declaración no consta su participación en ella. Además este
testigo no fue examinado sobre su conocimiento en relación a los apremios
denunciados ni por sus presuntos autores.
62
Finalmente, a fs. 66/vta. el procurador Romano dictaminó que
“Se inicia la presente causa a raíz de la denuncia efectuada por varios
procesados en causa n° 35.613-B caratulada „Fiscal c/ Daniel Hugo
Rabanal …‟ , según se extrae de la fotocopia de las declaraciones
agregadas como cabeza del presente, de haber sufrido apremios ilegales
causados por las fuerzas de prevención policial. Dichos hechos se habrían
producido más de dos años antes de la denuncia aludida (ver causa
principal), razón por la cual es imposible su demostración en la causa
debido a obvias razones, por lo que estimo que debe Usía, previo declarar
la competencia para intervenir, proceder al archivo de las actuaciones.
Fiscalía, octubre 13 de 1978”. Circunstancia que irremediablemente
acaeció habida cuenta que el juez Guzzo el 17/10/78, compartiendo los
fundamentos del procurador fiscal, resolvió “ordenar el archivo de las
presentes actuaciones (fs. 67).
Declaraciones testificales durante el debate.-
58°) Que este Jurado escuchó a las víctimas convocadas al
debate como testigos, quienes dieron sus pormenorizados y dramáticos
relatos sobre los tormentos padecidos y las crueles condiciones de
detención.
Así, el 14/11/2011 la testigo Silvia Susana Ontivero recordó
que era sindicalista y fue detenida el 9/2/76 mientras almorzaba con su
pareja y su niño de cuatro años; que irrumpieron por la puerta de su
garaje unos 7 u 8 hombres con barbas y pelucas que desfiguraban sus
rostros; que los insultaban, preguntaban por armas y les pegaron frente a
su hijo que quedó mucho tiempo sin habla; que los llevaron detenidos en
autos distintos, vendados y atados al D2; que estuvo 18 días en un
calabozo en las peores condiciones, sin saber qué pasaba con su hijo al
que amenazaban de muerte sino colaboraba; y que fueron los momentos
de su vida más horrorosos pues fue salvajemente torturada y violada y
estuvo incomunicada absolutamente de la familia y del niño, el que
también estuvo secuestrado unos días pero fue recuperado por su padre.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
Contó que Romano era el fiscal en ese momento pero no pudo
asegurar si la visitó en la celda pues estaban siempre vendados y atados;
que algunos que iban -más cultos que los policías- decían “…¿qué tal?
Aguantá un poco más, y más...”; que esas situaciones nunca se
investigaron y durante 30 años estuvieron poco a poco reconstruyendo
esta historia.
Agregó que tras esos 18 días fue llevada con otros delegados a
una dependencia policial donde funcionaba un juzgado, donde llegó sin
venda y con ropa nueva pues la suya estaba destruida por tanto que
pataleó y pataleó sin éxito para no ser violada; que luego supo que ese
juez era Carrizo, a quien le dijo “Doctor: mire como estoy...”, ya que venía
tomada entre dos policías porque no podía caminar por estar muy
inflamada a raíz de lo padecido, respondiéndole aquél “¿no se habrá
caído?”, y ahí supo que iba a ser difícil contar lo pasado; que sólo
preguntaba el juez ya que no estaban el defensor ni el fiscal.
Relató que Romano no daba curso a las actuaciones, omitía
tomar decisiones en ese momento y los expedientes iban y venían entre
distintos jueces que se subrogaban y recién en el 2003 se avanzó. No le
consta que Romano haya solicitado la revisión de la causa pues
justamente lo que se probó fue que no hizo nada.
59°) Que por su parte, la testigo Haydée Clorinda Fernández
declaró que fue detenida el 16/3/1976 en su estudio jurídico por policías
de Mendoza y llevada al D2. Que en el hall le arrancaron su cadena y
sacaron el cinturón y fue llevada a un calabozo, donde la vendaron,
desnudaron y ataron a una cama dura con listones y la interrogaron por su
actividad y por armas, comenzando las picanas eléctricas en cuello,
pechos, ovarios, piernas, sintiéndose morir. Que negó todo pero se la
siguió picaneando, lo que le provocó un absceso en el pecho, siendo
operada sin anestesia. Que les decía que defendía a gente en situación de
violencia y que pocos abogados intervenían en los habeas corpus y visitas
en la cárcel y como defendía a “subversivos” suponían su adhesión a esas
organizaciones. Que lo mismo hacían los abogados Fuaton, Guevara,
Cháves y Conrado Gómez, lo que implicaba: o irse o se arriesgaban y
hacían lo poco que podían.
Expresó que por su estado el médico paró la tortura, a pesar
de lo cual le dijeron "vamos a verificar eso, cualquier cosa que aparezca
63

