Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

PresentaciónMe complace referirme a la invitación que de manera muy particular me extendierala Directora del Centro de Investigación Jurídica (CIJ) de la Facultad de Derecho y CienciasPolíticas de la Universidad de Panamá al distinguirme con la encomiable tarea de presentara la comunidad universitaria, nacional e internacional, el nuevo formato del BOLETIN DEINFORMACIONES JURIDICAS.Sin lugar a dudas que, como apasionada al derecho y las nuevas tecnologías, esmeritorio reconocer que el CIJ enfrenta con madurez el reto de acceder a las nuevasherramientas tecnológicas al elaborar para los estudiosos del derecho una revista digital, loque constituye un paso seguro y significativo de ingreso a la Sociedad de la Información,también reconocida como la Era digital.Ya desde los finales del siglo XX y albores del presente siglo hemos escuchado yacuñado el término “cibernética” que nos hace converger de escenarios del mundo real al“mundo virtual”, propio de la cultura de la Tecnología de la Información y la Comunicación(TIC) para referirnos a la información que esta siendo desarrollada desde la Internet o através de plataformas tecnológicas. Hemos sido testigo de cómo este devenir tecnológicoha ido rompiendo paradigmas, en cuanto al soporte de la información (soporte en papel),para adentrarnos al mundo virtual; esta Era de las TIC´s, permitirá que el Centro deInvestigación Jurídica de la Universidad de Panamá, de reconocida trayectoria nacional einternacional, por los aportes jurídicos que proyecta en sus publicaciones, se posesionedesde un sito de navegación, como lo es www.up.ac.pa, en un puntal de proyección local einternacional, ante centros de investigación y universidades, a través de la Red Internettambién llamada autopista de la información.Desde 1998, Panamá cuenta con la Ley 11, que regula el almacenamientotecnológico de documentos y pasada una década se escucha el término “justicia virtual”para referirse a la informatización de los procesos judiciales; con la creación de la Ley 15 de7 de febrero de 2008, se ha logrado la implementación del Sistema de Gestión Judicial de laRepública de Panamá, en esta medida el Órgano Judicial, a nuestro parecer de maneraoportuna y con paso firme ha aceptado el reto de ingreso en la era digital, toda vez que losprofesionales del derecho o a través de las firmas o consocio que represente, deberá contarcon un nombre o clave de usuario y contraseña para acceder a la consulta de fallos,normas, convenios y/o al expediente electrónico judicial, que este ultimo como señala la ley,contendrá la gestión y actuación de cada una de las instancias, incidentes y recursos que sepromuevan mediante el Sistema de Gestión Judicial.Ahora desde una oficina sin papel, tanto los presentes como futuros profesionalesdel derecho deben estar capacitados y preparados para continuar este legado y procurar eldesarrollo tecnológico correspondiente.Por todo lo antes expuesto le invitamos como lector, a que con esa nueva aperturadigital, se disponga a revisar cada uno de los contenidos, artículos y aportes que se publicanen este nuevo formato de la edición del Boletín de Informaciones Jurídicas, No.42.Por Yadira Aguilar GordónAbogada – Especialista en Docencia SuperiorEs de rescatar que hoy día a través del uso de la TIC´s, se cuenta con el acceso apáginas electrónicas de Internet que le permiten al usuario, llámese estudiante, profesionaldel derecho o público interesado, navegar, indagar y procesar información de maneraeficiente y eficaz, logre obtener la información requerida; vgr. sitios como:www.panamacompra.gob.pa, la cual representa la modernización de los procesos decontratación pública (Ley 22 de junio de 2006); también contamos conwww.panamatramita.gob.pa, mediante la cual se permite acceder a los múltiples trámitesque se realizan en las entidades públicas, de manera simplificada e integral.

Volver al índiceBUQUES, 2001, HECHO EN LONDRES EL 23 DE MARZO DE 2001”. Gaceta No. 26203.viernes, 16 de enero de 2009LEYES DEL 2009Ley Nº 1 De 6 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE INSTITUYE LA CARRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEROGA Y SUBROGA DISPOSICIONES DELCÓDIGO JUDICIAL”. Gaceta No. 26200martes, 13 de enero de 2009Ley Nº 2 De 6 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006 (MLC), ADOPTADO EL23 DE FEBRERO DE 2006, POR LA 94A REUNIÓN (MARÍTIMA) DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LAORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)”. Gaceta No. 26200.martes, 13 de enero de 2009Ley Nº 3 De 9 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL"QUE ASIGNA NOMBRES A ALGUNAS INSTALACIONES DEPORTIVAS" . Gaceta No. 26202.jueves, 15 de enero de 2009Ley Nº 4 De 9 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE REGULA LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. Gaceta No. 26202 –A.jueves, 15 de enero de 2009Ley Nº 5 De 14 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO JUDICIAL” .Gaceta No. 26202 –A.jueves, 15 de enero de 2009Ley Nº 6 De 14 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LAREPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EL 16 DE JUNIO DE 2008”.Gaceta No. 26203.viernes, 16 de enero de 2009Ley Nº 7 De 14 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDADE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR LOS HIDROCARBUROS PARA COMBUSTIBLE DE LOSLey Nº 8 De 14 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE INSTITUYE EL FESTIVAL DEL POLLITO, PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA CULTURA, LARECREACIÓN Y LA ECONOMÍA, Y CREA SU PATRONATO”. Gaceta No. 26203.viernes, 16 de enero de 2009Ley Nº 9 De 19 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL"QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 1172-W (TRANSITORIO) AL CÓDIGO FISCAL, PARA AUTORIZAR LAACUÑACIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS AL CENTENARIO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, YDICTA OTRAS DISPOSICIONES". Gaceta No. 26205.martes, 20 de enero de 2009Ley Nº 10 De 22 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL"QUE MODERNIZA EL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL Y CREA EL INSTITUTO NACIONAL DEESTADISTICA Y CENSO". Gaceta No. 26211.miércoles, 28 de enero de 2009Ley Nº 11 De 23 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL"QUE ESTABLECE EL CERTIFICADO DE INCENTIVO A LA EXPORTACION DENOMINADOEUROCERTIFICADO Y MODIFICA LA LEY 108 DE 1974". Gaceta No. 26211.miércoles, 28 de enero de 2009Decreto Ejecutivo Nº 13 De 6 de febrero de 2009MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY NO. 11 DE 23 DE ENERO DE 2009 QUE ESTABLECE ELCERTIFICADO DE INCENTIVO A LA EXPORTACIÓN DENOMINADO EUROCERTIFICADO Y MODIFICA LALEY NO. 108 DE 1974”. Gaceta No. 26218.Viernes, 6 de febrero de 2009Decreto Ejecutivo Nº 31De 21 de abril de 2009MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS"POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO EJECUTIVO NO. 13 DE 6 DE FEBRERO DE 2009". Gaceta No.26266.miércoles, 22 de abril de 2009Resolución Nº 7 De 2 de febrero de 2009MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS"POR LA CUAL SE RESUELVE PROMULGAR LOS PRODUCTOS SUJETOS AL BENEFICIO DELEUROCERTIFICADO ASI COMO, EL PORCENTAJE A RECONOCER, CONFORME A LO ESTABLECIDO ENEL ARTICULO 1 DE LA LEY Nº 11 DE 23 DE ENERO DE 2009" .Gaceta No. 26218 –A.viernes, 6 de febrero de 2009

Volver al índiceLey Nº 12 De 23 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL"QUE REFORMA LA 8 DE 1982 Y DICTA NORMAS DE PROCEDIMIENTO MARITIMO" .Gaceta No. 26211.miércoles, 28 de enero de 2009Ley Nº 13 De 23 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 2007, APROBADO POR LARESOLUCIÓN No. 431 DEL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFE, ADOPTADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE2007". Gaceta No. 26211.miércoles, 28 de enero de 2009Ley Nº 14 De 23 de enero de 2009ASAMBLEA NACIONAL"QUE CREA LA SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA" .Gaceta No. 26211.Miércoles, 28 de enero de 2009Ley Nº 15 De 10 de febrero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE AUTORIZA AL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL A OTORGAR UN SUBSIDIO A LOS PRESTATARIOSCONSTITUIDOS BAJO LA CARTERA DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, LOS LOTES SERVIDOS, MEJORASHABITACIONALES Y PRÉSTAMOS PERSONALES, CONSTITUIDOS Y ENTREGADOS HASTA EL 1 DEENERO DE 1995” . Gaceta No. 26225.Martes, 17 de febrero de 2009Decreto Ejecutivo Nº 18 De 1 de abril de 2009MINISTERIO DE VIVIENDA"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No. 15 DE 10 DE FEBRERO DE 2009, QUE AUTORIZA AL BANCOHIPOTECARIO NACIONAL A OTORGAR UN SUBSIDIO A LOS PRESTATARIOS CONSTITUIDOS BAJO LACARTERA DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, LOS LOTES SERVIDOS, MEJORAS HABITACIONALES YPRÉSTAMOS PERSONALES CONSTITUIDOS Y ENTREGADOS HASTA EL PRIMERO (1) DE ENERO DE1995". Gaceta No. 26254.jueves, 2 de abril de 2009Ley Nº 16 De 12 de febrero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE ESTABLECE EL ESCALAFÓN Y LA NOMENCLATURA DE CARGOS DE LOS TRABAJADORES YTRABAJADORAS SOCIALES Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”. Gaceta No. 26226.Miércoles, 18 de febrero de 2009Ley Nº 17 De 12 de febrero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE REGULA LA PROFESIÓN DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS”. Gaceta No. 26226.Miércoles, 18 de febrero de 2009Ley Nº 18 De 26 de febrero de 2009ASAMBLEA NACIONAL“QUE CREA CORREGIMIENTOS EN LOS DISTRITOS DE CHIRIQUÍ GRANDE Y CHANGUINOLA EN LAPROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. Gaceta No. 26233.Miércoles, 4 de marzo de 2009Ley Nº 19 De 2 de marzo de 2009ASAMBLEA NACIONAL"QUE DECLARA DERECHO ADQUIRIDO LAS PARTIDAS DEL DECIMOTERCER MES CORRESPONDIENTESA LOS AÑOS 1989, 1990 Y 1991". Gaceta No. 26233.Miércoles, 4 de marzo de 2009Ley Nº 20 De 27 de marzo de 2009“QUE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN EXTRAORDINARIA PARA DEFINIRY FORMALIZAR LOS ASENTAMIENTOS COMUNITARIOS POR ANTIGÜEDAD Y DICTA OTRASDISPOSICIONES. Gaceta No. 26252.martes, 31 de marzo de 2009Decreto Ejecutivo Nº 19 De 30 de abril de 2009MINISTERIO DE VIVIENDA“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 20 DE 27 DE MARZO DE 2009, QUE ESTABLECE UNPROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EXPROPIACION EXTRAORDINARIA PARA DEFINIR Y FORMALIZAR LOSASENTAMIENTOS COMUNITARIOS POR ANTIGUEDAD Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES". Gaceta No.26272.jueves, 30 de abril de 2009Ley Nº 21 De 6 de abril de 2009"QUE RESTABLECE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 44 DE 2004, QUE CREA EL PARQUENACIONAL COIBA, Y MODIFICA EL ARTÍCULO 278 DE LA LEY 55 DE 2008". Gaceta No. 26259.lunes, 13 de abril de 2009Ley Nº 22 De 13 de abril de 2009"QUE AUTORIZA UN AUMENTO A PENSIONADOS Y JUBILADOS Y MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY37 DE 2001". Gaceta No. 26261.miércoles, 15 de abril de 2009Ley Nº 23 De 21 de abril de 2009“QUE DECLARA EL TERRITORIO INSULAR ÁREA DE DESARROLLO ESPECIAL, REGULA LAADJUDICACIÓN EN LAS ZONAS COSTERAS Y DICTA LA LEGISLACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DEESTOS MEDIANTE UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN MASIVA DE DERECHOSPOSESORIOS”. Gaceta No. 26267.jueves, 23 de abril de 2009Ley Nº 24 De 30 de abril de 2009"QUE REGULA LA CARRERA DE TÉCNICO EN CONTROL DE VECTORES DEL MINISTERIO DE SALUD".Gaceta No. 26272 –A.Jueves, 30 de abril de 2009Ley Nº 25 De 22 de mayo de 2009

Volver al índice“QUE REFORMA LA LEY 10 DE 2004, QUE DECLARA EL 15 DE OCTUBRE DE CADA AÑO DÍA CÍVICO YFIESTA FOLCLÓRICA DEL FESTIVAL DEL TORITO GUAPO EN EL DISTRITO DE ANTÓN”. Gaceta No. 26291–A.jueves, 28 de mayo de 2009Ley Nº 26 De 22 de mayo de 2009“QUE DECLARA FIESTA FOLCLÓRICA EL FESTIVAL MI RANCHITO Y CREA SU PATRONATO”. Gaceta No.26291 –A.Jueves, 28 de mayo de 2009Ley Nº 27 De 22 de mayo de 2009“QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE HISTOLOGÍA”. Gaceta No. 26291 –A.jueves, 28 de mayo de 2009Ley Nº 28 De 3 de junio de 2009"QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 49 DE 1984, QUE ADOPTA EL REGLAMENTOORGÁNICO DEL REGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, PARA ADECUARLO A LASREFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2004".Gaceta No. 26297.viernes, 5 de junio de 2009Ley Nº 29 de 22 de junio de 2009“QUE APRUEBA EL PROTOCOLO BILATERAL ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y LA REPUBLICA DENICARAGUA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y PANAMA”.Gaceta No. 26309martes, 23 de junio de 2009Ley No. 30 de 22 de junio de 2009“POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA YLA REPUBLICA DE CUBA”.Gaceta No. 26309martes, 23 de junio de 2009Ley No. 31 de 22 de junio de 2009“QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 41 DE 2004, SOBRE EL AREA ECONOMICA ESPECIALPANAMA-PACIFICO, Y DICTA OTRA DISPOSICION.”Gaceta No. 26309martes, 23 de junio de 2009Investigación realizada por:Lessenia Tania DíazMagdalena BrandaoJURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVALicda. Vanessa Campos AlvaradoZONIFICACION INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO URBANO(El cumplimiento del requisito consulta ciudadana en actos de laadministración pública que lesione el interés general)Esta Corporación de Judicial considera que admitir la tesis de que, por un actogeneral puede cambiarse la zonificación de un área concreta implicaría violarlas normas que le dan a los ciudadanos la oportunidad de hacer valer susopiniones a través de la consulta.La Sala ha reconocido en anteriores ocasiones, que omitir la Consulta puedeprovocar la nulidad relativa del acto administrativo, en la medida en que éstainfracción pueda ocasionar indefensión o afectación de derechos de terceros.(artículo 55 Ley 38 de 2000)En Auto de 31 de enero de 2007, la Sala se refirió al presupuesto departicipación ciudadana:"El acto administrativo cuya suspensión provisional se solicita, es elResuelto No. 33 del 4 de febrero de 2003, por el cual la Dirección Generalde Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, resuelve aprobar elcambio de zona de RM1 vigente a RM2, de la Finca 21773, tomo 509,folio 68, ubicada en la calle José Martí, Urbanización El Cangrejo, BellaVista, con un área de 900 metros cuadrados. (F. 1 del libelo)Dicha petición tiene como argumento central que la entidad demandadaaprobó el cambio de zonificación, sin realizar la consulta ciudadanaprevista en el artículo 24 de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, y quelos residentes del lugar conocieron de este hecho en fecha posterior, por

Volver al índicemedio de un letrero que anunciaba la construcción de un proyecto deenorme magnitud en dicha área.Se observa que el planteamiento esbozado guarda similitud con unproceso de nulidad presentado ante este Tribunal, por las mismas partesproponentes del caso bajo estudio, donde se demanda la actuación de laDirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda enrelación al cambio de zonificación de una finca ubicada en el Cangrejo,calle José Martí.En el proceso al cual hacemos referencia, mediante Auto calendado 4 deoctubre de 2006, se accedió a la solicitud de suspensión provisional delresuelto censurado, dado que del análisis previo, se evidenció la presuntaaprobación del acto administrativo demandado sin la respectiva consultaciudadana regulada en el artículo 24 de la Ley No. 6 de 22 de enero de2002, el cual dice así:'Artículo 24. Las instituciones del Estado en el ámbitonacional y local, tendrán la obligación de permitir laparticipación de los ciudadanos en todos los actos de laadministración pública que puedan afectar los intereses yderechos de grupos ciudadanos, mediante las modalidadesde participación ciudadana que al efecto establece lapresente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos aconstrucción de infraestructuras, tasa de valorización,zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios.' (Elresaltado es de la Sala)La Sala al entrar en el análisis del presupuesto de participaciónciudadana contemplado en la disposición transcrita, destacó quetoda actuación de la Administración pública que implique unaposible afectación en los intereses y derechos de la ciudadaníaen general, requiere una comunicación previa a aquellos gruposinteresados, con el propósito de salvaguardar los mismos. Enesta categoría de actos administrativos, la ley en comento incluyeen forma categórica aquellos relativos a zonificación, por lo queresulta obligatorio el cumplimiento de este requisito al momentode decidir una petición de esta naturaleza.En la misma orientación es consultable el Auto 4 de octubre de 2006, dictado por laSala Tercera:"... de las circunstancias examinadas hasta el momento,pareciera que en la expedición del resuelto atacado se omitióel requisito de la participación ciudadana, lo cual constituyeelemento suficiente para acceder a la solicitud de suspensiónde los efectos de dicho acto administrativo, a fin de evitar unaposible afectación del intereses ciudadano en cuanto aldesarrollo urbano."En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrandojusticia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDEPROVISIONALMENTE los efectos de la Resolución No. 350-2007 de 8 deoctubre de 2007, emitida por el Ministerio de Vivienda, en cuanto a laasignación del código de uso de suelo RM2 (Residencial de AltaDensidad) otorgada a la Finca No. 28,344, inscrita al documento 1420234,Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, de la Dirección delRegistro Público.DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO.DIÓGENES DE LA ROSA CISNERO EN REPRESENTACIÓN DE NAIR GONZÁLEZ DÍAZ, DORISHERBRUGER DELIOT, ANA LISA PROSPERI DE CAPRILES, ALVARO SARMIENTO, JUAN CARLOSSERRANO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 204-2003DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, EMITIDA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, PUBLICADA EN LAGACETA OFICIAL NO. 24,984 DEL 7 DE FEBRERO DE 2004.Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo Fallo de 16 de febrero de2009.Materia: Acción Contenciosa Administrativa de NulidadMagistrado ponente: ADÁN ARNULFO ARJONA L.

Volver al índiceHACIA EL PERFECCIONAMIENTODE LA JURISDICCIÓN LABORALEN PANAMÁSUMARIO:Cecilio Cedalise Riquelme1. APARICION DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES ENCARGADOS DEDIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES. 2. EVOLUCIONCONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA JURISDICCION DE TRABAJO. 3.INCORPORACION DE LOS TRIBUNALES LABORALES AL ORGANOJUDICIAL. 4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALESSEGÚN LA LEGISLACION VIGENTE. 5. INSTAURACION NECESARIA DETODA LA ESTRUCTURA DE LA JURISDICCION LABORAL.RESUMEN:Este trabajo tiene por objeto abogar por el fortalecimiento de lajurisdicción de trabajo en Panamá, exhortando a las autoridadesgubernamentales a que pongan en funcionamiento todos los órganos quecomponen su estructura, con lo cual se ratifica su especialidad reconocidaen la Constitución Política. Ello busca la estricta observancia de las leyesque actualmente regulan la jurisdicción laboral, entendida como la potestadestatal orientada a la prestación del servicio público y esencial de administrarjusticia, sin que los asuntos políticos y presupuestarios sean el obstáculo olas excusas para el nombramiento de los operadores de la justicia laboral.Antes de todo ello fue necesario remontarnos al origen de los tribunalesespeciales encargados de resolver los conflictos laborales y al examenexhaustivo de su evolución jurídica, incluyendo el emblemático fallo delPleno que vino a consolidar la administración de justicia del país, cuando fuedeclarado inconstitucional el conjunto de normas que otorgaban facultades alÓrgano Ejecutivo en el nombramiento de los jueces y magistrados de lostribunales laborales.PALABRAS CLAVES:CONFLICTOS LABORALES. ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO.TRIBUNALES LABORALES. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA. MALESDE LA JURISDICCIÓN LABORAL. PROPUESTAS DE FORLATECIMIENTO.1. APARICIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES ENCARGADOS DEDIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES.La aparición de los conflictos de trabajo como fenómenos que rompenla armonía del ordenamiento jurídico y la paz social, junto a otros factoressocioeconómicos y políticos, determinaron la existencia de la jurisdicciónlaboral, originada en Europa y trasladada a América Latina, según la mayoríade los especialistas en Derecho del Trabajo. Por ende, se ha dicho queprecedieron a los tribunales y cabe referirnos a ellos, aunque seabrevemente, estableciendo no sólo su delimitación conceptual y diversidadtipológica sino sus dimensiones en las sociedades actuales.Durante la formación del movimiento obrero se originaron cuandoadvino la sociedad industrial y se dieron las luchas de clases caracterizadaspor ser violentas y sangrientas, situaciones que son menos frecuentes en laactualidad. Han experimentado formas variadas a través de los tiempos,como es sabido, al igual que se han dado de manera continua en la sociedadcontemporánea. Los conflictos de trabajo han estado presentes en lospaíses industrializados de economía capitalista, siendo los de mayor impactolos conflictos colectivos dado que las acciones de los trabajadores y el

Volver al índicemovimiento sindical ahora expresan con crudeza sus disputas einsatisfacciones frente a los empleadores y el resto del conglomerado social.La expresión conflictos laborales es concebida y definida de diversasmaneras por la doctrina científica y por las legislaciones de trabajo. Entérminos generales, estos conflictos suponen la oposición de intereses quese presentan entre los sujetos vinculados en una relación jurídica denaturaleza laboral. Según el tratadista Guillermo Cabanellas 1 los conflictoslaborales se configuran como posiciones antagónicas entre los protagonistasde las relaciones de trabajo generadas por causas diversas y que semanifiestan en momentos diferentes. Esta frase suele ser diferenciada deltérmino controversia cuyo significado es similar en su contenido, por lo queambos serán empleados como sinónimos.Esta clase de conflictos reflejan las situaciones de discrepanciasexteriorizadas públicamente entre los distintos sujetos protagonistas yderivadas de la prestación de servicios brindada bajo condición desubordinación. Estos son los elementos que integran la noción apuntada conanterioridad.Teniendo en cuenta un enfoque histórico y doctrinal,fundamentalmente, los conflictos laborales suelen ser clasificadosatendiendo a varios criterios, a saber: la naturaleza de los intereses enpugna, la finalidad perseguida en los conflictos o la causa que motivan losmismos y la vía de solución. Todos estos criterios están íntimamenterelacionados o conectados unos con los otros como es fácil advertir en elrecorrido histórico que haremos cuando se aborde el origen e inicio de lajurisdicción laboral.Usualmente, las modalidades que mayormente han sido identificadasson los conflictos individuales que se diferencian de los conflictos colectivos,siendo los primeros aquellos que envuelven la discusión de una cuestiónestrictamente particular que planteen los sujetos de la relación laboral,mientras que los segundos son aquellos que surgen ante los asuntos dedimensión colectiva o donde intervienen con esa extensión un grupo detrabajadores o una pluralidad de sujetos laborales sean éstos oempleadores.También se distinguen los conflictos de aplicación o de derechos y losconflictos de regulación o económicos, aquellos entrañan el debate de lainterpretación o vigencia efectiva de una norma preexistente, sea denaturaleza legal, convencional o reglamentaria, en tanto que los últimospersiguen la elaboración o creación de una nueva normativa o lamodificación de la existente sin pretender su estricto cumplimiento.Y finalmente se reconocen los conflictos justiciables y los conflictosnegociables, terminología moderna –pero su esencia tiene historia- quealude a los mecanismos empleados para la solución de los mismos,entendiendo que los primeros son atendidos por los órganos jurisdiccionalesy los segundos mediante los procedimientos administrativos o deautocomposición que suelen ser solucionados por la vía de la negociaciónentre las partes exclusivamente.Los conflictos laborales reportan una importancia significativa en lassociedades modernas, derivada de los efectos que se proyectan fuera delámbito de su entorno natural como son las empresas para invadir y penetrarotros campos como el político y el económico, básicamente, teniendo queser canalizados o institucionalizados por el ordenamiento jurídico de cara amantener la paz social y el entendimiento de sus protagonistas.1 CABANELLAS, Guillermo. 1966. Derecho de los Conflictos Laborales, BibliográficaOmeba, Buenos Aires, p.14.

Volver al índiceEn definitiva, interesa recalcar que los conflictos de trabajo sonfenómenos que antecedieron a los tribunales laborales que fueronorganizados bajo la denominada jurisdicción laboral. La actividad de estajurisdicción representa uno de los medios que son empleados para lasolución e institucionalización de los conflictos laborales.La justicia obrera tuvo su origen en Francia cuando se crearon losConseils de Prud’ hommes o Consejos de Prudentes bajo el imperio delEmperador Napoleón Bonaparte con la función de conocer y resolver conprontitud y en forma exclusiva los conflictos individuales de trabajo, puescuando aparecieron los conflictos colectivos de trabajo se planteó un nuevoproblema para la llamada justicia obrera al encomendarlos a otrosorganismos no jurisdiccionales, surgiendo la complejidad de la organizaciónde la justicia obrera como expuso el maestro Mario De la Cueva 2 . LosConsejos de Prudentes se instituyeron antes que se introdujera la legislaciónde trabajo y eran tribunales paritarios con representación de los asalariadospara dirimir controversias obrero-patronales, llegando a expandirse a otrospaíses europeos como Bélgica y Alemania.En el antiguo derecho francés los Conseils de Prud’hommesaparecieron junto a los Maitres Gardes de la industria de seda, en Lyon,durante la jurisdicción corporativa que desaparece con la abolición de lascorporaciones que le dio la competencia de los conflictos de trabajo a lostribunales comunes hasta que Bonaparte restaura aquella jurisdicción,expandiéndose a todas las profesiones en todo el territorio. Los Consejos dePrudentes eran organismos permanentes en cada ciudad, establecidos apropuesta de las autoridades gubernamentales y estaban compuestos portrabajadores y patronos de las distintas industrias conforme la ley de 18 de2 DE LA CUEVA, Mario, 1969. Derecho Mexicano del Trabajo, 9ª ed., Editorial Porrúa, S.A., México, T. II, p.890.marzo de 1806, reformada en 1848, cuando se estableció la paridad de susintegrantes.Estos organismos funcionaban como Oficina de Conciliación y, a lavez, como Tribunal de Decisión en los conflictos individuales de trabajo,específicamente, sin formalidades en su procedimiento. Durante ladominación de Napoleón se fundaron dos Consejos de Prudentes, uno enGante en 1810 y el otro en Bruselas en 1813, los cuales fueron creados pordecretos reales, pero con el ordenamiento constitucional se dispuso que seinstituyeran mediante ley, acatando el Parlamento dicha previsión en 1847,cuando es aprobada una legislación general y luego se dictaron otrosordenamientos complementarios Los Consejos de Conciliadores ySentenciadores, como fueron calificados por cierto sector doctrinal,conservaron su función y conformación durante el proceso de propagaciónpor toda Europa.Efectivamente, en la legislación belga se organizaron tribunalescorporativos con la finalidad de resolver los conflictos individuales de trabajo,siguiendo de cerca el modelo francés. En Bélgica los interesados podíanacudir a los Consejos de Prudentes inclusive ante los conflictos colectivos,pero sólo en busca de un arreglo conciliatorio. Se introdujeron medianteleyes por los años de 1887, creando los denominados Consejos de laIndustria y del Trabajo que posteriormente el gobierno los organizó comoComités Paritarios Nacionales y Regionales de Industria, con el propósito deestudiar algunos problemas de trabajo. Los Consejos de Industria teníancomo objetivo principal el prevenir los conflictos de trabajo y procurararreglos amistosos; en tanto, los Comités Paritarios atendían los problemasde las jornadas de trabajo y el alza de los salarios, presentados luego de laprimera conflagración mundial.También en la legislación alemana fue establecida esta jurisdicciónespecial con una precisión insuperable, pues en ese ordenamiento se hizo la

Volver al índicediferenciación entre los conflictos jurídicos y económicos, dejando a lajurisdicción de trabajo (Argeitsgerichtharkeit) la competencia de los primeros,sean individuales o colectivos, y los segundos fueron atribuidos a losComités de Conciliación. Se cuenta que el sistema nacional socialista dejóviva la jurisdicción del trabajo para los conflictos individuales, mientras quelos conflictos colectivos no eran sometidos a ese régimen. Cuando finalizó laguerra, la jurisdicción del trabajo regresó a su antigua configuración hastaque se introdujo un nuevo sistema que atribuyó los conflictos colectivos a laconciliación. La facultad concedida a las corporaciones para juzgar losproblemas corporativos como las diferencias entre maestro y compañeros,según la doctrina alemana, constituye el antecedente lejano de la jurisdiccióndel trabajo.Se cuenta que las autoridades encargadas de resolver los conflictosde trabajo fueron conocidos como Juzgados de Fábrica (Fabrikgerichte) y en1846 se extendieron por todo el territorio como Juzgados Industriales(Königliche Gewerbegeriche). Específicamente, en 1890, se vino apromulgar la Ley sobre la Jurisdicción del Trabajo en la Industria(Gewerbegerichtsgesetz) y luego en 1904 se dictó la Ley sobre Jurisdiccióndel Trabajo en el Comercio (Kaufmannsgerichtsgeresetz). Estos juzgados seintegraban de forma paritaria y fuera de la función jurisdiccional estabanfacultados para intervenir como organismos de conciliación en los conflictoscolectivos, hasta que aparecieron los Comités de Conciliación cuandofinalizó la primera guerra mundial.La jurisdicción del trabajo en el sistema alemán estaba organizada enel primer peldaño por los Juzgados del Trabajo, la segunda instancia por losJuzgados Locales del Trabajo una especie de tribunal de apelación y latercera instancia por el Juzgado del Trabajo del Estado que era una Sala delSupremo Tribunal de Alemania. Fuera de las mencionadas institucionesfueron creados organismos de conciliación y arbitraje para intervenir en losconflictos colectivos derivados de los contratos colectivos, teniendo undesarrollo propio en este derecho los Conciliadores Oficiales que estabanencargados de resolver cualquier conflicto. Su función era meramenteconciliatoria. Hasta aquí la reseña histórica de Mario De la Cueva,desaparecido autor mexicano, con quien estoy de acuerdo plenamente.En síntesis, puede apreciarse que la jurisdicción laboral nació enEuropa con el Consejo de Prudentes o Consejo de Hombres Prudentes,particularmente en Francia, llegando a extenderse luego a Bélgica yAlemania, con la finalidad de resolver los conflictos individuales y colectivosde trabajo, mediante organismos especiales donde participaronrepresentantes del Estado, los trabajadores y patronos.Siguiendo al escritor Ernesto Krotoschin 3 , quien explicaba la razón deser de la jurisdicción laboral cuando dijo que ésta contrastaba con aquellajurisdicción complicada, lenta y onerosa, como era la común u ordinaria,entre nosotros se recuerda que el establecimiento de la jurisdicción detrabajo obedece a tres eventualidades o circunstancias distintas einterrelacionadas, según el catedrático Rolando Murgas Torrazza 4 , cuandoseñala las siguientes: 1. La autonomía del Derecho del Trabajo, lasparticularidades que lo caracterizan y su neta separación del derechocomún; 2. La existencia de normas procesales propias en el Derecho delTrabajo, que llevan a un sector doctrinal a sostener una autonomía delDerecho Procesal del Trabajo respecto del derecho procesal común; 3. Lalentitud y onerosidad que todavía caracterizan buena parte de los procesosante la jurisdicción común, frente a la exigencia de una justicia rápida ysimplificada en materia laboral. Estas motivaciones justifican la especialidad3 KROTOSCHIN, Ernesto. 1968. Instituciones de Derecho del Trabajo, Editorial DePalma, Argentina, p.4MURGAS TORRAZZA, Rolando, 2002. “La Administración de Justicia Laboral enIberoamérica”, Memorias del 1er Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, EditorialSibauste, S. A., Panamá, p.317.

Volver al índicede la jurisdicción donde se dirimen las controversias laborales tanto en elplano iberoamericano como en el ámbito nacional.Es necesario ahora que enunciemos las características de lajurisdicción laboral dado que esas notas sirven para comprender mejor lainstitución objeto de estudio. En primer lugar, se observa que esespecializada debido a que sólo se ventilan ante ella los asuntos ycontroversias derivadas de las relaciones de trabajo. En segundo lugar, esmixta puesto que su primordial la función de interpretar y aplicar elordenamiento laboral la cumplen las autoridades administrativa(administración de trabajo) y los tribunales de justicia. En tercer lugar, espública y no privada por cuanto que cualquier persona tiene acceso a ella ypuede presentar sus reclamaciones, siempre que tengan su base ofundamento en la relación de trabajo estrictamente, con el fin de asegurar ladefensa de sus derechos subjetivos. En cuarto lugar, es permanente habidacuenta que no puede ser paralizado ni suspendido el servicio de laadministración de justicia laboral. En quinto lugar, es privativa porque anteella se ventilan todas las causas suscitadas con ocasión de la relación detrabajo, siempre que no estén atribuidas a otras autoridades, implicando elloque es una institución exclusiva del Estado emanada de su uno de susatributos esenciales su Soberanía.Todos estos rasgos hacen peculiar a la jurisdicción de trabajo quefuera creada como el escenario ideal para resolver los conflictos laboralesdonde actúan las normas procesales para darle eficacia a las disposicionesmateriales que primordialmente reconocen derechos a los trabajadores y alos empleadores. Por tanto, se entiende que la jurisdicción laboral tienecomo objetivo último garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico laborale imponer el respeto a ese ordenamiento a todo sujeto que tienda ainfringirlo con sus actos.2. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA JURISDICCIÓN DETRABAJO.En nuestro medio como en las distintas legislaciones europeas losorganismos administrativos de trabajo precedieron la jurisdicción laboralencargada de la función jurisdiccional en esta materia. Antes delestablecimiento de esta institución las controversias de trabajo eransometidas a la competencia de las autoridades administrativas y de lostribunales comunes donde se aplicaban los procedimientos civiles, tal comolo demuestran los antecedentes del ordenamiento laboral vigente.Desde una perspectiva histórica, Humberto Ricord 5 afirma que lascontroversias originadas por razón de las relaciones de trabajo se ventilabanen la Sección de Justicia Social del Ministerio de Gobierno y Justicia,empleando las reglas del procedimiento policivo establecidas en el CódigoAdministrativo adoptado en 1917, luego de estudiar los Decretos No.55 de10 de septiembre de 1941 y No.133 de 31 de enero de 1942. Los reclamospor indemnización derivados de los accidentes de trabajo fueron conocidos ydecididos por el Órgano Judicial, según el Decreto Ley 38 de 1941. Como sedijo este instrumento fue el primer esfuerzo sistemático adoptado por elEstado para regular la relación de trabajo como institución jurídica.En Panamá, la jurisdicción especializada de trabajo fue creada en laConstitución Política de 1946, desarrollándola el Código de Trabajo de 1947,cuya vigencia se inicia a partir del 1º de marzo de 1948. El libro segundoimpropiamente denominado normas adjetivas se ocupó de establecer lasestructuras orgánicas y funcionales de los tribunales laborales, al igual que la5 RICORD, Humberto, 2002. “Historia del Derecho del Trabajo en Panamá”, 30 años devigencia del Código de Trabajo, Academia Panameña de Derecho del Trabajo, EditorialSibauste, S. A., Panamá, pp. 12-13.

Volver al índiceorganización de la autoridad de trabajo, pero solamente interesan losórganos de la jurisdicción laboral.En esa época la jurisdicción laboral se ejercía por la Corte Supremade Trabajo como tribunal de casación, por el Tribunal Superior de Trabajocomo organismo de de segunda instancia, y por los Juzgados Seccionalesde Trabajo como juzgados de primera o única instancia, según lo previsto enel artículo 340 de la Ley 67 de 1947. También esa legislación se ocupaba delas exigencias indispensables para la designación de los jueces ymagistrados de los órganos que conformaban su estructura.La organización de los tribunales de trabajo era la siguiente: unjuzgado para la Primera Sección que comprende las provincias de Panamá yDarién; un juzgados para la Segunda Sección compuesta por las provinciasde Colón y San Blas; un juzgado para la Tercera Sección correspondiente ala provincia de Chiriquí; un juzgado para la Cuarta Sección que sirviera a lasprovincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas; un juzgado para laQuinta Sección que comprende la provincia de Bocas del Toro.Durante la década de los cincuenta y sesenta se introdujeronmodificaciones a la estructura orgánica y funcional de esta jurisdicción, alcrearse nuevos tribunales tanto en Chiriquí como en Darién y separarse lajurisdicción y función de los juzgados de Coclé. Se dieron estas reformas envirtud de las leyes 31 del 12 de febrero de 1955 y 95 del 7 de septiembre de1960, por medio de las cuales se reformaron los artículos 361 y 362 delCódigo de Trabajo derogado.Respecto de la composición e integración de los órganos de lajurisdicción de trabajo, mediante el artículo 349 de la Ley 67 del 47 y elDecreto de Gabinete No. 249 del 16 de junio de 1970, se dispuso que ladesignación de los jueces y magistrados en la jurisdicción laboral lecorrespondiera al Órgano Ejecutivo a través del sistema de ternas. Estaforma de nombramiento tuvo una duración de veinte (20) años,aproximadamente, hasta que se produjo la sentencia del 5 de abril de 1990,dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de un procesode inconstitucionalidad tras el restablecimiento del régimen democráticoseguido de la invasión estadounidense.La Constitución Política de 1972, en su primitivo artículo 72, mantuvola existencia de la jurisdicción de trabajo y el funcionamiento de la mismaorganizado por la Ley 67 de 1947, estableciendo ajustes necesarios conlegislaciones posteriores lógicamente. En realidad, el imperativo deconservar el funcionamiento de la jurisdicción laboral fue implantado por elartículo 1064 del Código de Trabajo de 1971, contenido dentro del Libro Vreferido a las disposiciones finales, cuya vigencia fue iniciada antes de lamencionada Constitución Política. Se buscaba establecer el funcionamientocompleto de la estructura de la jurisdicción de trabajo no sólo creando unSegundo Tribunal Superior de Trabajo sino instituyendo el organismocorrespondiente que se ocupara de los recursos de casación laboral.De conformidad con esa disposición del Código de Trabajo de 1972,la jurisdicción de trabajo era ejercida por la Corte de Casación Laboral,compuesta por tres Magistrados nombrados por el Órgano Ejecutivoescogidos de listas confeccionadas por los sectores productivos del país; pordos Tribunales Superiores de Trabajo que tendrían su sede en Panamá yVeraguas, atendiendo a la división del territorio en dos Distritos Judicialesclaramente definidos en ese instrumento legal a diferencia de la derogadalegislación laboral, así: el primero comprendería las provincias de Panamá,Colón, Bocas del Toro, Darién y la Comarca de San Blas, y el segundo lasprovincias de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas; y por losJuzgados Seccionales de Trabajo que cumplirían sus funciones en nuevesecciones que se precisan seguidamente.

