recomendación número: 49/2007. quejoso: paulino everardo mejia ...

20que existen en la comunidad para trabajar en obras, aún cuandosean de beneficio colectivo, pues es claro que en la conservación odesarrollo de las lenguas, cultura, usos, costumbres y formas deorganización de los pueblos, debe prevalecer el dialogo yconvencimiento, a efecto de que no exista incompatibilidad con elsistema jurídico nacional hasta en cuanto estos usos y costumbressean contemplados en el marco legal mexicano expresamente.En el mismo orden de ideas, este Organismo reconoceque la participación efectiva de los miembros o pobladores de unacomunidad, en los trabajos y actividades a desarrollarse, es uno delos componentes indispensables para el crecimiento y desarrollo delas mismas comunidades y pueblos, que necesariamente deberáverse reflejado en el beneficio de todos los miembros de esacomunidad y en una mejor calidad y nivel de vida para ellos; sinembargo, esa participación individual o colectiva por parte de losmiembros de una comunidad debe darse en el ámbito de respeto atodos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, por lo quela gestión pública de la autoridad deber ser transparente yresponsable, exhortando con sus mejores oficios a un cooperaciónparticipativa y no impositiva, que permita ese desarrollo comunitario,que resulta fundamental para concebir y mantener la paz social y laseguridad dentro de los pueblos.Bajo esas premisas, es importante destacar, que en elejercicio de las funciones de las Autoridades Municipales, lalegalidad y la seguridad jurídica deben ser principios rectores de suactuación, por lo que resulta indebido utilizar el cargo que les fueconferido para privar de su libertad personal a los ciudadanos sinfundamento legal, propiciando con ello detenciones arbitrarias ydejando así de observar la obligación que contrajeron al prestarpreviamente protesta de cumplir y hacer cumplir la ConstituciónGeneral de la República y las Leyes que de ella emanen, comoprevienen los artículos 128 de la Constitución General de laRepública y 137 de la Constitución local.Por otra parte, el cobro de la cantidad de $150.00 (cientocincuenta pesos) a los agraviados, tampoco tiene un sustento legal.