volvés aquí. Porque aquí no hay tiempos procesales, no tenés tiempos
procesales. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que
queramos". Que al otro día se salvó de la tortura pero le tocó a otro y supo
que estaban presos Cháves y Pont, reconociendo al primero por su voz y
quejidos.
64
Añadió que al otro día le pegaron hasta el desmayo; que
Cháves después contó que por meses no pudo agacharse; que siguió
siendo picaneada y golpeada hasta que por el Colegio de Abogados fue
legalizada y la llevaron a la cárcel de Mendoza; que el 19/3 estuvo en el
juzgado del juez Carrizo, a quien durante enero había pedido por la
situación del detenido Sgroi que se moría y que era negado a los
familiares, y el juez tranquilamente dijo "desde hoy no lo torturan más",
no olvidando su mirada amenazante como expresando "hasta aquí
llegaste" y "están listos"; que se asoció con aquellos abogados en octubre
de 1975 para hacerse cargo de los presos que estaban sin defensa por el
miedo de otros colegas; que fueron marginados y los servicios se
aseguraban que nadie los asistiera al punto de volarle la casa a otra
abogada de esa asociación; que así hubo secuestros y 83 abogados
desaparecidos en el país; y que pedían para sus defendidos y para ellos
por el trato previsto en la Constitución, el cual debía ser garantizado por
los jueces.
Recordó que no todos eran subversivos en la causa Rabanal,
pero que en los diarios publicaron sus rostros torturados, difundiendo el
terror; que en esa causa intervino el fiscal Romano y que murió Gil por
septicemia; que no se explicaba porque en la cárcel los presos tenían
heridas longitudinales en las piernas y era por el salto y la caída del cuerpo
sobre la parrilla en la que los picaneaban; que les hacían efectuar
columnas humanas con otros desaparecidos; que hubo muertos y
violaciones múltiples y reiteradas de todas las mujeres por la patota del
D2; y que se abstuvo de declarar ante el juez pues no sabía cómo venía la
cosa y en Devoto solicitaron indagatorias, denunciándose violaciones y
pérdidas de embarazos, pese a lo cual parecía no interesar por tratarse de
subversivos que debían eliminarse y así ocurrió.
Contó de la persecución económica sufrida por su familia, ya
que una de sus hermanas fue echada hasta que no se aclarara su situación
y a otra no le dieron el cargo ganado por concurso en la Dirección de
Escuelas; que la esposa del detenido Cháves y único sostén de familia fue

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
puesta en disponibilidad y tuvo que salir a vender ropa para mantener a
sus hijos; que así actuaba el régimen del terror y la justicia federal de
Mendoza colaboraba; que cuando salían del juzgado federal había un
Falcon en la puerta y relató el caso del padre de Vicente Antolín quien
pedía “Por favor, no vengan” a las visitas pues en los interrogatorios
preguntaban por todos ellos; que la causa Rabanal resultó una infamia y
hasta la fotografía de las armas era falsa; y que por todo ello señaló que
hubo complicidad de la justicia federal y del fiscal Romano.
Relató que cuando fue detenida y su hermana fue al juzgado a
presentar un hábeas corpus, el fiscal Romano en persona salió a decirle
“Mire, no está, no, no la tenemos” o sea que estaba desaparecida; que
Romano era fiscal del juez Carrizo, quien indagaba en el D2 para
congraciarse con la Policía; que así se observaba la complicidad del
aparato judicial que servía a la dictadura perfectamente; que sólo el juez
Agüero renunció en 1974 cuando fue visitado por un comando y
maltratado por dictar 3 sobreseimientos, prefiriendo ello antes que
cambiar su decisión; que a Zárate la sacaron de la clínica Mitre operada de
histerectomía y a los pocos días de operada la picanearon y violaron; que
vio a Actis doblado por la tortura y a Ontivero violada reiteradamente por
muchos; que Ibañez se ahorcó en el Penal de La Plata y no hubo
investigación sobre su muerte a pesar de que circulaba otra versión entre
los presos, pero nadie investigó “¿a qué hora murió?, ¿cómo murió?,
¿tenía elementos para ahorcarse? ¿Hay algún registro que indique... cómo
murió, cómo detectaron que fue un suicidio, y no un asesinato como tiene
que haber sido?”; que esta causa emblemática mostró la culpa de todo el
aparato judicial federal, donde se hicieron los sordos y ciegos; que Guzzo
en su indagatoria en Devoto venía perfumado por el olor “a rata” de los
detenidos; y que pese a que se denunció, no se hizo nada y trajo a
colación que en otra ocasión Garguir les dijo “Pero escúchenme, si están
perfectos en Rawson”.
60°) Que por último, Daniel Rabanal declaró que fue detenido
en la vía pública por la policía de civil y trasladado a una comisaría, donde
recibió palizas colgado de una especie de palo de escoba; que fue
desnudado y atado en un elástico de cama con alambres por 4 o 5 días y
sometido a todo tipo de torturas indescriptibles; que posteriormente
permaneció 20 días en un calabozo del D2 hasta el 25, 26 o 27/2; que allí
65

fue torturado diaria y permanentemente, sin que haya visto nunca a nadie
de la justicia; y que presentaba un deterioro físico muy calamitoso: había
perdido 21 kilos de peso, tenía principio de gangrena en un pie, costillas
fisuradas y heridas de diverso tipo, caminaba con dificultad y había
perdido el movimiento en la mano derecha.
66
Agregó que ese 26 o 27/2 los hicieron bañar y lo llevaron junto
a Rule y Ontivero -sin vendas- a una comisaría de Mendoza, donde,
deshecho por las torturas, fue recibido por el juez Carrizo junto a 1 ó 2
jóvenes civiles más. Allí se le dijo que por razones de seguridad el juzgado
se había constituido en la comisaría y que, a pese a ello, podía hablar con
tranquilidad porque no había policías sino sólo gente del juzgado, lo que le
parecía irónico pues estaban rodeados de policías, inclusive dentro de la
oficina donde funcionaba el juzgado. El juez Carrizo le preguntó cómo
estaba, respondiéndole que eso era evidente ante las serias dificultades
para mantenerse en pie. Se negaron a declarar por intuir que era inseguro
e irregular declarar ante un juez rodeado de policías. Se tomó nota de su
estado físico y heridas y fue llevado a la cárcel.
Manifestó no recordar si las torturas fueron investigadas; que
luego asumió el juez Guzzo, en tanto que el fiscal de la causa era Romano;
que salvo ese contacto con el juez Carrizo, nunca tuvo trato con ningún
otro miembro de la justicia, ni siquiera con el defensor de oficio asignado;
que unos tres años después de su detención Guzzo lo visitó por única vez
en la cárcel de La Plata para cumplir con el "examen de visu" antes de
dictar la sentencia; que tuvieron una conversación muy breve y dura, le
preguntó sí ya estaba bien y si creía en Dios; que finalmente Guzzo lo
condenó a prisión perpetua, resolución que fue apelada por no haberse
hecho referencia a las irregularidades de su detención y a las torturas
denunciadas; que Guzzo luego fue reemplazado por el juez Garguir, a
quien no conoció, quien le agravó la pena a reclusión perpetua, pero -
obligado por esa apelación- sí se trató la tortura, recordando que en la
sentencia se consignó que si bien hubo irregularidades en los
interrogatorios de los detenidos, se debía tener en cuenta los momentos
difíciles que atravesaba el país y que las fuerzas de seguridad en más de
una ocasión se vieron obligadas a recurrir a procedimientos extraordinarios
para obtener resultados.
Recordó que en 1981 o 1982 el defensor de oficio le dijo que
apelaría atento a las serias irregularidades existentes; que pasado un año