Volver al índicemundo y que rebasaba las potestades administrativas propias de talesautoridades y que se encuentran en decadencia en la actualidad, ya que sufunción principal es de naturaleza sancionadora y no juzgadora o decisoradebido a que ésta compromete la imparcialidad e independencia –que songarantías del debido proceso- las cuales no siempre concurren en lasrelaciones donde interviene la autoridad de trabajo. En consecuencia, seplantea la supresión de esas facultades y la concentración en el sistemajudicial de las mismas y que viene acogiéndose y respaldándose en estostiempos con mucha insistencia.Cabe señalar que el sistema de la justicia laboral no está funcionandoa cabalidad debido a que ciertos órganos nunca fueron establecidos en lapráctica, pese a que abogamos por la plena vigencia de su estructura o porsu puesta en marcha de forma completa e íntegra, pudiendo citar como unejemplo claro de esta situación el hecho que todavía esté operando la SalaTercera de la Corte Suprema de Justicia como ente que conoce y decide losrecursos de casación laboral cuando esa función era con carácterprovisional. En otras palabras, resulta un imperativo insistir en la necesidadde implantar o inaugurar la Sala de Casación Laboral al igual que los otrosórganos de la jurisdicción de trabajo creados por Ley.3. INCORPORACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALES AL ÓRGANOJUDICIAL.Desde su establecimiento hasta finales de los años ochenta, ladesignación de Magistrados y Jueces de Trabajo estuvo controlada ydominada por el Órgano Ejecutivo, como es sabido, pues este órgano delEstado intervenía directamente en dicho acto conforme el sistema de ternasque estaba vigente.Después de restablecido el sistema democrático en el país, tras lainvasión militar estadounidense que acabara con la dictadura instaurada enel territorio nacional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró lainconstitucionalidad de las disposiciones jurídicas que facultaban al ÓrganoEjecutivo a escoger y nombrar los Jueces y Magistrados de los tribunales detrabajo, mediante el sistema de ternas, conforme los artículos 9 del Decretode Gabinete No. 249 de 1970 y artículo 349 de la Ley 67 de 1947.La sentencia del 5 de abril de 1990, en su parte medular, dispuso quela citada normativa que le confiere al Ministro de Trabajo la potestad deproponer al Presidente de la República ternas para que nombraran a losMagistrados del Tribunal Superior de Trabajo es violatoria del artículo 206 dela Constitución Política. Se agrega que esa situación vulnera el principioreceptado en el artículo 2 de la Constitución y, de igual forma, el principio deindependencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funcionesestatuido por el artículo 207 de la misma Carta Política, pues, en fin decuenta, estos servidores públicos también imparten justicia y forman parte dela Administración de Justicia. Y, por último, se expresa que si el deseo o lavoluntad del poder constituyente hubiese sido el de conceder esa potestad alÓrgano Ejecutivo, y no al Judicial, como rezan las normas legalesimpugnadas de inconstitucionales, así lo hubiera dejado expresamenteconsignado en el propio texto de la Constitución, como ocurre por ejemplo,con los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración,quienes son nombrados por el “Consejo de Gabinete”, con sujeción a laaprobación del Órgano Legislativo, por mandato expreso de la Constitución.Cuando reasume su función eclipsada –durante varios años- deorientar y perfilar la vida institucional del país, estableciendo el control de lajuridicidad del Estado, el Pleno vino a restaurar el sistema de justicia paraalejarlo de la injerencia directa del Órgano Ejecutivo, mediante la sentenciadel 5 de abril de 1990, cuando impuso que los nombramientos de los juecesde los tribunales laborales deben ser realizados conforme el artículo 206 de

Volver al índicela Constitución Política, según destaca el jurista Jorge Fábrega Ponce 6 . Deacuerdo con ese enfoque, el profesor Abel Zamorano 7 expuso que con esefallo se retoma la doctrina del monopolio de la jurisdicción por parte delÓrgano Judicial, como una de las piedras angulares del Estado de Derecho,y es con fundamento en ella que se profieren los fallos, declarandoinconstitucionales aquellas disposiciones legales que ponían en manos delÓrgano Ejecutivo ciertas funciones jurisdiccionales y, recientemente, sostuvoque se da un paso más hacia el perfeccionamiento de nuestro Estado deDerecho, lo cual es absolutamente cierto.A partir de ese emblemático fallo la jurisdicción laboral deja de serconsiderada la cenicienta del sistema de justicia como se dijo hace tiempo ypasa a formar parte del Órgano Judicial, como veremos, correspondiéndoleel control absoluto a la Corte Suprema de Justicia no sólo en cuanto alregistro de estadísticas sino en lo concerniente a la selección ynombramiento de los jueces y magistrados de los tribunales de trabajomediante las reglas de concurso formales.Efectivamente, los Tribunales Superiores de Trabajo y los JuzgadosSeccionales de Trabajo fueron incorporados al sistema de administración dejusticia por virtud de la Ley 19 de 1991, al modificarse el Código Judicial,especificando los órganos que brindan ese servicio público esencial dentrodel Estado panameño.Por medio del Decreto-Ley 8 del 26 de febrero de 1998, que regula lasrelaciones laborales donde intervienen trabajadores nacionales y que se6 FABREGA PONCE, Jorge. 1990. Estudios Procesales, Editora Jurídica Panameña,Panamá, T. III, pp.121-123.7 ZAMORANO, Abel. 1998-2002. “Medio siglo de la jurisdicción de trabajo”, La Prensa,segmento opinión, Panamá, edición del 22 de abril, p.35-A; y “La Jurisdicción del Trabajo enPanamá posterior a la Ley 59 del 7 de diciembre de 2001” Memorias del 1er CongresoNacional de Derecho del Trabajo, Editorial Sibauste, S. A., Panamá, p.376.desarrollan a bordo de las naves de registro panameño, se crean dosJuzgados Laborales Marítimos en el país, uno en el Litoral Pacífico, consede en Panamá que tendrá jurisdicción dentro de las circunscripciones quecomprenden la Primera, Tercera, Cuarta y Sexta Sección; y otro en el LitoralAtlántico, con sede en Colón que tendrá jurisdicción dentro de lascircunscripciones que comprenden la Segunda y Quinta Sección de Trabajo.Estos tribunales conocerán de las controversias que se originen del trabajoen el mar y en las vías navegables. Sin embargo, estos tribunales tambiénllamados Tribunales Marítimos de Trabajo no están funcionando en lapráctica, y están asumiendo la competencia de esa materia los JuzgadosSeccionales de Trabajo y las Juntas de Conciliación y Decisión.Posteriormente, se dicta la Ley 23 de 2001, mediante la cual essubrogado el artículo 3 del Código Judicial, reconociendo que los TribunalesSuperiores de Trabajo y los Juzgados Seccionales de Trabajo quedanincorporados de manera permanente a la administración de justicia del país.Así las cosas, la jurisdicción laboral viene a ser parte del sistema de justiciaque es monopolizada por el Órgano Judicial a través de su máxima autoridadla Corte Suprema integrada por nueve Magistrados conforme el esquemaactual. Esta legislación introdujo otras modificaciones y adiciones al CódigoJudicial.Mediante la Ley 59 del 5 de diciembre de 2001, publicada esa fechaen la Gaceta Oficial No.24447, se adiciona el Título XVII del Libro Primerodel Código Judicial integrado el mismo por tres capítulos dedicados a lajurisdicción laboral. Con ella se deroga la Ley 67 de 1947 y cualquierdisposición que le sea contraria. Ella contiene el objeto de la jurisdicción, losórganos por medio de los cuales funciona su estructura, las competencias yotras cuestiones como veremos enseguida.

Volver al índice4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALES SEGÚN LALEGISLACIÓN VIGENTE.Esta jurisdicción llega a ser implantada para decidir las controversiasque provengan directa o indirectamente de la ejecución de los contratos detrabajo celebrados entre empleadores y trabajadores, entre lasorganizaciones sociales de empleadores y las organizaciones sociales detrabajadores, así como los conflictos que se presenten en las organizacionessociales de trabajadores, sea con motivo de la interpretación o de laaplicación de la legislación de trabajo, según el artículo 460-A del CódigoJudicial.Se desprende de lo anterior que ante los tribunales de trabajo seventilan todas las acciones derivadas de los contratos de trabajo, debido asu competencia privativa, como lo reconoce el artículo 460-B, salvo lasmaterias que por razón de leyes vigentes –al momento de la aprobación deesta normativa- son atribuidas a las Juntas de Conciliación y Decisión y laDirección General y Regional de Trabajo. (Leyes 7 de 1975 y 53 de 1975 ysus modificaciones)La estructura orgánica de la jurisdicción laboral está configurada en elartículo 460-C del Código Judicial que dispone que ella se ejerce de manerapermanente por la Sala de Casación Laboral, por los Tribunales Superioresde Trabajo como tribunales de segunda instancia, por los JuzgadosSeccionales de Trabajo y por las Juntas de Conciliación y Decisión, amboscomo tribunales de primera o única instancia. Se dispone que mientras noentre en funciones la Sala de Casación Laboral, continuará conociendo delos recursos de casación la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.De manera que en la cúspide de la pirámide de la jurisdicción laboral se sitúala Sala de Casación Laboral, en el nivel intermedio a los TribunalesSuperiores de Trabajo y en la parte inferior o base a los JuzgadosSeccionales de Trabajo.Con relación a los órganos de la jurisdicción laboral que actúan comotribunales de segunda instancia, específicamente, el régimen vigentereconoce la existencia de dos Tribunales Superiores de Trabajo que sondenominados, así: Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial yTribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial. El primero tienesu sede en la ciudad de Panamá y comprende en su jurisdicción lasprovincias de Panamá, Colón y Darién, así como la Comarca de Kuna Yala;mientras que el segundo tiene su sede en Santiago de Veraguas ycomprende su jurisdicción las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé,Herrera, Los Santos y Veraguas, tal como se aprecia en el artículo 460-D.Los Magistrados que integran sendos Tribunales Superiores deJusticia dentro de la jurisdicción laboral, serán elegidos y nombrados por elPleno de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con las normas de laCarrera Judicial. También sus Suplentes serán designados por el Pleno, talcomo indica el último párrafo del artículo 460-E. En cuanto a los requisitos deidoneidad para asumir el cargo de Magistrado de los Tribunales Superioresde Trabajo, se exigen los mismos para ser Magistrado de los TribunalesSuperiores de Justicia, además de tener estudios y experiencias en DerechoLaboral, según el artículo 460-F.De conformidad con el artículo 460-I del Código Judicial sonatribuciones de los Tribunales Superiores de Trabajo las siguientes: conoceren segunda instancia de los procesos que decididos en primera instancia porlos Jueces Seccionales de Trabajo y las Juntas de Conciliación y Decisiónen los cuales haya lugar a los recursos de apelación, recursos de hecho olas consultas; conocer las quejas que se presenten contra los JuecesSeccionales de Trabajo e imponer sanciones que establezca la Ley; resolverlos conflictos de competencia planteados entre los Juzgados Seccionales deTrabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión, y la Dirección General yRegional de Trabajo; y ejercer las demás funciones que establezca la Ley.

Volver al índicePor su parte, el artículo 460-J dispone que los Juzgados Seccionalesde Trabajo que actúan como tribunales de única y primera instancia esténrepartidos en el territorio nacional en nueve secciones conformadas, así:Primera Sección que comprende la provincia de Panamá, dondehabrá cinco (5) juzgados: el Primero, el Segundo, el Tercero y el Cuarto consede en la ciudad de Panamá y jurisdicción en los distritos de Panamá, SanMiguelito, Balboa, Taboga, Chepo y Chimán; y el Quinto con sede en laChorrera y jurisdicción en los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira,Chame y San Carlos.Segunda Sección que comprende la provincia de Colón y la Comarcade San Blas, donde habrá dos (2) juzgados, ambos con sede en la ciudad deColón.Tercera Sección que comprende la provincia de Chiriquí, donde habrátres (3) juzgados: el Primero y el Segundo con sede en David y jurisdicciónen los distritos de David, Dolega, Boquete, Remedios, Gualaca, San Félix,San Lorenzo, Tolé, Bugaba y Boquerón; y el Tercero con sede en PuertoArmuelles y jurisdicción en Barú, Renacimiento y Alanje.Cuarta Sección que comprende la provincia de Coclé, donde habrádos (2) juzgados: el Primero con sede en Aguadulce y jurisdicción en losdistritos de Aguadulce y Natá; y el Segundo con sede en Penonomé yjurisdicción en Penonomé, Antón, La Pintada y Olá.Quinta Sección que comprende la provincia de Bocas del Toro, dondehabrá un juzgado con sede en Changuinola.Sexta Sección que comprende la provincia de Herrera, donde habráun juzgado con sede en Chitré.Séptima Sección que comprende la provincia de Veraguas, dondehabrá un juzgado con sede en Santiago.Octava Sección que comprende la provincia de Los Santos, dondehabrá un juzgado con sede en Las Tablas.Novena Sección que comprende la provincia de Darién, donde habráun juzgado con en La Palma.También se establece que para ser Juez Seccional de Trabajo seexigen los mismos requisitos para ejercer el cargo de Juez de Circuito,además de estudios y experiencias en Derecho Laboral, tal como indica elartículo 460-K del Código Judicial. En cuanto al personal de los JuzgadosSeccionales de Trabajo, distinto a los Secretarios y Alguaciles Ejecutores, elPleno de la Corte tendrá la facultad de establecerlo conforme la organizaciónadministrativa.Fuera de las atribuciones establecidas en las legislacionescomplementarias, estas autoridades tienen competencia sobre los siguientesasuntos: las controversias derivadas de los contratos de trabajo, lasrenuncias por causas imputables al empleador, los procesos encaminados aobtener la disolución de las organizaciones sociales, los procesos porriesgos profesionales establecidos en el Código de Trabajo, los casos dejuzgamientos de faltas cometidas a las leyes de trabajo y los demás asuntosque determine la Ley, según lo indicado en el artículo 460-L.Se observa que la competencia está distribuida en base a lacircunscripción territorial, a la naturaleza de la causa, la calidad de las partesy, por supuesto, tomando en cuenta la cuantía de lo reclamado. Por ende,estos factores o elementos se encuentran presentes en la nueva normativaque contempla la asignación de las causas que competen a los distintosórganos de la jurisdicción de trabajo.

Volver al índiceSin duda alguna, esta legislación constituye un avance significativopara la olvidada y maltratada jurisdicción laboral en Panamá, pues vino allenar un vacío que data desde la vigencia del actual Código de Trabajo de1972, el cual mantenía vigentes ciertas normas de la Ley 67 de 1947, cuyosresabios de antigüedad todavía colgaban en muchas de sus disposiciones, aldecir del laboralista Oscar Vargas Velarde 8 , quien con mucho tino puntualizaaspectos positivos entre los cuales destaca la creación de la Sala deCasación Laboral que vendría a inmunizar sus decisiones contra demandasde inconstitucionalidad y amparos de garantías constitucionales, la divisiónterritorial de la jurisdicción laboral, la estabilidad de los operadores yfuncionarios de esa jurisdicción tan necesaria para la conocidaindependencia judicial, la precisión de ciertas cuestiones procesales queeran motivo de mucha polémica en la doctrina como la competencia enmaterias determinadas ya.Como es evidente la Sala de Casación Laboral tendría que ocuparsede los recursos de casación laboral, al igual que de las impugnaciones queprocedan contra los laudos arbitrales dictados con sujeción de la normativalaboral de la Autoridad del Canal de Panamá y demás atribuciones queestablezca la Ley.No obstante, junto a esos aportes se encuentran aspectos negativosque representan un déficit nacional que ha impedido completar la jurisdicciónlaboral tales como el retraso en el funcionamiento de la Sala de Casaciónmanteniendo la provisionalidad de las funciones que asume la Sala Tercerade la Corte Suprema de Justicia en materia de casación laboral, la omisiónde referirse a la mayoría de las comarcas indígenas que son parte de ladivisión política dentro de las distintas secciones establecidas y laabrogación de una regla de competencia favorable para los trabajadores8 VARGAS VELARDE, Oscar, 2002. “La Jurisdicción Especial de Trabajo”, Memorias del1er Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, Editorial Sibauste, S. A., Panamá, pp.343-350.contenida en el artículo 382 de la Ley 67 de 1947, según el citado laboralistaautor de innumerables obras y estudios jurídicos 9 .También apunta que la Ley 59 de 2001, le otorga un tratamientoinadecuado a las Juntas de Conciliación y Decisión dado que las mantuvobajo la égida del Ministerio de Trabajo, en lo que respecta a la parteadministrativa, a pesar de reconocerla como un organismo de la jurisdicciónde trabajo, siendo ello una contradicción descomunal 10 . Con el propósito deestablecer una propuesta frente a la conocida desnaturalización de estosorganismos, tanto en su naturaleza como en la estructura y funcionamientoconfigurado, se debió perfeccionar el modelo suprimiendo la dependenciaadministrativa con el Ministerio de Trabajo.Otra de las insuficiencias existentes en el instrumento analizado tieneque ver con la no inclusión de los Juzgados Laborales Marítimos, creadospor el Decreto Ley 8 de 1998, dentro de los órganos que ejercen de manerapermanente la jurisdicción laboral, pues fueron ignorados o pasada por altola existencia de la propia ley laboral marítima, como bien subraya el colegaCarlos Alberto Membreño 11 , aparte de la falta de dotación de recursoshumanos y económicos con la que tropieza esta jurisdicción especial para sucabal funcionamiento.5. INSTAURACIÓN NECESARIA DE TODA LA ESTRUCTURA DE LAJURISDICCIÓN LABORAL.Las deficiencias anotadas o males observados sirven de preámbulopara referirnos a las propuestas de fortalecimiento de la justicia laboral,9 Ibídem, pp.350-362.10 Ibídem, pp.355-35611 MEMBREÑO, Carlos Alberto. 2002. “Las Reformas a la Jurisdicción de Trabajo”,Memorias del 1er Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, Editorial Sibauste, S. A.,Panamá, p.293.

Volver al índicemediante la inauguración de la Sala de Casación Laboral y elestablecimiento de los otros tribunales laborales que no están operando enla práctica, como los creados por el Decreto Ley 8 de 1998 y los previstos enla nueva estructura que debe tomar en cuenta la división política del territorionacional. Con esto se completará toda la estructura orgánica de lajurisdicción de trabajo en Panamá.Así, el número de tribunales laborales existentes será aumentado paracumplir con el derecho de tutela judicial efectiva que tienen los ciudadanosque residen en las circunscripciones territoriales donde no se encuentranfuncionando los juzgados ya creados.Lo anterior resulta indispensable ante la concentración de funcionesjudiciales que se impone debido a la eliminación de las potestadesjurisdiccionales de la Administración de Trabajo y, obviamente, laconcentración o monopolio de las funciones del sistema judicial iniciadodurante la década de los noventa con el fallo emblemático examinado.Todo ello implica que los dignatarios del Órgano Judicial tendrán quegestionar un presupuesto suficiente y ofrecer infraestructuras adecuadaspara llevar adelante esa misión y la satisfacción de tan importante serviciopúblico esencial. También tendrá la responsabilidad designar a los jueces ymagistrados por sus cualidades y calidades profesionales.En fin, el mejoramiento de la jurisdicción laboral en Panamá dependeno sólo de la puesta en marcha de toda su estructura orgánica sino delescogimiento de los hombres y mujeres que tengan la mejor preparaciónacadémica, profesional, ética y moral para desempeñar los delicados cargosdentro de la magistratura y judicatura.BIBLIOGRAFÍA CONSULTADACABANELLAS, Guillermo. Derecho de los Conflictos Laborales,Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, Argentina, 1966.DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, 9ª ed., EditorialPorrúa, S. A., México, T. II, 1969.KROTOSCHIN, Ernesto. Instituciones de Derecho del Trabajo, 2ª ed.,Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1968.MEMBREÑO, Carlos Alberto. “Las Reformas a la Jurisdicción de Trabajo”,Memoria del 1er Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, EditorialSibauste, S. A., Panamá, 2002.MURGAS TORRAZZA, Rolando. “La Administración de Justicia Laboral enIberoamérica”, Memoria del 1er Congreso Nacional de Derecho delTrabajo, Editorial Sibauste, S. A., Panamá, 2002.RICORD, Humberto. “Historia del Derecho del Trabajo en Panamá”, 30 añosde vigencia del Código de Trabajo, Academia Panameña de Derecho delTrabajo, Editorial Sibauste, S. A., Panamá, 2002.VARGAS VELARDE, Oscar “La Jurisdicción Especial de Trabajo”, Memoriadel 1er Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, Editorial Sibauste, S.A., Panamá, 2002.ZAMORANO, Abel. “La Jurisdicción del Trabajo en Panamá posterior a laLey 59 del 7 de diciembre de 2001”, Memoria del 1er Congreso Nacionalde Derecho del Trabajo, Editorial Sibauste, S. A., Panamá, 2002.

Volver al índiceANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LAFIBROMIALGIA O EL SINDROMEDE LA FATIGA CRONICAÍNDICEMgtra. Belquis C. Sáez N.Directora del Centro de Investigación JurídicaIntroducción, Antecedentes de la Fibromialgia, Jurisprudencia de laCorte suprema de Justicia.PALABRAS CLAVESFIBROMIALGIA, SÍNDROME DE FATIGA, ENFERMEDAD CRÓNICA,INCAPACIDAD LABORALAbstract. During recent years we have been to observe signifficantchanges in the field of chronic diseases, both in form and factor. As such,new clinical realities taking after fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome.INTRODUCCIÓNCon motivo del Congreso Científico presidido por la Vicerrectoría deInvestigación y postgrado de la Universidad de Panamá, presentamos elproyecto de investigación titulado “LA FIBROMIALGIA ALCANCE DE LALEY DE SEGURIDAD SOCIAL”, sobre todo por la preocupación que nossurgió debido a que realizamos una compilación de la ley de seguridadsocial, y nos dimos cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema deJusticia ha analizado muy pocos casos sobre fibromialgia, y deducimos quela enfermedad es desconocida. Por esa razón vamos a realizar algunoscomentarios a esos fallos.1. ANTECEDENTES DE LA FIBROMIALGIA.El derecho tiene la difícil tarea, de dar respuestas rápidas, ahora másque nunca debido a la compleja y dinámica actividad social.Los cambios sociales, el avance de la sociedad aunado al incrementode la tecnología presenciado en los últimos años ha generado cambiostambién en las enfermedades y la evolución de la medicina. Sirva comoejemplo, la epidemia ocurrida a mediados de la década de los ochenta en elsector de operadores de teléfonos y teclados _Telecom Australia_ en la que,sin motivo aparente, un buen número de personas presentaban una serie demenoscabos dolorosos, ocasionado, se pensaba entonces, por esfuerzosrepetitivos, lo que motivó múltiples reclamaciones indemnizatorias,procedimientos judiciales en definitiva, por ésta pérdida de la capacidadlaboral. (LEON j. 2006)Fue Hench quien en 1975 incorporó el vocablo FIBROMIALGIA, si bienhabríamos de esperar hasta 1990 para que el AMERICAN COLLEGE OFRHEUMATOLOGY fijara los criterios para su clasificación, cuyo ejefundamental lo representan los 18 puntos distribuidos en la anatomía delsujeto evaluado.Esta enfermedad fue reconocida por la Organización Mundial de laSalud, OMS en 1992, y la tipificación en el manual de clasificacióninternacional de enfermedades en ese mismo año. A pesar delreconocimiento que ha realizado la Organización Mundial de la Salud,siguen sin definir varios aspectos, a saber; que grado de discapacidad sedebe tener para otorgar pensión de invalidez, quienes son los especialistasque deben decretar la patología ya que existe una combinación de factoresque inciden en ella, la etiología de este enfermedad en muchos países esdesconocida y si se debe realizar reformas en la ley de seguridad social

Volver al índicenuestra, sobre la base de que la persona que sufre de fibromialgia, tieneuna apariencia buena y no se cumple con el requisito que exige la ley deseguridad social para decretar la invalidez.Lo que sí es cierto es que es necesario llegar a un consenso entre laclase médica y jurídica sobre la dinámica médico legal que debe seguirse enlo sucesivo, en consideración a los contenidos de las referencias médicocientíficas y las sentencias judiciales, valoradas en forma cualitativa,descriptiva y analítica. Esto se debe a que no existe una bibliografía médicaconcluyente sobre el tema de la incapacidad producto de la fibromialgia y portanto, el derecho necesita de esa bibliografía científica, a efectos de realizarlos correctivos necesarios.La mayor parte de los países viene tratando el tema de la fibromialgiacon incapacidades que van desde los seis meses hasta el año. En Panamánosotros sólo hemos encontrado dos casos en la jurisprudencia y ello nosconduce a pensar, que es una enfermedad de etiología desconocida y quetuvieron que ir a la Sala Contencioso Administrativa para demandar ya que laComisión de Prestaciones Médicas de la Caja del Seguro Social, les negó lapensión de invalidez.2. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAVeamos dos casos que se han presentado ante la Sala Tercera de laCorte Suprema de Justicia de nuestro país.1. FIBROMIALGIA (es una enfermedad progresiva a través del tiempo endetrimento de la capacidad laboral para prestar servicios laborales eimpidiéndole procurarse un trabajo de conformidad y en proporción a susfuerzas, capacidad y formación profesional)Lo anterior agrega un factor de especial consideración para establecerla condición de salud de la señora M, pero como hemos explicado, no pudoser tomado en cuenta al momento de emitir su dictamen, por la ComisiónMédica Calificadora de primera instancia. Y es que, ahora sí se consideróque la demandante M, se encontraba imposibilitada para trabajar por un (1)año, lo que a todas luces revela un factor invalidante de los contemplados enel régimen de seguridad social, contenido en el artículo 45 del Decreto LeyNo. 14 de 1954, que señala:"Se considerará inválido para efectos de este seguro, el aseguradoque, a causa de enfermedad o alteración física o mental queda incapacitadopara procurarse por medio de un trabajo proporcionado a su fuerza,capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente por lomenos a un tercio de la remuneración que percibía habitualmente antes desobrevenirle la invalidez o de la que habitualmente percibe en la mismaregión un trabajador sano de mismo sexo y de capacidad y formaciónsemejante."De lo anterior se evidencia que, desde el momento en que el estado desalud de la señora M, no le permitía laborar por un (1) año, según eldiagnóstico de la doctora OD, médico de la Caja de Seguro Social, lademandante sí se encontraba en la condición de invalidez que contempla elartículo 45 antes señalado.Como bien se ha expresado en párrafos anteriores, la demandanteutilizó los recursos que por ley le son permitidos para atacar en la víaadministrativa el acto considerado ilegal, razón por la cual, al momento deresolver el recurso de Apelación, la demandante fue referida a una ComisiónMédica Calificadora de segunda instancia, donde fue evaluada nuevamente.En esta última evaluación médica, que se aprecia a foja 148 y 149 delos antecedentes, donde además puede observarse un historial del trámiteque le fue aplicado a la solicitud de la señora M, llama nuestra atención lo

Volver al índicesiguiente: 1-en el numeral 5, que se refiere a las evaluaciones de laComisión Médica de Primera Instancia, señala que le fue diagnosticadoFIBROMIALGIA y un 30% de incapacidad (resultado que no se tomó encuenta en por la comisión de primera instancia, toda vez que éste fue emitidocon posterioridad). 2-En el numeral 9, que se refiere a la evaluación de laComisión Médica de Segunda Instancia, se establece un diagnósticodiferente: Síndrome depresivo menor leve, por el cual se establece un 24%de invalidez.Esta situación de desconocimiento del diagnóstico de primera instancia,fue de alguna manera reconocido por el funcionario demandado, cuando ensu Informe Explicativo de Conducta, señala:"Por otro lado debemos señalar, que la diferencia entre la ComisiónMédica Calificadora de Primera y Segunda Instancia, es que la Primera es laque por Ley está facultada para iniciar la fase inicial de evaluación de todapersona que solicita una pensión de invalidez, cuya decisión puede serrevisada en virtud de un recurso, y la Segunda es el máximo organismoinstitucional en esta materia cuando sean recurridos en Primera Instancia,que le da un criterio técnico a la Honorable Junta Directiva de la Caja deSeguro Social, cuyo criterio impera sobre los emitidos por la ComisiónMedica Calificadora de Primera Instancia.Así pues, el dictamen de porcentaje de invalidez definido por laComisión Médica Calificadora de Segunda Instancia del 24%, impera sobreel propuesto por la Comisión Médica Calificadora de Primera Instancia 30%,por lo que, la señora M no califica para ser considerada inválida"(SIC)(F. 20)Este argumento, a juicio de la Sala, resulta insuficiente para justificar ladeclaratoria de no invalidez de la señora M.Ante la omisión de la Comisión Médica Calificadora de PrimeraInstancia, al no atender el diagnóstico del Servicio de Medicina Física yRehabilitación, aunado a la variación en el diagnóstico por parte de laComisión Médica de Segunda Instancia, el Tribunal considera se evidenciauna infracción al acápite a) del artículo 46 del Decreto Ley No. 1 de 1954, elcual señala lo siguiente:"Tendrá derecho a pensión de invalidez el asegurado que reúna lossiguientes requisitos:a)Ser declarado inválido por la Comisión de Prestaciones de la Institución envista del Informe de la Comisión Médica Calificadora y de los demásexámenes y pruebas que estime necesarios...."Aunado a lo anterior, se observa a foja 153, un Informe dirigido a laJunta Directiva de la Caja de Seguro Social, con el cual se adjuntó elproyecto de resolución de segunda instancia, y que confrontado con en elanálisis expuesto en párrafos anteriores, puede concluirse que fueronpresentadas apreciaciones erradas del proceso de primera instancia.Como hemos venido señalando, el dictamen de las ComisionesMédicas Calificadoras y de las autoridades de la entidad demandada quedebieron resolver los procesos de primera y segunda instancia, fue basadoen una evaluación incompleta, con contradicciones y omisiones deconsideración, e incluso dictado sobre una base subjetiva ante la carencia deuna reglamentación objetiva para la calificación de la invalidez.Cabe destacar el hecho, que se llegó a una decisión contraria a losolicitado por la demandante, obviando diagnósticos médicos, emitidos por lapropia Caja de Seguro Social, donde fue considerada imposibilitada paralaborar. Esto a pesar también, de las constancias emitidas por los médicosespecialistas a nivel privado, que estuvieron brindado tratamiento a la señoraM, en los últimos años antes de presentar su solicitud, los cualescoincidieron en sus diagnósticos y que han sido enfáticos en señalar, que la

Volver al índicepaciente se encontraba imposibilitada para realizar sus deberes laborales,incluso habituales.Tales constancias emitidas por los médicos GENEROSO GUERRA(Médico Internista-Reumatólogo) y JUAN LUIS CORREA JR. (MédicoInternista - Gastroenterólogo), resposan a foja 138 y 139 de losantecedentes.A lo anterior debemos agregar, que en virtud de la demandacontencioso administrativa bajo estudio, la demandante debió cumplir con lacarga de la prueba, a fin de acreditar los cargos de infracción alegados, loque dio como resultado que en la correspondiente etapa procesal, fuesenincorporados nuevos elementos de prueba que sirvieron para ilustrar a laSala respecto al padecimiento denominado FIBROMIALGIA y FATIGACRÓNICA.Fue a través de las declaraciones rendidas por los médicos tratantes dela señora M, cuyas especialidades guardan estrecha relación con lossíntomas que ésta presentaba, que se pudo conocer que, la FIBROMIALGIA,según la describe el Dr. RAFAEL SUESCUM (f. 63) "es un síndrome dondehay dolores musculares o en sus estructuras asociadas, tales comotendones o ligamentos que pueden o no tener cambios inflamatorios. Estesíndrome se considera mayormente como parte de las enfermedadesreumatológicas, tampoco tiene parámetros de signos patonomónicos opruebas diagnósticas patonomónicas que establezcan el diagnóstico, esdecir, patonomónica significa algo concluyente para establecerdefinitivamente un diagnóstico".Según continuó explicando el doctor SUE, al referirse a la fatiga crónicacomo síntoma presentado por la señora M, ésta puede ser "persistente orecayente, recayente de por sí indica mejorías o recaídas", motivo por elcual, a su parecer, "Ningún médico puede juzgar la intensidad de un dolor decabeza, ningún médico puede juzgar la intensidad de la fatiga igualmente,ambos son presentaciones subjetivas de una condición o enfermedad." (f. 64del proceso).Por su parte, la doctora GISELA GARIBALDO, en su declaración visiblede fojas 65 a 67 del proceso, señaló que atendió a la señora M, en el año2000, quien presentaba un "estado depresivo del cual tuvo recuperación",para luego volverla a ver en febrero de 2003, fecha en la que manifestó"síntomas y signos de depresión nuevamente", indicándole la señora M, quele había sido diagnosticado "un síndrome de fatiga crónica" .Al ser cuestionada sobre el estado depresivo de la paciente y si ésteguardaba relación con el síndrome diagnosticado, la doctora GARIBALDOmanifestó que "toda patología o enfermedad que conlleve una discapacidado alteración en nuestras funciones, puede coexistir con un estado depresivo"(f. 66). Agrega además, refiriéndose a la persistencia del padecimientoprolongado de un paciente con un cuadro crónico que afecte su salud, éstaseñaló que "Toda enfermedad crónica como expliqué anteriormente puedecontribuir a que las personas desarrollen un estado de depresión y ansiedad,esto depende de la severidad o de cuanto compromete su estado físico laenfermedad crónica y los elementos citados anteriormente" (f. 66) por lo quees de la opinión que "los síntomas y signos de depresión pueden tenerperiodos de mejorías, dependiendo de la continuidad del tratamiento y desdeluego de la severidad de la patología de fondo." (f. 67)De fojas 68 a 71 del proceso, consta la declaración rendida por eldoctor GENEROSO GUERRA, la cual a consideración de la Sala escontundente al referirse a las características de los pacientes deFIBROMIALGIA, ya que, según ha manifestado este profesional de lamedicina, "los pacientes con FIBROMIALGIA lucen generalmente sanos o suapariencia pareciera no evidenciar datos de enfermedad orgánica. Por lotanto, parecen sanos sin embargo, las manifestaciones de dolor, fatiga y

Volver al índicetrastornos del sueño son subjetivas, pero trastornan completamente la vidade estos pacientes. Es posible que tengan periodos se relativa normalidad,sin embargo, casi siempre están sintomáticos y la recurrencia delpadecimiento es la norma" (f. 70).Seguidamente, agregó el doctor GUERRA, al ser cuestionado sobre lastablas de medición para determinar el grado de incapacidad laboral de unpaciente que sufra de Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, estecontestó que "ni en Panamá ni en la mayoría de los países desarrolladosdisponemos de una tabla o evaluación de discapacidad en los pacientes conFibromialgia. Nos basamos en pruebas sicológicas y mediciones subjetivasque nos brinda la paciente. Es la historia clínica y el examen físico junto acuestionarios que evalúan la calidad de vida del individuo la que nos permiterealizar un juicio final"(f. 70 y 71)También el proceso contencioso administrativo, cuenta con lasdeclaraciones de compañeros de trabajo de la señora M, quienesdescribieron la forma como la demandante, presentó una desmejora en surendimiento laboral, pese a caracterizarse por ser una empleada eficiente alo largo de su desempeño en la empresa SCHERING-PLOUGH, debido asus padecimientos de salud que la obligaron a ausentarse de su trabajoconstantemente.Como se constata en el proceso, la señora M, inició su vida laboraldesde los 19 años desempeñándose como Secretaria hasta separarse desus labores por mutuo acuerdo con la empresa, en febrero de 2004, motivopor el cual su densidad y porcentaje de cuotas para tener derecho a lapensión de invalidez, no fue obstáculo para acceder a la misma.Por todo lo anterior, es que la Sala considera ha sido demostrado quela señora M, sí está en una circunstancia de incapacidad para ejecutar lalabor profesional que siempre ha venido desempeñando desde el año 1971(según consta en los autos). Lo que es una consecuencia directa de laafección de FATIGA CRÓNICA y FIBROMIALGIA que sufre, y las secuelasdirectamente relacionadas a esas dolencias, tal y como fueron descritas porla institución demandada, en los respectivos diagnósticos que sirvieron defundamento al acto originario y los confirmatorios, acusados de ser ilegales.En virtud de ello, somos de la opinión que a la demandada le asiste larazón por considerar que se han cumplido las premisas jurídicas del artículo45 invocado, una vez se ha demostrado que la enfermedad que padece lademandada, progresó a través del tiempo en detrimento de su capacidadlaboral para prestar sus servicios laborales e impidiéndole procurarse untrabajo de conformidad y en proporción a sus fuerzas, capacidad y formaciónprofesional.La Sala Tercera, al resolver mediante fallo de 21 de mayo de 2003, unnegocio con características similares al que nos ocupa, en el que a lademandante también le fue diagnosticado FIBROMIALGIA, señaló losiguiente:"En el presente asunto gravitan elementos inmanentes a la filosofía delsistema de seguridad social, que no pueden ser soslayados, porprecisamente estar en la base de la creación de las instituciones públicas deprevisión social. La previsión del infortunio es posible; empero, cuando ésteaparece en la realidad, no es extraño que en ocasiones como la estudiada,resulte de difícil definición y tratamiento terapéutico, a fin de lograrrestablecer la salud y calidad de vida propias de la dignidad humana. Encaso contrario, los dispositivos de la seguridad social deben responder conlos paliativos diseñados por la civilización para compensar la ocurrencia delriesgo.A Oliva Pinto le aqueja una afección de origen y causas inciertos segúnlos avances científicos de estudio y análisis recopilados al efecto; por ello ydebido a la constante terapia seguida por la interesada, y según versión de

Volver al índiceuno de los especialistas que la ha atendido durante considerable tiempo,ésta no ha degenerado aún más; aunque esta circunstancia no evita elcumplimiento de la disposición que exige la invalidez de la interesada paraque proceda el derecho a gozar de una pensión bajo el riesgo de invalidez,porque, en atención a las pruebas examinadas, Oliva Pinto debe serconsiderada inválida.En el caso sub-lite gravita la inmediación desplegada por el Tribunal dela causa en la recepción de testimonios como los anotados, que lo ilustransobre el difícil pronóstico que no descarta la gravedad del padecimiento de laseñora Oliva Pinto, a quien la Sala considera inválida o incapacitada paraefectuar la labor que tradicionalmente ha venido desempeñando, deconformidad con los artículos 45 y 46 del Decreto Ley 14 de 1954, y porende, le concede el derecho a gozar de la debida pensión por riesgo deinvalidez, que ha pagar a la afectada la Caja de Seguro Social deconformidad con los parámetros legales, límites y condiciones queestablecen el monto de ese estipendio, previstos en su Ley Orgánica ydisposiciones reglamentarias aplicables."(OLIVA PINTO VS. CAJA DESEGURO SOCIAL, MAG. SUSTANCIADOR HIPÓLITO GIL)Por último, debemos manifestar, que somos de la opinión que no existeconstancia en autos de que la señora MACY MURILLO DE STAGNARO,haya incurrido en alguno de los casos excluyentes de la concesión depensión de invalidez, previstos por el artículo 47 de la Ley Orgánica de laCaja de Seguro Social, ya que su estado de invalidez no es consecuencia deun accidente de trabajo como tampoco ha sido provocado intencionalmente.Con base a las anteriores consideraciones, le es dable al Tribunalproceder con la declaración del otorgamiento de la pensión de invalidez a laseñora MACY MURILLO DE STAGNARO, a partir de la fecha de laresolución originaria que denegó el derecho en la vía administrativa, es decir,a partir del 23 de junio de 2004.En consecuencia, la Sala Tercera Contencioso Administrativa de laCorte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y porautoridad e la Ley, DECLARA: 1- QUE ES ILEGAL, la Resolución No. 10605de 23 de junio de 2004, expedida por la Comisión de PrestacionesEconómicas de la Caja de Seguro Social y sus actos confirmatorios.DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN,INTERPUESTA POR LA FIRMA MOLINO Y MOLINO ENREPRESENTACIÓN DE MACY MURILLO DE STAGNARO, PARA QUE SEDECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 10605 DE 23 DEJUNIO DE 2004, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DELA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUESE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENETE: JACINTO A.CÁRDENAS M. PANAMÁ, OCHO (8) DE JUNIO DE DOS MIL SIETE (2007).2. FIBROMIALGIA (enfermedad de etiología desconocida ha progresado endetrimento de la capacidad laboral de la afectada, específicamente paraprestar labores secretariales y procurarse un trabajo de conformidad y enproporción a sus fuerzas, capacidad y formación profesional.)Para la Sala, se cumplen las premisas jurídicas del artículo 45 invocadoporque la enfermedad de etiología desconocida ha progresado en detrimentode la capacidad laboral de la afectada, específicamente para prestar laboressecretariales y procurarse un trabajo de conformidad y en proporción a susfuerzas, capacidad y formación profesional.En el presente asunto gravitan elementos inmanentes a la filosofía delsistema de seguridad social, que no pueden ser soslayados, porprecisamente estar en la base de la creación de las instituciones públicas deprevisión social. La previsión del infortunio es posible; empero, cuando ésteaparece en la realidad, no es extraño que en ocasiones como la estudiada,resulte de difícil definición y tratamiento terapéutico, a fin de lograr

Volver al índicerestablecer la salud y calidad de vida propias de la dignidad humana. Encaso contrario, los dispositivos de la seguridad social deben responder conlos paliativos diseñados por la civilización para compensar la ocurrencia delriesgo.A Oliva Pinto le aqueja una afección de origen y causas inciertos segúnlos avances científicos de estudio y análisis recopilados al efecto; por ello ydebido a la constante terapia seguida por la interesada, y según versión deuno de los especialistas que la ha atendido durante considerable tiempo,ésta no ha degenerado aún más; aunque esta circunstancia no evita elcumplimiento de la disposición que exige la invalidez de la interesada paraque proceda el derecho a gozar de una pensión bajo el riesgo de invalidez,porque, en atención a las pruebas examinadas, Oliva Pinto debe serconsiderada inválida.En el caso sub-lite gravita la inmediación desplegada por el Tribunal dela causa en la recepción de testimonios como los anotados, que lo ilustransobre el difícil pronóstico que no descarta la gravedad del padecimiento de laseñora Oliva Pinto, a quien la Sala considera inválida o incapacitada paraefectuar la labor que tradicionalmente ha venido desempeñando, deconformidad con los artículos 45 y 46 del Decreto Ley 14 de 1954, y porende, le concede el derecho a gozar de la debida pensión por riesgo deinvalidez, que ha pagar a la afectada la Caja de Seguro Social deconformidad con los parámetros legales, límites y condiciones queestablecen el monto de ese estipendio, previstos en su Ley Orgánica ydisposiciones reglamentarias aplicables.En autos no aparece acreditado que la señora Oliva Pinto hayaincurrido en alguno de los casos que excluyen la concesión de pensión deinvalidez, de los previstos por el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Caja deSeguro Social.Los cargos de injuridicidad contra las normas invocadas en la demanda(Arts. 45 y 46, literal c) proceden, porque las citadas disposiciones fueronvioladas de modo directo al no haber sido aplicadas por el ente oficialdemandado, lo que desconoció, ilícitamente, los derechos en ellasconsignados, en detrimento del derecho subjetivo de la señora Oliva Pinto.Por lo que procede el otorgamiento de la pensión de invalidez a partir de lafecha de la resolución originaria que denegó el derecho en vía administrativaa la interesada, esto es, desde el 18 de noviembre de 1998.VI. DECISIÓN DEL TRIBUNALEn consecuencia, la Sala Tercera Contencioso Administrativa de laCorte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y porautoridad e la Ley, DECLARA:1. QUE ES ILEGAL, la Resolución No. 17458, de 18 de noviembre de1998, expedida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja deSeguro Social y sus actos confirmatorios.DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN,INTERPUESTA POR LA FIRMA BARRANCOS & HENRIQUEZ, S.P.C. ENREPRESENTACIÓN DE OLIVA PINTO SANCHEZ, PARA QUE SEDECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 17458 DE 18 DENOVIEMBRE DE 1998, DICTADA POR LA COMISION DE PRESTACIONESECONÓMICAS DE LA CAJA SEGURO SOCIAL, ACTOSCONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES.3. COMENTARIOS1. Ambos fallos apuntan a las características de esta enfermedad.Generalmente y por datos estadísticos de investigaciones clínicas realizadasla fibromialgia, da generalmente a las mujeres.

Volver al índice2. Las labores que realizan las personas que padecen de la enfermedadestán asociadas al trabajo que desempeñan. Es decir, que la nota distintivade esta enfermedad es que es causada por mantener posturas repetitivasdurante largo tiempo. Ambas se cumplen en los dos fallos.3. La enfermedad es totalmente desconocida. En ambos casos losmédicos en calidad de peritos reconocen, que la enfermedad es de etiologíadesconocida y no se sabe sobre su evolución.2. Informe de la Organización Mundial de la Salud. Sobre Enfermedadesde Etiología Desconocida. Editorial Astrea, 2008. Pág. 5.PARTIDOS POLÍTICOS ELECTORALES EN EL PANAMÁREPUBLICANO (1903-2014)4. En los dos casos la Comisión de prestaciones médicas de la Caja delSeguro Social negó la pensión por invalidez debido a que las personas seveían físicamente bien. Esta característica fue reconocida también enambos fallos.QUE DEFINIMOS COMO PARTIDO POLÍTICODra. Enriqueta Davis V.Dr. Freddy E. Blanco M.5. Uno de las dificultades de la fibromialgia es que no se cuenta conningún signo o prueba de laboratorio que coadyuve en el diagnóstico, lo quehace que la fibromialgia y por extrapolación el síndrome de la fatiga crónica,entren a formar parte de esta categoría de los síndromes que los médicosllaman funcionales somáticos que se estructuran más por los síntomas quepor las pruebas complementarias. Este hecho quedó igualmentedemostrado en ambos fallos por la dificultad en detectar la enfermedad.Esperamos en una próxima edición del Boletín Informativo virtual hablarsobre la necesidad de realizar cambios en la ley de Seguridad Social, quepuedan mejorar la situación de personas que sufren estos padecimientos.BIBLIOGRAFIA1. LEON, Javier. Fibromialgia y/o Síndrome de la Fatiga Crónica. UnaPropuesta para la Aproximación a su doble dimensión Jurídica y médica.Estudios de Deusto. Volumen 54/2, Julio-Diciembre, 2006.Max Weber, nos decía al respecto “Es una asociación dirigida a un findeliberado, ya sea este objetivo como la realización de un programa quetiene finalidades materiales, ideales, o personal, es decir tendiente a obtenerbeneficios, poder y honor para los jefes, dirigentes o si no, tendientes a todosestos fines conjuntamente ; en la noción de partidos políticos entran todasaquellas organizaciones de la sociedad civil que surgen en el momento en elque se reconoce teórica o prácticamente, al pueblo el derecho de participaren la gestión del poder político y que con este fin se organizan y actúan”.“En términos generales puede decirse que l nacimiento y el desarrollode los partidos políticos están vinculado al problema de la participación, esdecir, al progresivo aumento de la demanda de participar en el proceso deformación de las decisiones políticas por parte de clases y estratos diversosde la sociedad. Esta demanda de participación se presenta de manera másintensa en los momentos de grandes transformaciones económicas ysociales que trastocan la estructura tradicional de la sociedad y amenazancon modificar sus relaciones de poder; es en estas situaciones cuandosurgen grupos más o menos grandes y más o menos organizados que se

Volver al índiceproponen actuar por una ampliación de la gestión del poder político asectores de la sociedad que anteriormente estaban excluidos o queproponen una distinta estructuración político y social de la misma sociedad”.[Diccionario de Política, p. 1184, 1982].Existen diversidades de denominaciones de los partidos políticos,ejemplos: aparato, masas, parlamentos, federaciones, socialistas,democráticos, y los electorales que se postulan a cargos de elecciónelectoral, en nuestras elecciones para presidente, vicepresidentes,diputados, hoy representantes de corregimientos, legisladores y alcaldes.La vigente Constitución Política de la República de Panamá, en suartículo 137 nos dice: “Las condiciones de elegibilidad para ser candidato acargos de elección popular por parte de funcionarios públicos serándefinidas en la Ley. (buscar la Ley Electoral).Nos dice la constitución nacional en su artículo 138, título IV DerechosPolíticos, capítulo 2 El Sufragio: “Los partidos políticos expresan elpluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntadpopular y son instrumentos fundamentales para la participación política, sinperjuicios de la postulación libre en la forma prevista en esta constitución y laLey, la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos estaránfundados en principios democráticos”.Según el artículo 179: “Para ser Presidente o Vicepresidente de laRepública se requiere:Ser panameño por nacimiento y haber cumplido treinta y cinco (35)años de edad.El artículo 180 continua diciendo “no podrá ser elegido Presidente niVicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito dolosocon pena privativa de la libertad de cinco años o más mediante sentenciaejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia.“Estas disposiciones constitucionales son recogidas en el artículo 126del Código Electoral, mientras que en su artículo 233 del capítulo tercero“Postulaciones” Sección 1ª. De las normas generales establece que “solopueden postular candidatos a presidente y vicepresidente de la República,los partidos políticos legalmente reconocidos”.Existen diferentes opiniones al respecto que no entraremos a dilucidaren este artículo, son embargo cuando entramos a analizar los partidospolíticos en Panamá, también tenemos que coincidir con los teóricos, conuna definición que puede significar como falsa conciencia, relacionándosecon los efectos que puede desarrollar un partido político, se debe esteconcepto entender, que se refiere a un determinado grupo en el poder quedetermina una cierta política o ciertas ideas, que pueden ser o no serabarcadora de toda la realidad nacional, de todos los individuos que seencuentran en ese territorio, o lo que es lo mismo cuando la Ley dice: “Quetodos somos iguales ante la Ley “, sin embargo, unos somos iguales porquedetentamos un poder determinado, pero otros no pueden serlo, ya que notienen ni el poder, ni la capacidad, ni la situación económica, como mencionael autor Echeveri o Schaff, por eso se dice que los partidos políticos oideología política, presentan una falsa conciencia. Porque no todo lo que sedice que harán o van a realizar lo pueden hacer en el tiempo establecido porel periodo electoral.Es así como vemos la aparición de los mismos en el periodo de nuestraanexión a Colombia, siguiendo las orientaciones del libertador Simón Bolívar,que a vísperas de su muerte nos conmina a seguir unidos a la NuevaGranada, hoy Colombia.1. PERÍODO DE 1903-1912“Cómo era de esperar durante la época de anexión de Panamá aColombia, los partidos que se agitaban por la conquista del poder político

Volver al índiceeran los liberales y los conservadores. Así bien ambas facciones sealternaron en el poder durante varias décadas, el ascenso al poder de RafaelNúñez en 1881 a la primera magistratura y la Constitución Centralista quepromulgó (5) años después fueron causa del descontento liberal que alcanzósu clímax al finalizar el siglo XIX y que en el istmo se manifestó en la guerrade los Mil días [Davis y Blanco, pág. 163 ibídem]Al inicio de la República en 1903, surge la jefatura del Dr. BelisarioPorras en el viejo partido liberal, que ya existía y que era parte del partidoliberal colombiano y que a raíz de la separación de Colombia se dividió endos fracciones: la constitucional que se adhirió al gobierno conservador delDr. Manuel Amador Guerrero y la que con el nombre de partido liberalcolombiano y que a raíz de la separación de Colombia se dividió en dosfracciones: la constitucional que se adhirió al gobierno conservador del Dr.Manuel Amador Guerrero y la que con el nombre de partido liberal a la quese habían sumado algunos aliados conservadores – combatía al gobiernodel Dr. Guerrero . [Guardia, 1931] (ibídem)Durante las primeras elecciones que se realizaron en 1906 para escogerconcejales, liberales y conservadores solicitaron la intervenciónnorteamericana lo que repetiría en las elecciones de 1908, para escoger lapresidente de la República según el historiador Celestino Araúz.En las tres primeras gestiones presidenciales de Manuel AmadorGuerrero, José Domingo de Obaldía y Pablo Arosemena se hizo sentir confuerza la presencia de Estados Unidos en todos los órdenes de la vidarepublicana, particularmente en los torneos electorales que se celebraronpara escoger concejales, designados y vicepresidente y presidentes (Araúz,1993, ibídem).Para las elecciones de 1908 fueron candidatos el conservador JoséDomingo de Obaldía, apoyado por el partido Coalición Republicana (liberalconservador)y Ricardo Arias con el apoyo del Partido Constitucional, ganó elcandidato que apoyaba al presidente Amador Guerrero: José Domingo deObaldía.En el periodo presidencial del Dr. Pablo Arosemena (1910-1912) elpartido liberal se escindió y en el proceso electoral siguiente, la UniónPatriótica (formada por liberales y conservadores) postuló a Belisario Porras,no obstante la Unión Patriótica se retiró- quejándose de la parcialidad de lossupervisores norteamericanos- y ganó el Dr. Porras como candidato único.(ibid)2. PERÍODO 1912-1924El Dr. Porras asume el poder en 1912 apoyado por la mayoría de supartido en lucha abierta con la fracción liberal que hasta entonces gobernó.En esa ocasión también se dividieron los conservadores, adhiriéndose lamayoría al gobierno y al candidato que éste respaldaba: Pedro A. Díaz(Guardia, 1931).El ascenso del liberal Belisario Porras a la Presidencia en 1912, éste seconstituye en la figura más significativa y dominante durante 12 años. EImismo alcanza una amplia base de apoyo popular que incluía desde lasmasas urbanas, fracciones de la clase obrera, hasta la pequeña burguesíaagraria de Azuero. (Soler, 1988)Durante la primera administración del Dr. Porras, surgió una nuevadivisión liberal entre chiaristas y porristas. Los últimos aglutinados bajo laConcentración Liberal Porrista, en tanto que el Directorio Liberal aglutinaba alos chiaristas, originándose el fenómeno del caudillaje.Las constantes divisiones y acomodos de los políticos de la época,durante los primeros treinta años de la república hacen expresar al

Volver al índicehistoriador Celestino Arauz que: ... el personalismo dominó a los partidosantes que los programas ideológicos. (Arauz, 1993)3. PERIODO 1924-1940Este periodo con la Presidencia de Rodolfo Chiari - fue muyconvulsionado por movimientos populares: la proclamación de la Repúblicade Tule - el 12 de febrero de 1925 -; el movimiento de la Liga Inquilinaria yde Subsistencia y al año siguiente la masiva movilización en rechazo a losTratados Kellogg Alfaro. Surgen además grupos de presión como AcciónComunal y la Federación General de Trabajadores.ACCIÓN COMUNALEsta era una sociedad semi-secreta pero con órganos de expresiónpública, integrada fundamentalmente por sectores de las capas medias:jóvenes intelectuales recién llegados a la mayoría de edad, junto conalgunos licenciados egresados de la Facultad de Derecho de la UniversidadNacional, los que se organizaron en defensa de los derechos inalienables eimprescriptibles de la nación panameña, con los únicos medios de quepodían disponer: prensa y tribuna. Se funda el 19 de agosto de 1923 bajo ellema: Patriotismo, Acción, Equidad y Disciplina. (Beluche Mora en Soler,1988)Cuando asume la Presidencia Florencio Arosemena (1928-1931) lasituación económica del país era critica, por otro lado, se encontró conescaso apoyo político al surgir grupos políticos adversos a su gobierno: asílos Tigres y Junta Patriótica Nacional, formados por liberales "porristas" ychiaristas" y conservadores que le retiraron el respaldo. (Calzadilla, 2001)Entre las fuerzas de oposición se encontraba Acción Comunal la quedio el primer Golpe de Estado en Panamá, deponiendo a FlorencioArosemena. Sin embargo, al carecer Acción Comunal de un plan degobierno y de una plataforma política, no pudo tomar las riendas del poder y,la corte Suprema de Justicia, llamó a Ricardo J. Alfaro - quien actuaba comoMinistro de Panamá en Washington- a encargarse de la presidencia. (Arauz,1993) Después del golpe de estado que protagonizan el 2 de enero de 1931,se inicia su desarticulación, siendo un sector cooptado por Arnulfo AriasMadrid.Durante la década del ‟30, bajo el Gobierno de Harmodio Arias (1932-1936), Juan Demóstenes Arosemena (1936-1939) y Augusto Samy Boyd(1937) se fortaleció la Policía Nacional, con el objeto de garantizar la pazsocial.4. PERIODO 1940-1968En la Campana Presidencial de 1940 intervinieron la Coalición Nacionalformada Por los partidos Nacional Revolucionario, Liberal Democrático yLiberal Unido-estos apoyaban al Dr. Arnulfo Arias Madrid; por otro lado, elFrente Popular ahora integrado por el Liberal Doctrinario, Liberal Renovadory Partido Socialista apoyaba al Dr. Ricardo J Alfaro (Calzadilla, 2001). Deesta contienda resulta ganador el Dr. Arnulfo Arias, quien fue candidatoúnico, dado el retiro del candidato opositor. Arias se presentó con unprograma de gobierno que el califico de panameñista, esto es un gobiernode panameños para la felicidad del pueblo panameño. Su gobierno populistafue de corta duración: concluye con un golpe de estado el 9 de octubre de1941. (Castillero, 1995).EI Dr. Arias impuso un tipo de gobierno totalitario con característicasracistas y lenguaje fascista que le restaron la simpatía y la aceptaciónpopular, ejemplo de ello 10 constituyen la Constitución aprobada en 1941-de

Volver al índicecorte antidemocrático; la militarización de la policía; el atropello, despojo yencarcelamiento de chinos, indostanes y japoneses; la firma del tratadofronterizo con Costa Rica -Tratado Arias -Calderón- con el beneficia a laUnited Fruit Company, cediendo tierras en Coto; el reclutamiento de lajuventud en la agrupación los Cachorros de Urraca -a quienes los diez anosde edad se les daba un adiestramiento marcial con orientación política-(Calzadilla, 2001). No obstante, el gobierno de Arias-controversial por susrasgos nacionalistas y reformista, pero dictatorial y racista- creó institucionesy tomó medidas que beneficiaron al pueblo panameño, entre ellas: el SeguroSocial, el Banco Agropecuario, voto a la mujer, el Patrimonio Familiar, lanacionalización del comercio al por menor.Con la complicidad de la policía nacional, de los ministros de Gobiernos yJusticia y de Agricultura y Comercio – Ricardo Adolfo de la Guardia yErnesto B. Fábrega, respectivamente acordaron desconocer al presidenteArias y constituir otro gobierno que diera un giro distinto a la administraciónpública, y asume el poder Ricardo Adolfo de la Guardia quién detentó elcargo hasta el 15 de junio de 1945. (Castillero, 1995)Los partidos Liberal Doctrinario, Liberal Renovador y Socialista –quehabían sido perseguidos o del gobierno de Arias- se plegaron al gobierno deAdolfo de la Guardia, no obstante dado la inclinación demostrada por éstepara continuar su mandato después de finalizado el periodo constitucional,estos mismos partidos y otras organizaciones – entre ellas el FrentePatriótico de la Juventud-, así como miembros de la Asamblea Nacional,formulan diversas propuestas para impedir el período del presidente De laGuardia. Los acontecimientos finalizan con la suspensión de las GarantíasConstitucionales, la revocación de la Constitución de 1941, la disolución dela Asamblea Legislativa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, porparte del Presidente De la Guardia, quien de esta manera, logra culminar superíodo presidencial. (Ver Castillero, 1995, Calzadilla, 2001).4.1. EL PARTIDO AGRARIO NACIONALEste se funda en 1945, en su manifiesto a la Nación de fecha 17-exige la resolución del problema agrario, porque nuestra realidad esfundamentalmente campesina y porque nuestros campesinos, que formanla mayoría de la población y son el conjunto de mayor producción de lariqueza, no disfrutan de las ventajas a que le hace acreedores su número ysu esfuerzo…el Partido Agrario Nacional desarrollará una política económicaapropiada a su propósito, ajustada a la realidad nacional y desvinculada delpasado, con fisonomía propia y con trayectoria política inconfundible einalterable este partido fue de efímera duración. (Ver Soler, 1988)De 1945 a 1948 funge como presidente provisional de la RepúblicaEnrique A. Jiménez. Su escogimiento por la Asamblea Constituyente noestuvo exento de las luchas partidistas, la que se centró en los denominadospartidos coaligados y sus líderes representados así: Liberal Doctrinario-Domingo Díaz, Liberal Demócrata- Enrique A. Jiménez-, Liberal Nacional-Roberto F. Chiari, Nacional Revolucionario-Camilo De La Guardia,Conservador-Eduardo Chiari y el Socialista-Demetrio A. Porras, como seobserva no había representación de ningún grupo genuinamente popular.(Calzadilla, 2001)Durante su periodo presidencial se construye el aeropuerto deTocumen, la Zona Libre de Colón, el Hospital Nicolás Solano, se impulsaronlas construcciones de la ciudad universitaria, los edificios de los colegiosArtes y Oficio, Abel Bravo, Félix Olivares, entre otros centros educativos. El24 de septiembre de 1946 se aprueba la Ley No. 47-Orgánica de Educaciónqueconcedió estabilidad a los docentes. (Ibídem)Este periodo también se caracterizó por movimientos socialesnacionalistas como el rechazo del tratado Filós Hines- que prorrogaba porveinte años más las 136 bases militares norteamericanas en territorio

Volver al índicenacional- y que culminó con una manifestación popular hacia la AsambleaLegislativa el 12 de diciembre de 1947. Durante la misma el estudianteSebastián Tapia recibe un balazo por parte de la policía nacional, quereprimían la marcha. El estudiante institutor quedó invalido de por vida.Durante varios días se sucedieron actos de rechazo y la represión de lapolicía y el 22 de diciembre, la Asamblea Nacional rechazó el mencionadoconvenio. (Ibídem)La campaña electoral de 1948. A esta campaña se presentaron comocandidatos el Dr. Arnulfo Arias M. –por el partido Liberal Doctrinario, con elapoyo del liberal demócrata y el liberal nacional- José J. Vallarino-por elpartido Renovador, José I. Fábrega-por el partido Nacional Revolucionario,Demetrio A. Porras-por el partido Socialista, y Sergio González R. – por elPartido Popular. (Ibídem)Los comicios de 1948 que a través de un proceso eleccionariofraudulento otorgaron el triunfo al candidato Domingo Díaz A., crearon unestado de zozobra e inquietud particularmente los sectores de oposición,sobre todo en las masas arnulfistas. En julio de 1949 –por motivos deenfermedad del presidente Domingo Díaz, asume el poder el vicepresidenteDaniel Chanis. Este terminó el periodo porque a los tres meses y 23 días, sevio obligado a renunciar por presión de la policía nacional. De esta manera el22 de noviembre sume el poder el segundo vicepresidente, Roberto F.Chiari, no obstante esta renuncia el día 24 al conocer las declaraciones queel Dr. Chanis, había hecho ante la asamblea nacional y en la que informa delas presiones por él recibidas por parte de la policía nacional y solicita surestitución al cargo. (Ver Gasteazoro 1980 y Castillero 1995)Así vistas las cosas se dan, choques entre la policía y el pueblo porprotestas populares con el objeto de obligar a que los comandantes: José A.Remón, Bolívar Vallarino y Saturnino Flores, a que se separasen de suscargos y restituir a Chanis en la Presidencia. Ante la crítica situación, losjefes de la policía nacional decidieron el tardío recuento de los votos de laselecciones de 1948 y reconocer el triunfo electoral del Dr. Arnulfo Arias. Noobstante, el nuevo Presidente Impuesto tampoco obtuvo la aceptación de lossectores oligárquicos, aunque recibió el apoyo de la ciudadanía. Durante suscasi dos (2) años de gobierno, Arias Madrid no correspondió a lasexpectativas populares y cuando decidió abolir la Carta Magna de 1946 pararestablecer la de 1941 y tomar otras disposiciones contra el ordenestablecido, ello originó una ola de protestas populares que culminaron conel derrocamiento de Arias Madrid, el 10 de mayo de 1951 y la ascensión alpoder del Vicepresidente Alcibíades Arosemena. (Gasteazoro et al. 1980)El Dr. Arias fue conducido a la Cárcel Modelo el 11 de mayo y juzgadopor la Asamblea Nacional el 16 del mismo mes. Fue hallado culpable deldelito de extralimitación de funciones constitucionales, destituido del cargode Presidente de la República e inhabilitado perpetuamente para ejercercargo alguno. Fue puesto en libertad el 7 febrero de 1952 por el PresidenteAlcibíades Arosemena. (Calzadilla, 2001)Durante el cuatrenio presidencial de 1948 a 1952 desfilaron por lapresidencia cinco (5) mandatarios por obra y gracia del comandante de laPolicía Nacional (Araúz, 1993)La campaña política de 1952. En esta participaron como candidatosRoberto F. Chiari- por la Alianza Civilista, formada por los partidos LiberalNacional, Revolucionario Independiente, Frente Patriótico y Socialista- yJosé A. Remón Cantera- apoyado por el partido Nacional RevolucionarioAutentico, Liberal Renovador, Liberal Doctrinario y Unión Popular. Fue estauna campana verdaderamente violenta con acusaciones de corrupción deambas partes. (Calzadilla, 2001)Los comicios acusados de fraudulentos, no obstante José A. RemónCantera- quien contaba con el apoyo de la Policía Nacional llega a

Volver al índiceconvertirse en Presidente de la República.La Campana Electoral de 1956. En esta participaron como candidatosErnesto de la Guardia Jr.- apoyado por la Coalición Patriótica Nacional-,Víctor Florencio Goytía - con el apoyo del Partido Liberal. En estos comiciosresulta triunfante Ernesto de la Guardia, quien asume el poder hasta el 30de septiembre de 1960. Su periodo fue de mucha convulsión social.Las elecciones de 1960. Los candidatos fueron: Roberto F. Chiari- porla Unión Nacional de Oposición (UNO) -, Ricardo Arias Espinosa - por laCoalición Patriótica Nacional - y, Víctor Florencio Goytía - por la AlianzaPopular -. Resultó electo Roberto F. Chiari. Durante su gestión se dieronconflictos entre los obreros bananeros y la United Fruit Company, de igualforma, aconteció la Gran Lucha Soberana del 9 de enero de 1964 y laconsecuente ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.(Calzadilla, 2001).Las elecciones de 1964. Los candidatos fueron Marcos A. Roblesapoyadospor los partidos Liberal Nacional, Republicano, Partido deLiberación Nacional, Partido Progresista, partido Acción Democrática yPartido Laborista Agrario- , Arnulfo Arias Madrid-apoyado por su propiopartido: el Partido Panamenista- y Juan de Arco Galindo-con el apoyo delTercer Partido Nacionalista y la Coalición Patriótica Nacional, ResistenciaCivil Liberal, Partido Renovador, DIPAL y Renovación Popular Autentico-,José A. Molino- por la Democracia Cristiana, Florencio Harris-por el PartidoSocialista-, José de la Rosa Castillo- por el Partido Reformista Nacional - yNorberto Navarro - por el Partido Acción Radical (Ricord, 1968, Calzadilla,2001).Nuevamente se comete un fraude electoral y así llega al poderMarcos Robles. Asume el cargo sin contar con un plan de gobierno por 10que su administración fue muy accidentada. Ejerció el poder con mana dura,reprimió al movimiento estudiantil: durante su mandato las fuerzasrepresivas dejaron el saldo de tres estudiantes muertos Juan Navas Pájarojovendirigente del Partido del Pueblo-Carlos Mathews y Elvira Miranda.Hubo también choques con educadores, con los obreros de la AzucareraNacional y con campesinos. Sus órdenes de "primero disparar y luegopreguntar" para acabar con la delincuencia, le ganó el apodo de MarcosRifle, (Calzadilla, 2001).A finales de 1967 la alianza de los partidos que apoyaban a MarcosRobles se rompe y los otros amigos se convirtieron en implacablesenemigos, logrando incluso- con el apoyo de diputados panameñistas –queel Presidente fuera juzgado por la Asamblea Nacional, acusándolo decoacción electoral, violación a la constitución y corrupción. EI juicio terminaseparándolo del cargo, lo que después es anulado por la Corte Suprema deJusticia. (ibid.).Las elecciones de 1968. En estas participaron como candidatos DavidSamudio- apoyados por la Alianza del Pueblo integrado por el Partido LiberalNacional, Movimiento de Liberación Nacional, ó Partido Progresista y PartidoLaborista Agrario-, Arnulfo Arias Madrid-por la Unión Nacional de Oposición,integrada por el Partido Panamenista, Coalición Patriótica Nacional, PartidoRepublicano y Tercer Partido Nacionalista- y Antonio González Revillapostuladopor el Partido Demócrata Cristiano-. Este último posteriormenterenuncia a su candidatura y se une al Dr. Arnulfo Arias Madrid. (ibid.)Las elecciones se realizaron el 12 de mayo y fueron muy violentas.Finalmente el 30 del mismo mes la Junta Nacional de Escrutinio trascomprobar el fraude- que había contado con el apoyo de la GuardiaNacional- entrega las credenciales al candidato de la Unión Nacional deOposición: Dr. Arnulfo Arias Madrid. (Arauz 1993 y Calzadilla, 2001)

Volver al índiceEsta vez el gobierno del Dr. Arias duro sólo 11 días pues el 11 deoctubre de 1968 la Guardia Nacional protagonizó un nuevo golpe de estado,nombrando a una Junta Provisional de Gobierno integrada por el CoronelJosé María Pinilla, el Coronel Bolívar Urrutia y el civil Carlos A. Sucre.Mediante el Decreto de Gabinete No. 58 de marzo de 1969, lospartidos políticos fueron suprimidos, así mismo se suspendió el derecho dereunión. Los partidos políticos vuelven a funcionar en el país en virtud de laLey 8 de 5 de octubre de 1978. (Arauz, 1993)5. PERIODO 1968-1981LOS ANTECEDENTES DEL GOLPE MILITAREntre los antecedentes inmediatos del golpe militar se ubican: lajubilación de los dos primeros comandantes de la Guardia Nacional,decretadas por el presidente Arnulfo Arias; la designación de doscomandantes que seguían en el escalafón militar, los traslados de gran partede los mayores a lugares en que no tenían sino un precario mando de tropasy la colocación de la Guardia Presidencial bajo las órdenes del Edecán delPresidente de la República, medidas todas estas que precipitaron lareacción de los mayores de la Guardia Nacional, en forma de golpe deestado militar que depuso por tercera vez, a Arnulfo Arias. (Ricord, 1968)No menos cierto es que entre los antecedentes se encuentra lasituación de desmoralización política -resultado de las luchas partidistas enlos que la ciudadanía actuaba bajo el impacto de una desorientación- dadala proliferación de los partidos sin plataforma de gobierno, ni doctrinaideológicas, ni planes políticos. (Castillero, 1995) -. Ello se expresaba entreotras cosas, en la creación y desaparición de partidos entre un procesoelectoral y el siguiente, y en la formación de alianzas basadas más enintereses personales de los políticos y en su afán por detentar el poder, queen el interés nacional.Hubo ocasiones en que, un país de tan reducida población comoPanamá, hasta ocho (8) candidatos se disputaban el poder, sostenido porotras tantas agrupaciones ridículas en número, que no ofrecían ideologíapolítica alguna. EI gobierno revolucionario suprimió la existencia de todosesos partidos patrocinando uno nuevo: Movimiento Nuevo Panamá. (Ibídem)LA ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES DECORREGIMIENTOEl 5 de agosto de 1972 se realizan elecciones populares para escogera los representantes de cada corregimiento - entonces 505- quienesintegrarían la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento.Dado que los partidos políticos habían sido eliminados se estableció la librepostulación. Dicha Asamblea aprueba el 11 de octubre de 1972 una nuevaCarta Magna y nombra como Presidente por un periodo de ó anos al Ing.Demetrio Basilio Lakas, como Vicepresidente a Carlos A. Sucre y otorgapoderes especiales al General Omar Torrijos Herrera.6. PERÍODO 1981-19896.1 La muerte de Torrijos produjo un vacío de poder al interno de laGuardia Nacional lo que se reflejo en la vida política del país: En siete añosse sucedieron siete presidentes: EI 30 de julio de 1982, Arístides Royo seveía obligado a renunciar por presiones del entonces comandante generalRubén Darío Paredes; asume la presidencia Ricardo De La Espriella, quientambién fue destituido y el cargo lo ocupa el Dr. Jorge Illueca -quien seencargó el 13 de febrero de 1984 hasta el 10 de octubre del mismo ano. Del11 de octubre 1984 al 27 septiembre de 1985 ostenta el cargo de Presidente

Volver al índicede la República Nicolás Ardito Barletta, quien es también presionado por lasFuerzas de Defensa y renuncia al cargo asumiendo el mismo el señor EricA. Delvalle (del 28 de septiembre de 1985 al 8 septiembre de 1987). Este fuedestituido por el Órgano Legislativo y el Consejo General de Estado escogeal entonces Ministro de Educación, el Licenciado Manuel Solís Palma comoPresidente Encargado (26 de febrero de 1988 al 31 de agosto de 1989).Finalmente, al Ingeniero Francisco Rodríguez, quien fungió como PresidenteProvisional también por decisión del Consejo General de Estado, del 31 deagosto de 1989 al 20 de diciembre de 1989. (Calzadilla, 2001)6.2. LAS ELECCIONES DE 1984En éstas fueron candidatos el Dr. Nicolás Ardito Barletta –seleccionado por los militares- y el que contó con el apoyo de la UniónNacional Democrático (UNADE) compuesta por el partido Revolucionariodemocrático (P.R.D.), el Frente Amplio Popular (FRAMPO), el PartidoLaborista Agrario (PALA), el partido Republicano y el partido Panameñistade Hildebrando Nicosia.El Dr. Arnulfo Arias es nuevamente postulado, contando con el apoyode la Alianza de Oposición (ADO) integrada por el partido PanameñistaAutentico, la Democracia Cristiana, el MOLIRENA y el Liberal Auténtico. Porsu parte, el partido Nacional Popular (PAPO) candidato a Carlos IvánZúñiga. (Calzadilla, 2001)Las elecciones se desarrollaron en un clima de protesta tanto de lospartidos políticos opositores como de civiles, lo que produjo enfrentamientocon los llamados antimotines de las Fuerzas de Defensa. (Ibídem)Los resultados fraudulentos de los comicios dieron la Presidencia aNicolás Ardito Barletta.6.3. LAS ELECCIONES DE 1989El 7 de mayo de 1989 se celebraron los comicios. En estosparticiparon como candidatos Guillermo Endara G., con el apoyo de laAlianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC) integrada por lospartidos Liberal Auténtico, Democracia Cristiana y MOLIRENA. El partidoPanameñista Auténtico después de la muerte de Arnulfo Arias Madrid,acaecida en agosto de 1988, había sido despojado de su símbolo pormaniobras oficialistas y optó por presentarse a la contienda electoral bajo labandera del Liberalismo Auténtico. El candidato oficialista fue Carlos Duqueapoyado por la Coalición de Liberación Nacional integrada por el PartidoRevolucionario Democrático, el Partido Laborista Agrario (PALA), el PartidoLiberal, el Republicano, el Panameñista Revolucionario, el partido delPueblo, el Democrático de los Trabajadores, el Partido Acción Nacionalista(PAN). Otro candidato fue Hildebrando Nicosia apoyado por el partidoPanameñista. (Araúz, 1993, Calzadilla, 2001)La campana electoral fue muy violenta y en los comicios resulto comoinnegable ganador el licenciado Guillermo Endara G., por lo que el TribunalElectoral -mediante Decreto NO.58 del 10 de mayo- anuló las elecciones el31 de agosto de 1989 y el Consejo General de Estado forma un gobiernoprovisional dirigido por el Ing. Francisco Rodríguez. EI 27 de diciembre -siete días después de la invasión el mismo Tribunal Electoral que habíaanulado las elecciones revocó tal anulación y proclamó el triunfo de laAlianza de Oposición Civilista. (ibídem)6.4. LAS ELECCIONES DE 1994En estas elecciones fueron postulados el Dr. Ernesto PérezBalladares apoyado por el Partido Revolucionario Democrático; por elArnulfismo la señora Mireya Moscoso, por el Papa Egoró, el Lic. RubénBlades; y por la Democracia Cristiana el licenciado Eduardo Vallarino; por el

Volver al índicepartido Movimiento Revolucionario Nacionalista (MORENA) el licenciadoRubén Darío Carles y por el partido Panamenista Doctrinario el licenciadoSalvador Muñoz. (Calzadilla, 2001)Estas elecciones han sido consideradas como las más transparentesrealizadas hasta ese momento en la vida republicana. De ella resultoganador el Dr. Ernesto Pérez Balladares quien estuvo en el poder desde 1°de septiembre de 1994 hasta el 30 de agosto de 1999.6.5. LAS ELECCIONES DE 1999En esta ocasión fueron tres los candidatos a la presidencia: MireyaMoscoso, apoyada por la Unión por Panamá-integrada por el PartidoArnulfista, Liberal Autentico, MOLIRENA y Cambio Democrático-; EI Lic.Martin Torrijos fue postulado por el Movimiento Nueva Nación-integrado porel Partido Revolucionario Democrático, Solidaridad y Liberal Nacional-,yAlberto Vallarino, postulado por Acción Opositora integrada por laDemocracia Cristiana y un grupo de disidentes del arnulfismo denominados,Los Saltamontes.(ibídem).En estos comicios resultó ganadora la primera mujer que ha ocupadoel solio presidencial: Mireya Moscoso quien tomó posesión el 1 deseptiembre de 1999.Del resultado de las elecciones, se extinguieron los siguientespartidos: Movimiento Papa Egoró, Renovación Civilista, RenovaciónNacional (MORENA), Nacionalista Popular y Liberal y subsistieron el PartidoRevolucionario Democrático, el Partido Demócrata Cristiano, el MOLIRENA,Solidaridad, Liberal Nacional, Arnulfista y Cambio Democrático.Del total de curules en la Asamblea Legislativa (71) 12 , el PRD obtuvo34; Solidaridad 4; el Liberal Nacional 3; Arnulfista 18; MOLIRENA 3; CambioDemocrático 2; MORENA 1; Democracia Cristiana 5; y Renovación Civilista1.A partir del Gobierno de Endara Galimany se inicia un nuevo periodoen la vida política del país: la construcción de la democracia.7. PERÍODO DE 2004-2014Con el triunfo de Martín Torrijos Espino al poder apoyado por elpartido P.R.D. (Partido Revolucionario Democrático) y el Partido de laDemocracia Cristiana- P.P. (Partido Popular), asciende además del Licdo.Torrijos Espino, los Vice Presidentes por el PRD Samuel Lewis Navarro,Primer Vicepresidente y por el partido de la Democracia Cristiana el Licdo.Rubén Arosemena, como segundo Vicepresidente.Ha sido un gobierno que revisó los presupuesto del Estadomanifestando transparencia, no corrupción y cuentas claras,lamentablemente en este periodo ha habido falta de transparencia,corrupción en el manejo de la cosa pública, FECE por ejemplo, la cintacostera ya aumento de los presupuestos del Estado para el período de 2009,cosa que hace suponer mayor erogación para los gastos del Estado en supresupuesto.Los candidatos para la Presidencia de las próximas elecciones para elperíodo 2009-2014 son: Ricardo Martinelli, (Cambio Democrático), Ing.Balbina Herrera (Partido Revolucionario Democrático) y por el PartidoArnulfista o Panameñista, el Ing. Juan Carlos Varela, por el Partido12 Se refiere a candidatos que fueron postulados por dichos partidos, aún cuando no seanmiembros del mismo.