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
más de la apelación, la Cámara lo absolvió de las acusaciones mayores y
redujo la condena a 16 años de prisión; que nunca tuvo contacto con el
fiscal Romano ni con otro funcionario, y jamás tuvo noticias del
desenvolvimiento de la justicia en la investigación de las denuncias; que
sólo se enteraba de Romano a través de las notificaciones o de los fallos;
que nunca lo vio pero que supone que pudo haber estado en su
declaración ante Carrizo y ser uno de esos dos civiles jóvenes –uno era el
secretario-, pero en verdad no puede recordarlo.
Respecto a si se investigó después la denuncia, refirió que
únicamente fue citado a fines del 2010 para el juicio de lesa humanidad en
Mendoza.
Por último, expresó que la cárcel de Mendoza también formaba
parte del régimen de terror e inseguridad absoluta; que durante los años
que estuvo en esa cárcel, fue torturado duramente varias veces por
personal del Ejército o de la Penitenciaría, de modo que tampoco hubo
garantías; y que la notificación de cambios de defensores o de jueces
resultaba violenta pues eran sacados del pabellón y llevados a una oficina
donde habitualmente eran interrogados y torturados, y sin aviso previo,
alguien le daba un papel para ser leído y firmado.
61°) Que las constancias documentales aludidas en el
presente, ratificadas y justipreciadas con los testimonios referenciados
precedentemente, han permitido a este Jurado acreditar que el entonces
fiscal federal Dr. Otilio Ireneo Roque Romano tampoco promovió en esta
ocasión y con la diligencia que el Código de Procedimientos en Materia
Penal (ley 2372) imponía, la investigación de las torturas de las que había
tomado conocimiento por su intervención en ese carácter en las
mencionadas causas nº 35.613-B y 37.801-B, del registro del Juzgado
Federal de Mendoza.
En efecto, formada compulsa para investigar las salvajes
torturas denunciadas ante la autoridad judicial por los imputados (Molinas,
Rule, Ibáñez, Muñoz, Fernández, Zárate, Ontivero y Ferrón) en
procedimientos por violación a la ley de seguridad nacional n° 20.840
durante su detención y alojamiento en el Departamento de Informaciones
de la Policía de Mendoza (D-2), el Dr. Romano no sólo omitió requerir la
producción de medidas de prueba útiles para acreditar los hechos e
individualizar a los agentes policiales y militares responsables, sino que
67

tampoco impulsó la instrucción con la seriedad y celeridad que la pesquisa
merecía, para finalmente aconsejar el archivo prematuro e intempestivo
del trámite de la causa, lo que fatalmente sucedió.
68
Ello así por cuanto, tras el farragoso y prolongado trámite de la
compulsa, se pudo obtener con la declaración del Jefe de la D2 Antonio
Sánchez Camargo la identificación de algunos de los funcionarios y fuerzas
que actuaron en los procedimientos aludidos, pese a lo cual el Dr. Romano
concluyó en forma por demás inoportuna que debían archivarse las
actuaciones atento a que los hechos se habrían producido más de dos años
antes de la denuncia y resultaban de imposible demostración.
62°) Que este tribunal evalúa negativamente la conducta
observada, atento a que teniendo la ocasión de ofrecer prueba pertinente
–a partir de esa declaración- para probar los hechos, prescindió de hacerlo
esgrimiendo fundamentos aparentes, impidiendo con ello continuar con la
investigación y el interrogatorio del personal involucrado.
Es más, ya en los legajos existían indicios suficientes de
irregularidades cometidas por el personal preventor para ahondar en la
pesquisa pues así surgían de las declaraciones indagatorias espontáneas
prestadas ante aquéllos –sin asistencia letrada- (recuérdese que Ontivero
ya había afirmado que se asentó en su exposición policial la exhibición de
fotos nunca mostradas; las fotografías de los rostros lesionados de alguno
de los imputados en distintos periódicos; las suspicaces diferencias de uno
de los lugares allanados y fotografiados que se destacaron en la inspección
ocular realizada, como así también respecto de las firmas y huellas
dactilares insertadas por algunos en sus declaraciones policiales y primera
indagatoria judicial en relación con las estampadas en La Plata, que
autorizaban a sospechar si habían sido puestas con los ojos vendados o
contra la voluntad de los imputados).
A ese cuadro se sumaron los informes médicos que se fueron
incorporando (ver constancias de fs. 152/5, 226, 242, 267, 301/3, 327/31,
338), los que tampoco provocaron en el ánimo del Dr. Romano la intención
de revelar las reales condiciones de detención en que se hallaban los
procesados, a pesar de las claras señales que se desprendía del estado
psicofísico que presentaban muchos de ellos -y de tantos otros cuya seria
constatación no fue sugerida ni ordenada (así, la muerte del detenido
Miguel Ángel Gil en el contexto en que se dio y fue documentado nunca
fue considerada)-.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
En este sentido, obsérvese que otro indicador de su inacción se
manifestó al conocerse el 26/7/76 las especiales circunstancias en que fue
hallado presuntamente ahorcado el encartado Ibáñez, quien había
denunciado torturas el 13/6 e individualizado a dos de sus agresores
(oficiales García y Liguria) y causalmente se hallaba en una celda
sancionado. Hecho que considerado juntamente con los exámenes médicos
aludidos daban cuenta de las heridas que presentaba Ibáñez en su cuerpo,
debió haber sido motivo suficiente como para iniciar o demandar una
mínima investigación que esclareciera las causas que llevaron a su deceso
el 11/9/77 y así establecer si fue un hecho decidido por el propio Ibáñez o
contra su voluntad y con participación de terceros. Al contrario, Romano
nada hizo y sólo urgió la extinción de la acción penal por su fallecimiento
con la poca información lograda (fs. 545/8).
Asimismo, ha de considerarse que el Dr. Romano tampoco
nada denunció cuando el imputado Actis (fs. 347/9) al ser indagado el
30/6/76 reveló los apremios ilegales a los que fue sometido por la policía.
Sin embargo tampoco sugirió medidas de investigación al punto de no
formar parte de la compulsa iniciada por las torturas sufridas por los otros
procesados.
63°) Que los apremios hubieran ocurrido dos años antes de
ser denunciados no era motivo suficiente para dejar de impulsar la
compulsa mediante el ofrecimiento de prueba útil para la demostración del
cuerpo del delito por más complicada que fuera esa tarea, pues
justamente lo que se le exigía al Dr. Romano en su condición de fiscal era
promover la averiguación con los medios que la ley de esa época ponía a
su alcance y no el éxito mismo de ella.
Los imputados no denunciaron estos hechos en los albores de
la causa pues temían posibles y lógicas represalias por parte de sus
torturadores toda vez que, por un lado, permanecían detenidos en los
lugares donde eran victimizados y, por el otro, la actitud asumida por el
juez al recibirles declaración indagatoria en una dependencia policial era
percibida con suma desconfianza y como una irregularidad que no le
ofrecía garantía alguna.
El expediente n° 35.613-B “Fiscal c/ Rabanal” revela con
crudeza que las fuerzas militares y de seguridad implementaron un plan
69