Volver al índiceVanguardia Moral de la Patria el Licdo. Guillermo Endara Galimany, quienposteriormente se unió al partido arnulfista, sacando como nómina dePresidente al Ing. Juan Carlos Varela y Vicepresidente Alejandro Posse. ElP.R.D. a la Ing, Balbina Herrera con Juan Carlo Navarro de Vicepresidente yel Señor Ricardo Martinelli con Leopoldo Benedetti como Vicepresidente.Posteriormente se suscita un cambio sustancial, cuando el panameñismodirigido por Juan Carlos Varela se une con Ricardo Martinelli de CambioDemocrático, que estaba unido al Movimiento de Liberación Nacional(MOLIRENA) y Unión Patriótica.Ambos colectivos se molestaron, ya que con esta unión el ArnulfistaJuan Carlos Valera pasa a ser Vicepresidente, dándole así el triunfo aRicardo Martinelli de Cambio democrático como Presidente y a Juan CarlosVarela del Partido Panameñista como Vice-Presidente.PARTIDOS ACTUALMENTE VIGENTESPartido Revolucionario Democrático (P.R.D.), Partido Panameñista,Unión Patriótica, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA),Partido Liberal, Cambio Democrático (CD), Partido Popular y VanguardiaMoral de la Patria.BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAANTINORI B., Ítalo Isaac. Panamá y su Historia Constitucional (1808-2000), 1 a Edición, Defensoría del Pueblo, Panamá. 2000.ARAUZ, Celestino. Aproximación a la Historia Política del PanamáRepublicano, en 1993 Panamá 90 años de República,Tomo II, Presidencia de la República-Instituto Nacionalde Cultura Editorial Mariano Arosemena, Panamá.Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA),1 a Edición, Panamá. 1998.BELUCHE, Olmedo. Estado, Nación y Clases Sociales en Panamá. LaConstitución del Estado Nacional a través de lascontradicciones sociales, históricas. Editorial Portobelo,Panamá. 1999.BERNAL, Miguel Antonio. Constituyente y Democracia, Instituto deEstudios Políticos e Internacionales, Editorial Chen,Panamá, 2000.BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho, Editorial TemisBogotá, Colombia. 1987BOBBIO, Norberto y MATIEUCCI N. Diccionario de Política Siglo XXIeditores, S.A., México 1982.BRAND H. Nuvia Rosa. La reconciliación de Colombia y Panamá, 1903 -1935, Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 1961.CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental,Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina 1998.AVILA, Víctor. Panamá: luchas sociales y afirmación nacional, Centro de

Volver al índiceLA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICAINTRODUCCIONVirgilio Luque C.Investigador JurídicoLa Evaluación Ambiental Estratégica constituye un excelenteinstrumento Técnico Jurídico que sirve para hacer una evaluación Ambientaltemprana de los efectos que pueda tener sobre el ambiente, las políticas,planes o programas que se piensan desarrollar en un determinado país oregión, por ello puede indicarse que es una herramienta de primer orden enla planificación del desarrollo de un país o región.QUE ES LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA (EAE)DEFINICIONES:Procedimiento para considerar los impactos ambientales de políticas,planes y programas en los niveles más altos del proceso de decisión, con elobjeto de alcanzar un desarrollo sustentable, con el objeto de alcanzar undesarrollo sostenible (Commonwealth Protection Agency - 1999).Es un proceso formalizado, sistemático y exhaustivo que tiene como objetoevaluar los impactos producidos por políticas, planes o programas y susalternativas. El producto final de E.A.E. es un informe escrito donde sedescriben los resultados de las evaluaciones para ser usados en la toma dedecisiones. Los informes de E.A.E. deben ser sometidos al escrutinio públicopara su seguimiento.Una herramienta muy útil para los Estados y Gobiernos para lograr undesarrollo sustentable.Constituye un instrumento para realizar una mejor planificación porparte del Estado y Gobierno, en la Gestión Ambiental.El E.A.E. no constituye planificación, pero si es un instrumento deayuda a obtener una mejor planificación en materia de DesarrolloSustentable.El E.A.E. es una herramienta valiosísima para logar un debate públicosobre lo que se desea evaluar.El E.A.E. es un instrumento de ayuda y guía para las personas quedeben tomar decisiones sobre la ejecución de políticas, planes yprogramas.El E.A.E. facilita el desarrollo de mecanismos para la formulación deacciones que incorporan el tema ambiental en la ejecución depolíticas, planes y programas.Se puede indicar lo siguiente:1. El objetivo más relevante o último de un E.A.E. es el lograr lasustentabilidad a través de opciones y alternativas que lo permitan.2. Facilitar la toma de decisiones en el momento oportuno, dandorespuesta a las preguntas ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y¿Cuándo? Además ofrece una estructura simple para la formulaciónde políticas, planes y programas.3. Simplifica, mejora y facilita la ejecuci6n de proyectos, evitandodemoras en la ejecución de los mismos ya que permite un mejorenfoque para realizar un E.I.A.4. Previene y evita el surgimiento de conflictos ya que a través delE.A.E. se da a los planificadores, las directrices de cómo actuar frenteal surgimiento de posibles conflictos.5. Sin haber agotado el tema pudiera decidirse, además que a través deun E.A.E. se facilita la toma de decisiones ambientales. Se haseñalado que el E.A.E. constituye un muy útil instrumento deplanificación y esto es así porque generalmente en la planificaciónhay debilidades desde el punto de vista ambiental y social y por otra

Volver al índiceparte la planificación tiene algunos problemas respecto a laparticipación y la consideración de valores no materiales como lo sonla cultura, el aspecto ético, lo social, etc. Las cuales muchas veces noson bien representadas cuando se ejecutan proyectos.Por último deseo exponer con un ejemplo en qué casos se debe utilizaren E.A.E. el ejemplo que se expondrá es conocido por los panameños.Ej. En la ciudad de Panamá y sus alrededores, casi de maneracontemporánea se están realizando mega proyectos tales como laconstrucci6n de la Cinta Costera, el Mega Puerto, la Planta Procesadora deClinker, Ampliación de la Carretera Arraijan-La Chorrera, construcci6n de laAutopista Panama-Co1ón, el ensanche de la Panamericana Tocumen-Chepo, terminación del Corredor Norte, Construcción de Punta Pacifica,ensanchedel Canal de Panamá. Es claro que para cada uno deestos proyectos se exigió un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.), sinembargo no se ha hecho un E.A.E. (Evaluación Ambiental Estratégica), esdecir una evaluación sobre los efectos sociales, ambientales y económicosque todos estos proyectos juntos causaran al ambiente y la poblaciónpanameña. Los E.I.A. solo dan luces sobre los efectos ambientales que elproyecto causara en el área donde el mismo se desarrollara, pero esto no essuficiente para poder determinar cuál será el alcance de los efectos queproducirían varios mega proyectos que se realicen contemporáneamente, ennuestro ejemplo, en la ciudad de Panamá y áreas circunvecinas. Para ello esnecesario realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.).TECNOLOGÍA Y DERECHO, EL RETO PARA ACORTARLA BRECHAYadira Aguilar GordónAbogada-Especialista en docencia superiorDesde los finales del siglo XX, hemos visto como la llamadarevolución de la información ha brindado sus bondades en el ámbito de lasciencias, artes, cultura e historia, para citar algunas. A fin de citar una ramafavorecida por estos aportes, nos referimos a la comunicación, yespecíficamente a la comunicación a través de medios electrónicos –entiéndase mediante el uso de satélites, Internet; para la comunicacióninterpersonal, búsqueda de información, publicaciones electrónicas y autoaprendizaje, a maneja de ejemplo.Mucho se ha dicho de las nuevas tecnologías y en los albores denuestro siglo, la sociedad está más “informatizada”, frase utilizada parareferirnos en propiedad al uso de las computadoras con acceso a Internetalrededor del mundo; al consultar estadísticas mundiales del Internet aseptiembre de 2008 13 , se despene que existe un estimado del 20% de lapoblación mundial que puede acceder al Internet, por consiguiente la difusiónde noticias, programas de toda índole no queda supeditado a los mediostradicionales de prensa escrita, radio y televisión; sino que se adopta el usode correos electrónicos, videos conferencia, los denominadores chat, queson programas de comunicación escrita instantánea entre dos o máscomputadoras.13 http//www.internetworldstats.com, www.exitoexplorador.com

Volver al índiceEstas y otras aplicaciones de connotación tecnológica, hoy díareconocida como las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)están al alcance del profesional del derecho; el acceso a páginaselectrónicas de Internet le permite navegar, indagar y procesar informaciónde manera eficiente y eficaz, a fin de obtener la información requerida;traemos como ejemplo direcciones electrónicas que permiten al usuarioacceder a los múltiples trámites que se realizan en las entidades públicas, demanera simplificada e integral, tales como: www.panamacompra.gob.pa, lacual representa la modernización de los procesos de contratación pública(Ley 22 de junio de 2006); también contamos conwww.panamatramita.gob.pa, www.gacetaoficial.gob.pa (Ley 53 de 28 dediciembre de 2005)El consabido advenimiento de las computadoras, trajo consigo laimperante necesidad de disciplinar la materia, originándose una reama de laciencia denominada Informática; sin embargo, esta especialidad no quedolimitada a los programadores, a través de los años ha recibido unatransformación en cuanto a las facilidades de su uso, tanto así que en laactualidad esta herramienta pasó a formar parte de nuestro quehacercotidiano, tanto para adultos y niños. Como se desprende de datosestadísticos antes citados, la globalización de la información, ha permitido lainterconexión de redes en el mundo, desapareciendo las fronteras, paraacceder a la información, habida cuenta que los estudiosos del derecho sepreocuparan por creación de una rama del Derecho que tutelara los sucesosque se puedan originar, conocido como Derecho Informático 14 , sin que ellodeba generar confusión con la palabra Informática Jurídica, que citando almismo autor, define como el estudio de la incidencia de la tecnologíainformatizada en la vida de los individuos, mismos que son beneficiarios del14 Villalobos, E. Diccionario de Derecho Informático. Define Derecho Informático como “laaplicación del derecho a la informática permitiendo que se aporten o creen solucionesjurídicas a los problemas del fenómeno informático”sistema; para esta rama disciplina también hay diferentes acepciones, queserían explicadas en otra entrega.En nuestro país, la oficina sin papel empezó a gestar su posibilidad,cuando en 1998 se crea la Ley 11, que regula el almacenamientotecnológico de documentos; pasada una década podemos hablar de lajusticia virtual, término utilizado para referirse a la informatización de losprocesos judiciales; con la creación de la Ley 15 de 7 de febrero de 2008, seconvierte en una realidad, toda vez que el Órgano Judicial de la Repúblicade Panamá ya cuenta con el Sistema de Gestión Judicial, por lo que demanera progresiva se irán volcando todos sus procesos manuales que serealizan en los distintos despachos judiciales, en formatos informatizados;con la Ley 15, se ha logrado el ingreso en la era digital, a la llamadaSociedad de la Información. Los profesionales del derecho, las firmas oconsocio que represente, deberá contar con un nombre o clave de usuario ycontraseña para acceder a la consulta de fallos, normas, convenios y/o alexpediente electrónico judicial, que este último como señala la ley, contendrála gestión y actuación de cada una de las instancias, incidentes y recursosque se promuevan mediante el Sistema de Gestión JudicialCon el transcurrir del tiempo, en nuestro país se han venido creandoleyes y normas estrechamente relacionadas al tema que nos ocupa por loque al concluir nuestra investigación nos repreguntamos si en verdad existeuna brecha entre la tecnología y el derecho, por lo que toca señalar que enla medida que ese conjunto de normas y principios que regula los efectosjurídicos, suscitados entre el Derecho y la Informática, sean hilvanadosdesde una prospectiva que permita identificar los beneficiarios económicos ysociales y/o bondades tecnológicas existentes, para a manera de ejemploreferirnos a la informatización de los procesos judiciales.Cabe señalar que los aportes de la Tecnología de la Información(TIC), y de la informática jurídica en el campo de la sistematización

Volver al índicecontribuyen a contar con información actualizada, a difundir el conocimientoa través del ciberespacio, a facilitar herramientas básicas de consulta para laaplicación eficiente de las normas de la administración de justicia. Por loantes expuesto abrigamos la esperanza de dejar sembrada una semilla parafuturas investigaciones sobre el particular, que surjan nuevas contribucionestendientes a mejorar cada día las metodologías de sistematización y eltratamiento de la información jurídica que se requiere en el presente siglo.BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAGONZÁLEZ M. R.; ESQUIVEL M. R. (2004) El derecho de acceso a lainformación la Acción de Habeas Data: Un estudio legislativo. Panamá.HO, AUGUSTO (2002), IX Congreso IberoamericanoInformática. Costa Rica.de Derecho eRODRÍGUEZ G. (2002), PONENCIA: Del Comercio Electrónico hacia ElMercado Digital, IX Congreso Derecho e informática. Costa Rica.SPROSS BARCENAS, M. DEL C. (2006), PONENCIA: Eje temático.Solución de Controversias a través de Medios Telemáticos. XI CongresoIberoamericano de Derecho e Informática. Panamá.LEY No. 15 de 7 de febrero de 2008. “Que adopta medidas para lainformatización de los procesos judiciales”.LEY No. 6 DE 22 DE ENERO DE 2002 “Que dicta normas para latransparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas Data ydicta otras disposiciones”.LEY No.11 de 22 de enero de 1998. “Por la cual se regula elalmacenamiento tecnológico de documentos…”VILLALOBOS, EDGARDO (2002).Diccionario de Informática Jurídica.Panamá. R. de P., 2002.Artículo “La Tecnología de laInformación y la Comunicación en laEducación Superior. Aguilar Y.,Gallardo P. et all en Revista Actualidaden Docencia Superior. pág. 5-7 Vol.1Sept.2007. Panamá.GACETAOFICIAL DIGITALhttp//www.gacetaoficial.gob.paESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET.http//www.internetworldstats.com,www.exitoexplorador.comLEY No. 22 DE JUNIO DE 2006.“Regulación en materia deContratación Pública”

Volver al índiceRESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PROVEEDORES DEEDUCACIÓN VIA INTERNETAbdiel A. Abrego, Ll.M.Investigador JurídicoLa oferta de servicios educativos de todo tipo vía Internet haproliferado exponencialmente sin ningún orden ni control. Encontramosofertas de seminarios, cursos, actualizaciones, educación básica,alfabetización, carreras técnicas, especializaciones, licenciaturas,postgrados, maestrías y demás.Si bien es cierta buena parte de estos servicios son gratuitos, comolos ofrecidos por mailmax.com, miarronba.com, y otros, algunos sonofrecidos por sitios de dudosa organización, los cuales desaparecen de laWeb cada cierto tiempo, algunos son ofrecidos por casas de estudiolegalmente constituidas que sí adquieren una relación contractual virtualcon los participantes o estudiantes.Estos últimos requieren de un análisis sobre el tipo de legislación queregulará el servicio educativo que ofrecen en cuanto a requisitosacadémicos, reconocimiento de créditos y títulos y responsabilidades antelos usuarios por la falla o incumplimiento del servicio.Antes de profundizar el tema debemos enfatizar que jurídicamenteexisten distintos tipos de proveedores de servicios educativos por Internet,personas naturales y jurídicas, aplicando, mutatis mutandi, la clasificaciónde Martínez Medrano:1. Proveedores de Conocimiento: autores, editores, y otros titulares dederecho que ingresan obras en la Web, en conjunto con los sitios webque se dedican a brindar estos servicios a los autores, tales comolibrosenred.com, monografías.com. y otros parecidos en todos losidiomas, que proporcionan el soporte físico y el software.2. Proveedores de Servicios: Son los proveedores de acceso a usuariosy proveedores de otros servicios adicionales, incluyendo contenido, yapropio ya de terceros.3. Proveedores de red: Son las empresas de telecomunicación queproveen las líneas de comunicación y el soporte para subir y bajarinformación. (V. MARTINEZ, Gabriel,http://publiciones.derecho.org./redi/)Podemos también llamar a los operadores de servicios Informationproviders, para referirnos a los que proveen información por medio de unapágina o a través de un sitio; Internet Services Providers, y Hosting ServiceProviders, que brindan el servicio `para conectarse a Internet y paraalmacenar información en él. Respectivamente; Access Service Providers,que sòlo ofrecen la estructura técnica para que los anteriores puedanacceder al ciberespacio. (V. SOBRINO, Waldo, Cada uno de estos sujetos podrá encontrarse de hecho en una locaciónfísica conocida, pero los servidores, almacén de información, puedenencontrarse en cualquier parte del mundo. El anunciante de la ofertaeducativa puede estar en un país, sus servidores en otro y sus sedes enotro.En lo jurídico es importante recordar que existen algunos presupuestoslácticos para determinar las responsabilidades de los diferentes agentes queintervienen en el proceso educativo vía Internet. En primer lugar seargumenta la imposibilidad real de los proveedores de red, de acceso y de

Volver al índicehosting de controlar el contenido de la información que procesan. Ensegundo lugar no se pueden aplicar a la Web las figuras jurídicas queregulan los medios comunes de información. En la Web intervienen másfactores, algunos desconocidos para el marco jurídico tradicional.Y en tercer lugar, desde el punto de vista jurídico se ha llegado a laconclusión que no se puede autorizar a esos procesadores a censurar elcontenido de la información –oferta de servicios educativos y contenido delservicio educativo- pues constituiría un acto de censura privada de lainformación.Sólo la autoridad competente de cada país puede reglamentarcontenidos para evitar circulación de material ilícito, tal como pornografíainfantil y, muy de ahora, propaganda terrorista. Nos queda entonces elproveedor del contenido que ofrece el servicio educativo, llámeseuniversidad virtual o sitio Web cualquiera, como responsable directo de todoperjuicio que se cause al ciberalumno. Aclaremos que la obligación queadquiere cualquier proveedor de servicios educativos con sus usuarios –reales o virtuales- es de medios no de resultados. El finalizar los estudiosdepende del estudiante. El proveedor sólo debe facilitarle el medio.Somos del criterio de que es insoslayable distinguir entre la ofertagratuita y la oferta pagada, y dentro de ésta última la oferta de centroseducativos reales y centros educativos ciberespaciales. La oferta gratuitapor su naturaleza no conlleva garantías en cuanto al resultado, ni en cuantoa mantener el material a disposición por un tiempo determinado. El usuariopuede inscribirse en un cibercurso gratuito de diez lecciones y al llegar a laquinta el sitio cerrar el curso y abrir otro. Si bien es una conductairresponsable no conlleva resarcimiento de perjuicios.La oferta educativa anunciada en el ciberespacio por un centro educativoreal, físicamente instalado y con todos sus requerimientos legales en orden,debe ser tratada legalmente tal y como la oferta educativa presencial.Tratándose de un centro reconocido su oferta debe ajustarse en loacadémico a las regulaciones de su país de localización y los reclamos pordeficiencias en el servicio tal como se trata cualquier reclamo de usuario oconsumidor en esas leyes.Cualquier estudiante que se inscriba en un curso o carrera virtualofrecido por un centro educativo real y reconocido y se sienta perjudicado ensus intereses por alguna actuación de su proveedor educativo -que se lesepare de la carrera, no se le acrediten sus pagos, no se le extiendan lascertificaciones- debe acudir a las autoridades competentes del país endonde está físicamente localizado el centro educativo de que se trate. Susderechos a indemnizaciones serán idénticos a los de los estudiantespresénciales.En Panamá algunas universidades privadas están tratando deincursionar en la provisión de carreras virtuales, lo que ha sido materia deespanto en algunos académicos de mentalidad decimonona. Pero laeducación progresa porque progresa, a pesar de que haya quien tape el solcon el dedo. La regulación legal será la misma, sólo que los equipos ypersonal de supervisión oficial deberán actualizarse para poder fiscalizar inweb el servicio.Otro es el caso de los servicios educativos n pagados ofrecido por sitiosweb creados para eso. Algunos se llaman a sí mismos escuelas,universidades, institutos, etc. Y ofrecen desde cursillos hasta doctorados.Algunos presentan planes y programas de estudios y otros simplementeanuncian “obtenga títulos de universidades reconocidas, sin estudios, sinexámenes” (V. ofertas vía e-mail a usuarios de Hotmail).Lo primero a anotar es si existe o no una institución real distinta del website. La OMPI, que no es una institución educativa per se ofrece un excelente

Volver al índiceplan de formación vía seminarios pagados a través de su sitio webwipo.com.(buscar ejemplos )De existir una institución reconocida responsable de la oferta educativaserán las leyes del país de registro de dicha institución las que regulen lorelativo a reclamos y reparaciones de perjuicios. La experiencia enseña queestas instituciones son en su mayoría seria y la tasa de reclamación casinula.Si el sitio web no cuenta con el respaldo de una institución o centroeducativo es necesario tratar de conocer qué personas morales o físicas loadministran y en qué país podrían encontrarse. Sin esta información no esaconsejable arriesgar nuestro dinero. Estaremos incurriendo en negligenciamanifiesta si adquirimos un servicio en esas condiciones. Una característicacomún a esta clase de sitios es que ofrecen carreras y títulos en brevesplazos y con mínimo esfuerzo, para atraer a los avivatos, que a la postreresultan timados.La administración de nombres de dominio no controla ni garantiza laficción o realidad de la existencia de las personas que los adquieren. Ellossólo cobran por suministrarlos y en realidad no les interesa a quien, niposeen los medios para comprobarlo.En tercer lugar se debe comprobar en el contenido de la oferta educativasi exista algún Estado responsable por el reconocimiento de los títulos ycréditos. En la mayoría de los países los títulos son emitidos por el Estado através de los diferentes entes educativos. Y para validar los títulos losEstados exigen el registro de las entidades que los emiten.Así las cosas cualquier ciberescuela o universidad virtual que ofrezca cursoso carreras deberá estar inscrita y autorizada en algún país. Y serán lasleyes de ese país las que regulen las responsabilidades civiles y penalesante los estudiantes.i encontramos un sitio que ofrezca servicios educativos y es imposibleconocer su sustratum real, tal vez reciba el servicio completo, y tal vez no,pero es improbable que algún Estado valide los títulos y créditos. Este seráun claro caso de daños y perjuicios, pero no se puede demandar a un sitioweb, ni a un servidor, para lo cual deberá identificar a los administradores ya los propietarios del nombre de dominio, que cambian cada tanto, tambiénse debe identificar la persona o personas que lucran o se benefician con elsupuesto servicio educativo y sobre todo saber desde qué país operan parademandarlos allá, si es que según las leyes de ese lugar lo que han hechocon el estudiante es indemnizable.En conclusión, la responsabilidad civil por los perjuicios causados porlos proveedores de servicios educativos vía Internet no difieresustancialmente de aquella en que podría incurrir un proveedor común ycorriente. La diferencia sustancial estriba en la identificación del agente ocausante del daño, tema sobre el cual existen variopintos estudios. Lo quesí salta a la vista es la indefensión de los incautos que invierten paraeducarse en sitios web desconocidos.Nuestra recomendación al efecto es que el Estado, a través de losMinisterios de Educación organice un registro de las instituciones, educativaso no, que se interesen en ofrecer servicios educativos por Internet, con eldetalle de sus responsables y con una fianza de cumplimiento adecuada alcosto de sus carreras. No podemos regular el Internet, pero sí a los queaspiran a lucrar en él.La experiencia enseña que la mayor parte de quienes resultandefraudados por los proveedores de servicios educativos vía Internet son losque aspiran a la obtención de títulos con mínimo esfuerzo. Estos siempreserán victimas de timadores, en la educación y en la vida.

Volver al índiceEL VOTO DE CENSURA CONTRA LOS MINISTROSDE ESTADORigoberto González MontenegroSecretario General de la Procuraduría General de la NaciónI. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIASA partir de la Constitución panameña de 1946, se ha reconocido ennuestro constitucionalismo la posibilidad que la Asamblea Nacionalpromueva y formule votos de censura contra los Ministros de Estado. Seincorpora, así, en nuestro sistema de gobierno republicano y presidencialistaun mecanismo de control político propio de los regímenes parlamentarios.Lo que se busca y pretende por medio del poder de control políticoque se le atribuye al Parlamento es, como se sostiene en la doctrina, queeste órgano constitucional del Estado ejerza un “control sobre el gobierno, anombre de la opinión pública”. 15 Esto tiene su sustento en el hecho que esel Parlamento quien representa, en ejercicio del poder político, al titular de lasoberanía popular, en este caso, al pueblo.No obstante, para que dicho voto de censura fuese efectivo serequería dotar al Órgano Legislativo panameño de la posibilidad de aplicaruna sanción, ya que, de lo contrario, por más que éste se concretara, a faltade poder imponer una decisión como resultado del ejercicio de tal facultad, elmismo corría el riesgo de quedar sin consecuencia alguna.Es, por tanto, la posibilidad de aplicar una sanción lo que se planteamediante estas reflexiones y que guarda relación con el voto de censuraque le corresponde formular a la Asamblea Nacional con respecto a losMinistros de Estado.II.¿EN QUÉ CONSISTE EL VOTO DE CENSURA?Como se reconoce en la doctrina, cuando se alude o se procede aformular un voto de censura se estaría cuestionando o expresandomediante éste el desacuerdo que se da con respecto a la actuación,gestión o proceder de un funcionario, autoridad o de un particular, según seael caso. En el ámbito político, por éste se entiende el cuestionamiento que,de forma concreta, se hace por parte del Parlamento al gobierno o gabinete.Como se indicó, el ejercicio de esta potestad se ubica dentro delcontrol parlamentario que se atribuye al Parlamento, en representación dela voluntad popular, con miras a fiscalizar o controlar la actuación de lasautoridades del Órgano Ejecutivo.En lo que respecta al control parlamentario, nos dice Manuel Sánchezde Dios, que “en un sentido amplio la actividad de control parlamentario seextiende a todo tipo de procedimiento parlamentario, pudiéndose decir que,en general, los actos parlamentarios pueden tener carácter polivalente”, a loque adiciona que en un sentido restrictivo se alude a éste como “losmecanismos precisos de control parlamentario: aquellos que en el lenguajeparlamentario, en las glosas y memorias parlamentarias, se conocen comoiniciativas de control parlamentario. Estas son: proposiciones de ley,interpelaciones, mociones, preguntas, comparecencias de miembros delgobierno y de autoridades y funcionarios, solicitud de informes a laadministración y comisiones de investigación”. 1615NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas.Edit. Temis. Colombia, 2006, p.274.16SÁNCHEZ DE DIOS, Manuel. La esencia del régimen: el control parlamentariodel gobierno. Política y Sociedad. 20 (1995), España, p.36.

Volver al índiceCada una de estas iniciativas parlamentarias se regulan y, por ende,se le atribuyen al Órgano Legislativo panameño, las que se ejercen a travésde la Asamblea Nacional, tal y como se tiene previsto en el artículo 161 de laConstitución Política.III. EL VOTO DE CENSURA EN EL CONSTITUCIONALISMOPANAMEÑOComo se indicó, la Constitución panameña de 1946, en su artículo120, numeral 7, atribuyó a la Asamblea Nacional la facultad, y, por tanto, lereconoció la posibilidad de dar votos de censura contra los Ministros deEstado. En el referido precepto constitucional se disponía que:“Artículo 120. Son funciones administrativas de laAsamblea Nacional:1. …7. Dar votos de censura contra los Ministrosde Estado cuando éstos a juicio de laAsamblea sean responsables de actosatentatorios o ilegales o de errores gravesque hayan causado perjuicio notorio a losintereses del Estado. Para que el voto decensura sea exequible se requiere que seapropuesto por escrito con seis días deanticipación a su debate, por no menos dela mitad de los diputados y aprobado con elvoto de las dos terceras partes de sunúmero”.17En lo que respecta a esta facultad atribuida a la AsambleaNacional, en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de laConstitución de 1946, los miembros de la Comisión a la que se leencomendó la labor de elaborar dicho Anteproyecto, integrada por losdoctores, José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro y EduardoChiari, dejaban consignado que:“El voto de censura es una institución muypropia del sistema de gobierno de gabinete, en elcual se ha usado y abusado de él hasta límitesinconcebibles, pero el hecho de que su climanatural sea el del mencionado sistema no impideque pueda aclimatarse en el sistema de gobiernopresidencial”.A lo que adicionaban:“¿Por qué si un Ministro de Estado no hacehonor a su puesto debe continuar en élindefinidamente, desafiando la opinión pública ylos votos de censura de la Asamblea que no seconcretan? Debe pesar más el respaldo y laconfianza que le otorga el Presidente, cuyaresponsabilidad en función de sus atribuciones eslimitadísima, que el querer popular? No hemostenido Ministros que han incurrido en gravísimoserrores sobre quienes ha pasado, sin afectarlos,la opinión acusadora? He aquí los motivos deeste artículo”. 17Exposición de Motivos del Anteproyecto de la Constitución de 1946, en la obraConstituciones de la República de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,Universidad de Panamá, 1968, p.p.141-142.

Volver al índiceLo concreto, conforme se deduce de lo antes expuesto, que a travésde la Constitución de 1946, se introdujo en el constitucionalismo panameñoun mecanismo de control político propio de los regímenes parlamentarios,por medio del cual se busca dotar a la Asamblea Nacional de uninstrumento en ejercicio del cual se puede someter a un voto decensura a un Ministro de Estado que, a juicio de la Asamblea, searesponsable de algún acto atentatorio, ilegal o que haya incurrido enerrores graves que causen un perjuicio notorio a los intereses delEstado. Se trata, en todo caso, del ejercicio de una facultad de carácterpolítico, que implica la posibilidad de hacer conocer la inconformidad oreproche que se hace con respecto a la actuación de uno de los Ministros deEstado, que ha causado, con su proceder irresponsable, un “perjuicio notorioa los intereses del Estado”.Ahora bien, en la disposición constitucional en la que se regulaba elvoto de censura que podía llevar a cabo la Asamblea Nacional contra unMinistro de Estado, tal y como se establecía en la Constitución de 1946, nose preveía, de forma expresa, qué ocurriría con la suerte del Ministro deEstado de prosperar el voto de censura.Con relación a tal omisión y la posible consecuencia del voto decensura, señalaba el Dr. César Quintero, al comentar el numeral del artículo120 de la Constitución de 1946, en el que se regulaba esta facultad, que:“… el ordinal en examen no dice si el Ministrocensurado debe renunciar. Pero no creemos quela omisión sea grave. El único objeto de un votode censura es el de producir la renuncia delMinistro censurado. No se justificaría, por otraparte, que el precepto en cuestión hayaestablecido tan serios requisitos en forma tancuidadosa si, logrado el voto de censura, elMinistro contra quien se efectúa puede seguirtranquilamente en su cargo”. 18Pese a ello, aún cuando se ha de entender que la finalidad que sepersigue, al promover un voto de censura contra un Ministro de Estado,sea la de lograr su renuncia, una vez concretado éste, lo cierto era que nadase dejaba establecido de forma expresa, en cuanto a tal posibilidad, en esesentido, en el numeral 7 del artículo 120 de la Constitución de 1946.En la Constitución vigente, antes de las reformas constitucionales de2004, se regulaba esta potestad en similares términos, es decir, sereconocía o atribuía este control político a la Asamblea, con respecto a lasactuaciones de los Ministros de Estado, cuando éstos han podido incurrir enactos atentatorios o ilegales, o cometido errores graves que hayancausado perjuicio a los intereses del Estado, pero sin precisar cuál habríade ser la consecuencia de prosperar el voto de censura.IV. EL VOTO DE CENSURA CON POSTERIORIDAD A LASREFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2004El voto de censura se encuentra regulado, en la actualidad, en elnumeral 7 del artículo 161 de la Constitución, en el que se consigna que:18“Artículo 161. Son funciones administrativas de laAsamblea Nacional:1. …QUINTERO, César. Derecho Constitucional. T. I. Imprenta Antonio Lehmann,Costa Rica, 1967, p.570.

Volver al índice7. Dar votos de censura contra los Ministrosde Estado cuando éstos, a juicio de la AsambleaNacional, sean responsables de actosatentatorios o ilegales o de errores graves quehayan causado perjuicio a los intereses delEstado. Para que el voto de censura seaexequible se requiere que sea propuesto porescrito con seis días de anticipación a su debate,por no menos de la mitad de los Diputados yaprobado con el voto de las dos terceras partesde la Asamblea. La Ley establecerá la sanciónque corresponda”.Como se observa, el voto de censura que se puede promover contraun Ministro de Estado, procede cuando, a juicio de la Asamblea Nacional,éste sea responsable de la comisión de actos atentatorios o ilegales ocuando haya incurrido en errores graves que han traído como resultadoun perjuicio a los intereses del Estado. Este juicio o consideración que hade formular la Asamblea Nacional entraña, dicho de otra forma, unavaloración política negativa en cuanto a la actuación o proceder delMinistro de Estado, objeto del voto de censura, actuación que ha de quedarenmarcada en algunos de los supuestos que sirven de sustento a estemecanismo de control político con que cuenta este órgano del Estado.Superado el proceso previsto para concretar el voto de censura,existiendo la mayoría requerida para la aprobación e imposición de éste, lapregunta a formular es ¿cuál ha de ser la consecuencia de la aprobacióndel voto de censura, al acreditarse que el Ministro de Estado hacometido, con su proceder irresponsable, un acto atentatorio o ilegal uocasionado un error grave que ha implicado un perjuicio a los interesesdel Estado?A falta que la Constitución lo establezca, de forma expresa, aúncuando haya de entenderse que el Ministro sobre el cual ha recaído el votode censura deba renunciar, de otra forma no tendría sentido regular dichomecanismo de control político, el constituyente, a través de las reformasconstitucionales de 2004, dispuso que, “la Ley establecerá la sanción quecorresponda”. Esto lo que viene a significar es que es, al mismo órganoconstitucional al que compete promover el voto de censura y, en sumomento, aprobarlo, al que compete, de igual forma, establecer, por mediode la expedición de la Ley correspondiente, la sanción que se ha de imponeral Ministro de Estado que ha sido sometido y cuestionado a través de unvoto de censura.Lo que se pretende, por lo menos esto es lo que creemos ha deinterpretarse, al haberse adicionado al numeral 7 del artículo 161 de laConstitución, es que la Ley establecerá cuál ha de ser la sanción quecorresponda al Ministro de Estado censurado por la Asamblea Nacional, esdarle eficacia a lo que se busca con la formulación de un voto de censura:que quien en su calidad de Ministro de Estado haya incurrido en unacto atentatorio o ilegal o que habiendo cometido un error grave quehaya causado en perjuicio a los intereses del Estado, su sanción noquede en una mera proclama.Al proceder la Asamblea Nacional, mediante la Ley correspondiente,fijar la sanción que ha de aplicarse al Ministro de Estado sobre el cual harecaído un voto de censura, no hace más que hacer efectivo lo que elconstituyente derivado, por medio de las reformas constitucionales de 2004,le ha atribuido. De lo contrario, no emitir la Ley en la que se ha deestablecer la respectiva sanción por razón de un voto de censura, es omitir elejercicio de una potestad constitucional. En todo caso, resultaría todo uncontrasentido que se haya dispuesto que la sanción que se hade aplicar, porrazón de un voto de censura contra un Ministro de Estado, ha de serestablecida mediante la Ley correspondiente y la Asamblea Nacional no

Volver al índiceexpida la misma y, por lo tanto, con tal proceder, deje de cumplir con elmandato constitucional que se le atribuye.Expresado de otra forma, si la expedición de la Ley es decompetencia de la Asamblea Nacional, en ejercicio de su facultad legislativa,es a ésta, qué duda cabe, a la que corresponde, emitir la Ley en la que ha dedejarse prevista la sanción que se aplicaría al Ministro de Estado contra elcual se ha aprobado un voto de censura.V. A MANERA DE REFLEXIÓN FINALComo se reconoce en la doctrina, “la responsabilidad de losfuncionarios públicos constituye un principio elemental del Estado dederecho y representa el fundamento mismo de las instituciones públicas”. 19Esto es lo que explica la existencia de mecanismos de control políticocomo el voto de censura atribuido a la Asamblea Nacional para que, enejercicio de éste y en representación de la voluntad popular, pida o exijacuentas a los Ministros de Estado de sus actuaciones irresponsables.Con éste cumple la Asamblea Nacional con unos de los roles demayor relevancia que le compete desempeñar como órgano constitucional,como es la labor de fiscalizar y controlar las actuaciones de los funcionariospúblicos a los que compete la administración del Estado.No sin razón se sostiene que “redefinir… el rol del parlamento,significa ni más ni menos que revitalizar la función del debate, que se ha idoabandonando en los parlamentos de Europa y América Latina y afianzar almismo tiempo los resortes de control sobre el Poder Ejecutivo”. 2019ARMAGNAGUE, Juan Fernando. Juicio político y jurado de enjuiciamiento. Edit.Depalma, Argentina, 1995, p.3.20PELLET LASTRA, Arturo. El poder parlamentario. Edit. Abeledo-Perrot,Argentina, 1995, p.395.De nuestra Asamblea Nacional depende, por tanto, estar a la altura denuestros tiempos que exigen y reclaman un papel más preponderante departe de quienes representan la voluntad del titular del poder político del cualemana el poder público que ejercen, lo que se logra, entre otrosmecanismos, con el ejercicio eficaz y oportuno, cuando las circunstancias asílo impongan, del voto de censura.PROCESO PENAL ACUSATORIO:LO QUE TODO ESTUDIANTEDE DERECHO DEBE CONOCERProfa. Kenia PorcellEn esta oportunidad y de manera muy puntual he elaborado unartículo en el que consigno los aspectos básicos que contiene el nuevoproceso penal acusatorio que empezará a regir el próximo 2 de septiembrede 2009.Ahora bien, considerando que nos encontramos a dos procesos distintos(el actual y el que vendrá) esquemáticamente presento las características delsistema inquisitivo mixto (vigente a través del Código Judicial) yseguidamente lo pertinente del acusatorio para que puedan hacerse lascomparaciones correspondientes.I- CARACTERÍSTICAS DEL ACTUAL PROCESO PANAMEÑO:-La persecución penal la ejerce el Ministerio Público en representación delEstado.-Se reconoce el derecho de defensa y a la presunción de inocencia.

Volver al índice-El fiscal tiene libertad probatoria, pudiendo practicar cuanta diligenciaconsidere necesaria para acreditar el delito.-El fiscal puede disponer de medidas jurisdiccionales como: formular cargos,indagar. Ordenar allanamientos, medidas cautelares.-El derecho de acceder al expediente por parte de los abogados una vezexista señalamiento en contra de determinada persona.-Existe la declaración indagatoria.-Los delitos se investigan de oficio, salvo aquellos que por excepciónrequieren de denuncia o querella de la parte afectada para el inicio de lainvestigación.II-¿QUÉ ES EL SISTEMA O PROCESO ACUSATORIO?El ejercicio de la acción penal y los actos investigativos y preparatorios dela misma, necesariamente involucran dos intereses constitucionalmenterelevantes: la protección de los derechos fundamentales y la investigación ysanción de las conductas punibles; ambos aspectos interesansignificativamente a la sociedad.Por ello solo tiene cabida una etapa procesal, el juicio, que se inicia conla presentación de la acusación por parte del fiscal y culmina con laaudiencia de juzgamiento.En este proceso tiene especial relevancia el respeto de los derechosciudadanos durante la investigación y el juzgamiento, entendiendo que elmodelo se integra con la fase de investigación, la que se sustenta en laindagación.Se sostiene que en la acusación, el juzgamiento y la defensa recaen endistintas personas (fiscal, juez y defensor), con miras a que se desarrolle unjuicio justo y sin dilación. Cada uno de los intervinientes asume funcionesespecíficas frente al Estado y la sociedad.III-CARACTERÍSTICAS-existe rígida separación entre el juez y la acusación-existe igualdad entre la acusación y la defensa-existe publicidad y oralidad del juicio-discrecionalidad de la acción penal-carácter electivo del juez-motivación de la sentencia por el juez de derecho-reconocimiento de los derechos fundamentales de los sujetos procesalesEl marco del proceso penal acusatorio es acreditar si el acusado es elresponsable del comportamiento delictivo que se le atribuye y para ello elEstado ejerce la labor de indagación e investigación con las cualesfundamentara su acusación. Durante las pesquisas se limitaran algunosderechos como la intimidad, la libertad, la propiedad, entre otros querequieren, no solo estar previamente establecido en la ley procesal penal,sino la necesidad de acudir al juez para que tome la decisión.Este sistema pregona la igualdad entre quien acusa y quien defiendedurante el desarrollo del juicio que es la única fase dentro del modelo dejusticia penal.El fin primordial a mi juicio es:-Proteger por una parte a la sociedad del delito, lo cual es ampliamenteconocido y por la otra, al acusado frente a excesos, las desviaciones y lasperversiones en la acusación.

Volver al índiceCuando se dice que se protege a la sociedad, es porque se estáfrente al delito, no solo la delincuencia, sino quienes al sentir desproteccióndel Estado, buscan la justicia de la propia mano, de la auto-justicia de losgrupos privados.El procedimiento acusatorio elimina aquella tendencia en donde el fin quese persigue es proferir condenas por doquier sin importar la verdad material,en la que solo se llenan expedientes con requisitos de forma para colmar lascárceles.IV-PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA ACUSATORIONo son más que los pilares en que se sustenta, entre las que sedestacan: la separación de funciones, igualdad de las partes, oralidad,contradicción, inmediación, concentración y publicidad.V- SEPARACIÓN DE FUNCIONESFortalece la imparcialidad del juez y maximiza el ejercicio de la acciónpenal por el Ministerio Público.Con este principio se asegura que el Ministerio Público sea el enteencargado de ejercer la acción penal y por su parte, el Órgano Judicial elente encargado de administrar justicia.Evita que el Ministerio Público pueda ejercer funciones jurisdiccionales yque el juez no ejerza funciones de investigación, busca el equilibrio procesaly el juicio sereno a través del contradictorio.VI-IGUALDAD DE LAS PARTESEl sistema acusatorio se sustenta en la premisa que debe existir igualdadentre las partes, a saber: el fiscal, el querellante, la defensa en relación conel juez, teniendo todos los mismos derechos y obligaciones.La igualdad se manifiesta en todo el proceso al tener que identificarposibilidades de ejercer facultades legales de recurrir o impugnar, decontravenir las evidencias, de debatir las pruebas, de alegar, inclusive,tienen la obligación de exhibir todos los elementos de convicción queutilizaran en el juicio.Y al juez le corresponde velar por la vigencia y respeto de este principio.VII-ORALIDADImportancia del principio de oralidad se impone que las peticionesformuladas por las partes al Juez, deberán resolverse con citación yaudiencia de la otra parte (salvo las que deban practicarse in oída parte).Toda prueba debe ser reproducida en juicio, salvo excepciones deprueba anticipada o documental reconocida, entre otras.Es esencial en el sistema acusatorio porque se enlaza con el detransparencia y facilita el camino para lograr una justicia pública y expedita.La oralidad facilita el cumplimiento de las garantías o derechosfundamentales y consiste en reemplazar hasta donde sea posible lasactuaciones escritas por las orales.El principio de oralidad, así como sus diversas manifestaciones prevaleceen las actuaciones que deban desarrollar ante el juez de garantías o dejuicio.

Volver al índiceLa oralidad permite la agilización de la comunicación de la pretensión y latoma de decisiones.competentes, de conformidad con las disposiciones de este Código y de laLey Orgánica del Ministerio Público. (Artículo 68).VIII-CONTRADICTORIO-El querellante: es la víctima del delito.Es el derecho de las partes a conocer los elementos de convicción de laparte contraria y oponerse o controvertirlas, pudiendo intervenir en suformación, inclusive, en aquellas que se practiquen de forma anticipadacuando así lo prevea el estatuto legal.IX-INMEDIACIÓNEl juzgador de manera directa, al igual que las partes procesales observael desarrollo de los actos procesales, estando presente durante la exposiciónde los alegatos, peticiones, la presentación y practica de las pruebas,debiendo ser el juzgador que decida en audiencias con las partes.Con este principio pierde toda la relevancia que conservaba el expedienteen el sistema inquisitivo mixto, convirtiéndose las actuaciones y elementosde convicción recopilados en la fase de investigación en antecedentescriminales, evitándose que el juez a través de las actas procesales decida lacausa y en su lugar a través de su propia percepción forme el conocimiento yconvicción.X- QUIENES INTERVIENEN-El Ministerio Público: que somos nosotros, pero que con la nueva ley se nosdefine como: los responsables de la persecución de los delitos, ejerciendolas acciones derivadas de ellos antes los juzgados y tribunales en queactúen. Para el ejercicio de la persecución penal, el Ministerio Públicodirige la investigación de los delitos, practicando u ordenando laejecución de las diligencias útiles para determinar la existencia delilícito y los responsables. La acción penal se ejerce ante los tribunales-La persona Imputada: es a quien se le han formulado cargos por parte delMinisterio Público ante el Juez de Garantías. Formalizada la acusación penalen su contra, pasa a denominarse acusado.-La defensa técnica: se materializa en el abogado que representa desde elmomento en que la señalan en cualquier acto de investigación o actoprocesal como posible autora o partícipe, con los mismos derechos que elimputado aunque no se utilice este calificativo.-Órganos de Investigación: son los que actuarán en todo el territorio de laRepública de Panamá bajo la dirección del Ministerio Público, efectuarán lasdiligencias de investigación con la dirección y acatamiento del MinisterioPúblico.XI-CAMBIOS TRASCENDENTALES¿QUE ES LO NUEVO?Determinación específica de roles, principio de separación defunciones (Art. 5)Judicialización total del proceso en la investigación, formulación decargos, juicio oral, ejecución de las penas y medidas de seguridad(Art. 12 y 25)Preponderancia en la protección de la víctima, de los denunciantes ycolaboradores, partes fundamentales para la efectividad del sistemaacusatorio (Art. 20)

Volver al índice- DESAPARECE EL EXPEDIENTE: Ya no habrá expediente sinoantecedentes de la investigación: en el que se incorporan aquelloselementos y evidencias que son recabadas durante la investigación demanera informal, es decir, que no demanda la existencia de resoluciones oactos procesales para su incorporación.El expediente desaparece y pasara a ser parte de los antecedentes.Se incorpora el resultado de la fase de investigación.El fiscal se encuentra obligado a introducir el resultado de todas lasactuaciones a los antecedentes de la investigación, los cuales estarán adisposición de las partes, no pudiendo conservar en reserva ningunaactuación.XII-FORMAS DE INVESTIGAR:El fiscal deberá desarrollar verdaderas estrategias de persecucióncriminal sustentada en indicadores y demás datos necesarios para la tomade decisiones.En lo que se refiere a las investigaciones en particular se desarrollaraen la formulación de la hipótesis delictiva lo que orientara la investigación ypermitirá concretar la búsqueda de las evidencias hacia su demostración,evitando el desgaste innecesario que conlleva recabar evidencias norelacionadas con el esclarecimiento de los hechos.El fiscal es el encargado de ejercer la acción penal, es el director desu investigación, es quien dicta las instrucciones a los entes policivos deinvestigación judicial para la práctica de las diligencias para elesclarecimiento de los hechos.El fiscal debe establecer el programa metodológico de investigacióndebe determinar los objetivos y la hipótesis delictiva.XIII-JUEZ DE GARANTÍASEs el contralor de los actos de investigación que afectan o restrinjanderechos fundamentales del imputado o de la víctima.Siempre que haya alguna afectación de derecho debe actuar el juez degarantías.Se busca que el tercero imparcial dictamine su medida adoptada, es elinstrumento adecuado para el fin perseguido, que la afectación a la garantíafundamental sea racional y que a afectación perdure solo por el tiemponecesario.XIV-DESAPARECE LA DECLARACION INDAGATORIAEl fiscal no va a contar con este elemento, deberá acreditar la existenciadel delito, así como las actividades vinculadas a su comisión, desarrollandouna teoría del caso de acuerdo con la comprobación de la hipótesis delictiva,debiendo a su vez anticipar la estrategia de la defensa para incorporarelementos de convicción.En la fase de investigación el imputado podrá ser citado en cualquiermomento por el fiscal, cuando lo estime necesario para el esclarecimiento delos hechos o para llegar a un acuerdo, debiendo ser asistido por un abogado.En el juicio, el procesado de acuerdo a la estrategia de la defensa serásometido al interrogatorio de todas las partes.

Volver al índiceXV-TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESOSi se incumple el acuerdo, se reanudará la acción penal, si se cumple,se extinguirá la acción penal y el acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada.Busca que la mayoría de los casos no sean sometidos a todo el proceso,de manera que solamente aquellos casos que por su naturaleza o al nohaber podido ser descargados lleguen a audiencia.Se han introducido mecanismos que permiten resolver la controversia sinnecesidad de llegar a juicio o al menos sin tener que cometerlo a todo elrigor procesal, o en otras circunstancias proveerle al fiscal la facultaddiscrecional para manejar la carga laboral, atendiendo la naturaleza yveracidad del hecho denunciado y las posibilidades reales de determinar alos autores y participes.XVI-MÉTODOS ALTERNOS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO-Se busca de manera rápida la indemnización de la victimas por los daños yperjuicios o simplemente restauración del objeto del delito en el estado enque se encontraba antes de la comisión del delito.-Conciliación: en los delitos que admiten desistimiento de acuerdo con elartículo 201, el Ministerio Público promoverá la conciliación entre la víctima yel imputado. En estos supuestos, la conciliación tendrá lugar en el centro queescojan las partes.Mientras se adelanta la conciliación se suspenderá condicionalmenteel proceso por un término máximo de un mes.Si se llega a un acuerdo conciliatorio, no habrá extinción de la acciónpenal hasta tanto no se dé cumplimiento a las obligaciones contenidas en elacta de conciliación.- Período para derivar el conflicto: Hasta antes de la apertura deljuicio, las partes pueden solicitar al Fiscal o Juez de Garantíasla derivación del conflicto penal a los Centros Alternos deResolución de Conflictos del Órgano Judicial o del MinisterioPúblico, o a los centros de mediación privada, legalmentereconocidos, a elección de las partes.- Remisión: El fiscal o Juez de Garantías evaluará el conflicto ysi este es de los que admite acuerdo y disposición de las partesremitirá la petición, sin más trámite, a los Centros Alternos deResolución de Conflictos del Órgano Judicial o del MinisterioPúblico e informará a las partes sobre sus derechos y garantíasy sobre la naturaleza y las ventajas de los métodos alternos deresolución de conflictos.La derivación se hará mediante un Protocolo de Atención,previa coordinación con los Centros.- Suspensión: el Juez de garantías decretará la suspensiónprovisional de la tramitación de la causa hasta por el término deun mes para las sesiones de mediación.A petición de las partes, cuando se trate de la incorporación decriterios objetivos para la cuantificación del resarcimiento de losdaños, el término podrá prorrogarse hasta por un mes más.- Seguimiento: Transcurrido el término señalado en el artículoanterior, se ordenará el archivo del expediente, salvo que apetición de parte se haya solicitado la reactivación del procesopenal por incumplimiento del acuerdo. En este caso,

Volver al índiceXVII-corresponderá al Juez de Garantías ordenar la continuación deltrámite del proceso penal respectivo.La suspensión del proceso interrumpe el término deprescripción de la acción penal.TIPOS DE AUDIENCIAS- Juez de Garantías: todas las actuaciones que conllevenrestricción de garantías fundamentales.- Conocer de la investigación para someter a juicio público alimputado, requiriendo la apertura a juicio.- Juicio Oral o Tribunal de Juicio: es la fase esencial delproceso y se lleva a cabo en presencia de los jueces y laspartesXVIII- OTRO DATO- Implementación Progresiva:A partir del 2 de septiembre de 2009, en el Segundo Distrito Judicial yprocesos de competencia del Pleno y la Sala Segunda de la CorteSuprema de Justicia, en única instancia.A partir del 2 de septiembre de 2010, en el Cuarto Distrito JudicialA partir del 2 de septiembre de 2011, en el Tercer Distrito JudicialA partir del 2 de septiembre de 2012, en el Primer Distrito JudicialLos cambios que se surtirán en la jurisdicción penal son drásticos ytrascendentales, no obstante, para lograr los resultados esperados serequiere del concierto de la sociedad panameña y en especial del Estado,quien a través de sus Órganos de Poder deberá poner su cuota decolaboración para procurar una justicia rápida y expedita. A ello, se agrega lanecesidad de cambiar los paradigmas del conocimiento. Si alguno de estoselementos está ausente los esfuerzos podrán ser infructuosos.EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTODE LOCAL COMERCIAL EN PANAMÁY EN EL DERECHO COMPARADOEduardo PorrasLa palabra arrendamiento proviene de arrendar, que significa “ceder oadquirir mediante precio el aprovechamiento temporal de cosas inmuebles, ode beneficio o rentas”.La figura de arrendamiento como concepto se entiende como el hechoque una persona ceda a otra el goce de una cosa a cambio de un preciodeterminado y a tiempo cierto. La persona que cede el uso o goce temporaldel bien mueble o inmueble a cambio de un precio cierto se denominaráarrendadora, mientras que la que adquiere el uso o goce temporal del bien,mediante el pago de un precio cierto se denomina arrendataria.Los primeros contratos de arrendamiento datan de hace 5,000 años.Archivos históricos señalan que en el año 1800 AC, existía una empresa dearrendamiento en Babilonia. Esta empresa funcionaba de forma que si unoficial o soldado era propietario de una tierra, que la monarquía le habíaentregado por sus servicios y éste no quería cultivarla, le arrendaba la tierra

Volver al índicea la empresa especialista en arrendamiento, la cual le pagaba poradelantado una suma al soldado y a su vez arrendaba la tierra a un granjero.Aristóteles dijo que “la verdadera riqueza no está en la posesión debienes, sino en el derecho de usarlos”. Una empresa no tiene que serpropietaria de sus propios recursos para obtener beneficio de los mismos.Con adquirir el derecho a uso de la propiedad por un período determinado detiempo puede ser suficiente.El Contrato de Arrendamiento se define como un contrato en que lasdos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de unacosa, ejecutar una obra, o prestar un servicio, y la otra a pagar por estegoce, obra o servicio un precio determinado. De esta definición podemosentender que el Contrato de Arrendamiento puede darse con tres objetivosdiversos: la concesión del goce de una cosa; la ejecución de una obra y; laprestación de un servicio.El Contrato de Arrendamiento tiene diversas características, como elhecho de ser bilateral, en el sentido que ambas partes se obliganrecíprocamente, el arrendador a proporcionar el uso y goce de la cosa y elarrendatario se obliga a pagar un precio o renta. Es consensual ya que seperfecciona por el acuerdo de las partes sobre la cosa y sobre el precio. Nose requiere que la declaración de voluntad esté revestida de algunasolemnidad para que se perfeccione el contrato. La voluntad no debeadolecer de vicios como el error, la fuerza y el dolo. Se acostumbra plasmarese consentimiento por escrito, como un medio probatorio que acredite elvínculo contractual, pero no como una solemnidad.El Contrato de Arrendamiento también es oneroso en el sentido queambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario persiguen utilidadesy se gravan recíprocamente, uno con la renta y permitiendo el uso y goce, yel otro con el disfrute de la cosa. Es un contrato de ejecución sucesiva yaque se realiza periódicamente y las obligaciones se cumplen sucesivamentey pesan durante todo el transcurso del arrendamiento.Otra de las características del Contrato de Arrendamiento es que esprincipal, ya que tiene existencia propia puesto que no requiere de otrocontrato o negocio para su perfección.El objeto del Contrato de Arrendamiento se confunde con la cosaarrendada. Según el artículo 1974 del Código de Comercio de Colombia,“son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales oincorporales que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la leyprohíbe arrendar, y los derechos, estrictamente personales como los de usoy habitación”. Es importante que la cosa sea corporal, pero no consumible,ya que esto se opondría a la naturaleza del contrato. Cabe mencionar que elcontrato queda sujeto al cumplimiento de la condición de existencia de lacosa, o sea que la cosa exista al momento del perfeccionamiento de este, oque se supone llegue a existir.La cosa objeto del contrato no debe estar prohibida por ley, o que nosea susceptible de arrendamiento como el derecho de alimentación o bienesde uso público. Otro elemento importante del Contrato de Arrendamiento esel precio, que debe consistir en dinero o en frutos naturales de la cosaarrendada, debe ser determinado o determinable, real y serio.En Panamá el arrendamiento está regulado en la Ley 93 de 4 deoctubre de 1973 por la cual se dictan medidas sobre los arrendamientos y secrea en el Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Arrendamientos yen su artículo 1 señala: “Es de orden público el arrendamiento de bienesinmuebles particulares destinados para habitación, establecimientoscomerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes”.

Volver al índicePodemos definir el arrendamiento de inmuebles destinados parahabitación o vivienda, como el contrato en el cual una persona (arrendador)cede a otra persona (arrendatario) el uso de una edificación habitable cuyodestino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda delarrendatario, mientras que el arrendamiento de local es aquel contrato por elque una persona (arrendador) cede a otro (arrendatario) el uso de unaedificación cuyo destino primordial no sea satisfacer la necesidadpermanente del arrendatario, sino desarrollar en la finca otras actividadesdistintas como pueden ser una actividad industrial, comercial, artesanal,profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.Podemos observar que la característica principal que diferencia elarrendamiento de un local comercial de los otros tipos de arrendamiento, esque el arrendatario destinará el inmueble para desarrollar actividadescomerciales.Esta ley regula todo lo referente al arrendamiento en Panamá, asícomo los desahucios y lanzamientos y en su artículo 42 señala que lascausales de desahucio para locales de uso comercial por tiempo indefinidoserían, entre otras: cuando el propietario vaya a utilizar el local para un fincomercial, industrial, profesional o docente lo que comprobará en la formaprevista en el artículo 46 que dice “Sólo se admitirá la solicitud de desahuciocuando el propietario necesitare el inmueble arrendado para su uso personalo de algún miembro de su familia hasta el tercer grado de consanguinidad; opara su demolición y construcción posterior de un nuevo edificio, lo cualdebe ser debidamente comprobado mediante declaración jurada delsolicitante o, la presentación del permiso de demolición, según el caso. Encaso de que el solicitante o familiar no ocupen el inmueble dentro de los tresmeses siguientes a la resolución que decretó el desahucio, el responsableserá sancionado con multa hasta de B/.1,500.00 (Mil quinientos balboas) sinexcluir la indemnización a la cual podrá ser condenado por los daños yperjuicios causados.Vemos que si el Propietario-Arrendador quisiera ocupar el local parasu uso personal con un fin comercial, sin distinguir que éste debe serdiferente al que realiza el Comerciante-Arrendatario, el propietario podríautilizar para beneficio propio el buen nombre y la clientela que ha logradoacaparar el Comerciante-Arrendatario a través del tiempo que ha ocupado ellocal. Pensamos que debe añadirse al numeral 1 del artículo 42 de la ley 93,lo siguiente: “Cuando el propietario vaya a utilizar el local para un fincomercial, industrial, profesional o docente”, SUSTANCIALMENTEDISTINTO AL QUE REALIZA EL ARRENDATARIO, “lo que comprobará enla forma prevista en el artículo 46 y sujeto a las sanciones en élestablecidas”.En algunos países como Colombia existen reglas propias del Contratode Arrendamiento de local comercial como sería el derecho que tiene elComerciante-Arrendatario a prórroga automática del arrendamiento dellocal donde funciona.El artículo 518 del Código de Comercio Colombiano establece en unaprimera condición para que sea un derecho del comerciante, exigir laprórroga del Contrato de Arrendamiento del local que está utilizando: quelleve ocupando por dos años de manera continua el local y con el mismoestablecimiento de comercio. Esto quiere decir que si el comerciante alquilóun local, oficina, etc…, hace más de dos años, pero en este tiempo ha tenidofuncionando primero un restaurante, por un par de meses, luego por unosmeses, una farmacia, y en los últimos seis meses tuvo funcionando unafuneraria, este comerciante no puede exigir que le prorroguenautomáticamente el contrato del local comercial, por el sólo hecho de llevarmás de dos años continuos en dicho inmueble arrendado. Esta prórrogaautomática tiene algunas excepciones como pueden ser: que elComerciante-Arrendatario no tendrá derecho a exigir la prórroga automáticadel contrato de arrendamiento aunque lleve más de dos años operando elmismo establecimiento de comercio si ha incumplido el contrato. Si el

Volver al índicepropietario necesita el inmueble para su propia habitación o para unestablecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta dela que tuviere el Comerciante-Arrendatario; y cuando el inmueble deba serreconstruido o reparado con obras necesarias que no pueden ejecutarse sinla entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para laconstrucción de una obra nueva.El Código de Comercio Colombiano establece en su artículo 522, queen caso de no prorrogar un Contrato de Arrendamiento de local comercialaduciendo que iba a utilizarlo para su vivienda o para montar en él su propionegocio en actividad distinta o reconstrucción o demolición del inmueble,pero el Propietario-Arrendador le da una utilización distinta a la aducida parano prorrogarlo o no inicia con las obras de construcción o demolición dentrode los tres meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble por parte delComerciante- Arrendatario al Propietario- Arrendador o su representante,tiene que pagarle una indemnización al Comerciante- Arrendatario que no lequiso prorrogar el alquiler del inmueble, cuando este tenía derecho a suprórroga según el artículo 518 del Código de Comercio Colombiano. Estaindemnización consistirá en el pago de los perjuicios causados alComerciante- Arrendatario que tuvo que hacer entrega del inmueblealquilado, para lo cual deberá presentar demanda ante un Juez de laRepública (Colombia), quien con ayuda de los peritos judiciales determinaránel valor de los perjuicios causados, entre los que se encuentra el LucroCesante, los gastos que incurrió por el traslado a nuevas instalaciones, lasindemnizaciones que haya pagado a trabajadores por dicho traslado o cierredel establecimiento comercial, incluso la solicitud del reembolso de lasmejoras que el comerciante había realizado en dicho inmueble arrendado.La intención que tuvo el Legislador en este sentido consiste en que siel propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comerciopudiese en cualquier momento desahuciar al inquilino para provocar laterminación del contrato y no prorrogarlo, aduciendo que lo va ha utilizarpara fin comercial, sin destacar que este será diferente al que realizaba elarrendatario, podría aprovecharse del buen nombre, de la forma y de laclientela lograda por el empresario e instalaría su propio establecimientoidéntico o similar al que allí funcionaba. Es indudable que el empresario queacredita un establecimiento de comercio atrae una clientela, la cual seorienta por el sitio que ocupa el establecimiento; y ya acreditado, puedeinfluir en todo un sector valorizándolo, ya que la ubicación puede constituirseen un momento dado en el elemento más importante de todo establecimientode comercio. Por todo esto no se debe permitir al propietario del local queabuse, que se beneficie del esfuerzo y del trabajo del empresario.Sin embargo, igualmente, pensamos que esta limitación no debe seraplicada al Propietario-Arrendador, si el Comerciante-Arrendatario es el quemanifiesta su voluntad de dar por terminado el contrato, ya que no se le debeprivar de beneficiarse de las ventajas que pueda utilizar para volver aarrendar dicho local a un nuevo Comerciante-Arrendatario que quieradedicarse al mismo negocio o si él mismo desea poner a producir supropiedad en la misma forma que lo hacía el Comerciante-Arrendatario.BIBLIOGRAFÍALa información para este artículo se obtuvo de datos encontrados en lassiguientes páginas de internet:Commercial Finance and Leasing Bank of Cardiff (La Historia delArrendamiento)Derecho Mexicano / Legislación Doctrina Jurisprudencia (Noticias marzo 13,2007) – El Arrendamiento (Antecedentes Históricos)Tuguíalegal.com (El Arrendamiento de Vivienda) / (Empresas, Sociedades,Arrendamiento de Local Comercial)

Volver al índiceActualícese.com (Información Contable y Tributaria al Día) (¿Cómo semaneja la prórroga del arrendamiento de un local comercial?)Ley 93 de 4 de octubre de 1973LA EFICACIA DE LA FIRMAELECTRÓNICA EN EL REGISTROMERCANTILPALABRAS CLAVES:I INTRODUCCIÓNAbel Cano ChávezCONTRATACIÓN ELECTRÓNICA- FIRMA ELECTRÓNICA-FIRMAELECTRÓNICA SEGURA-FIRMA DIGITAL-FIRMA DIGITALIZADAEQUIVALENCIA FORMAL-EFICACIA-FUERZA Y EFECTOS-EQUIVALENCIA FUNCIONAL.El Internet es información en abundancia, podemos comprar cualquiercosa, en cualquier parte del mundo, con sólo unos cuantos clics del mouse yuna tarjeta de crédito, sin importar la hora; el usuario, puede hacercomparaciones de precio y calidad de productos en cuestión de minutos.Cuando se acopla el Internet con el comercio, los resultados sonimpresionantes. La competencia es más "global" y los precios disminuyen,en todo caso, los más beneficiados son los consumidores.El Comercio electrónico (e-commerce en inglés), es una manera dehacer negocios, vendiendo o comprando productos, información y serviciospor Internet, bajo ciertos estándares de seguridad. Existen varias formas dehacer negocios por internet, Negocio al cliente (B2C - Business toConsumer), en esta categoría se incluyen todos aquellos sitios de Internetque vendan cualquier tipo de producto al público en general; Negocio anegocio (B2B - Business to Business); Es una rama del Comercioelectrónico que se refiere a las transacciones realizadas en el ámbito dedistribuidores y proveedores. Se conoce principalmente en inglés comoBusiness to Business; Cliente a Cliente (C2C - costumer to costumer);Modalidad de comercio electrónico en la cual las operaciones comerciales serealizan entre clientes como, por ejemplo, los sitios donde se realizansubastas.En cualquier de las mencionadas formas de negocio electrónico laactividad económica propiamente tal se realiza a través de computadorasconectadas en red, dando vida y ejecución al comercio electrónico donde seejecuta el acto de “contratación electrónica”. Paralelamente al comercioelectrónico, la revolución tecnológica llega también al ámbito de laadministración pública, donde a diferentes niveles se está encaminado hacíala dirección de la comunicación electrónica para con el administrado dentrodel ambiente propio que podemos denominar gobierno electrónico (egovernment).Es dentro de esa relación de administración-administrado,comerciante–cliente, pública o privada, donde el acto o negocio jurídicorefleja la naturaleza de la obligación – contratación, y surge la inminentenecesidad de que en el documento electrónico se presente la tradicional“firma”; revestida ahora de una no muy tradicional estructura; dando lugar ala llamada “firma digital”.

Volver al índicefirma electrónica, siempre y cuando cumpla con las condiciones, que demanera inmediata la propia ley le exige al establecer cuatro atributos. Elsegundo de esos atributos establecidos en el artículo 25 dice que la firma “essusceptible de ser verificada” lo cual a nuestro entender, tal definición defirma electrónica sigue plenamente el principio de equivalencia funcional,el cual le exige a un signo electrónico para ser considerado firma, es sucapacidad para autenticar el documento, para suscribir y mostrar la identidaddel suscriptor. Por lo tanto dentro del marco conceptual del artículo 25 denuestra ley de firma electrónica podemos aseverar que la eficacia de lamisma quedará condicionada al cumplimiento de la equivalencia funcional enel caso concreto; es decir, si una firma no es capaz de demostrar la identidaddel “iniciador”, no será capaz de brindar el carácter de autenticidad lo quetraerá consecuencias a su eficacia.Nuestra ley de firma electrónica profundiza y especifica en su artículo26 el mencionado principio de equivalencia funcional conceptuando ahora ala firma electrónica segura bajo los parámetros de la Ley Modelo sobrefirmas electrónicas (LMFE) de Comisión de las Naciones Unidas sobre Leyesde comercio Internacional (United Nations Commission on InternatioanalTrade Law UNCITRAL).Artículo 26. Firma electrónica segura. Es una firmaelectrónica que puede ser verificada deconformidad con un sistema o procedimiento deseguridad, de acuerdo con estándares reconocidosinternacionalmente.La opinión mayoritaria de la doctrina considera firma electrónica todoaquel medio capaz de identificar (o autenticar) al autor de un documento(mensaje) electrónico, e indicar que éste aprueba el contenido del mismo,por lo que nos encontramos frente a una definición netamente funcional.IV- EFECTOS REGISTRALES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN PANAMÁEn el caso específico de que se produzca la exigencia por imperio deley de la presencia de una firma manuscrita, o establezca ciertasconsecuencias en los casos donde surja la ausencia de la misma, todo estorelacionado con documentos electrónicos o mensajes de datos; tal exigenciao requerimiento de ley, se considerará satisfecha si el documento o mensajeha sido firmado electrónicamente. No solamente hasta este punto nuestraley determina circunstancias específicas, sino que claramente marca laeficacia que tendrá la firma electrónica en las circunstancias muy especialesde aquel documento electrónico, o mensaje de datos, en una transaccióndeterminada y en donde sea imperante y menesteroso su regularnotarización, reconocimiento o que el mismo sea refrendado o hecho en actojurídico bajo la gravedad del juramento; tal requisito será satisfecho si lafirma electrónica de la persona autorizada para efectuar dichos actos, seavinculada con la firma o mensaje. Se presenta una limitante a la eficacia dela firma electrónica en el artículo 7 en comento de nuestra ley de firmaelectrónica.Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a:1.-Los contratos sobre bienes inmuebles y demás actossusceptibles de registro ubicados en Panamá.2.-Los actos en materia de sucesiones que se otorguenbajo ley panameña o que sufran sus efectos enPanamá.3.-Los avisos y documentos dirigidos o emitidos porautoridades de Panamá, que no hayan sido autorizadospor la entidad respectiva.Tal como lo expresa la norma, se extiende la falta de eficacia de lafirma a los tres supuestos mencionados, y a pesar de que encontramos unelemento territorial como denominador común que los lleva a caracterizarlos

Volver al índicede esa manera; más bien es necesario hacer referencia a la condición detener la misma “fuerza y efectos” mencionado en el concepto de firmaelectrónica. Pus bien aquí donde no se presenta esa equivalenciaformal de los documentos, no es posible tampoco afirmar laequivalencia formal de la firma; así independientemente de que la firmaelectrónica presente la misma “fuerza y efectos” que la firma manuscrita. Esevidente entonces la falta de eficacia que mantiene la firma electrónica sobreestos supuestos exegéticamente enunciados dentro de la ley.BIBLIOGRAFÍAANDRÉS BLASCO, J. 2005. ¿Qué es internet?, En: PRINCIPIOS DEDERECHO DE INTERNET, GARCÍA, M., 2da ed., Valencia, págs. 29-27.CRUZ RIVERO, D. 2006. Eficacia formal y probatoria de la firma electrónica,1ra. ed., Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 356 págs.FERNÁNDEZ, J.I. 2006. La Firma electrónica, Editorial Reus, España, 303págs.GARCÍA MAS, F. 2004. Comercio y firma electrónicos, análisis jurídico de losservicios de la sociedad de la información, 2da ed., Editorial Lex Nova,España, 636 págs.TARUFFO, M. 2008. La prueba, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A.,Madrid, 325 págs.LEGISLACIÓN NACIONALLey N° 43 de 31 de Julio de 2001, Gaceta Oficial 24359 de 3 de septiembrede 2001.EL CÓDIGO PROCESALPENAL: NOVEDADES YDESAFÍOSI. INTRODUCCIÓNDelia Adelina De Castro DíazEn los últimos 20 años, la República de Panamá ha adecuado sulegislación en distintas ocasiones, con el propósito de reconocer derechos alos imputados 21 , facilitar la intervención de la víctima en el proceso penal 22 ,producir mayor celeridad e inmediación 23 e inclusive optimizar la función delMinisterio Público en dirección a la selección de las causas que deben llegara los tribunales 24 .Hasta el momento, tales mecanismos han permitido avances en loque a la administración de justicia se refiere, pero la época en que vivimosproducto de la globalización, la mayor preparación y estudio de losprofesionales vinculados al ejercicio del Derecho y la exigencia de un mejorservicio por parte de los usuarios del sistema penal, condujo al país a uncambio aún más profundo: el de las instituciones que participan de laadministración de justicia y la forma de desarrollar el proceso.Es así que la aprobación de un Código Procesal Penal que entrará envigencia de forma progresiva conforme lo dispone el artículo 556 de la Ley21 Incorporación de las medidas cautelares personales distintas a la detención preventivamediante la Ley 3 de 22 de enero de 1991.22 Ley 31 de 28 de mayo de 1998 de la Protección a las víctimas del delito.23 Introducción de la audiencia preliminar a través de la Ley 1 de 3 de enero de 1995.24 Ley 39 de 26 de agosto de 1999, que otorgó a los Agentes del Ministerio Público lafacultad de abstenerse del ejercicio de la acción penal mediante la aplicación del principiode oportunidad reglado.

Volver al índiceNº 63 de 28 de agosto de 2008, trae consigo una serie de novedades quepretenden incidir en la existencia de un proceso más ágil, más garantista,pero a la vez más efectivo. Tal propósito a la vez conlleva enormesdesafíos, por lo que en esta oportunidad comentaremos algunos de ellos.II.LAS NOVEDADESContar con un Código Procesal Penal autónomo, independiente delprocedimiento civil y orientado por una serie de garantías, principios y reglaspropios, es la novedad evidente.Tales normas no constituyen una simple declaración, sino la columnavertebral del nuevo sistema procesal, lo cual denota evolución jurídica ypleno interés por lograr un mayor respeto de los derechos y garantíasfundamentales, que incluyen los contenidos en la Constitución Política de laRepública de Panamá, los incorporados en los Tratados y Conveniosinternacionales ratificados por el país e inclusive, aquellos que sin estarincorporados en estos textos legales, deban ser reconocidos por resultarconsustanciales a los seres humanos.Como cambio significativo se presenta la separación de funcionesentre el ente investigador (luego acusador) y el juzgador, sin desconocer elderecho a la defensa. Bien apunta Granados Peña que este constituye unprincipio “donde aparecen diferenciadas claramente tres funciones en elproceso penal, la función de acusación que a turno implica previainvestigación, la función de defensa frente a la acusación…, y finalmente, lafunción de juzgamiento que la hace un juez o un jurado de conciencia comoente imparcial.” 2525 GRANADOS PEÑA, Jaime. El Sistema Acusatorio en el Derecho Comparado y la nuevaFiscalía General en Colombia: hacia una reinterpretación funcionalista. En Programa deCapacitación OPDAT. Agosto de 1995. Citado por: Alberto José Prieto Vera. Esquemadel Proceso Penal en el Sistema Acusatorio Colombiano.En consecuencia, devino la creación de la figura del Juez deGarantías, cuyo propósito será controlar (autorizar, convalidar o invalidar) losactos de investigación que puedan afectar o restringir derechosfundamentales del imputado o de la víctima, es decir, las actuacionesrealizadas por el Ministerio Público con el auxilio de los organismosauxiliares de la investigación (entiéndase Dirección de Investigación Judiciale Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses).Esto implica que en los Distritos Judiciales donde vaya entrando envigencia plena el Código 26 , el Fiscal no podrá continuar ordenando laimposición de medidas cautelares personales, sino que tendrá querequerirlas al Juez de Garantías. No podrá practicar diligencias deallanamiento, salvo que cuente con autorización judicial previa, de la cual sepodrá prescindir únicamente en casos excepcionales. 27El Juez, por su parte, no podrá ordenar ampliaciones a lasinvestigaciones, puesto que inmediatamente perdería su condición defuncionario imparcial, afectando la naturaleza y el curso del proceso.http://www.sjintegrales.com/sjintegrales/archivos/doctrinas/regimen_acusatorio/DOCTRINA%204.pdf26 A partir del 2 de septiembre de 2009, el Código Procesal Penal entrará a regir en elSegundo Distrito Judicial y para los procesos de conocimiento de la Corte Suprema deJusticia en Sala y en Pleno. Desde el 2 de septiembre de 2010, entrará en vigencia en elCuarto Distrito Judicial. Llegado el 2 de septiembre de 2011 iniciará en el Tercer DistritoJudicial y desde el 2 de septiembre del 2012 será aplicable para el Primer Distrito Judicial.Lo anterior es sin perjuicio que desde el 2 de septiembre de 2009, se aplican a todos losprocesos las garantías, principios y reglas, las medidas cautelares, procedimientos alternospara la solución del conflicto penal y lo relacionado con las medidas de protección paravíctimas, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso penal, siempre que norequieran de la intervención del Juez de Garantías. (Ver artículos 556 y 557 del Código).27 Esto es, cuando haya que socorrer a víctimas de desastres, para evitar que continúe lacomisión de un delito, producto de un allanamiento inmediatamente anterior o en casos deurgencia. En estas situaciones el allanamiento deberá ser cometido ex post al control delJuez de Garantías.

Volver al índiceAsimismo, no podrá disponer la apertura de una causa a juicio si el MinisterioPúblico no lo solicita.El proceso ha sido ideado no sólo para producir más celeridad,balance procesal y mayor reconocimiento de derechos y garantíasfundamentales, sino también para llevarnos a otro nivel de desarrolloprofesional. Por ello, pasaremos:• De una instrucción sumarial encasillada a las diligenciaspredeterminadas por un texto legal, a una investigaciónmetodológica y estratégica, para alcanzar objetivos quepermitan fundamentar adecuadamente una petición, ya sea elsobreseimiento o la acusación.• De sólo poder aplicar el principio de oportunidad reglado yalgunos mecanismos alternos de solución de conflicto 28 , elFiscal podrá también seleccionar las causas en base a surelevancia y transcendencia social (criterio de oportunidad 29 ),posibilidad de acreditar o no un delito o determinar quiénesfueron sus autores y partícipes (archivo provisional 30 ydesestimación 31 ), continuar derivando causas para conciliacióny mediación, aplicar acuerdos por aceptación de cargos o decolaboración eficaz, así como utilizar los procedimientos28 Con la Ley 27 de 21 de mayo de 2008 se facilitó que Fiscales y Jueces deriven las causasa los Centros de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos.29 Conforme al artículo 212 del Código Procesal Penal, es aplicable para casos que noafecten gravemente el interés de la colectividad, cuando la acción penal esté prescrita oextinguida o cuando el autor o partícipe haya sufrido a consecuencia del hecho un dañofísico o moral grave que haga innecesaria y desproporcionada la pena.30 Cuando no se logre obtener los suficientes elementos de convicción para contribuir a laacreditación del hecho punible o para individualizar al autor o partícipe del delito.31 Procederá cuando se considere que el hecho denunciado o investigado no constituyedelito. Ambos supuestos, es decir, el archivo provisional y la desestimación solo puedendarse antes de la formulación de imputación.simplificados 32 e inmediatos 33 que permitirán reducirampliamente los plazos.• De una declaración indagatoria, a un acto de imputación,público y oral, que no persigue conocer la versión del sujetopasivo de la acción penal para desarrollar la investigación enbase a lo que diga o deje de decir, sino comunicarle ciertoshechos que luego le permitan materializar plenamente sudefensa.• De la vista fiscal, no vinculante y contentiva de una narraciónde todos los hechos que constaban en la instrucción delsumario, a un escrito de acusación explícito, que destacahechos jurídicamente relevantes y concretiza el derechoaplicable, ilustrando el propósito del Fiscal en el juicio, laprueba que allí se practicará, el grado de participación criminalde él o los acusados y la pena que se peticionará.Otro aspecto puntual a destacar y que produce una modificaciónsustancial de la dinámica del proceso, es que solamente tendrán valor laspruebas lícitas practicadas ante organismos jurisdiccionales.Lo relacionado con la licitud de la prueba, no es la novedad, el CódigoJudicial ya lo exige. Lo novedoso radica en que la producción de la pruebadeberá darse con plena vigencia de los principios de oralidad, publicidad,32 Se podrá aplicar cuando se formule imputación por un delito sancionado con pena inferir alos tres años de prisión, siempre que el Fiscal tenga los elementos de suficientes para lograruna condena y el imputado acepte los hechos. En ese caso, en la misma audiencia deimputación se puede formular la acusación y decidirse la causa.33 Es posible que se aplique cuando al formular la imputación, el Fiscal considere que tienelos elementos suficientes para pedir condena, siempre que la pena que pida para elprocesado sea de hasta 4 años. Igual que el procedimiento anterior, permite evitar el restode la fase de investigación, se pasa directamente a la acusación y el Juez de Garantíaspuede dictar sentencia en el acto.

Volver al índicecontradictorio y con la inmediación del juzgador (unipersonal) o tribunal 34(colegiado) a quienes corresponderá tomar una decisión final respecto alcaso sometido a su consideración.De esto se desprende que las diligencias practicadas durante la fasede investigación no tendrán valor probatorio, salvo que se realicen bajo losparámetros de la prueba anticipada 35 ante el Juez de Garantías.La emblemática frase “sin formulación de cargos no habrá juicio nihabrá pena sin acusación probada”, permite diferenciar claramente que parauna imputación e incluso para la acusación, si bien es necesario contar conelementos de convicción que permitan establecer que se dio un hecho queprobablemente constituye delito y que existe una persona presuntamentevinculada; llegado el juicio, es necesario probar, corroborar o acreditar quelos hechos se enmarcan en un tipo penal específico y que quien ha sidoacusado, fue autor o partícipe del mismo. Todo ello se realiza con el apoyode la teoría del caso, es decir, “el planteamiento técnico que desarrolla yargumenta cada una de las Partes, sea en defensa o acusación, parademostrar los hechos más relevantes, penalmente, de su causa; permite,asimismo, que cada actor y su representante o apoderado, basados en laspruebas aportadas y debidamente sustentadas, más los fundamentos34 El Código Procesal Penal hace referencia a que el juicio oral estará, en términosgenerales, a cargo del Tribunal de Juicio, el cual se constituye en un organismo colegiadoque conocerá de la práctica de la prueba y decidirá en atención a ella.35 El nuevo Código Procesal Penal en su artículo 279 permite que durante la fase deinvestigación las partes puedan solicitar que se practiquen determinadas pruebas ante elJuez de Garantías debido a que las circunstancias hacen peligrar que la misma puedapracticarse llegado el Juicio oral. Los distintos supuestos permiten que ante la graveenfermedad de un testigo, ante la inminente salida de un extranjero del territorio nacionalcuando fue víctima de un delito y, en términos generales, cuando haya peligro que por lademora se pierda la fuente de la prueba, se pueda anticipar el examen de determinadostestigos o la realización de determinadas diligencias.jurídicos convenientes y pertinentes que los apoyan, puedan desarrollarprocesalmente sus intenciones y pretensiones.” 36Para estos efectos, resultan de interés las palabras de Pietro Ellero,pues a pesar del tiempo transcurrido, revisten gran actualidad:“La certeza, la probabilidad y la duda son losúnicos y verdaderos grados persuasivos del hombre,como cualquiera puede observarse en sí propio. Yaun puede decirse que los términos precios einvariables son el primero y el tercero, esto es, lacerteza y la duda, porque en el primero no hay unsolo elementos de duda, y el tercero ni uno decerteza; en cambio el segundo es un términoindeciso y variable, pudiendo haber en él unaprobabilidad indefinidamente mayor o menor y nosujeta a medida. Y luego agrega: A medida que lasdudas se aminoran la probabilidad aumenta una vezdesvanecida, la certeza surge.” 37Es pues, obligación del Ministerio Público, realizar una mínimaactividad probatoria de cargo, lícita, practicada conforme a las reglas deljuicio oral, que permita a quien deba tomar la decisión de fondo, tenercerteza de la responsabilidad penal del acusado, esto es, superar laexistencia de una duda razonable para que se pueda emitir una sentencia36 LEON PARADA, Víctor Orielson. El ABC del nuevo Sistema Acusatorio Penal. Eljuicio oral. Ecoe Ediciones. Bogotá, 2008. Pág. 203.37 ELLERO, Pietro. De los juicios criminales. Madrid, 1953. 5ª, edición, págs. 18 y 36.Citado por: Olga Cecilia Gómez Peña. Admisibilidad de la Prueba. En: El Proceso PenalAcusatorio Colombiano. Nuevo Manejo de la Prueba. Tomo I. Ediciones Jurídicas AndrésMorales. 2005, pág. 308.