sistemático y generalizado de violencia sexual y violaciones contra las
mujeres detenidas, como una forma específica de tortura.
70
Entre los testimonios brindados en la audiencia oral y pública
ante este Jurado, cobra especial relevancia el de Silvia Susana Ontivero,
que fue detenida mientras se encontraba almorzando con su pareja y su
niño de cuatro años. Relató cómo les pegaron delante de su hijo, quien
quedó muchos días sin hablar, y que “…Ahí estuve 18 días en un calabozo
en las peores condiciones, sin saber qué pasaba con mi hijo al que me
decían que iban a matar si yo no colaboraba… Fui salvajemente torturada,
salvajemente violada…”.
Similar situación de tortura, aunque bajo diferentes formas de
ultraje, humillación y ofensa, relataron en sus declaraciones indagatorias
ante el juez federal las señoras Vicenta Olga Zárate (fs. 153/159) y Stella
Maris Ferrón de Rossi (fs. 165/168). Esta última se encontraba
embarazada al momento de su detención, y no sólo no recibió los cuidados
necesarios por el estado en que se hallaba, sino que fue torturada, violada
y perdió su embarazo.
Esta forma específica de agresión se advierte también en las
causas n° 34.281-B “Fiscal c/ Mochi” (en perjuicio de Luz Amanda
Faingold), n° 67.507-D “Fiscal c/ Llorens” (en perjuicio de Teresita Fátima
Llorens), n° 36.887-B “Fiscal c/ Luna” (en perjuicio de María Luisa Sánchez
de Vargas, Alicia Beatriz Morales de Galamba y Rosa del Carmen Gómez).
Ninguna de estas situaciones encontró amparo en la Justicia.
Este Jurado considera que las causas examinadas comportan
un gran número de ataques sexuales producidos en contra de las mujeres.
Frente a este patrón generalizado de conductas ilícitas cometidas por
agentes del Estado, especialmente en el Departamento de Informaciones
Policiales (D-2) ubicado en el Palacio Policial de la ciudad de Mendoza, la
función judicial de garantía estuvo ausente y el entonces fiscal federal
Otilio Romano tampoco promovió la pertinente investigación penal.
64°) Que al doctor Romano no lo exime del cumplimiento de
sus deberes la circunstancia de que el archivo dispuesto no cause estado,
pues en los hechos ello implicó el cese definitivo de la investigación, al
punto de que la defensa no ha podido probar que en momento alguno su
asistido haya intentado la reanudación o revisión de la pesquisa.
Por último, tampoco resulta una excusa atendible la
intervención de otros magistrados en la causa, en razón de que era su

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obligación personal y funcional intentar por cualquier medio legal acreditar
los hechos e identificar a sus autores, lo que en definitiva omitió, y por lo
cual junto a otros funcionarios están enjuiciados a efectos de deslindar
responsabilidad penales.
65°) Que ha quedado demostrado que los imputados
denunciaron en sus indagatorias judiciales –y puestas en conocimiento al
fiscal Romano después- haber sido víctimas de violaciones a sus derechos
humanos (detenciones y privaciones de la libertad ilegítimas, tormentos,
violaciones sexuales, condiciones inhumanas de detención, forzados a
suscribir declaraciones en su contra), donde dieron detalles de los
tormentos padecidos y el lugar de su comisión, por lo que resultaba casi
una obviedad investigar cuál fue la autoridad que llevó a cabo los
procedimientos e identificar a los agentes de la dependencia que
participaron.
Sin embargo el doctor Romano no cumplió con el deber de
obrar consistente en promover, impulsar o sugerir pruebas tendientes a la
investigación de los delitos denunciados y sólo propició su archivo cuando
se contaban con nuevos e importantes elementos para profundizarla, lo
que implicó no someter a los responsables a la acción de la justicia.
66°) Que por ello, el Dr. Otilio Roque Romano también
incumplió aquí con su obligación legal de promover la averiguación y
enjuiciamiento de los delitos de acción pública conforme lo establecía el
artículo 118 inciso 1° del Código de Procedimientos en Materia Penal
vigente –ley 2372- y tampoco vigiló como era debido el fiel cumplimiento
de las leyes y reglas de procedimiento (inc. 4°, art. citado).
La conducta asumida por el entonces agente fiscal y su
dictamen del 13/10/1978 merecen gran reproche y constituyen una
irregularidad y una deshonra respecto del comportamiento que la
comunidad tenía derecho a esperar del funcionario, hoy juez de la Nación,
y justifican la remoción formulada por la acusación en lo que a este cargo
se refiere.
Participación necesaria e indispensable del doctor Romano en el
plan represivo del último proceso militar.
71