Volver al índicecondenatoria. Si el Ministerio Fiscal no lo logra, la consecuencia deberá serla absolución.El nuevo Código mandata también que esa decisión debe estardebidamente motivada, es decir, explicada, fundamentada, no solamenteapoyada en doctrina o jurisprudencia, sino en un análisis lógico de loshechos, del derecho y de la prueba presentada.Este texto de procedimiento instituye además la figura del Juez deCumplimiento para velar porque las penas impuestas sean cumplidasadecuadamente, esto es, sin vulneración de derechos fundamentales ygarantizando la resocialización de la persona sancionada, labor que requiereindispensablemente, de un mejor sistema penitenciario.III.LOS DESAFÍOSEl cambio que se plantea y que a nuestro juicio es el más trascendentalde la historia procesal panameña, no se agota con la modificación legal, sinoque requiere:La variación de las estructuras y de los procedimientos internos enlas instituciones para ajustarlos a la lógica del nuevo sistema;La reorganización del personal en base a los roles que la leyestablece y las exigencias de un Sistema Penal Acusatorio;Una formación profesional que sea compatible con losrequerimientos de un procedimiento oral, público y contradictorio,lo cual pasa por la actualización de los planes de estudiouniversitarios y de quienes se dedican a la enseñanza delDerecho;La difusión de un mensaje a la ciudadanía que posibilite transmitirlas bondades del sistema, potenciar la cultura de paz, así comoIV.comprender que privación de libertad y justicia no son términosequivalentes;Un cambio de cultura jurídica que nos permita abandonar lasinterpretaciones que sólo tienen cabida y validez en un sistemaprocesal inquisitivo y,Un esfuerzo por lograr un manejo adecuado de las tendencias dela dogmática penal, indispensable para la materialización de lajusticia, sobre todo, tomando en consideración que ya contamoscon un nuevo Código Penal.CONCLUSIÓNA grandes rasgos, la diferencia de roles en virtud de la separación defunciones (Fiscal, Juez de Garantías, Tribunal de Juicio y Juez deCumplimiento), así como la necesidad de una investigación metodológica, laexistencia de la formulación de imputación y acusación, la introducción de lateoría del caso para todos los procesos y la práctica de la prueba en juiciooral, son los cambios fundamentales que traza el nuevo Código ProcesalPenal.Todo ello, se acompaña además por los mecanismos que permitenterminación anticipada del proceso los cuales deben ser potenciados almáximo para evitar el colapso del sistema.Lo anterior nos permite compartir la afirmación expresada porMauricio Duce y Cristián Riego, en el sentido que además de dota a estainstitución de mecanismos que permitan ejercer o abstenerse de ejercitar laacción penal:“La lógica del nuevo sistema opera con base en laidea de que una institución fuerte estará a cargo de

Volver al índiceconducir la investigación, formular cargos en contrade los acusados y representar a la sociedad en losjuicios orales. Sin un Ministerio público poderosoque esté capacitado para cumplir con estoscometidos, es imposible concebir al nuevo sistemafuncionando adecuadamente, en tanto el rolacusador no estará apropiadamente personificado.Además, el nuevo modelo requiere que el MinisterioPúblico imprima el ritmo de trabajo al conjunto delsistema, para este funcione óptimamente.” 38El nuevo Código Procesal Penal permite que la República de Panamáse sume a la mayoría de los países de la región que ya han reformado sussistemas procesales, tales como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile,Guatemala, Paraguay, República Dominicana, entre otros.Definitivamente que los cambios no son fáciles y la clave para lograrsu éxito se encuentra en la constancia, la perseverancia y el real interés deevolucionar hacia una justicia de más calidad, hacia un proceso que permitala plena igualdad de partes.El compromiso y la aptitud de los profesionales que integran lasinstituciones vinculadas con la administración de justicia también estranscendental para el éxito, así como la honestidad, la transparencia y larendición de cuentas, no sólo para someter la efectividad del proceso alescrutinio de la ciudadanía para que exprese sus críticas, sino para mejorar,corregir sus deficiencias y falencias, en aras de alcanzar la anheladamodernización del sistema de justicia penal.El aspecto adicional e indispensable para hacer realidad la creaciónde las estructuras y programas que se requieren, son los recursospresupuestarios, ya que en esta materia no bastan las buenas intenciones,sino la posibilidad tangible de hacerlas realidad.V. BIBLIOGRAFÍALIBROSGÓMEZ PEÑA, Olga Cecilia. Admisibilidad de la Prueba. En: El ProcesoPenal Acusatorio Colombiano. Nuevo Manejo de la Prueba. Tomo I.Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2005.LEON PARADA, Víctor Orielson. El ABC del nuevo Sistema AcusatorioPenal. El juicio oral. Ecoe Ediciones. Bogotá, 2008.DOCUMENTOS DE INTERNETPRIETO VERA, Alberto José. Esquema del Proceso Penal en el SistemaAcusatorio Colombiano.http://www.sjintegrales.com/sjintegrales/archivos/doctrinas/regimen_acusatorio/DOCTRINA%204.pdfOTRAS PUBLICACIONESCentro de Estudios de Justicia de las Américas. Desafíos del MinisterioPúblico Fiscal en América Latina. Santiago. 2005.38 Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Desafíos del Ministerio Público Fiscalen América Latina. Santiago. 2005. Págs. 20-21.

Volver al índiceZONIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIALREGULACION: INSTRUMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓNDEL DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION DELA CALIDAD DE VIDALicda. Vanessa Campos AlvaradoInvestigadora JurídicaIntroducción. II. Zonificación III. Objetivos de la zonificación IV. Elementosque organiza la zonificación V. Justificación VI. Efectos de la ausencia deaplicación de las medidas de zonificación. VII. La reacción de la comunidadVIII. Zonificación y protección del patrimonio histórico y cultural IX.Zonificación en algunas áreas de la Capital. X. Codificación. XI. Zonificacióny ordenamiento territorial XII. Capacidad de carga XIII. Solicitudes de cambiode zonificación. XIV. Ejemplos de zonificación .XV. Bibliografía.INTRODUCCIONEl creciente desarrollo poblacional es materia de preocupación, yaque demanda mayores servicios y la expansión de las infraestructuras talescomo acueductos, alcantarillados, vías de acceso, procesamiento dedesechos, aumento en el consumo de agua y energía eléctrica. Esto, sinduda, demuestra que este crecimiento ejerce tensión sobre la existencia delos recursos naturales y en la utilización de los espacios haciendo sobre todoque cada año se originen nuevos poblados que agravan la situación. Deacuerdo al Informe Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambienterealizado en el año 2009, es decir hace exactamente diez años: entre 1940a 1990, se establecieron 5967 nuevos lugares poblados en el país(Contraloría General de la República, 1991 39 ). Esto, a todas lucesevidencia un crecimiento de la población y de lugares poblados que a la39 Informe Ambiental de 1999, Autoridad Nacional del Ambiente. Panamá, p.30.fecha actual continúan en aumento .De acuerdo a este mismo informe: El51% de la población del país… se concentra en cinco distritos;Panamá…San Miguelito… Colón… David y la chorrera. El 55% de lapoblación 1.5 millones está establecido en áreas urbanas y el resto enáreas rurales” 40 .El crecimiento poblacional en estos distritos produce un desgaste derecursos y afecta las infraestructuras de dichos lugares por la demanda enla satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes que además seconcentran en determinados poblados, planteamiento que se reitera en elcitado informe: “En general el impacto integral de la degradación ambiental acausa de los factores anotados, denota la pérdida gradual de la calidad devida, con mayor concentración de habitantes, como la ciudad de Panamá,San Miguelito, Colón y David” 41 .Si para la fecha del informe citado ya se presentaban estasconclusiones sobre el efecto de la aglomeración de la población, la pérdidade recursos y su impacto, visualicemos nuestros recursos y ciudades en laactualidad en los cuales se ha producido un aumento en el sectorinmobiliario importante con el consecuente incremento en el uso de losrecursos y el impacto en el suelo. Este aumento se patentiza en la extracciónde minerales no metálicos que son materia prima para la construcción y en lanecesidad de áreas para el desarrollo de estos proyectos y en espacios quedisminuyen las áreas para vías de circulación. Hemos llegado a un punto enque el paisaje de nuestra ciudad se ha modificado, limitando cada vez másesa belleza escénica de lo natural y de las áreas verdes para dar paso a loscentros de intercambio comercial ocasionando lo que bien denomina elinforme en comento “Presiones sobre la situación ambiental en áreasurbanas”, que se concreta en”…. las principales actividades, procesos o40 Ibídem.p.30.41 Ibídem.p.30.

Volver al índicepatrones de uso que propician cambios en el estado de los recursosen las áreas urbanas son la demanda de materiales y espacio físicopara la construcción de obras de infraestructura pública y privada; elincremento incesante de la demanda de agua; la generación ydisposición de residuos y sólidos; el vertimiento de aguas residualesy las emisiones atmosféricas atendiendo la demanda de materiales deconstrucción, la cantidad de solicitudes para concesiones de minería…un notable incremento en los últimos diez años 42 . Todo lo anterior nosconduce como una prioridad a la formulación de una política adecuada deplanificación de los recursos y de una organización del uso de nuestrossuelos como una finalidad preventiva en la conservación de los recursos y enel mantenimiento de la calidad de vida 43 que debe ser una tarea prioritariadel Estado como administrador y planificador de los recursos.II. ZONIFICACIONUno de los recursos con los que se cuenta para la organización deldesarrollo urbano es la zonificación. Consiste en un instrumento queanaliza y estudia las aptitudes para determinar el uso de los suelos, permiteque el desarrollo de una sociedad se utilice de la mejor forma posible losespacios en el crecimiento del desarrollo urbano. Mediante la zonificaciónse dividen las ciudades en zonas con una determinada función y se lesasigna un código. La zonificación da beneficios a la sociedadconstituyéndola en higiénica, organizada, previsora de los polos de42 Ibídem.p.30.43 En los lineamientos de Política del Autoridad nacional del Ambiente 2004-2009 señala:”…graves problemas ambientales , que incluyen la destrucción de los recursos forestales y lareducción de la diversidad biológica; la erosión de sus tierras agrícolas, ganaderas yforestales; la contaminación de sus aguas interiores y litorales; la disminución del caudal delos ríos de la vertiente pacífica del istmo, el crecimiento desordenado que impera sobretodo en la Región Metropolitana”.Conservación Para el desarrollo sostenible 2004-2009Lineamientos de Política de la Autoridad Nacional del Ambiente, p1.desarrollo a futuro. A través de ella se subdivide el territorio, asignándolescódigos y una nomenclatura a los diversos espacios que pueden serutilizados para ciertos usos. Las normas que la regulan contribuyen adeterminar la extensión de un terreno, el área que puede ser utilizada paraconstruir, su superficie y otras informaciones. La zonificación cobra mayorimportancia en nuestros días debido a la planificación cuidadosa de losespacios y las actividades que en ellos han de realizarse y que esto noincida negativamente en las otras. Esto a su vez permite establecerparámetros de densidad de población, estructuras que pueden diseñarse endeterminadas áreas, dimensiones de lotes. La ley 9 de 25 de enero de 1973“Por la cual se crea el Ministerio de Vivienda”, señala en su Artículo 2:Para la realización de los propósitos a que se refiere el artículo anteriorel Ministerio de vivienda tendrá las diferentes funciones:……k. Establecer las normas de zonificación consultando con losorganismos nacionales , regionales y locales pertinentes.…….p. Proceder al planeamiento y al desarrollo ordenado de las áreasurbanas y centros poblados y formular planes de inversión en obras deuso público con el propósito de provocar un mejor uso en la tierra, lalocalización adecuada de áreas públicas para servicios comunales yotros fines y el establecimiento de sistemas funcionales de vías decomunicación .La Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda regula la zonificación lacual debe comprender los espacios de uso público ya que, si bien losproyectos urbanos pueden aportar beneficios hacia ciertos sectores de lacomunidad involucrados directamente en percibir la utilidad de estos,también deben brindar beneficios a la comunidad. Un ejemplo común de loanteriormente expresado lo constituye el hecho de que se creen áreas de

Volver al índiceacceso tales como aceras que permiten espacios para el desplazamientopeatonal que pueden haberse originado con un nuevo proyecto urbanísticoen un sector donde estos no existían, lo cual es una forma de regular lacirculación peatonal y vehicular, a la vez que constituye un beneficio para lacomunidad.La legislación sobre zonificación viene desarrollándose en nuestropaís a través del Ministerio de Vivienda originalmente enfocándose a lasvías de circulación, urbanizaciones, en materia de planos reguladores de lassuperficies limitadoras en los aeropuertos sobre todo en el plano dezonificación de ruido.Este instrumento de planeación de uso de suelos también es aplicado enzonas especiales de patrimonio cultural e histórico como en el Cascoantiguo de la ciudad de Panamá, para áreas residenciales, parquesnacionales como el de Portobelo.III. OBJETIVOS DE LA ZONIFICACIONLa zonificación es un instrumento en el proceso de organización deldesarrollo, que tiene entre sus propósitos crear zonas especiales deproducción y de uso de los suelos con los fines necesarios para unaexistencia decorosa y que involucre las necesidades de la comunidad encuanto al derecho de habitación y las condiciones necesarias para unavivienda digna, atendiendo a las condiciones que debe procurarles elentorno como paz, ornato y salubridad. La zonificación se extiende a lasáreas rurales organizando el aprovechamiento de los espacios en ambossectores.IV. ELEMENTOS QUE ORGANIZA LA ZONIFICACIONcreación de normas para la regulación de las condiciones de zonificacióncitadas y modificando las existentes para dar paso a una sociedadproductiva en aprovechamiento de su suelo de la forma más armónicaposible con las actividades que en ellas se realizarían.V. JUSTIFICACIONPara algunos autores la zonificación es el medio por el cual elsistema capitalista organiza la producción, lo que lleva a afirmar que unasociedad de este tipo tiene como fin primordial garantizar la producción, locual deja entrever que las condiciones sociales pueden tener un planoinferior en cuanto a su prioridad. Esto, conduce a un sistema de producciónque crea categorías de las actividades y su distribución espacial de acuerdoa planes. En la práctica se observa, que la aplicación de estos sistemas haoriginado una focalización de actividades que trae como consecuencia laaglomeración vehicular, de edificaciones y personas, que ejercen unainfluencia notable en la forma en que los individuos se relacionan en lasociedad, producto de las concentraciones de los grupos humanos y susactividades. Esto, a su vez, tiene consecuencias determinantes en la calidadde vida de grupos humanos y edificaciones que impactan la convivenciahumana. En algunos casos pueden ser negativas y en otras positivas.Positivas en el sentido de lograr la proximidad a lugares que ofrecen bienesy servicios necesarios para la subsistencia y por la perspectiva negativa;reducción de espacios que limitan vías de acceso, hacinamiento, falta dehigiene, poca iluminación, pérdida de visibilidad de espacios cuya bellezaescénica contribuyen al esparcimiento y a una adecuada ventilación,reducción de espacios de áreas verdes que limitan la estética y el accesoa espacios libres para la recreación.Distribución, diseño, uso, densidad de población y ubicación fueronlos aspectos que organizan la zonificación. Esto trajo, consecuentemente, la

Volver al índiceVI. EFECTOS DE LA AUSENCIA DE APLICACIÓN DE LA MEDIDAS DEZONIFICACIONUn adecuado uso de espacios y armonización con las actividades nosconduce a una sociedad ambientalmente más sana, lo que favorece lasrelaciones de la comunidad. En caso contrario se producirán constantesconflictos por el uso inadecuado de los espacios e irrespeto a las normas dezonificación y la afectación al derecho de los asociados. Pensemos amanera de ejercicio, en la contaminación atmosférica que se produce debidoa la proximidad de áreas residenciales a sitios de expendio de combustible.Cada vez, que se requiere hacer depósito de combustible, producto de loscomponentes que la integran, se escapan al exterior gases, al destapar losrecipientes , en su mayoría subterráneos, los cuales salen al exterior y sedispersan indiscriminadamente ingresando a las residencias yestablecimientos cercanos a los lugares de expendio de combustible quepor su proximidad y ausencia de planificación se ven invadidos sin quepuedan ser controlados, pues, se dispersan en diferentes direcciones y acualquier hora, incluso en aquellas en las cuales no estamos conscientes.Las consecuencias que estos gases pueden producir en la salud sondiversas, desde desencadenantes de alergias respiratorias que son tanfrecuentes en nuestro país y que se manifiestan mediante asma.Regularmente pensamos en la contaminación de las áreas exteriores,especialmente en la atmósfera. Pero omitimos la que llega a lo interno denuestros hogares sin que podamos hacer nada por evitarla, teniendo igualcontaminación tanto dentro como fuera. Hace un tiempo atrás, poco más deun año, fuimos objeto de una combustión espontánea que se produjo ennuestra suciedad, específicamente en los vertederos de desechos sólidos,originando que la ciudad se cubriera con un denso humo proveniente de estelugar en el cual se desechan gran cantidad de objetos fabricados conmateriales sintéticos, derivados del petróleo, desechos de equipos decomputadoras entre otros más. Esta “neblina negra” contenía gran cantidadde gases tóxicos. La ubicación de este vertedero se encuentra bastantepróxima a las áreas urbanas, por lo cual se vieron afectadas zonasresidenciales, comercios, escuelas. Haciendo buen uso de las normas dezonificación es muy probable que la ciudad no se hubiera afectado tanto yaque, con una adecuada planificación, se usarían otros espacios en los cualesel vertedero de desechos no se encontrará tan próximo a la ciudad.Igualmente ocurre con los sitios de expendio de gasolina cercano a áreasresidenciales, escuelas e incluso centros de atención para la salud y queposeen igualmente departamentos de control ambiental, paradójicamente,situación de Panamá.VII. LA REACCION DE LA COMUNIDADTodas estas situaciones han llevado a los miembros de nuestrasociedad a manifestar su disconformidad por los medios y han originadoconflictos pues consideran algunos que existe incumplimiento de lasnormas de zonificación, motivada, en parte, por el auge inmobiliario queparece tener prelación sobre los derechos de la mayoría de los asociados.En el medio se ha hecho sentir el disgusto de algunos sectores ya queen virtud del modernismo creciente se ha desplazado la arquitecturatradicional de nuestro país en ciertas áreas como señala BROOKE enrelación al corregimiento de Bellavista, del cual expresa…”Se nos fueBellavista y con ello parte de nuestra identidad y herencia histórica” 44 .Agrega en líneas posteriores, lo que puede considerarse como unaconsecuencia de un desarrollo con ausencia de ordenamientoterritorial…”Como sociedad civil debemos demandar un ordenamientoterritorial para la ciudad. En caso contrario, seguiremos teniendo áreasdiseñadas para densidades bajas con grandes edificios y los consecuentes44 BROOKE ALFARO.”Enfoque: una ciudad rebajada a la mediocridad:http://burica.wordpress.com/2009/05/26/ciudad-de-panama-un-dechado-de-corrrupcion-ymal-gusto-urbanistico/.

Volver al índicetranques y colapso de la infraestructura. Seguiremos teniendo ministros queregalan valiosos terrenos de parques públicos para hacer clubes privados;más hoteles que obstaculizan la vista a la bahía y troncan vías primarias;menos áreas verdes,…” 45VIII. ZONIFICACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO YCULTURALA través del sistema de zonificación la ciudad parece convertirse enuna especie de tablero codificado en el cual se delimitan zonas y sus usos.Por lo que se observa que algunas de estas áreas sean denominadasaludiendo a su función, así, por ejemplo, podemos encontrar zonasresidenciales, zonas recreativas, zona industrial, institucional, entre otras.En la norma, esto se concreta, definiendo zonas que pueden serclasificadas como residenciales de baja, mediana y alta densidad que a suvez delimitan la cantidad de habitantes por hectáreas que representan lacapacidad de carga del área y considerada a su vez la satisfacción denecesidades básicas que deberán ser suministradas a la población a travésde los servicios públicos dados en concesión (luz, agua).Algo característico de la zonificación es que las edificacionesexistentes, los recursos ambientales, la existencia de sitios que sean deinterés histórico-cultural, son elementos que inciden en ella y que puedenafectar la autorización de los proyectos que deban desarrollarse en áreasdonde se encuentren estructuras de dicha significación.Una zonificación especial y representativa del criterio expresadoanteriormente ocurre con el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, quemediante Resolución del Ministerio de vivienda NO. 127-2003 de 25 deagosto de 2003, ha dado lugar a la norma: “Por la cual se aprueba lazonificación del uso del suelo y las normas edificatorias para el CascoAntiguo de la ciudad de Panamá” 46 .Esta disposición fue elaborada atendiendo a las condicionesespeciales de este lugar, el cual fue declarado Patrimonio Mundial. Laimportancia de su preservación radica en su riqueza cultural, su arquitectura,que evidencia el estilo francés, el colonial y caribeño. Se encuentran en estesitio gran cantidad de monumentos nacionales , el Salón Bolívar, la CatedralMetropolitana, el Teatro Nacional, entre otros, que hacen considerar estelugar además como segundo destino turístico de nuestro país teniendopreeminencia el Canal de Panamá.Debido a estos valores históricos y culturales para la humanidad,nuestro país aprueba la ley No. 9 de 27 de octubre de 1977 que protege elpatrimonio Mundial, Cultural y Natural razón por la cual debe darcumplimiento al artículo 5 de la Convención citada que obliga a nuestro paísa crear políticas de protección y planificación para la protección delpatrimonio cultural. Esto involucra diversas medidas tendientes al finseñalado como lo es la zonificación de los usos del suelo y normasaplicables al Casco Antiguo de Panamá.Con esta norma se crean nuevos códigos de zona como RMH1 yRMH2 que corresponden a Residencial Multifamiliar Histórico de AltaDensidad con los cuales se crean ciertas restricciones en zonasresidenciales y se determinan usos permitidos. También fue creado el códigode zona PL “Plaza”. Este último código es empleado en zonas para elesparcimiento y la recreación pasiva y presentación de eventos. Tambiénestá permitida en esta área la ZONA COMERCIAL VECINAL (C1), ZONACOMERCIAL DE ALTA INTENSIDAD (C2), ZONA DE SERVICIO45 Ibídem.46 G.O. NO. 24,882 de 8 de septiembre de 2003.

Volver al índiceINSTITUCIONAL VECINAL (SIV), ZONA DE SERVICIO INSTITUCIONALURBANO (SIU).IX. NORMAS DE ZONIFICACION EN AREAS DE LA CAPITALAdemás del presente reglamento, existen otros para áreas especialesque están en pleno proceso de desarrollo, para las que fue necesario crearun nuevo ordenamiento legal, pues su uso originalmente fue para elservicio militar, de allí que fuera necesaria la transformación en zonasciviles. Esto se logró mediante la Resolución No. 160 de 22 de julio de 2002”Por la cual se crean los códigos de zonas y normas de desarrollo urbanopara el área del Canal de Panamá “ 47 . Esta norma permite y describe áreaspara el diseño de la ciudad jardín en la Región Interoceánica. Se caracterizapor permitir actividades residenciales, mixtas de tipo comercial vecinal y deservicio institucional. Autoriza tipos de construcciones de vivienda como:viviendas unifamiliares (vu), viviendas adosadas (va) y la viviendaplurifamiliar vertical (vpv) que es aquella integrada por dos o más unidadesde vivienda adosadas. Este reglamento también destaca el elementodensidad que consiste en el nexo entre la superficie urbanizable y lacantidad de personas que la habitarán.Conjuntamente con la reglamentación anterior rige para esta área laley No.21 de 2 de julio de 1997” Por la cual se aprueban el Plan Regionalpara el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de uso,conservación y Desarrollo del área del Canal “ 48 Básicamente esta normaconstituye la base del ordenamiento territorial de la Región interoceánica porla incorporación de los bienes revertidos y que serán utilizados para eldesarrollo de la República y que fueron facultados mediante la Ley 5 de 25de febrero de 1993 “ Por la cual se crea la Autoridad de la RegiónInteroceánica de Panamá y se adoptan medidas sobre los bienesrevertidos” 49 y la Ley 7 de 7 de marzo de 1995 que “Modifica y adicionaalgunos artículos a la ley 5 de 1993, por la cual crea la Autoridad de laRegión Interoceánica de Panamá y se adoptan medidas sobre los bienesrevertidos” 50 .La Ley 21 de 1997 tiene entre sus objetivos, que los beneficios quese obtengan de de la explotación de estas zonas, se reviertan en lacomunidad, especialmente, en el mejoramiento de la calidad de vida, elfomento del uso de las riquezas, la promoción del empleo, el desarrollomarítimo y el crecimiento ordenado de estas en materia urbana.Recordemos también los componentes ambiéntales que dotan al Canalinteroceánico del recurso hídrico, razón por la cual es indispensable unatutela especial de estas áreas y la protección de la biodiversidad. De allí,que la presente Ley defina áreas con limitaciones y restricciones de usocomo aquellas de uso militar por la presencia de explosivos sin detonar.Existen otras actividades que son permitidas como: el turismo yecoturismo, áreas para la conservación ambiental como las riberas decuerpos de agua y subcuencas, concesiones mineras que no interfieren conlos usos en las cuencas y que deben ser reevaluadas. Define categorías deordenamiento territorial para áreas silvestres protegidas destinadas aparques nacionales, reserva científica, bosques de protección. Otra de lascategorías que presenta ley en lo concerniente al ordenamiento territorial delas áreas de producción rural para aprovechamiento agrícola, áreas verdesurbanas para parques, aéreas de generación de empleo que favorecen losnegocios, oficinas, almacenamiento y distribución entre otras . Existen laáreas de uso mixto para el desarrollo de empleos, creación de de centros47 G.O. No. 24,622 de 22 de agosto de 2002.48 G.O. NO. 23.323 de 3 de julio de 1997.49 G.O. NO. 22,233 de 1 de marzo de 1993.50 G.O. No. 22738 de 9 de septiembre de 1995.

Volver al índiceurbanos de alta densidad de población, para el desarrollo de la vidacomunitaria, áreas peatonales, residenciales y de recreación.Se han definido normas de desarrollo urbano para otros sectores dela ciudad capital, que han sido objeto de rezonificación. Esto ocurre con elsector de la Cresta que mediante la Resolución NO. 15 de 24 de febrero de1992” Por la cual aprueba la rezonificación y las normas de desarrollourbano especiales para la urbanización la Cresta, localizada en elcorregimiento de Bellavista”. 51 . Como veremos en páginas posteriores,mediante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el cambio dezonificación puede originar conflictos, pues las áreas a las cuales se lesvaría la zonificación, no siempre tienen la capacidad de carga necesaria paralos proyectos que se vislumbran. Claro ejemplo de lo anterior es el área deSan Francisco, corregimiento de la ciudad capital donde fue necesaria lasuspensión de proyectos aun cuando existe la Resolución No. 112-2003 de22 de julio de 2003” Por la cual se aprueba el Plano de zonificación de usosdel suelo y las normas de desarrollo urbano para el corregimiento de SanFrancisco “ 52 .La zonificación es un instrumento técnico que ha sido instituido para laorganización del uso del suelo al cual se le suma el ordenamiento territorialque es un instrumento de gestión ambiental.X. CODIFICACIONAlgunos de los reglamentos a los que hacemos referencia en elpárrafo anterior han sido recogidos mediante cuadros que hacen lainformación más práctica y accesible. Debido a esto exponemos algunosfragmentos de ellos, información que nos fue suministrada por el Ministeriode Vivienda en anexos por considerar que caracterizan debidamente los51 G.O. No. 21985 de 4 de marzo de 1992.52 G.O. No. 24858 de 4 de agosto de 2003.suelos, densidad de población, área, códigos y categorías (baja, media y altadensidad). Definen también las actividades, ya sea si es paraíso residencial,mixto, comercial o urbano, espacios abiertos como parques y serviciosinstitucionales.XI. ZONIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIALComo ya hemos expresado, la zonificación se concreta organizando elsuelo y uso atribuyendo a cada área un código que tiene un significadoespecial en cuanto a la función que se va a dar a esa extensión territorial, ala cual se le suman otras características como: tipos de edificaciones ydensidad de población por área. Estrechamente vinculada con la zonificaciónse encuentra el ordenamiento territorial, el cual fue instituido en nuestralegislación como un instrumento de gestión ambiental en la Ley No. 41 de 1de julio de 1998 53 , “Ley General de Ambiente”. Esta ley como puntal de laprotección ambiental de nuestro país establece los lineamientos, estrategiasy acciones que el Estado, como administrador de los bienes –en este caso,recursos naturales y del ambiente- debe procurar, tutelando su existencia,permanencia y renovación conforme a nuestro régimen ecológico,constitucional y uso adecuado, para que exista una armonía entre lasacciones de aprovechamiento humanas y el desarrollo sostenible. En talsentido, el suelo de la República como un bien primordial, en el cual seasienta el desarrollo del país, debe ser utilizado mediante una políticaadecuada. Esta política debe promover comportamientos ambientales ysostenibles (art. 4 numeral 4 de la Ley 41 de 1998) y la correcta aplicaciónde instrumentos de gestión ambiental orientando el proceso productivohacia el fin de la conservación. De esta manera, la presente Ley desarrollaen su Título IV los instrumentos de la Gestión Ambiental, siendodesarrollado, en su primer capítulo, el Ordenamiento Territorial. Medianteeste instrumento, se organizará la utilización de los suelos, para lo cual es53 G.O. No. 23,578 de 3 de julio de 1998.

Volver al índiceprimordial el conocimiento de las zonas existentes y su disponibilidadmediante un inventario. Este instrumento permite, además de laadministración de los espacios, catalogar las áreas disponibles en atención a“… sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, capacidad de carga”(Art.22). Tanto el ordenamiento territorial, como la zonificación, sonherramientas valiosas para la correcta utilización de los espacios. Medianteel primero se realiza un estudio de los suelos y sus características para ladeterminación de las actividades que sean más compatibles con ellos,atendiendo a sus valores para la producción, ecológicos y sociales –comobien ha señalado la Ley General de Ambiente en su artículo 22- para,posteriormente, asignarle una codificación que identifique como puede serutilizada, lo cual corresponde a la zonificación.El ordenamiento territorial fue regulado mediante ley No. 6 de 1 defebrero de 2006 “Que reglamenta el ordenamiento territorial para eldesarrollo y dicta otras disposiciones” 54 .Es concebido como una formade contribuir al buen desenvolvimiento de la gestión ambiental, considerandolas características del suelo, y elementos que surgen como producto de lareacción entre los seres humanos. En esta tarea se desarrollan regulacionespara el uso de los suelos. El ordenamiento territorial ha sido definido por lanorma como: “… la organización del uso y ocupación del territorionacional y de los centros urbanos, mediante el conjunto armónico deacciones y regulaciones, en función de sus características físicas,ambientales, socioeconómicas, culturales, administrativas y políticoinstitucionales,con la finalidad de promover el desarrollo sostenibledel país y de mejorar la calidad de vida de la población”. (Art. 2).En esta tarea se resalta el papel de la función social de la tierra sobreel derecho de la propiedad privada, que como se observa en la práctica noresulta tan absoluto ante las necesidades de los asociados, pues debe ceder54 G.O. No. 25478 de 3 de febrero de 2006 .ante las necesidades de la comunidad en virtud de la justicia social. Bajoeste mismo criterio y acaparado en la presente norma, es función primordialdel Estado la protección de los espacios públicos que sean necesarios parala circulación de vehículos y peatones; áreas de recreación pública–lascuales son catalogada como pasiva o activa-; el mobiliario urbano, comoaquellos que se encuentran en los parques, zonas verdes y que brindenservicios de mantenimiento públicos y básicos; los bienes del asestado quetengan elementos de valor cultural, histórico, religioso, artístico y los cuerposde agua público. Todos estos bienes son de interés de la colectividad, por locual su uso está destinado al disfrute de los administrados.XII. CAPACIDAD DE CARGAEn torno a la función primordial del ordenamiento territorial, valedestacar un concepto que ha sido mencionado dentro del contexto de lanorma y que define el por qué de la preocupación de organizaradecuadamente los espacios para las diversas actividades tanto recreativas,como de subsistencia, el cual es denominado capacidad de carga.El concepto capacidad es considerado como la suficiencia para haceralgo, el cual unido al vocablo carga –que es un elemento que se adiciona aotro y que hace peso sobre este- es un término que simboliza una fusiónentre las acciones humanas sobre el ambiente y cómo estas semanifiestan en este, ocasionado una reacción ya sea positiva o negativa.Existen diversos elementos (agua, suelo entre otros) que tendrá la capacidadde soportar o no las acciones que sobre él se hagan, conjuntamente conotras infraestructuras que se podrán ver impactadas por la realización de unproyecto. Definitivamente, con el desarrollo inmobiliario de nuestro país, lacapacidad de los recursos necesarios para la subsistencia recibe un fuerteimpacto, el cual es mensurado mediante los Estudios de Impacto Ambiental,otro instrumento desarrollado por la Ley General de ambiente y susreglamentaciones posteriores en torno a los EIA. No obstante, debemos

Volver al índicetener mayor atención en esto ya que, además de la capacidad de carga deaquellos lugares donde tienen su asiento los polos de desarrollo inmobiliariode nuestra comunidad, también pueden verse involucrados los derechos delas futuras generaciones. Tal es el caso de aquellos proyectos que debido asu magnitud comprenden un gran consumo de energía eléctrica y agua, quedan origen a que aumente la densidad de población 55 de ciertos sectores delpaís, lo que consecuentemente produce un mayor consumo y la inversión demayores recursos para producir estos servicios que como sabemos sonfinitos. Tal situación ha ocurrido en el Corregimiento de San Francisco de laCaleta de la ciudad Capital, dando origen a que la comunidad del sectorprotestara enérgicamente ante la pluralidad de proyectos que ahí selevantan.Debido a lo anterior, las autoridades del Ministerio de Viviendasuspenden la recepción de solicitudes para cambio de usos de suelo queinvolucren aumento en la densidad de la población en esta área de la ciudad.La causa de la suspensión consiste en el hecho de que la comunidad notiene los recursos para asimilarlos, sobre todo aquellos concernientes a losrecursos hídricos, lo cual se expresa en la nota de un diario de la localidad:“Según el director general de Desarrollo Urbano del MIVI,…, losacueductos, alcantarillados y las calles no podrán soportar la presiónque están imponiendo sobre ellos estos nuevos edificios, porque losmismos no fueron construidos para servir a la gran cantidad dehabitantes que estos proyectos están trayendo a San Francisco 56 ”. Delo anterior se desprende, que el recurso agua sería insuficiente para lapoblación que deben resguardar estos proyectos habitacionales y no solo aaquellos que deberán llegar a habitarlos, sino, a la población con antigüedadde residencia en el corregimiento. Por lo cual la medida de suspensión delas autoridades es considerada tardía, pese a la existencia de estudios de55 Habitantes por superficie total de una región.56 PUJOL LlOYD, Marijulia .En la Estrella de Panamá. Jueves 17 de abril de 2008.impacto ambiental y estudios solicitados por los mismos miembros de lacomunidad y que son las autoridades las primeras obligadas en cumplir yhacer cumplir las normas. Esto nos conduce al siguiente tema, que consisteen los cambios de zonificación y sus efectos.XIII. SOLICITUDES DE CAMBIO DE ZONIFICACIONAnte el desarrollo urbano que se produce vertiginosamente en lacapital, preocupa a algunos sectores de nuestra sociedad las acciones decambio de zonificación, pues de esta forma se atribuye nuevos usos a zonasque habitualmente habían sido destinadas para otras actividades y paracierta densidad de población inferior a la que se pretende incorporar en estossectores con los modernos proyectos de desarrollo urbano, quienesnecesariamente deberán satisfacer sus necesidades con elconsecuentemente aumento de los recursos naturales necesarios para susubsistencia.Corresponde esta tarea a la junta de Planificación Municipal y a laDirección de Obras y Construcciones Municipales, quienes tienen a su cargodar cumplimiento a la Ley de Ordenamiento Territorial y crear en el enteadministrativo encargado de la planificación y ordenamiento territorial. Estatarea se viene desarrollando en coordinación del Ministerio de Vivienda yla Junta de Planificación Municipal.Para que se produzca un cambio en el uso de suelo se requiereevidenciar ciertas condiciones que expresa un profesional de la arquitecturacomo recomendaciones:”… demostrar que existe un proyecto, que no es uncambio especulativo de Usos con la intención de darle valor comercial a unapropiedad. Para lograr lo anterior, no es requerido un anteproyectocompleto, basta con que se explique gráficamente, el uso que se le dará alterreno, pues la resolución saldrá describiendo con precisión la solicitud

Volver al índicehecha y las condiciones de la aprobación” 57 . Posteriormente continúa elautor agregando: “Esto permite que se puedan realizar estudios preliminaresde demanda de infraestructura (sanitaria, agua potable y vialidad) paraatenderlo de acuerdo a su magnitud y tipo. Por consenso se ha acordado,que toda solicitud de cambio de uso o asignación de uso, traiga los estudiospreliminares antes mencionados, más aún si los cambios exigen aumentode densidad” 58 .De las anteriores consideraciones se desprende que la descripción deltipo de proyecto debe ser pormenorizada ya que la negación impedirá lareconsideración.De allí que sea indispensable una sustentación completa que involucre:‣ Uso adecuado del suelo de acuerdo a su potencial ynecesidades del área.‣ Referirse alelan regulador de la ciudad, planes localesaprobados (ejemplo: San Francisco, la Cresta) su potencial,tendencias esperadas y reales a 5000 m ala redonda mínimo.‣ Disponibilidad de infraestructuras y propuestas de mitigación encaso de deficiencias. Nunca esconder las deficiencias, si lashay.‣ Énfasis en el impacto vial y medidas de mitigación del proyecto.Ámbito no menor de 500.00 m a la redonda…‣ Ofrecer siempre una cantidad generosa de estacionamientosadicionales…‣ Descripción de las bondades del proyecto y su vinculación conel entorno… 5957 ECHEVARRIA, Humberto. “Asignación y/o cambios de usos de suelos”. En mejoresobras de arquitectura 2008, Revista del colegio de Arquitectos, p.-45, Panamá.58 Ibídem.59 Ibídem.p.45.El proceso de cambio de usos de suelos precisa una gran cantidad deinformación que no puede ser improvisada y cuyas fuentes debenorientarse por criterios técnicos y científicos para que se produzca de formaadecuada. Debe incorporarse la participación ciudadana, la cual deberáestar informada, pues si bien el proyecto a desarrollarse se producirá endeterminados sectores, estos no solo deben beneficiar a sus promotores yocupantes, sino que en virtud de la función social que debe cumplir la tierradebe brindar beneficios a los demás miembros de la comunidad, por lo cualen ese proceso de información debe divulgarse los aspectos en pro de lacomunidad, sobre todo aquella información sobre la capacidad de lasinfraestructuras para brindarlos servicios necesarios .Todo lo cual es unamuestra de la función social que debe cumplir la propiedad privada que haceuso de un recurso indispensable para el asentamiento de toda sociedad(suelo).Este principio de función social se encuentra tutelado en nuestranorma constitucional (art. 48C.N) en su titulo III de Derechos y DeberesIndividuales y Social. La norma de carácter especial desarrollada en elCódigo Agrario adoptado mediante Ley No. 37 de 21 se septiembre de 1962,igualmente la resalta este precepto en su artículo 29 en la cual impone a lospropietarios esta función como una condición. Por lo cual ninguna tierra debepermanecer ociosa o inculta lo cual representaría incompatibilidad con losfines del Estado entre los que se encuentra la economía y el bienestarnacional (Art. 31. Cod. Agr.).El asunto del cambio de zonificación es materia que ha sido objeto deDemanda Contencioso Administrativa en el cual se valoran los informestécnicos y la participación ciudadana. Los informes hacen referencia a loselementos de infraestructura que deben tenerse presentes al momento deconsiderar la rezonificación, tal planteamiento lo encontramos en unpronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia:(…) en este proceso tanto testigos como peritos hanexpuesto sus apreciaciones favoreciendo o contrariando el

Volver al índicecòdigo RM3 es que la tendencia del sector es de altadensidad ; no obstante , existen subcategorías de altadensidad claramente definidas que tiene su razón de ser,a saber RM 600 personas por hectáreas, RMI:750personas por hectáreas, RM2 : 1,000 personas porhectáreas y RM3:1500 personas por hectáreas.Entendiéndose por densidad como la relación entre lacantidad de personas y la porción de terreno que ellasocupan.Se colige de los conceptos expuestos, que la altadensidad oscila entre 600 y 1,500 personas por hectáreas.Y, en este caso no se debate si el Cangrejo es o n0 unazona de de alta o mediana densidad, sino la categoría dealta densidad que se le pretende aplicar a la finca 22341,ubicada en la Calle José Martì de este corregimiento. Portanto el hecho de que el sector del Cangrejo , según losexpertos que han concurrido al proceso , haya sidodiseñado y actualmente prevalezcan los códigos de zonade alta densidad, implica la aplicación de cualesquiera deellos , indistintamente sin evaluar los factores de ordenfáctico técnico que han servido para crear estas categorías .La zonificación o rezonificaciòn debe atender a lasinfraestructuras en materia de abastecimiento de serviciopublicó , peros sobretodo de desarrollo vial, y si bien escierto, en el negocio sub jùdice la aprobación de cambiosde zonificación se otorgan a una finca en particular, estosson de medular significación por las repercusiones quetales cambios conllevan para el sector donde se ubica lafinca .La Sala ha concluido , luego de un detenido análisis , queen este caso en particular, la aprobación de la segundapetición de cambio de código de zona para desarrollar elproyecto Park, ha desatendido las disposiciones queordenan su apego a los conceptos que sustentan elinforme técnico. 60Este fallo desarrolla la importancia de la zonificación en la calidad devida de los miembros de nuestra sociedad y advierte el sentido de esteinstrumento, que armoniza el desarrollo urbano:“(…) la zonificación, como ya se explicó tiene comofinalidad la división el territorio, observando el desarrollo decada sector. Este mecanismo del desarrollo urbanopersigue el crecimiento ordenado o planteamiento de lospoblados o ciudades para atender las necesidadesmateriales de la vida humana, propugna por la mejorcalidad de vida de los habitantes.En el negocio de marras es evidente que la finalidadperseguida por los emisores del acto impugnado difiere delobjetivo del desarrollo urbano.60 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Fallo de 15 de julio de 2002. Demanda ContenciosoAdministrativa de nulidad interpuesta por Alvarado, Ledezma & De Sanctis enrepresentación de Octavio García, Patrick Dillon, Allan Baitel, Tetel de Contreras, ShanidaContreras, Julio Contreras, José Chirino, María de chirino, Shouaila chirino, FranciscoAlvarado, Mariela Calderón , Avelina de Calderón, Ricardo soto, Cecilia Almengor, RosaElvira de Romero, Javier Romero, Anette de romero, Yolanda marco Serra, Luis Cascante, yRaquel de Cascante, para que se declare nulo , por ilegal, el resuelto No. 122 de 20 demayo de 1998dicxtado por el director General de Desarrollo Urbano del Ministerio deVivienda y para se(sic) dicten otras disposiciones en su reemplazo. Magistrado Ponente:Adán Arnulfo Arjona. Registro Judicial Julio de 2002. p. 502.

Volver al índiceAsí , aunque la solicitud presentada para el cambio de usode suelo de la finca 22341 y el trámite inicial que seimprimió a esta solicitud en la Dirección General deDesarrollo Urbano no presentaban deficiencias formales,las reiteradas advertencias formuladas por los funcionariosa cargo de este proceso, sobre la inconveniencia deadoptar el código RM3 a la mencionada finca y que fuerondesatendidas, denotan la actuación de las máximasautoridades ministeriales, con fines distintos a losperseguidos por la ley. (Vgr. Informe No. 134-98 de 20 demayo de 1998 y su anexo, Informe General del Caso elCangrejo e Informe de 22 de noviembre de 1996). 61La Corte Suprema de Justicia reconoce la necesaria planificación quedebe practicarse en el uso de las áreas urbanas, el apego a las normas dedesarrollo urbano y las tendencias de crecimiento horizontal de la ciudadque pueden ocasionar impactos negativos al ambiente. Pero, aún cuandosea necesario el desarrollo y que requiera modificar el entorno, siempre debetenerse presente la zonificación y los criterios preestablecidos paracaracterizar una zona, los cuales deben fijarse en base a estudios técnicos ycientíficos cuyo valor ha reiterado este extenso fallo, por lo cual indica:“No escapa a la percepción de esta Sala el rápidocrecimiento demográfico en la urbe metropolitana y susconsecuentes necesidades habitacionales, pues lazonificación es un proceso dinámico que atiendejustamente al crecimiento, necesidades y desarrollo de lascomunidades. También conocemos de la tendencia amitigar el crecimiento horizontal, por ser limitado yocasionar diversos perjuicios, sobre todo ecológicos. Sinembargo, los cambios de zonificación deben apegarse a lanormativa regente, en pro del mejor desarrollo urbanístico,no solamente de un sector, sino de toda la ciudad. Y paraello, la zonificación debe atender a criterios técnicos yracionales de sectorización o división de la ciudad, deacuerdo a su desarrollo vial y demás infraestructuras deservicios públicos, lo que no se hizo en el negocio demarras, como ha quedado ampliamente acreditado.” 62Este derecho al desarrollo propugna que los diferentes sectores de lacomunidad deben desenvolverse de forma equilibrada para que nocolisionen los intereses de los mismos. Ellos comprenden los diversossectores de nuestra sociedad, en parte, formados por aquelloseconómicamente más fuertes y que incentivan los proyectos. Pero, en estaactividad deben respetarse los derechos de ambos, para lo cual el Estadodebe asumir la posición de garante a través de ordenamientos que tuteleneste equilibrio entre los derechos humanos y el desarrollo. Para unos eldesarrollo puede resultar en el lucro obtenido, en tanto que para otrosconsisten en su bienestar y calidad de vida. En la forma que este seproduzca, debe procurar la equidad en la valía de derechos. De allí, quealgunos autores señalen que existe un derecho al desarrollo que seconceptualiza como:” … aquel Derecho Humano que garantiza a losindividuos y a los pueblos el respeto de los demás derechoshumanos, mediante el desarrollo equilibrado en los camposeconómicos, social, cultural, y político, su participación activa en estosprocesos de desarrollo y la adopción de medidas adecuadas por losEstados, dirigido también a la distribución equitativa de los beneficiosobtenidos del mismo para lograr así el bienestar de los sujetos, tanto61 Ibídem p. 522 a 523.62 Ibídem.p. 523.

Volver al índiceindividual como colectivamente, y del progreso constante de lasociedad y la humanidad”. 63Mientras impongamos en nuestra sociedad un modelo de desarrolloque no reconoce los derechos de la colectividad como distintivo de unapolítica de justicia social y con preeminencia de una función social, donde losproyectos más que beneficiar a la comunidad ocasionen perjuicios,estaremos cada vez más alejados de un desarrollo equilibrado.XIV .EJEMPLOS DE ZONIFICACIÓNInformación obtenida en el Ministerio de Vivienda. NormasEspeciales para la urbanización La CrestaResolución NO. 15-92 de 24 de febrero de 1992.ACTIVIDAD CATEGORIA CODIGOR Zona R1B-EResidencialE de bajadensidadS especialIDENSIDADResidencial debaja densidadespecial.Viviendasunifamiliares,bifamiliares, casasen hileras, casa de63 AVALOS RODRIGUEZ, Andrés y otros.”el Derecho al desarrollo”.Capítulo del Seminariode Graduación”Derecho al Desarrollo y marginalidad” para optar por el grado de licenciadosen Derecho de los autores, reelaborado para su publicación en esta revista. Revista deCiencias Jurídicas, No. 108. Universidad de costa Rica, Facultad de Derecho, colegio deAbogados. San José, Costa Rica. Setiembre-diciembre, 2005. p. 176.DENDENCIALZonaResidencialde medianaDensidadEspecialZonaResidencialDe altadensidadespecialR2A-ER2B-ERM-Eapartamentos.Densidad neta:hasta 200personas/hectáreasResidencialViviendasunifamiliares,bifamiliares(unasobre otra yadosada.Densidad neta: 330personas porhectáreas.ResidencialMultifamiliarEdificiosmultifamiliares,viviendasbifamiliares (unasobre otraadosada),en hileray apartamentos.Densidad neta:hasta 600personas porhectáreasNo se permitirá quelos proyectos seacojan al sistemade bonificaciónvigente.

RM1-ERM2-EResidencialMultifamiliarEdificiosmultifamiliares,viviendasbifamiliares encasas en hileras.Densidad netahasta 750personas porhectáreas. No sepermitirá que losproyectos seacojan al sistemade bonificaciónvigente.ResidencialMultifamiliarEdificiosMultifamiliaresviviendasbifamiliares y casasen hilera. Densidadneta hasta 1000personas /hectáreas. No sepermitirá que losproyectos seacojan al sistemade bonificaciónvigente.Volver al índiceRM3-EResidencialMultifamiliarEdificiosmultifamiliares,viviendasbifamiliares y casasen hilera.Densidad netahasta 1500personas/hectáreasNo se permitirá quelos proyectos seacojan al sistemade bonificaciónvigente.Extracto: Descripción de Normas Especiales para la ciudad Jardín enla Región Interoceánica adoptado mediante Resolución No. 160-2002 de 22de julio de 2002.”Por la cual se crean los códigos de zonas y normas dedesarrollo urbano para el àtrea del canal” Ministerio de vivienda,Dirección General de Desarrollo Urbano. (G.O. NO.24, 622 De 22 de agostode 2002)Actividades Categoría Códigos DensidadMin/MaxSuperficiem2RESBaja Densidad R1d1 50/100 Vu-500/1000Va-500/700IDENR1d2 100/200 Vu-400/700Va-300/500Vpv-400/700

CIALMIXTASERVICIOINSTITUCIONALMedianaDensidadR1d3 200/300 Vu-300/500Va-200/350Vpv-400/800R1C 100/300 200R2d1 300/400 Va-150/300Vpv-700/1000R2d2 400/500 Vpv-800/1200R2d3 500/600 1000/1500R2C 300/600 150Alta Densidad R3d1 600/800 1200/1700MixtoMRu1 600/800 1200/1700Residencial MRu2 800/1000 1500/2000(Lotes)MixtoComercialVecinal(lotes)MixtoComercialUrbano(Lotes)ServicioInstitucionalVecinalServicioInstitucionalVolver al índiceMRu3 1000/1500 1700/2500MCv1 300/600MCv2 450/600MCv3 600/1000MCu1 MIN 800MCu2 MIN 1000MCu3 MIN 1200Siv1 MIN 500MAX 2000Siv2 MIN 800MAX 3000Siv3 MIN 1500MAX 4500Siu1 MIN 2500Siu2 MIN 4500CONCLUSIONESUrbano Siu3 MIN 7000El desarrollo es indispensable para el mejoramiento de la calidad devida de los ciudadanos, debe lograrse mediante formas organizadas yplanificadas de los usos de las áreas considerando diversos elementos comolos culturales, los económicos, los ambientales, el derecho a la salud ycalidad de vida de los asociados. Con el desarrollo de la humanidad y losavances científicos se han descubierto instrumentos valiosos para organizarel desarrollo y los sectores de producción tratando de intervenir lo menosposible con la calidad de vida de las generaciones presentes y las futuras.Los instrumentos creados para tales fines son la zonificación y elordenamiento territorial, amparados por leyes y reglamentos que estipulanusos de suelos, tipos de construcción, extensiones de terreno y densidad depoblación. Todos estos elementos condicionan la viabilidad de un proyecto yel beneficio que este –como función social- debe a la comunidad. En estatarea de establecer usos de suelos es indispensable tomar muy en cuentalos informes técnicos, la participación ciudadana y de manera preventivaser enfáticos en los estudios (E.I.A) sobre las repercusiones futuras de unproyecto, considerando que los recursos ambientales son una materia muydelicada y finita.BIBLIOGRAFÍAARANGO DURLING, Virginia. Introducción a los derechos humanos”Publicaciones Jurídica de Panamá, 1997.AVALOS RODRIGUEZ, Andrés y otros “El Derecho al desarrollo”. Capítulodel Seminario de Graduación “Derecho al Desarrollo y marginalidad” paraoptar por el grado de licenciados en Derecho de los autores, reelaborado

Volver al índicepara su publicación en esta revista. Revista de Ciencias Jurídicas, No. 108.Universidad de costa Rica, Facultad de Derecho, colegio de Abogados. SanJosé, Costa Rica. Setiembre-diciembre, 2005.BROOKE ALFARO.”Enfoque: una ciudad rebajada a la mediocridad:http://burica.wordpress.com/2009/05/26/ciudad-de-panama-un-dechado-decorrrupcion-y-mal-gusto-urbanistico/ECHEVARRIA, Humberto. “Asignación y/o cambios de usos de suelos”. Enmejores obras de arquitectura 2008, Revista del colegio de Arquitectos, p.-45, Panamá.PUJOL LlOYD, Marijulia .En la Estrella de Panamá. Jueves 17 de abril de2008.SANCHEZ LUNA, Gabriela. “Evolución legislativa de la planeación deldesarrollo y la planeación urbana en Mèxico”.Boletín Mexicano de Derechocomparado. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma deMéxico. Nueva Serie Año XXIX No. 86 mayo-agosto, 1996Informe Ambiental de 1999, Autoridad Nacional del Ambiente. Panamá,Conservación Para el desarrollo sostenible 2004-2009 Lineamientos dePolítica de la Autoridad Nacional del Ambiente, p1.TEXTOS LEGALESConstitución Política de la República de PanamáCódigo Agrario de la República de PanamáCORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Fallo de 15 de julio de 2002. DemandaContencioso Administrativa de nulidad. Registro judicial Julio de 2002G.O. No. 17276 de 2 de febrero de 1973.G.O. NO. 24,882 de 8 de septiembre de 2003.G.O. No. 24,622 de 22 de agosto de 2002.G.O. NO. 23.323 de 3 de julio de 1997.G.O. NO. 22,233 de 1 de marzo de 1993.G.O. No. 22738 de 9 de septiembre de 1995.G.O. No. 21985 de 4 de marzo de 1992.G.O. No. 24858 de 4 de agosto de 2003.G.O. No. 23,578 de 3 de julio de 1998.G.O. No. 25478 de 3 de febrero de 2006.EL ROL DEL DERECHOPENAL AMBIENTALEN LA SOCIEDADLic. Omar GómezAbogado AmbientalInvestigador ad-Honorem del Centro de Investigación JurídicaEl Derecho Penal Ambiental tiene sus antecedentes históricos en elderecho romano, cuando el emperador Adriano en el año 118 a.c. dictó loque podemos considerar como la primera Ley Penal de ribetes ambientales,que protegía los bosques Libaneses; los Judíos, también, realizaronnormas ambientales, le llamaban Oral Law, las cuales protegían losrecursos naturales, basándose en los principios bíblicos.El proceso evolutivo del Derecho Penal Ambiental no ha sido nadafácil, creo que los Estados comienzan a perfilarse en tal sentido cuando

Volver al índiceinician actos reformatorios en sus Cartas Magnas, para insertardisposiciones constitucionales de corte ambiental o ecológico. Panamágestionó en tal dirección con el acto constitucional del año 1983, otros paísesson bisoños en estos menesteres, por ejemplo: en Colombia aparece porprimera vez el régimen ecológico en su Constitución en 1991, Argentina lohace en 1994, para mencionar algunos.A mi criterio, al legislar en materia penal ambiental deben abarcarsemuchos factores, los antecedentes en Panamá, en este orden, tienen suorigen cuando el ex procurador Rogelio Cruz, en el año 1994, presenta unante proyecto de Ley a la entonces Asamblea Legislativa, el mismo no pasóel primer debate, para ese mismo tiempo surge al mundo jurídico la Ley Nº1 del 3 de Febrero de 1994 donde, por primera vez, apareció el concepto deDelitos Ecológicos y al transgresor de esta disposición se le lesionaba unbien personalísimo como su libertad, vemos que empieza existir rigidez eneste cuerpo legal y la acción punitiva es intimidante. La Ley Nº 24 de Juniode 1995 -Ley de Vida Silvestre- crea un conjunto de disposiciones dirigidas,exclusivamente, para proteger la fauna y flora, donde las penas eran, en sumayoría, pecuniarias. Para 1999 el Ministerio Público presenta nuevamenteun anteproyecto de Ley, para que en el Código Penal de 1982 se insertaraun título exclusivamente protector de los recursos naturales, tanto en susaspectos bióticos y abióticos. Los resultados se vinieron a dar después deseis años, cuando en diciembre de 2004 dicho cuerpo legal supera, para suformación legal, el tercer debate, faltando solamente la firma del Ejecutivo,hecho que ocurre en enero de 2005, formando así la Ley 5 del 28 de enerode 2005.En la actualidad, el Código Penal vigente, lo mantiene en el Título XIII,con la denominación Delitos contra el Ambiente. El Derecho PenalAmbiental, es considerado como un derecho auxiliar de las prevencionesadministrativas, es decir, que deben aplicarse las sanciones penalesúnicamente en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutelaque puede ofrecer otro ordenamiento jurídico, o bien es necesario por lagravedad del daño causado. Pero también encontramos teorías contrarias,como la del autor Blossier Hume, quién opina que no es secundaria lanaturaleza del Derecho Penal en la rama ambiental, puesto que aún cuandodefienda bienes jurídicos o instituciones pertenecientes a otras ramas delderecho; no se limita a enumerar sanciones meramente protectoras dediferentes realidades jurídicas, sino que antes de prever una pena, es elpropio ordenamiento penal el que indica el ámbito de los comportamientosacreedores a tales penas. Por tanto, de ordinario, la norma penal nunca estásubordinada totalmente a lo que disponen leyes no penales; se resalta que elderecho penal ambiental es tan autónomo como las más tradicionalesdisciplinas jurídicas, en tal sentido, para algunos especialistas, la acción estáenfocada a proteger, en términos generales, al ambiente, mediante normassancionadoras que siempre han existido, sin embrago, lo que tenemos quereconocer es que no lesionaban un bien personalísimo como la libertad delindividuo por ser transgresor de la normativa penal ambiental, en otraspalabras, juega un rol de intimidación en la sociedad, por donde usted loquiera mirar, quizás la dicotomía que este rol presenta es que en pleno sigloXXI, se le hace difícil a la sociedad comprender que puede existir privaciónde libertad por causarle daño a la vida silvestre y al ambiente.El Derecho Penal Ambiental no es del todo negativo e intransigente,existe eximente de penalidad, es decir ofrece cierta flexibilidad, considerandolos estados famélicos y el arrepentimiento espontáneo, tal como lo señala elartículo 392 del código penal vigente de Panamá. Pero, debido a la presiónque se le está ejerciendo a los recursos naturales, que por ende, afecta lavida silvestre y la desatención a las normativas urbanísticas ambiéntales, elderecho penal ambiental entra como un garante para que no se den esaspresiones de manera clandestina y a la vez, exigirle al servidor público querealice sus labores de conformidad a las normas ambientales , en talsentido “el PNUD ( Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo),en su último informe 2007 - 2011, manifestó que la presión que se le

Volver al índiceestá ejerciendo a los recursos naturales en América Central esimpresionante y preocupante.”. En este orden, recomendó que lospaíses de la región adoptaran medidas enérgicas para frenar las pérdidasde habitad y reducir la problemática de contaminación ambiental, es así quecada jurisdicción, en las diferentes ramas del derecho, toman su posiciónpara contribuir a esta problemática, el derecho administrativo entra cuandosus normas protectoras del ambiente son infringidas, el derecho civilpermite exigir indemnización por daño ambiental, basado en que de tododelito se origina también la acción civil para la restitución de la cosa y elresarcir el daño ocasionado , y el derecho penal ambiental entra cuando lasnormas ambientales penales son quebrantadas. Sobre este último aspectoexiste un convencimiento muy importante dentro del derecho penalambiental: que la responsabilidad primaria en el control jurídico de laconducta anti ecológica pertenece al derecho administrativo, el cual entra aaplicar sus sanciones pecuniarias por el daño causado, en este sentido, lasleyes penales ambientales deben ser específicas, precisas, delimitadas y demanera especial, aquellas que tienen relación a la protección del losrecursos naturales, de la vida silvestre y del ambiente, motivo por el cual sedebe dar particular atención al mismo, tomando en cuenta las característicasy elementos que hacen al derecho penal ambiental diferente de cualquierotra rama del derecho.Los delitos ambientales tienen un impacto muy grave en la sociedad,ya que estos no discriminan grupos, sino que afectan a toda la colectividad,muchas veces los daños ocasionados tienen carácter irreversible, lo quegenera repercusión no solo sobre el ambiente, sino sobre toda vida en elplaneta incluyendo al hombre. En muchos casos los estragos dejados por ladegradación ambiental son irreparables.Como en la mayoría de los países, Panamá cuenta con un conjuntode Leyes ambientales que incluyen normas administrativas. Es el caso de laLey 24 –de Vida Silvestre- de 7 de Junio de 1995 y la Ley 1 de 3 de Febrerode 1994, conocida como la Ley Forestal. Ambas, incluyen artículos queapuntan hacia las sanciones administrativas, pero también penales, paraalgunos, irrisorias en su momento. Tales menciones penales fueron objetode duras críticas, algunos juristas consideraban que las disposicionescontenidas en las mismas deberían estar en el Código Penal y no en una leyque tipifica sanciones administrativas. Con el nacimiento de la Ley 5 del 28de enero de 2005 ya quedan tipificados punitivamente los delitos contra elambiente. Y en efecto, como producto de las acciones de la nueva Leypenal ambiental, los contenidos punitivos de las Leyes de génesisadministrativas mencionadas, quedan derogados y se reemplazan por losde la nueva Ley penal vigente. Pero todavía en pleno siglo XXI, a la sociedadse le hace difícil aceptar la formación de cuerpos legales punitivos dirigidos ala protección del ambiente, incluyendo los recursos naturales y la vidasilvestre, frases como estas se escuchan a diario “si tumbo un palo puedoir preso” “si cazo un ñeque me llevan a la cárcel” me llevan a laapreciación de que, en un alto grado, la sociedad todavía ignora por qué elEstado ha tenido que proteger, mediante disposiciones legales, los recursosnaturales, la flora y fauna. Para el año 2007 las denuncias presentadas alMinisterio Publico ascendieron a 1497, por delitos contra el ambiente, de lacuales 965 han sido resueltas, 532 están en proceso y 95 han sidodesestimadas.Ignorar la problemática ambiental sería una irresponsabilidad, todaslas instituciones tienen que jugar su papel protector y eso incluye a lasociedad, la misma no puede desatender el mandato de nuestraConstitución, la cual dispone en su artículo 119: “el Estado y todos loshabitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar undesarrollo social y económico que prevenga la contaminación delambiente , mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción delos ecosistemas”, igualmente, dentro de los derechos fundamentales delmenor, está reconocido en el artículo 489 del Código de Familia, en sunumeral 5, que es deber de los padres orientar al menor inculcándole

Volver al índicevalores, entre ellos, el cuidado al ambiente. Por otra parte la sociedad debeser orientada en todos los aspectos ambientales, el derecho penal ambientaltambién se involucra en estas orientaciones, desde el punto de vistacontrolador, no muy bien visto por la misma. También, tiene grandesdetractores como en los sectores de la construcción, industriales yempresariales, los cuales, con su poder económico, en otrora, pagaban lassanciones impuestas por los daños ambientales que ocasionaban. Estaspueden ser las razones por las cuales en Panamá y en América Latina selegisló, a mi criterio, muy tarde sobre estos tópicos ambientales en materiapenal, los cierto es que a partir de inicio del siglo XXI la mayoría de lospaíses de la región ha legislado, con la finalidad de disminuir laproblemática de ambiental del área. Mi apreciación es que los Estadosdeben apoyarse en figuras como la de: Política Penal, que puedeestablecer la responsabilidad penal objetiva, o bien preferir los delitos donderecaiga la actuación culposa, o la Política Criminal, que sabemos quebusca mantener la ínfima participación del derecho penal ambiental y en laproblemática ambiental y la última figura seria la Educación Ambiental,que como instrumento de gestión ambiental, juega un papel ponderativo enla prevención de las conductas anti ecológicas.promoción y venta de seguros de títulos con motivo de la adquisición porparte de numerosos compradores del mismo origen, de bienes inmueblessituados en los países hispanoamericanos y en este caso en Panamá. (verSuplemento “Martes Financiero” N°584 del periódico La Prensa del 16 dejunio de 2009).Hasta el presente, este tipo de contratos no era usual en nuestro país, aligual que en los otros países de la América hispana con regímenes jurídicosde tipo europeo continental y sistemas de registro inmobiliario inspirados enmayor o menor grado en la Ley Hipotecaria española de 1861. La ausenciade esta figura no constituye una mera casualidad, ni una simpleinadvertencia de los abogados latinoamericanos sobre la posibilidad deexplotación de un rico filón en el ejercicio de la profesión, sino unaconsecuencia de que tal figura responde a un régimen jurídico distinto.Solamente la mentalidad de los nuevos inversionistas vinculados al “boom”inmobiliario desarrollado en nuestro ámbito durante la segunda mitad de laprimera década del siglo XXI, puede explicar el surgimiento de la misma ennuestro ambiente.1. LA FUNCIÓN ECONÓMICO JURÍDICA DEL REGISTRO PÚBLICOLA POSIBILIDAD DEL SEGURO DETÍTULOS EN EL ORDENAMIENTOJURÍDICO PANAMEÑOJuan O. Van Eps D.Investigador JurídicoArguye PARDO NÚÑEZ que es conocida la opacidad del mercadoinmobiliario, lo que encarece comparativamente los costes de transacción:entre ellos, en razón del elevado volumen que pueden alcanzar no sondespreciables los necesarios para conocer la identidad de los titulares de losderechos que se ofertan, así como el número y naturaleza de las cargas quegravan los inmuebles, en su mayor parte ocultas.En meses recientes se ha dado divulgación en medios decomunicación social el establecimiento de empresas de origennorteamericano - que aducen contar con agencias en algunos paíseslatinoamericanos y asocio con firmas de abogados locales- dedicadas a laDe tal manera que para el referido autor, “la situación jurídica de losinmuebles determina su utilidad y valor” , por tanto, el conocimiento de talsituación jurídica resulta indispensable para el interesado en adquirir, pueseste es uno de los componentes que permite definir el precio. Pero como

Volver al índiceañade el citado autor “El verdadero estado jurídico de la propiedad no essusceptible de ser descubierto mediante un esfuerzo personal de búsqueda,de investigación, por el que pretende adquirir o por quien tuviera interés enaceptar el inmueble como garantía de créditos [Pardo Núñez (1994:1531)].Por otra parte, el mercado inmobiliario tiene una característica queimpide que la propia dinámica del mercado sancione a quien ofrece y vendeproductos de mala calidad (jurídica). Normalmente el cliente compra una vez.Consecuentemente el conjunto de consumidores reaccionarán alempeoramiento de la calidad media de los productos y no a la de un oferenteen particular, por lo que sancionarán no sólo a un oferente sino al conjuntode los mismos mediante el “estrechamiento del mercado”. Habrá entoncespocos compradores y, consecuentemente, pocos vendedores. Los posiblescompradores, en lugar de arriesgarse, simplemente no compran. El“estrechamiento” del mercado puede ser tal, que éste simplemente casi dejede existir. [Pardo Núñez (op.cit.: 1545)].Consecuentemente, los Estados europeos continentales – y aquellosotros cuya legislación se inspiró en la legislación europea continental, comoel nuestro- reaccionan, a inicios del siglo XIX, cuando luego de lasrevoluciones liberales se libera la propiedad de las vinculaciones feudalesque dificultaban su comercio, por una parte, y por otra, la revoluciónindustrial produce una enorme acumulación de capital que reclamabaespacios para la inversión, contra la excesiva incertidumbre que generaba elsistema transmisivo propio del derecho romano, en que los adquirentes seven forzados a soportar una intolerable inseguridad respecto a la firmeza desus adquisiciones. Las medidas correctoras de tal situación se centraron endos puntos:1°. Una innovación material: Sólo la información que publicaran loslibros oficiales, creados „ad hoc‟, será pertinente para el tercero que pretendaadquirir derechos sobre fincas. Mediante el expediente de reconocer comopropietario indiscutible sólo al que publica su derecho en los libros oficiales,los costos de información se redujeron de manera drástica: en beneficio deladquirente prevalece siempre la verdad oficial sobre la verdad real, en casode ser discordantes.2° Una información formal: con la finalidad de facilitar el acceso a lainformación de los posibles interesados, los Estados optaron porconcentrarla en centros de naturaleza pública, procediendo a plantear lasoportunas instituciones [Pardo Núñez (sup.cit.:1535)].Así, “los mecanismos de seguridad del tráfico de base registral seapoyan todos en un mismo presupuesto que permite su clasificación en unúnico género común: el reconocimiento legal de naturaleza real a losderechos inmobiliarios se subordina a su publicidad oficial [Pardo Núñez (op.cit.:1560)]. (artículos 1753 y 1764 del Código Civil panameño).Para dicho autor “El monopolio de la organización y venta de lapublicidad tiene una evidente razón de ser: estaríamos ante un monopolionatural”. Aduce en este sentido que “el producto registral exige para tener lacalidad requerida por la sociedad que cada empresario dispusiese de unArchivo semejante al que hoy almacenan las oficinas registrales.”Evidentemente su reproducción, conservación y actualización por cada unode los competidores obligaría a un gasto despilfarrador”. [Pardo Núñez(op.cit.:1558)]De esta forma, como afirma LÖPEZ GUEVARA, “teniendo a mano losparticulares la información que solicitan, no pueden prevalerse de laignorancia de una inscripción, pues el Estado le ha dado el medio idóneopara informarse y no hacer operaciones a ciegas”. [López Guevara(1954:135)],

Volver al índiceEl Registro resulta así una institución establecida primordialmenteatendiendo a la necesidad de quienes tratan de adquirir un inmueble, opudieran aceptarlo como garantía de un crédito, tengan la posibilidad deenterarse del estado jurídico de tal inmueble, esto es, conocer quién es eltitular del dominio y que derechos reales, restricciones o limitaciones existensobre el mismo. Pero, desde luego, esa posibilidad de conocimiento conllevanecesariamente presunciones de certeza, de seguridad, de lo así conocidoya que de lo contrario resultaría inútil. De allí surgen los principios de“legitimación” y de “fe pública” contenidos en el artículo 1762 del Código civilpanameño, de los que nos ocuparemos posteriormente.Y si tal objetivo tuvo enorme importancia a inicios del siglo XIX, cuandose sentaban las bases jurídicas de la economía liberal, con mayor razón latiene en la actualidad cuando “nuestra sociedad ha apostado decididamentepor la técnica, lo que supone, enormes inversiones y el correlativo ascensodel trabajador del conocimiento, sujeto a una formación permanente. Ni unani otra serían posibles si no existiese capaz de sumir los mayores riesgosque, comparativamente, su financiación supone. De hecho en un contextointernacional de disputa por el capital, la atribución de su uso vendrámediada de modo decisivo por el coste comparativo de las garantías quecada país pueda ofertar. El coste de la seguridad jurídica es de hecho uncoste de capital y tenedrá inevitablemente a igualarse” [Pardo Núñez(op.cit1553)].En Panamá se han exteriorizado ideas respecto al Registro Públicosimilares a las aludidas. Así, el Organo Ejecutivo Nacional, en ResoluciónEjecutiva N° 1 de 29 de enero de 1993, manifestó que “El sistema registral ylos principios hipotecarios que aseguran su eficacia, son el resultado delinterés del Estado en asegurar la seguridad y certeza jurídica inmobiliaria. ElRegistro Público cumple una elevadísima función pública: no sólo brindaeficacia y contenido al precepto constitucional que garantiza la propiedadprivada, sino que es fundamento del desarrollo económico resultado de laposesión de la tierra”. Cita a continuación a BRENES CÓRDOBA y afirmaque “El Registro Público desempeña una función de alta importancia en elincremento económico y en el bienestar de las naciones…facilita y fomentala contratación, desarrolla el crédito y tranquiliza a los individuos en laposesión y disfrute de su patrimonio vinculado a la tierra”. La mismaResolución recoge expresiones del Dr. Narciso GARAY cuando éstemanifestara que nuestro sistema registral deviene en “estímulo del créditoterritorial y beneficio del desarrollo económico nacional”. Y concluyeafirmando que “Así, la función pública que a través del Registro realiza elEstado, no se limita a garantizar la propiedad individual sobre la tierra, sinoque además – y esto es lo fundamental- permite el tráfico inmobiliario yfomenta la tenencia de la tierra por numerosísimos propietarios, facilitandoasí su incorporación a actividades económicas productivas” (Gaceta OficialN°22,227 de 16 de febrero de 1993)2. LA PUBLICIDAD REGISTRALEl Registro “es una institución jurídica, y lo es con preferencia a cualquierotro aspecto que en el pueda apreciarse (...) La publicidad constituye sufinalidad intrínseca (…) publicidad que se establece para conseguir laseguridad del tráfico frente a terceros”. [Amorós Guardiola en García García(1992:1321)].La publicidad, afirma DELGADO SCHEELJE “en sentido amplio y generales el conjunto de medios que se emplean para divulgar y extender elconocimiento de determinadas situaciones o acontecimientos, con el fin dehacerlo llegar a todos, de modo que tales situaciones o acontecimientos, encuanto objeto de publicidad, adquieran la calidad o estado de públicas, estoes, serán notorias, manifiestas y patentes para todos”. Así la publicidad seopone a la clandestinidad, en cuanto la primera supone divulgación yconocimiento, mientras que la segunda, ocultación y desconocimiento. Elobjeto de este tipo de publicidad puede ser, en principio, cualquier clase de

Volver al índiceacontecimiento “ y la divulgación del mismo busca principalmente producir unconocimiento efectivo entre las personas a quienes va dirigida” [DelgadoScheelje (1999: 112)].A la publicidad jurídica corresponde un contenido más estricto. Comoexpresa PAU PADRÓN, citado por DELGADO SCHEELJE, “para entablarcualquier relación jurídica se requiere un máximo de certeza sobre suspresupuestos”. Así, por ejemplo, si se va a comprar, que el vendedor seadueño, o si se va a contratar sobre un derecho inmobiliario, en su caso, através de un representante, que este tenga el necesario poder. “El Estado,para satisfacer esa necesidad de certidumbre, organiza la publicidad. Através de la publicidad se hacen innecesarias las averiguaciones, El Estadohace públicos esos datos cuyo conocimiento se requiere para entablar lasmás diversas relaciones jurídicas” [Pau Padrón en Delgado Scheelje (idem)].Así se produce la llamada “publicidad orgánica”.La publicidad jurídica “registral” es a su vez un concepto másespecífico. Aduce DELGADO SCEELJE que “las diferentes formas depublicidad que pueden detectarse a través de la historia no siempre fueronregistrales, y es que para que un sistema de publicidad registral puedadesarrollarse es condición previa la existencia de la escritura. Con laaparición y difusión de ésta las condiciones estaban dadas para un sistemade publicidad registral. Así en Caldeo-Asiria y mucho mas avanzados enEgipto y Grecia, se encuentran sistemas de este tipo. No ocurrió lo mismo enRoma, en donde se desarrollaron sistemas de publicidad distintos delregistral, de forma tal que , en un principio, predominó la publicidad formalcon figuras como la in iure cesio o la mancipatio en que solo la forma ysolemnidad de los actos eran los medios a través de los que tales actos seexteriorizaban y daban a conocer. Si bien este tipo de publicidad podía teneralgún resultado en comunidades pequeñas o poco numerosas, no ocurría lomismo cuando las poblaciones crecían. Por ello ambas – mancipatio e in iurecesio- fueron con el tiempo abandonadas para ser reemplazadas a través deuna forma de publicidad fáctica (basada en la apariencia que ofrecen loshechos): la posesión a través de la traditio. [(Delgado Scheelje, ibídem)].Pero como aduce PAU PADRÓN , cuando surgen las ciudades y conellas el anonimato de sus habitantes –siglo XVII- ni las fórmulas públicas nila posesión sirven ya para dar a conocer a la sociedad los derechos realesque se constituyen…con el nacimiento de la gran ciudad surge en Europauna institución marcadamente burocrática – sin que el adjetivo quiera serpeyorativo- el Registro de la Propiedad. Y surge para que el rasgo básico delos derechos reales – la absolutividad, la eficacia frente a todos- puedaseguir desplegándose por un nuevo cauce, adecuado a las característicasdel nuevo ámbito social” [(Pau Padrón (1994:22)]. DELGADO SCHEELJEdefine entonces la publicidad registral como “la exteriorización sostenida eininterrumpida de determinadas situaciones jurídicas que organiza einstrumenta el Estado a través de un órgano operativo para producircognoscibilidad general respecto de terceros, con el fin de tutelar losderechos y la seguridad en el tráfico de los mismos” [(Delgado Scheelje,op.cit.:113)].Coincidiendo con ese concepto GARCÍA GARCÍA, citado por ALIAGAHUARIPATA, nos dirá que la publicidad registral es “la exteriorizacióncontinua y organizada de situaciones jurídicas de trascendencia real paraproducir cognoscibilidad general erga omnes y con ciertos efectossustantivos sobre la situación publicada” [(Aliaga Huaripata(1999:130)].ALIAGA HUARIPATA, siguiendo a PAU PADRÓN, expresará que el Registrose presenta como la a cargode un órgano especializado creado y organizado por el Estado que brinda alos terceros la necesaria certeza requerida para la consolidación de lasdiferentes relaciones jurídicas: por ejemplo, tratándose de bienes inmueblespermite conocer de manera , los datos del bien, la identidad deltitular registral, las cargas y gravámenes, etc.; en el caso de las personas

Volver al índicejurídicas, su finalidad y objeto, los órganos de representación, la identidad desus directivos, el régimen de poderes, etc.” [(Aliaga Huaripata, op.cit.:133)].3. LA SEGURIDAD JURÍDICALa publicidad registral, como queda dicho, constituye la proclamaciónoficial de situaciones jurídicas, cuyo propósito fundamental es el de ofrecergarantías al que invierta en el mercado inmobiliario de que su inversión serealiza en un producto con la debida calidad jurídica. La publicidad quepermite al inversionista informarse sobre la situación jurídica de losinmuebles tiene que gozar de presunciones de exactitud y de veracidad.De lo contrario se convertiría en fuente de errores y de conflictos que es,precisamente, lo que se quiere evitar.Y ello porque su fin es el de ofrecer “seguridad jurídica”. Estaseguridad se manifiesta, según la doctrina, de dos formas fundamentales: lade la “seguridad estática” que consiste en que ningún titular de un derechoinscrito puede ser privado de él sin su previo asentimiento (artículos1756,1758, 1767 y 1784 del Código Civil panameño), y la de la “seguridaddinámica” que implica que el adquirente de un derecho no puede ser privadode él o ver ineficaz su adquisición por virtud de una causa que no conoció oque no debió conocer al tiempo de llevarla a cabo ( segundo párrafo delartículo 1762 del Código civil panameño [ Delgado Scheelje (1999:1496)].Los llamados “principios registrales”, o principios hipotecarios- a losque alude la antes citada Resolución Ejecutiva N° 1 de 29 de enero de 1993-y que constituyen las características o rasgos fundamentales de un sistemaregistral, no son otra cosa que “las diversas maneras como ese sistema depublicidad registral en particular, cumple sus fines de seguridad jurídica”[Delgado Scheelje (loc.cit.)].Los principios registrales, en tanto medios o instrumentos paraalcanzar esos fines pueden estar orientados a regular el procedimiento y lacalificación registral.Actuando en forma mediata como rectores del conjunto de fases oetapas que necesariamente se desarrollan antes de la inscripción yconsecuente publicación de una determinada situación jurídica. En este casolos principios buscan el control – principio de legalidad – y la selección de lassituaciones jurídicas inscribibles, la adecuada relación entre el títuloinscribible y la partida registral (constancias previas), así como el orden –principios de prioridad y de tracto sucesivo- y la claridad- principio deespecialidad- al momento de practicar la inscripción. Pero los principiostambién pueden estar orientados a definir los diversos efectos que acarrea lainscripción y, consecuentemente, la publicación de determinadassituaciones jurídicas, supuesto en el cual se encuentran encaminados haciala legitimación del titular registral y de su protección en tanto que terceroregistral: principios de legitimación y de fe pública-. Esto último concretaambos aspectos de la “seguridad jurídica registral”, la seguridad estática y laseguridad dinámica.Para el gran hipotecarista español don Jerónimo GONZÁLEZ, elprincipio de “legitimación” se deriva directamente de la “gewere” germánica –la apariencia de un derecho cuyo efecto es la presunción de la existencia deese derecho- remplazando a la misma propiedad con su forma jurídica –lainscripción- y la protege en sus apariencias mediante una presunción iuristantum – esto es, salvo prueba en contrario- suficiente para la vida práctica.Para que ésta se desenvuelva normalmente, mientras no haya tercerosinteresados, basta suponer que la inscripción corresponde a la realidadjurídica y acredita prima facie, que el derecho inscrito existe y que elcancelado se ha extinguido [Corral Dueñas (1993: 1924)].