72
67°) Que la acusación colige, como consecuencia de las
omisiones detalladas en los considerandos precedentes y basada en la
sentencia dictada por la Cámara Federal de Mendoza el 18 de mayo del
corriente año, que el juez acusado resultó funcional al plan represivo
montado por las fuerzas armadas y de seguridad en el marco del
terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 en la provincia de
Mendoza. Considera que la conducta omisiva del doctor Romano respecto
de delitos de lesa humanidad resulta sistemática –ya que no se reduce a
uno ó pocos casos aislados, sino que por su reiteración demuestra un
patrón de conducta, un modus operandi- y prolongada –porque ha
perdurado en el tiempo-.
Al respecto, cabe puntualizar que el sustrato de tal imputación
radica en la descripción de una conducta tipificada dentro de los
denominados delitos de infracción de deber, cuya investigación
actualmente –por así corresponder- se está llevando a cabo ante el fuero
penal federal de la Provincia de Mendoza, en la causa n° 636–F caratulada
“Fiscal c/ Guzzo y otros”.
Por lo tanto, no obstante que este Jurado ha evaluado en este
proceso la totalidad de los hechos reprochados al doctor Otilio Roque
Ireneo Romano y los que en definitiva se le atribuyen consisten en graves
omisiones inherentes a la función que debía cumplir, ello debe enfocarse
desde la perspectiva del marco de su competencia, que –como ya se ha
anticipado en el inicio de este fallo- se encuentra limitada por el artículo
115, que remite al artículo 53- de la Constitución Nacional.
Tal restricción, sumada al acotado tiempo constitucional con el
que se cuenta para el dictado de este fallo y a la ausencia de mayores
elementos para la merituación de un reproche de tan alto grado de
complejidad, conlleva consecuentemente al impedimento jurisdiccional
para este órgano de adentrarse en la dilucidación de la funcionalidad del
acusado respecto de un plan tan amplio, perverso e intrincado como lo fue
el llevado a cabo durante el último proceso militar.
CONSIDERACIONES FINALES.
68°) Que desde sus primeros pronunciamientos este Jurado de
Enjuiciamiento expresó que el propósito del juicio político no es el
castigo del funcionario, sino la mera separación del magistrado para la

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
protección de los intereses públicos contra el riesgo u ofensa derivados del
abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la
dignidad del cargo.
De tal manera que se lo denomina juicio “político” porque no
es un juicio penal sino de responsabilidad, dirigido a aquellos ciudadanos
investidos con la alta misión del gobierno, en su cabal expresión (doctrina
del Jurado en la causa “Brusa… s/ pedido de enjuiciamiento”, fallo del 30
de marzo de 2000).
Asimismo, en dicho precedente se destacó, con cita de la
doctrina de la Corte Suprema, que “se trata de un juicio de
responsabilidad política con sujeción a las reglas del debido proceso legal,
lo que equivale a decir que en lo sustancial el juicio es político, pero en lo
formal se trata de un proceso orientado a administrar justicia, es decir, a
dar a cada uno su derecho, sea a la acusación en cuanto le asista el de
obtener la remoción del magistrado, sea a éste, en cuanto le asista el de
permanecer en sus funciones” (fallo cit., con cita de la doctrina de la C.S.,
“Nicosia”, Fallos: 316:2940).
69º) Que la causal de destitución por mal desempeño fue
introducida en la reforma constitucional de 1860 –basada en la voz
“misdemeanor” contemplada en el artículo II, sección 4, de la Constitución
de los Estados Unidos de Norteamérica- y tuvo una decisiva influencia en
la configuración de la naturaleza y modalidades del juicio político.
Al respecto, este Jurado, en el mencionado fallo “Brusa” -con
cita del Informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal de
1860- refirió que “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al
vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes
calificados por la ley común, pero sí constituir „mal desempeño‟ porque
perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública,
impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución”, en
cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento.
El concepto de “mal desempeño” en términos constitucionales
guarda estrecha relación con el de “mala conducta” en la medida en que,
en el caso de magistrados judiciales, el artículo 53 de la Constitución
Nacional debe ser armonizado con lo dispuesto por el artículo 110 para la
permanencia en el cargo. La inamovilidad de los jueces asegurada por el
art. 110 de texto constitucional cede ante los supuestos de mal
73

desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes,
dado que al resultar esencial en un sistema republicano el debido
resguardo de los intereses públicos y privados confiados a la custodia de
los jueces y el prestigio de las instituciones, debe evitarse el menoscabo
que pueden sufrir por abuso o incumplimiento de los deberes del cargo
(doctrina del Jurado en la causa “Bustos Fierro… s/ pedido de
enjuiciamiento”, fallo del 26 de abril de 2000).
74
Así, es función propia de los tribunales de enjuiciamiento
decidir si del ejercicio de la función jurisdiccional surgen conductas
irregulares que configuren mal desempeño del magistrado.
CONCLUSIONES.
1°) Que la cuestión preliminar formulada por la defensa
referida a la irrevisibilidad de los actos políticos realizados por otros
poderes del Estado debe ser rechazada por los fundamentos expuestos ut
supra.
2°) Que en lo referente a los hechos imputados al magistrado
en el primer cargo de la acusación, este Jurado reprueba todo lo que el
conjunto total de expedientes revela de desprecio de la dignidad del ser
humano y de abuso de poder por parte de las fuerzas militares y policiales
que detentaban el gobierno de la época. Sin embargo, la misión en este
Cuerpo es constatar objetivamente que las conductas irregulares por las
cuales el Plenario del Consejo de la Magistratura acusa al Dr. Otilio Ireneo
Roque Romano se hallen debidamente demostradas.
El cargo se encuentra parcialmente probado en relación a
ciertos casos en los cuales el doctor Romano no propuso ninguna medida
de investigación o de trámite respecto de denuncias de secuestro o de
desaparición de personas o en los cuales omitió la investigación de delitos
de torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tomó conocimiento
con motivo de su condición de fiscal federal.
En lo concerniente a los recursos de hábeas corpus evaluados
(con excepción del interpuesto a favor de Santiago José Illa) corresponde
destacar que, sin perjuicio de advertirse una lineal displicencia e
insensibilidad en la actuación del entonces fiscal Romano, su intervención
se adecuó a las mínimas formas procesales que habitualmente se

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
utilizaban en esa época, por lo que no es posible reprocharle mala
conducta en ese sentido.
En consecuencia, el Jurado considera que el cargo n° 1 de la
acusación está probado en forma parcial, con el siguiente alcance: Haber
omitido en forma reiterada la denuncia, promoción de la investigación y
persecución de delitos de privaciones ilegítimas de libertad –incluso de
personas que a la fecha continúan desaparecidas-, apremios ilegales,
violaciones y torturas, de los que tomó conocimiento en su condición de
fiscal, en relación a los hechos vinculados a los expedientes n° 68.797-D
(caso n° 5), n° 36.189-B (caso n° 87), n° 67.507-D (caso n° 90), n°
68.733-D (caso n° 91), n° 35.114-E (caso n° 92), n° 69.502-D (caso
n° 93), n° 36.664-B (caso n° 96) y n° 68.431-D (caso n° 98),
reseñados precedentemente.
3°) Que en lo que respecta a los cargos formulados al doctor
Otilio Ireneo Roque Romano por su actuación como fiscal federal en la
causa n° 34.281-B “Fiscal c/ Mochi, Prudencio y otros p/ Av. Infracción
art. 189 bis C.P. y ley 20.840”, este Jurado estima probadas las siguientes
imputaciones:
a) haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de los
testimonios que prestaron ante él como fiscal federal los entonces
imputados León Eduardo Glogowski, Ismael Esteban Calvo Gutiérrez y Blas
Armando Yanzón, en los que se indicaba la comisión de delitos de acción
pública; y
b) haber omitido efectuar denuncia penal con motivo de los delitos
de los que fuera víctima la menor Luz Amanda Faingold Casenave en
ocasión de su detención.
En efecto, mediante las constancias de la causa y los
testimonios aportados a este juicio, ha quedado firmemente demostrado
que en los casos descriptos y evaluados en los considerados precedentes
respecto de los nombrados, el acusado, en contraposición con la celeridad
y diligencia que demostraba para investigar las infracciones que se les
enrostraba en función de la ley 20.840, nada hizo respecto de los graves
delitos de torturas, violaciones y robos que Glogowski, Calvo Gutiérrez y
Yanzón pusieron en su conocimiento en forma directa en ocasión de sus
indagatorias.
75

76
El doctor Romano incumplió así sus obligaciones como
funcionario esencial del sistema de justicia en representación del Ministerio
Público, en reiterada y abierta infracción a los deberes que expresamente
le eran impuestos por los preceptos del art.118, incisos 1° y 4°, del Código
de Procedimientos en Materia Penal vigente en aquél momento, cuales
eran promover la investigación de los delitos que llegaran de cualquier
forma a su conocimiento instituyéndose en la instrucción de aquellos como
garante procesal.
En consecuencia, el Jurado considera que se encuentran
probados el cargo n° 3 y la primera parte del cargo n° 5.
4°) Que en lo que respecta a la segunda parte del cargo n° 5
de la acusación, de las constancias del incidente de entrega caratulado
“Natalio Faingold solicita entrega de su hija Luz Amanda Faingold
Casenave” se desprende que el doctor Romano, en su carácter de fiscal,
intervino en las oportunidades en que se le corrió vista y expresó su
opinión contraria -al igual que lo hizo el Fiscal de Cámara- a la entrega de
la menor a sus padres, dando fundamentos de hecho y de derecho que,
más allá de lo opinable en cuanto a la dureza e insensibilidad de los
mismos, se adaptaban al régimen legal previsto para los menores.
Por lo tanto, no habiéndose reunido en la especie otros
elementos de cargo, debe concluirse en que la actuación del doctor
Romano en el incidente de referencia se mantuvo dentro de los
parámetros jurídicos aceptables respecto de una cuestión opinable, no
advirtiendo este Jurado que el acusado haya contravenido en el particular
el régimen legal que regía para los menores.
En consecuencia, se rechaza la segunda parte del cargo n° 5
formulado por la acusación.
5°) Que tampoco se encuentra probado el cuarto cargo
formulado por la acusación contra el doctor Otilio Roque Ireneo Romano.
Ello por cuanto de las actuaciones labradas en función del procedimiento
en que se detuvo a Prudencio Oscar Mochi surge que el nombrado se dio a
la fuga luego de habérsele dado la voz de alto y que ante ello se había
efectuado un disparo que -según el acta conformada por el informe
médico- habría impactado en su pierna, con orifico de entrada y salida a la
misma altura, considerándose en otra certificación médica inmediatamente
posterior que el tiempo probable de curación de la herida provocada por
aquél disparo rondaría en los 25 días. En estas condiciones, no puede

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
dejar de advertirse que la acción que podría haberse ejercido por la herida
producida se hallaría incursa dentro del ámbito de las acciones
dependientes de instancia privada y por ello, fuera de la esfera de impulso
del Ministerio Público.
Tampoco es menos cierto que habiéndose tratado de un
procedimiento policial de detención por orden del juez competente, estaba
en cabeza del magistrado la dirección y el contralor de las actuaciones
prevencionales según las disposiciones del Código de Procedimientos en
Materia Penal vigente en ese momento (arts. 182 inc. 12 y 197 C.P.M.P,
ley 2372).
Estipulado ello debe arribarse a la conclusión de que, si bien
por lo visto en los otros casos no era una característica propia del doctor
Romano la de controlar la legalidad del proceso en cuanto a la actuación
de las fuerzas de seguridad, en lo que se refiere a esta cuestión y no
existiendo otros elementos de cargo, no puede adjudicársele una conducta
impropia que amerite su destitución por este hecho.
acusación.
En consecuencia, se rechaza el cargo n° 4 formulado por la
6°) Que en relación al sexto cargo de la acusación, el Jurado
está en condiciones de afirmar que el doctor Romano tuvo pleno
conocimiento de las irregularidades e ilícitos denunciados por los detenidos
en la causa nº 36.887 caratulada “Fiscal c/ Luna, Roque Argentino y otros
s/arts. 213 bis, 292 en función del art. 296, 189 bis del Código Penal y Ley
20.840” del Juzgado Criminal Federal de Mendoza, y que pese a ello omitió
investigarlos cuando su deber como procurador fiscal federal era
justamente garantizar la legalidad del proceso y promover el
enjuiciamiento de los delitos que llegaran a su conocimiento.
la acusación.
En consecuencia, el Jurado considera probado el cargo n° 6 de
7°) Que en cuanto al séptimo cargo formulado en contra del
doctor Romano, ha quedado demostrado que en sus indagatorias judiciales
los entonces imputados dieron detalles de los tormentos padecidos y el
lugar de su comisión, por lo que resultaba casi una obviedad investigar
cuál fue la autoridad que llevó a cabo los procedimientos e identificar a los
agentes de la dependencia que participaron en ellos. Sin embargo, el
doctor Romano no cumplió con el deber de obrar consistente en promover,
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impulsar o sugerir pruebas tendientes a la investigación de los delitos
denunciados y sólo propició su archivo cuando se contaban con nuevos e
importantes elementos para profundizarla, lo que implicó no someter a los
responsables a la acción de la justicia.
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Por ello, el Dr. Otilio Roque Romano también incumplió aquí
con su obligación legal de promover la averiguación y enjuiciamiento de
los delitos de acción pública y tampoco vigiló como era debido el fiel
cumplimiento de las leyes y reglas de procedimiento, conforme lo
establecía el artículo 118 incisos 1° y 4° del Código de Procedimientos en
Materia Penal vigente –ley 2372-.
la acusación.
En consecuencia, el Jurado considera probado el cargo n° 7 de
8°) Que no obstante que este Jurado ha evaluado en este
proceso la totalidad de los hechos reprochados al doctor Otilio Ireneo
Roque Romano y los que en definitiva se le atribuyen consisten en graves
omisiones inherentes a la función que debía cumplir, ello debe enfocarse
desde la perspectiva del marco de su competencia, que se encuentra
limitada por el artículo 115, que remite al artículo 53, de la Constitución
Nacional.
Tal restricción, sumada al acotado tiempo constitucional con el
que se cuenta para el dictado de este fallo y a la ausencia de mayores
elementos para la merituación de un reproche de tan alto grado de
complejidad, conlleva consecuentemente al impedimento jurisdiccional
para este órgano de adentrarse en la dilucidación de la funcionalidad del
acusado respecto de un plan tan amplio, perverso e intrincado como lo fue
el llevado a cabo durante el último proceso militar y, por lo tanto, al
rechazo del segundo cargo formulado por la acusación.
9°) Que en definitiva, se ha reconstruido a lo largo de este
proceso, mediante la materialización documental aportada y los relatos
expuestos por los testigos que han declarado ante este Jurado -víctimas
en su mayoría del accionar de distintas fuerzas policiales, militares,
paramilitares, etc.-, una vívida muestra del período de ignominia
atravesado por la provincia de Mendoza, al igual que lo que sucedía en
tantas otras a lo largo del país.
Quedó reflejado a través de esos testimonios brindados en las
audiencias del debate, así como en anteriores declaraciones en otras
instancias judiciales, la forma en que grupos de aquellas fuerzas,

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excusándose en órdenes superiores, ya sea gubernamentales, militares o
del propio Poder Judicial, se encargaban del secuestro de personas
sospechadas de infringir las disposiciones de las Leyes 20.840 y 21.325 de
seguridad nacional y los trasladaban a centros clandestinos de detención,
así como en los casos que eran judicializados en Mendoza, se los alojaba,
luego de procedimiento policiales o militares de inusitada e innecesaria
violencia, en el D.2 (Departamento de Informaciones de la Policía de
Mendoza), cuya dirección estaba a cargo del Comisario General Pedro
Dante Antonio Sánchez Camargo.
En esos lugares, personal evidentemente capacitado en crueles
sesiones de interrogatorio extraía mediante amenazas y todo tipo de
torturas las declaraciones y confesiones a presuntos infractores de
aquellas leyes -culpables o inocentes por igual-, las que en muchos casos
eran utilizadas posteriormente en sedes judiciales como presunción o
prueba en contra de los imputados que habían soportado tales tormentos.
No menos cruento y acuciante se presentaba el panorama por
aquellos tiempos para aquellos abogados que se constituían como letrados
defensores de quienes eran imputados o acusados en las causas penales
instruidas en razón de las leyes referidas. Ha podido este Jurado asomarse
a tales padecimientos a través de los angustiantes relatos efectuados por
los testigos que han declarado durante las audiencias de debate (doctores
Haydée Clorinda Fernández, Héctor Rosendo Chávez, Fidel Fabián Bustelo,
Juan Carlos Aguinaga y Nicolás Eduardo Becerra), algunos de los cuales en
esos aciagos momentos constituían un pequeño grupo de abogados a los
que se los hostigaba, amenazaba e impedía el ejercicio de su ministerio -
en el mejor de los casos-, o directamente se los secuestraba y torturaba
por el sólo hecho de defender a aquellos detenidos sospechados de
subversión, atribuyéndoles también a ellos las mismas imputaciones que
se les efectuaba a quienes pretendían representar legalmente.
Tales ataques dan muestra del debilitamiento de las garantías
de la defensa de los imputados y de los ciudadanos en general, así como el
aplastamiento de toda forma de solidaridad con aquellos que padecían la
brutal persecución de grupos armados, ya sean policiales, militares o
paramilitares acaecida entre los años 1975 y 1976 en la provincia de
Mendoza.
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En ese contexto es que el doctor Romano desempeño sus
funciones de fiscal federal en una abultada cantidad de casos y,
paradójicamente, cuando más se necesitaba la garantía de contar con
funcionarios judiciales independientes, que sin requerírseles actos de
arrojo o de peligro para sus vidas, se les exigía la valentía de actuar con
firmeza y sobretodo rectitud en su conducta procesal, él desdeñaba
reiteradamente los reclamos, denuncias y hasta clamores de los detenidos
en función de aquellas leyes de seguridad nacional o los de sus familiares,
así como los de tantos otros de los que jamás se supo su paradero y
destino.
No está este Jurado en condiciones de desentrañar las
profundas e intrínsecas motivaciones que llevaron al acusado a actuar, o
mejor dicho a no actuar, de la forma en que lo hizo en las causas y casos a
los que se han hecho referencia a lo largo de este fallo, más no le cabe a
este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor
Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la
magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto
honor.
Refuerza esta convicción la impropia actitud que el magistrado
mantiene en la actualidad al no haberse presentado a estar a derecho ante
la jurisdicción que lo reclama y haber solicitado asilo en el extranjero,
persistiendo de esta forma en otra postura omisiva que agrava aún más su
disvalioso proceder y corrobora su falta de idoneidad para continuar
desempeñándose como Juez de la Nación.
10º) Que este Jurado valora debidamente la trascendencia y
gravedad institucional de una medida que importa separar a un juez de
sus funciones, pero adopta tal decisión en resguardo de la administración
de justicia, en el convencimiento de que el doctor Otilio Ireneo Roque
Romano debe cesar en el cargo de juez federal y en la prestación de
servicios a la Nación, frente a las graves omisiones procesales en que
incurrió.
Al respecto del mal desempeño como causal de remoción de
magistrados, la Excma. Corte Suprema de la Nación, con cita del Dr.
Joaquín V. González, ha sostenido que: "…´[p]ueden los actos de un
funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no
ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal
desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonre el país o la

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y las garantías de
la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político´ (Joaquín V.
González, Manual de la Constitución Argentina, 25a. ed., 1983, pág. 504)”.
(CSJN, Brusa, Hermes s/ pedido de enjuiciamiento, diciembre 2003).
En sentido coincidente, este Jurado ha afirmado que: “Una de
las notas centrales del mal desempeño consiste en que no exige
necesariamente la comisión de delitos, sino que es suficiente para separar
del cargo a un magistrado, la demostración de que no se encuentra
habilitado para desempeñar la función, conforme las pautas que los
poderes públicos exigen” y que “[e]l mal desempeño, en cualquiera de sus
formas, afecta la base misma de la autoridad y potestad de los jueces que
es la honradez y credibilidad que inspiren a los otros órganos de gobierno
y a la sociedad.” (JEMN, causa n° 20 “Dr. Rubén Omar Caro s/ pedido de
enjuiciamiento”, voto de los Dres. Manuel Justo Baladrón, César A. Gioja y
Carlos Alberto Rossi, agosto de 2006).
Por todo ello, y en atención a los fundamentos antes
expuestos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
concluye en que existe mérito suficiente a la luz de la prueba colectada en
este expediente como para proceder a la remoción del Dr. Otilio Ireneo
Roque Romano del cargo que actualmente ostenta en el Poder Judicial de
la Nación y, en consecuencia, sobre la base de lo dispuesto por los
artículos 53, 110 y 115 de la Constitución Nacional y disposiciones
pertinentes de la ley 24.937, sus modificatorias y del Reglamento Procesal,
RESUELVE:
I) RECHAZAR la cuestión preliminar planteada por la defensa
del doctor Otilio Ireneo Roque Romano.
II) REMOVER al señor juez doctor Otilio Ireneo Roque
Romano, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por
haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño, con costas.
III) COMUNICAR la presente resolución a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Cámara Nacional de
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Casación Penal, a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y a la
Administración General del Poder Judicial de la Nación, a sus efectos.
82
IV) ORDENAR la publicación de la parte dispositiva del
presente fallo en el Boletín Oficial (artículo 36 del Reglamento Procesal).
Regístrese, notifíquese y cúmplase.
María Alicia Noli
María Susana Najurieta Rolando Adolfo Bermejo
Emilio Alberto Rached Oscar Edmundo Nicolás Albrieu
Ricardo Buryaile Fabián Antonio Sahade