Volver al índiceLas consecuencias de esa presunción iuris tantum se manifiestan,según PEREZ LASALA, fundamentalmente en dos aspectos: a) en elaspecto sustantivo, tratando al titular inscrito como al verdadero titular yatribuyéndolo la facultad de disponer de su derecho con plena eficaciajurídica y; b) en el aspecto procesal, exonerando al titular inscrito de la cargade la prueba, que recaerá sobre quien sostenga la inexactitud registral. Loexpuesto significa que los derechos existen, salvo prueba en contrario, tal ycomo los publica el Registro. [ Pérez Lasala ( 1965:194)].A su vez la “fides publica” – o fe pública- se basa en que la simplepresunción legitimadora –que admite, como vimos, prueba en contrarioresultainsuficiente para conseguir seguridad y protección plenas,completas, en el tráfico de inmuebles.Manifiesta a este respecto PEREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO quelos derechos reales inmobiliarios son susceptibles de ofrecer dosapreciaciones, según se contemplen a través del mundo registral o bien através de la realidad jurídica o mundo extra registral, porque bien puedehaber coincidencia entre ambas apreciaciones, o por el contrario puedeexistir desacuerdo o contradicción en mayor o menor grado entre ellas, loque puede ser motivado por varias causas.El primer caso, es decir, el de la coincidencia del mundo real con el mundoregistral, constituye el ideal del Registro Público. Surge el problema en elcaso contrario y entonces nos encontramos ante el dilema de pronunciarnospor la prevalencia del mundo registral, o por la del mundo real,extrarregistral.Teóricamente, añade el citado autor, hay tres sistemas que tratan dedar solución al problema; los dos primeros se inclinan por los dos extremosantes mencionados y el tercero se pronuncia por una posición de carácterintermedio.En el primer sistema, el Registro carece de fuerza, es de caráctermeramente informativo y sin tomar en cuenta las inscripciones o asientosregistrales, solo reconoce validez al mundo de la realidad jurídica, concuerdeo no con el Registro, por considerar que éste solamente constata o publicalos derechos reales inmobiliarios o los actos jurídicos referentes a losmismos, los cuales no adquieren ninguna nueva connotación en virtud de laregistración.En el segundo sistema, por el contrario, se prescinde de todoelemento que no sea el Registro; lo que dicen sus asientos es lo único a loque debe atenderse en materia de derechos reales inmobiliarios y éstosmantienen en todo caso su contenido, aún en contra de la realidad jurídica.Se atribuye a la inscripción la cualidad de operar la mutación jurídicacorrespondiente, aunque el negocio registrado adolezca de defectos. Poresto, y dentro de este sistema, puede decirse que entre el Registro y larealidad jurídica no puede haber discordancia alguna, pues aquel modificaésta y es el Registro el que tiene una realidad constitutiva. “Aquí, aunquesuene a paradoja, el mundo real no existe, el único mundo que se conoce esel tabular, que surte efectos contra todos, contra las partes y contra losterceros”.La tercera solución, por su carácter intermedio, participa en ciertosaspectos de los otros dos sistemas antes referidos. Este tercer sistemareconoce validez y efectos al derecho extrarregistral al mismo tiempo quereconoce y otorga a los asientos registrales una presunción iuris tantum deexactitud de contenido, o sea que establece que prevalezca el derecho delverdadero titular, registral o no, frente a un titular registral solo aparente, amenos que entre en juego el principio de la fe pública, que se tratará masadelante. En otras palabras, el principio de legitimación consiste en lapresunción de que el derecho inscrito en el Registro existe en la formaexpresada por el asiento, admitiendo esa presunción prueba en contrario: elcontenido del Registro prevalece sólo de momento frente a la realidad

Volver al índicejurídica, hasta tanto se compruebe por los medios correspondientes, lainexactitud de aquél. [Pérez Fernández del Castillo (1983:56-59)].La consideración del titular inscrito como verdadero títular – principiode legitimación- adquiere especial trascendencia cuando este dispone de suderecho: El principio de fe pública registral, según el cual el Registro sepresume siempre exacto a favor del tercero adquirente de buena fe,implicará una protección absoluta para el tercero que adquiera ateniéndose alas constancias registrales. Responde, como el principio de legitimaciónantes tratado, a la necesidad de dar solución a los problemas que surgen alhaber discordancia entre la realidad jurídica y el mundo tabular o registral,pero cuando concurre un nuevo elemento: el tercero calificado o terceroadquirente de un derecho real inscrito a título oneroso y de buena fe.En virtud del principio de fe pública registral se reputa exacto iuris et de iure- sin admitir prueba en contrario- el contenido del Registro en beneficiodel tercero que reúna los elementos antes mencionados, esto es, quehaya inscrito su drecho, que su adquisición haya sido a título onerosoy que haya actuado de buena fe. La finalidad de este principio esgarantizar plenamente las adquisicions de quienes contratan debuena fe y confiados en los asientos del Registro, con lo que se daseguridad al tráfico inmobiliario (seguridad dinámica).Este principio se aplica partiendo de que, por disposición de la ley, losactos nulos, en su mas amplia aceptación, no deben registrarse en virtud delprincipio de legalidad y la consiguiente calificación (artículo 1795 del CódigoCivil panameño, del que nos ocuparemos mas adelante); pero si por algunacausa dichos actos ingresan al mundo tabular, la inscripción que de ellos sehaga no les otorga convalidación alguna (primer párrafo del artículo 1762 delCódigo Civil panameño), por lo que subsisten los vicios que los afectan, ypor tanto, los interesados conservan las acciones que les otorgan las leyespara promover su extinción. Pero si el que figuró como adquirente en el actonulo registra su derecho, y de ese registro se desprende su facultad paratransmitirlo, y efectivamente lo transmite a título oneroso a un terceradquirente de buena fe, quien inscribe su derecho, el último acto no podráser atacado y el tercero será mantenido en su adquisición aunque despuésse anule o se resuelva el derecho del transferente en virtud de título noinscrito o de causas implícitas o de causas que, aunque explícitas, noconsten claramente en el Registro (segundo párrafo del artículo 1762 delCódigo civil panameño). Esto, desde luego, sin perjuicio de las accionesciviles o penales que procedan, pero limitadas a las personas que celebraronel acto nulo.De esta forma, como afirma el citado PEREZ FERNÄNDEZ DELCASTILLO, los principios del Derecho Registral modifican los del DerechoCivil puro, ya que estamos ante la posibilidad de que una persona transmitaderechos que están fuera de su patrimonio, dejando sin efecto en ese casola regla que establece que las transmisiones de cosa ajena son nulas, puesse conceden efectos sustantivos a la inscripción en virtud de la cual la nuevaadquisición se torna inatacable [Pérez Fernández del Castillo (op. cit. 56-59)]Este principio, que la jurisprudencia panameña ha considerado como “lapiedra angular de nuestro sistema de Registro Público” (sentencia de 8 defebrero de 1962, Repertorio Jurídico N° 2, año II, febrero de 1962, p. 34)implica entonces una derogación del viejo aforismo de “nemo dat quod nonhabet”, permitiendo adquisiciones provenientes de un no propietario, de un“non domino” ( no propietario por el vicio inherente a su título). De estaforma, aduce PARDO NUÑEZ,, si la inscripción registral se demuestraequivocada, el amparo estatal permitirá mantener la firmeza de laadquisición y no transformará al adquirente en un mero acreedor a laoportuna indemnización vía evicción. Así “la solidez que este efecto procuraa la garantía inmobiliaria es seguro estímulo a la circulación del capital”[Pardo Núñez (1994:1559)].

Volver al índiceA lo anterior cabe añadir que en Panamá la inscripción es, salvo pocasexcepciones, constitutiva (numeral 1 del artículo 1753 del Código Civil).Ello que implica que en nuestro país los derechos reales inmobiliarios porregla general sólo se crean, existen, se transmiten o se extinguen medianteel Registro.[ Arroyo (1992:498)]3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL ESTATAL POR LOS ERRORESREGISTRALESEn síntesis, tenemos que, para facilitar el tráfico inmobiliario y susconsiguientes implicaciones económicas, el Estado ha establecido unsistema que la doctrina ha llamado “publicidad orgánica” a través delRegistro Público, fundado en presunciones de legalidad, exactitud yveracidad de las constancias registrales. Pero ¿qué ocurre si ese sistemafalla? ¿Si, por ejemplo, la indebida apreciación por parte de los funcionariosregistrales de un acto sujeto a inscripción perjudica a un titular inscrito? ¿o sila inexactitud de las constancias conduce a error a un tercero?.Desde luego que, en principio, ese efecto indeseable debe ser evitado,imponiendo cono dice PARDO NÚÑEZ, controles que garanticen la legalidadde los derechos que se amparen en la publicidad oficial. La naturaleza yalcance de tales controles es decisión de cada Estado, así como laorganización del oportuno sistema de responsabilidad que ofrezca a losinteresados una justa indemnización por los daños producidos por razón delanormal funcionamiento del servicio [Pardo Núñez (idem)]. En otraspalabras, que los estados tienen que adoptar, por una parte, mecanismosque garanticen que las constancias registrales respondan a la realidadjurídica, y por otra, sistemas destinados a indemnizar a los afectados por losdaños que causen las posibles deficiencias en la prestación del servicio. Yesto último se justifica plenamente dado que, si lo que se pretendefundamentalmente es brindar facilidades al capital, disminuyendo costos alfacilitar y garantizar la información que permita la inversión, resultaríaincongruente que ese mismo capital se viera sometido a los riesgos delindebido funcionamiento del sistema de garantías, sin que existiera lacompensación adecuada.En Panamá el principal mecanismo de control para garantizar la legalidadde los derechos inscritos es la calificación registral que establece el artículo1795 del Código Civil. La calificación de los títulos inscribibles – que entérminos de nuestra Corte Suprema de Justicia “más allá de lo meramenteformal” implica una confrontación del título con todo “el orden jurídicoimperante, del cual da fe la institución”- es una consecuencia lógica delprincipio de que los asientos se presumen exactos. Si no existiera la funcióncalificadora, los asientos del Registro sólo servirían, como dice don JerónimoGonzález, para engañar al público, favoreciendo el tráfico ilícito yprovocando un sinfín de litigios. GÓMEZ GALLIGO resume en la siguienteformula aritmética – que recoge también la importancia para estos efectos denuestro sistema notarial, manifiesta en el principio de “titulación auténtica”que consagra el artículo 1756 del Código Civil - la trascendencia de lacalificación [Gómez Gálligo (1993:1896)].Y ante la posibilidad de fallas en el servicio, la Constitución Política de laRepública prevee en su artículo la responsabilidad cicvil del Estado porprestación defectuosa de servicios públicos. En el caso concreto del RegistroPúblico la Sala Tercera de dicho alto tribunal ya ha procedido a otorgarindemnizaciones a terceros afectados. (ver fallo de 11 de julio de 2007).4. MECANISMOS ALTERNOS AL SISTEMA REGISTRAL: ELSEGURO DE TÍTULOSEn los ordenamientos legales en que no existe un sistema registralinmobiliario, éste ha tenido que ser sustituido por otros mecanismos queofrezcan garantías al adquirente.

Volver al índiceEn la legislación inglesa – en la que además subsisten algunas figurastípicamente feudales- encontramos –hasta época relativamente recientetantoun Registro de Títulos como un Registro de Cargas Inmobiliarias queno pasan de ser “un inmenso archivo de datos que se limita a hacer acopiode las declaraciones de los titulares de los derechos inscribibles y aordenarlos, sin realizar en ellos criba alguna respecto a su veracidad ni,consiguientemente, respaldar de ninguna forma su contenido”. Por ello “elvendedor ha de demostrar al comprador un sumario del título (abstract) orelación de documentos tales como escrituras o testamentos, que afectenobjeto de transmisión o gravamen y referidos al período al cual su derechohaya de ser acreditado que es el de los últimos quince años, salvo pacto encontrario, y también de los hechos que, como los fallecimientos, nacimientosy matrimonios hayan podido influir durante ese tiempo en la titularidad quedebe ser analizada. No basta con resumir tales documentos, también espreciso exhibirlos y establecer y probar los hechos jurídicos trascendentes aefectos de esa titularidad”. Y complementando esa actuación del vendedor“el abogado del comprador a expensas de su cliente, ha de examinar ycalificar la titularidad presentada, solicitar las comprobaciones adicionalesque estime oportunas y finalmente aconsejar al comprador sobre el grado deseguridad que ofrezca el título del transmitente”. [Baz Izquierdo (1981:993)]En los Estados Unidos de América impera el sistema del “seguro detítulos”. Según LACRUZ BERDEJO, en aquel país, antes de 1880, elcomprador debía encargar a un experto abogado el examen de los títulos depropiedad del vendedor. En 1881 se forma en Nueva York la TitleGuarantee and Trust Company, la que es pronto imitada en otros Estadosde la Unión: el comprador, al comprar, firma una póliza, asegurando laadquisición del inmueble contra todo riesgo de evicción. Las empresas deseguros vienen así a sustituir al Registro de la Propiedad. (subrayadonuestro). Toda la contratación sobre inmuebles se realiza a través de lascompañías de “title assurance”. Las oficinas de contratación inmobiliaria –Real Estate- dice el citado autor “funcionan en conexión con la compañíaaseguradora, puesto que “la iniciativa privada de las compañías de segurostuvo que llenar la necesidad de firmeza del tráfico jurídico”. [Lacruz Berdejo(1968:14)].Para VASQUEZ BOTE, el seguro de títulos es mas antiguo. Data de 1853cuando se constituye la Law Property Assurance and Trust Society, y en1868 se constituye la Real Estate Title Insurance and Trust Company,primera entidad mercantil del ramo. En Pennsylvania aparece el sistema en1874, fecha en que por primera vez se legisla sobre la materia. En 1882llega a los Estados Centrales y del Medio Oeste, y en 1887 a California. Enalgunos Estados del sur – en donde existía el régimen de los “registresfonciers” derivados de la colonización francesa, el seguro de títulos no sedifundirá hasta ya entrado el siglo XX. En palabras de dicho autor, esesistema se ha impuesto “a billetazos”, dado el enorme volumen de gananciasque con cargo a los adquirentes de inmuebles y a los deudores hipotecarios,reporta a las compañías aseguradoras. [Vásquez Bote ( 1993: 852)].5. CONCLUSIÓNAduce FALBO, el seguro de títulos constituye una garantía que “carecede toda significación jurídica” y aunque resuelve el problema puramenteeconómico de la cuestión “deja de lado el problema de derecho que de estamanera se elude, pero no se resuelve. Es decir, el sistema jurídico y losjuristas que lo aceptan están reconociendo su incompetencia para resolverlas dificultades conforme a derecho”. [ Falbo (1981: 787)].Pero tenemos que admitir que como afirma VASQUEZ BOTE, latendencia universal hacia la integración de las economías provoca quenuestros países se vean en la necesidad de, en el aspecto que nos ocupa,ofrecer garantías adecuadas a los inversionistas internacionales, de formaque no se vean ampliamente superados en la competencia por la atracciónde capitales. Si esos capitales provienen de países en que “el pleito por todo

Volver al índicees un derecho y en que el pleito es la fuente de fijación de derechos” (enotros términos, los países del common law) y en los que, por tanto, el pleitearno se tiene – como por lo general entre nosotros- como un modo de“consumir energías innecesariamente” [Vásquez Bote (op. cit. 880)] no cabeduda que si nuestro sistema jurídico no ofrece una imagen de eficiencia yseguridad, que resulte aceptable a las mentalidades de los aludidosinversionistas, veremos florecer entre nosotros mecanismos sucedáneos anuestro sistema registral: “el contrato de seguro, que logra la seguridadpretendida: que el capital financiero no se arriesgue”. Capital que, por otraparte, “se encuentra en óptimas condiciones para imponer condiciones”, yque como vimos, se ha impuesto “a billetazos” en su propio medio. [VásquezBote (idem: 881)].Mas hay que tener en cuenta que, como lo expresa el citado autor, enestricto derecho ambos sistemas son incompatibles. El seguro de títulos enordenamientos jurídicos en que imperan registros como el nuestro, ademásde innecesario, es “ilegal por falta de causa” [Vásquez Bote (ibidem)]. Losrespectivos contratos carecerían entonces de uno de los requisitos generalesesenciales para su existencia conforme a nuestro ordenamiento jurídico: elconsagrado por el numeral 3 del artículo 1112 del Código Civil panameño. Ytratándose de un contrato de seguro, faltaría precisamente un elementoesencial del mismo: el riesgo asegurado o como lo expresa el autor encuestión “un contrato de seguro sin riesgo, por carecer de causa es nulo”aunque la jurisprudencia de tribunales de sitios “fronterizos” como PuertoRico, en que la influencia norteamericana ha impuesto una jurídicamenteimposible coexistencia entre los dos sistemas, no lo haya dicho. [VásquezBote (idem:889)], quien concluye afirmando que si las empresasnorteamericanas dedicadas a este negocio logran establecerse de maneradefinitiva a cambio de algo en nuestros países, lo harán “absorbiendo elescaso capital financiero de los mismos” [Vásquez Bote (ibidem.: 891)].BIBLIOGRAFÍA:ALIAGA HUARIPATA, L. 1999. “El principio de publicidad en el derechoregistral peruano” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 650. Madrid.ARROYO, D. 1992. “Naturaleza jurídica de la inscripción en el RegistroPúblico” en Estudios Jurídicos, Litho Impresora Panamá. Panamá.BAZ IZQUIERDO, F.1981. “El sistema hipotecario inglés: sus rasgosesenciales” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 545. Madrid.CORRAL DUEÑAS, F. 1993. “La Revista de Don Jerónimo González” enRevista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 619. Madrid.DELGADO SCHEELJE, A. 1999. ”El documento judicial registrable y sucalificación registral en el Perú” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N°653. Madrid.FALBO, M. 1981. “La seguridad jurídica en la constitución de los derechosreales” en Revista del Notariado N° 777, Buenos Aires.GARCÍA GARCÍA J. 1992. “La función registral calificadora, la protección delos consumidores y la cláusula penal en los autos del Presidente del TribunalSuperior de Justicia de Cataluña” en Revista Crítica de Derecho InmobiliarioN° 610. Madrid.GOMEZ GÁLLIGO, F. 1993. La calificación registral en el pensamiento dedon Jerónimo González” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 619.Madrid.LACRUZ BERDEJO, J. 1968. Derecho Inmobiliario Registral. Librería Bosch,Barcelona.

Volver al índiceLOPEZ GUEVARA, C. 1954. El Tercero y el Registro Público. Tesis deGrado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá,Panamá.PARDO NÚÑEZ, C. 1994. “Seguridad del tráfico inmobiliario y circulación delcapital” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 623. Madrid.PEREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, O. “Principios rectores de la funciónnotarial. Principios rectores de la función registral” en Memoria del PrimerSeminario Nacional sobre Notariado y Registro en México, México,D.F.PEREZ LASALA, J. 1965. Derecho Inmobiliario Registral. Su desarrollo enlos países hispanoamericanos. Ediciones Depalma, Buenos Aires.VASQUEZ BOTE, E. 1981. “Seguridad y certeza en las situaciones jurídicoinmobiliarias en los Estados Unidos de América” en Revista de la Facultadde Derecho de México N° 120. México, D.F.LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALESDE LA NUEVA JURISDICCIÓNDE CUENTAS EN PANAMÁOscar Vargas VelardeMagistrado VicepresidenteTribunal de CuentasLa nueva Jurisdicción de Cuentas responde a los artículos 280,numeral 13, 281 y 327, numeral 4, de la Constitución Política y cuyosaspectos más relevantes son la creación del Tribunal de Cuentas y de laFiscalía de Cuentas, así como la configuración de un proceso de cuentaságil y eficaz.Está organizada por la Ley 67 de 14 de noviembre de de 2008, quedesarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, Orgánicade la Contraloría General de la República.La Jurisdicción de Cuentas se fundamenta básicamente en losprincipios siguientes: protección y defensa de la Hacienda Pública, luchacontra la corrupción, jurisdicción especializada, tribunal independiente,tribunal con jurisdicción y competencia nacionales, proceso de cuentaspromovido por la Contraloría General de la República, garantía del debidoproceso de cuentas, presunción de inocencia del empleado o del agente demanejo y cosa juzgada.I. PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICALa Hacienda Pública está integrada por los bienes, los dineros y losderechos que pertenecen al Estado panameño y que son indispensablespara que el Gobierno Nacional pueda llevar a feliz término los planes y losprogramas que nos conduzcan por los caminos dirigidos a acabar con lapobreza, liquidar la miseria y proscribir la marginalidad, de modo tal quecada panameño esté en condiciones de vivir una vida digna y decorosa y asínuestro país pueda alcanzar cimas de bienestar y altos niveles de desarrolloeconómico y social.La Hacienda Pública debe ser protegida y defendida por todas lasinstituciones del Estado y sus servidores, al igual que por toda la sociedad.La fiscalización para evitar su pérdida o menoscabo debe provenir tanto decada uno de los ciudadanos como de los establecimientos estatales.La Contraloría General de la República tiene la misión constitucionalde fiscalizar la Hacienda Pública. Por lo tanto, debe adoptar las medidasorientadas a preservar los fondos y bienes públicos que la conforman, a

Volver al índicecerciorarse que éstos se utilicen correctamente, según lo indicado por la leyo los reglamentos y a iniciar las acciones judiciales enderezadas a recuperarlos que han sido despojados al Estado.Al efecto, este organismo independiente debe llevar las cuentasnacionales, incluso las referentes a las deudas interna y externa; fiscalizar yregular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo defondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección;examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, lasentidades o las personas que administren, manejen o custodien fondos uotros bienes públicos; realizar investigaciones e inspecciones tendientes adeterminar la corrección o la incorrección de las operaciones que afectenpatrimonios públicos; establecer y promover la adopción de medidasnecesarias para que se hagan efectivos los créditos a favor de las entidadespúblicas; recabar informes sobre la gestión fiscal de las dependenciaspúblicas nacionales, provinciales, municipales autónomas, semiautónomas yde las empresas estatales; demandar la declaratoria de inconstitucionalidado de ilegalidad, según el caso, de las leyes y de los demás actos violatoriosde la Constitución o de la Ley que afecten patrimonios públicos; establecerlos métodos de contabilidad de las dependencias públicas; informar a laAsamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de laAdministración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y la convenienciade la expedición de créditos suplementales o extraordinarios, etc. (art. 280,Constitución Política).Aparte de las acciones de inconstitucionalidad, de ilegalidad o decarácter penal que está facultado para promover, el Contralor General de laRepública debe presentar al Tribunal de Cuentas, para su juzgamiento, lascuentas de los servidores públicos de manejo y los agentes de manejo(particulares) cuando surjan reparos por supuestas irregularidades y asípueda este Tribunal establecer la lesión patrimonial y la responsabilidad deestos servidores o agentes. La tarea relativa al resarcimiento del perjuicioocasionado al Estado está encomendada a este nuevo Tribunal, el cual debeadoptar las medidas cautelares encaminadas a que las acciones del Estadono resulten ilusorias.II. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNCon justa razón se ha expresado que la corrupción es un gravamen alos pobres, porque muchos de los recursos destinados a remediar la pobrezasirven para engrosar las arcas de los expoliadores, los desfalcadores y detodos aquellos que se han beneficiado ilícitamente de la cosa pública.De conformidad con Alirio Liscano, “La corrupción, (…) tiene que ver yasí fue desde siempre, con el orden social imperante, especialmente conaquel tipo de sistema en el que priva el lucro personal como horizonte dedeterminado status dentro de la comunidad, para el ascenso a posicionespolíticas y lógicamente para el logro de una vida rodeada de riquezamaterial, de necesidades satisfechas y de comodidad”. 64 Mariano Grondona,en su libro La Corrupción (Planeta Argentina, Buenos Aires, 1993), añadeque “Toda situación corrupta procede, como si fuese de una raíz venenosa,de un desorden moral básico que aparece „cuando el dinero ocupa unaencumbrada posición en la tabla de valores de una comunidad, y lo cierto esque así parecen estar las cosas hoy en la mayoría de las sociedadesconocidas. Lo habitual es que un funcionario viole sus deberes de lealtad alpueblo, no porque le prometan un puesto más alto, o por alguna otracondición ajena a lo económico, sino porque hay dinero de por medio‟”. 6564 LISCANO, Alirio. “Bolívar y la probidad administrativa”, en Bolívar en tres Perfiles. Ensayode aproximación a sus ideas fundamentales. México, 1996, pp. 25 y 26.65 Citado por VELARDE FUERTES, Juan (Consejero del Tribunal de Cuentas en España).“Corrupción: realidad económica y control fiscalizador”, en Revista Española de ControlExterno, Nº3, Vol. I, Madrid, 1999, pp. 39 y 40.

Volver al índice“En América -expresa Liscano-, concretamente en los territorios dedominio español, dos cuestiones pesaron de manera particular en relacióncon la corrupción. En primer lugar, las concesiones mercantilistasimperantes, que privilegiaban la acumulación de oro, plata, metales y piedraspreciosas, elementos que, a diferencia de las tesis fisiócratas, sonconsiderados los factores principales de riqueza de cualquier Estado, porencima de la tierra y de la producción agropecuaria”. “En segundo lugar,influyó el hecho de que los dominios coloniales españoles fueron objeto deuna actividad conquistadora y colonizadora en que tuvo participaciónpreponderante un sector de nobles venidos a menos, hijosdalgos e inclusohombres de baja condición, no pocas veces delincuentes, criminales oexpresidiarios, que viajaban a América enfebrecidos por el ansia de riquezaque les permitiría el inicio de una vida mejor”. 66“El proceso de conquista y colonización -abunda-, al revertir con sucaudal de riqueza sobre España, sobre su economía, su sociedad, supolítica, su cultura, dio más impulso aún al fenómeno de hacerse la vida notanto con el esfuerzo, la disciplina y el trabajo, como por la audacia, la vivezay la maña para abrirse camino. Es decir, que en nuestra historia, desdeépocas muy remotas, enriquecerse fue visto como un ejercicio no del trabajosino de la habilidad”. 67“Pero además -concluye citando J. L. Salcedo Bastardo, en Visión yRevisión de Bolívar-, debemos resaltar otro elemento. En nuestra cultura seconsideró un delito cualquier conducta que actuara contra el patrimonioprivado. No así con respecto al patrimonio público. En este caso, parecíaperdonable, lógico y hasta lícito que los funcionarios públicos intentarandesde sus cargos hacerse de un patrimonio propio, apelando a los másdiversos mecanismos de corrupción”. 68Guillermo Haro Bélchez enuncia que “Hay prácticamente un consensode que el mayor de los fantasmas que recorre el mundo (...) es el de lacorrupción. Pero este fenómeno generalizado provoca, simultáneamente,cual si fuera la tercera Ley de Newton, un proceso inverso de la búsquedaafanosa de una moral pública, eso que alguien denominó con toda precisióncomo el pudor del pueblo. La corrupción no tiene especificaciones de tiempoo lugar. Ella es intemporal, que si bien es un problema de los individuos quemuestran conductas ilícitas es también resultado de una sociedad quefunciona con un sistema que no es el apropiado. De ahí que la problemáticaque encierra la corrupción representa el mayor de los desafíos y es motivode preocupación para el Estado moderno”. 69La lucha contra la corrupción es mundial, regional y nacional.Para la Organización de las Naciones Unidas, “La corrupciónvacía las arcas de los Estados, arruina el libre comercio y ahuyenta a losinversionistas”. Cita cifras del Banco Mundial para estimar “que lacorrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país en 0.5 y 1puntos porcentuales por año”. Acude a las investigaciones del FondoMonetario Internacional para indicar que “la inversión en los paísescorruptos es casi un 5% menor que los países relativamente exentos decorrupción”. Y se vale de las evaluaciones de la agencia de calificaciónde valores Standard and Poor‟s para aseverar que “hay una posibilidadde entre un 50% y un 100% que los inversores pierdan todas susinversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados de66 Ibídem, p. 26.67 Ibídem, pp. 26 y 27.68 Ibídem, p. 27.69HARO BÉLCHEZ, Guillermo. “La lucha contra la corrupción en México”, enhttp://www.clad.org.ve/haro.html.

Volver al índicecorrupción. Esto hace la inversión a largo plazo -la que más beneficia aun país- peligrosa e improbable”.De ahí que la ONU adoptó, el 31 de octubre de 2003, en NuevaYork, Estados Unidos de América, la Convención de las NacionesUnidas contra la Corrupción, que se articula en un extenso cuerpo denormas agrupadas en ocho capítulos, a saber: disposiciones generales,medidas preventivas, penalización y aplicación de la ley, cooperacióninternacional, recuperación de activos, asistencia técnica e intercambiode información, mecanismo de aplicación y disposiciones finales.Los Estados Parte, en el Preámbulo de esta Convención,manifestaron su preocupación porque la corrupción plantea problemas yamenazas graves a la estabilidad y a la seguridad de las sociedades alsocavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia,y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; mantienevínculos con otras formas de delincuencia, en particular la delincuenciaorganizada y la económica, incluido el blanqueo de dinero; y concentravastas cantidades de activos, que pueden constituir una proporciónimportante de los recursos de los Estados y que amenazan la estabilidadpolítica y el desarrollo.Igualmente, los Estados Parte están plenamente convencidos de quela corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en unfenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, loque hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y lucharcontra ella; que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario paraprevenirla y combatirla eficazmente; que la disponibilidad de asistenciatécnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados esténen mejores condiciones de prevenir y combatir eficazmente la corrupción,entre otras, fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones; y que elenriquecimiento personal ilícito es particularmente nocivo para lasinstituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley.Por otro lado, debe mencionarse que, en la esfera regional, en 1996,los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos habíanadoptado el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción, con temas sobre las medidaspreventivas, la idea de los actos de corrupción, el soborno internacional, elenriquecimiento ilícito, el secreto bancario, la asistencia y la cooperación,entre otros, fundados en que:1. La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas,atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollointegral de los pueblos.2. La democracia representativa exige combatir toda forma decorrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos decorrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.3. La corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidadorganizada con la finalidad de materializar sus propósitos.4. La importancia de generar conciencia entre la población de lospaíses de la región sobre la existencia y la gravedad del problema, así comola necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en laprevención y la lucha contra la corrupción.5. La trascendencia internacional que tiene, en algunos casos, lacorrupción, lo cual exige una acción coordinada de los Estados paracombatirla eficazmente.

Volver al índiceFinalmente, en la esfera nacional se han realizado ingentes esfuerzosen esa lucha contra la corrupción.Para estos propósitos, Panamá desde septiembre de 2004 haadoptado, entre otras, las acciones constitucionales, legales, reglamentarias,siguientes:1. El Acto Legislativo Nº1 de 2004, que reforma la ConstituciónPolítica y establece la Defensoría del Pueblo, en el perímetro de esta CartaMagna; la forma escalonada del nombramiento de los Magistrados delTribunal Electoral; los nuevos requisitos para el nombramiento de losMagistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de laNación y del Procurador de la Administración, de modo que no provengandel Órgano Ejecutivo o de la Asamblea Nacional; la facultad del Pleno de laCorte Suprema de Justicia para investigar y procesar a los Diputados; laJurisdicción de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, así como la maneraescalonada del nombramiento de sus Magistrados; la ampliación de la listade los servidores públicos que deben presentar al inicio y al término de susfunciones, una declaración jurada de su estado patrimonial, entre otrosrelevantes cambios.En cuanto al último punto mencionado, cabe destacar que entreseptiembre del 2004 y septiembre del 2007, 2,200 servidores públicos hanpresentado ante la Contraloría General de la República su declaraciónjurada del estado patrimonial, lo que contrasta con los 185 servidorespúblicos que al 31 de agosto del 2004 habían cumplido con tal deber.2. Ley 15 de 10 de mayo de 2005, por la cual se aprueba laConvención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada enNueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre del 2003.Es conveniente dejar sentado que Panamá también ratificó laConvención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la entoncesAsamblea Legislativa, por medio de la Ley 42 de 1º de julio de 1999.3. El Decreto Ejecutivo Nº335 de 1º de septiembre de 2004, por elcual se deroga el Decreto Ejecutivo Nº124 de 2 de mayo de 2002,reglamentario de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, sobre transparencia en lagestión pública y el establecimiento de la acción de hábeas data; pero queen realidad anulaba “los principios de acceso público y publicidad”consagrados por esta ley.4. El Decreto Ejecutivo Nº179 de 27 de octubre de 2004, por elcual se crea el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupcióny su Secretaría Ejecutiva.En enero del 2005, mediante el Decreto Ejecutivo N°3 de 18 deenero de 2005, se designa a los miembros del Consejo Nacional deTransparencia contra la Corrupción. Igualmente, se nombró laSecretaria Ejecutiva en reemplazo del funcionario que renunció.5. El Decreto Ejecutivo Nº246 de 15 de diciembre de 2004, por laque se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos quelaboran en las entidades del Gobierno Central.6. El Decreto Nº227 de 23 de diciembre de 2004, mediante el cualla Contraloría General de la República adoptó el Código Uniforme deÉtica, que fuera adoptado por el Órgano Ejecutivo para los servidorespúblicos que laboran en las entidades del Gobierno Central.7. La Resolución Nº10 de 17 de enero de 2005, por la cual laProcuraduría General de la Nación crea la Secretaría de

Volver al índiceResponsabilidad Institucional y Derechos Humanos, y se establecen susfunciones y facultades.8. El Pacto de Estado por la Justicia, suscrito en marzo del 2005,por el Presidente de la República, el Presidente de la AsambleaNacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la ProcuradoraGeneral de la Nación, el Procurador de la Administración, el Defensordel Pueblo y el Presidente del Colegio Nacional de Abogados, con elpropósito de alcanzar un sistema judicial independiente, transparente,eficiente y moderno.9. El Decreto Ejecutivo N°126 de 31 de mayo de 2005, quedesigna a los miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contrael Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.10. La divulgación trimestral por parte de la Presidencia de laRepública del uso y destino de las partidas discrecionales.11. La creación de la Fiscalía Tercera Anticorrupción de laProcuraduría General de la Nación.12. La ejecución del Programa Anticorrupción de la ContraloríaGeneral de la República que contempla diferentes acciones paraprevenir y combatir la corrupción.13. La puesta en práctica del Programa de Rendición de Cuentasde la Contraloría General de la República tendiente a la transparencia yla eficacia en el uso de los recursos públicos.14. La adopción de un Código de Ética en el Ministerio Público.15. El fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Ética Públicay Transparencia, coordinada por la Procuraduría de la Administración.16. La Ley 33 de 27 de octubre de 2005, que adopta el Código deHonor y Ética Parlamentario.17. El Decreto N°083-DDRH de 5 de abril de 2006, por el cual elContralor General de la República creó la Dirección de DenunciaCiudadana.Desde que inició sus labores el 3 de julio de 2006 hasta mayo de2008, esta Dirección había tramitado 2,086 denuncias.18. Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contrataciónpública y dicta otras disposiciones.Esta ley también establece el sistema electrónico decontrataciones públicas, por medio de las tecnologías de la informacióny la comunicación (TICs), que se denominan “Panamá Compra”.Crea, a su vez, el Tribunal Administrativo de ContratacionesPúblicas19. El Sistema de Gestión y Manejo de Expedientes, “SIGUEME”,establecido por la Contraloría General de la República, que permite alos usuarios a través del Internet consultar sobre el estado de losdocumentos en trámite.20. El Sistema de Correspondencia (SICO), herramienta que dotaa la Contraloría General de la República de información útil, para laubicación y el seguimiento de la correspondencia y los documentosinternos y externos, con el fin de lograr el cumplimiento adecuado de la

Volver al índicegestión institucional y el fortalecimiento de la transparencia, así como debrindar insumos para el “SIGUEME”.21. El Sistema de Administración de la Auditoría Gubernamental(SIAAG), que ofrece la administración y la gestión de las auditoríasdentro de las diferentes dependencias de auditoría de la ContraloríaGeneral de la República.22. La Ley 5 de 11 de enero de 2007, que agiliza el proceso deapertura de empresas y establece otras disposiciones.Esta excerta legal además instituye “Panamá Emprende”,sistema informático administrado por el Ministerio de Comercio eIndustria que automatiza el proceso de aviso al Estado sobre el inicio decualquier actividad comercial o industrial, para que no sea exigido alemprendedor ningún requisito adicional de operación.23. La Resolución Nº2 de 12 de enero de 2007, mediante la cualla Procuraduría General de la Nación reestructura los despachos de lasFiscalías Primera, Segunda y Tercera Anticorrupción, y dicta otrasdisposiciones24. La Resolución Nº3 de 12 de enero de 2007, por la que laProcuraduría General de la Nación establece la organización y lasfunciones de las Fiscalías Anticorrupción, y dicta otras disposiciones.25. El Decreto Ejecutivo Nº110 de 23 de mayo de 2007, en vistade la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción,que modifica la integración del Consejo Nacional de Transparenciacontra la Corrupción, establece la forma del nombramiento de susmiembros, indica sus funciones, se refiere a su Secretaría Ejecutiva einstituye sus funciones, etc.26. La Resolución Nº2 de 12 de julio de 2007, por medio de lacual la Procuraduría General de la Nación agiliza el trámite de losprocesos que son competencia de las Fiscalías Anticorrupción y sefortalece la independencia de estos Despachos.27. El establecimiento por el Pleno de la Corte Suprema deJusticia, en febrero del 2008, de la Comisión de Ética, que recibirá lasquejas presentadas en contra de los funcionarios judiciales, debido a lasactuaciones irregulares o los actos inapropiados y se encargará de suinvestigación y sanción.28. La Ley 67 de 14 de noviembre de de 2008, que desarrolla laJurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,Orgánica de la Contraloría General de la República. Esta ley ademásadicionó el artículo 3-A de la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, quetrata sobre el enriquecimiento injustificado, derogó la legislación queamparaba la Dirección de Responsabilidad patrimonial y derogódisposiciones de dicha ley 32. En materia de la investigación y eljuzgamiento por enriquecimiento injustificado, siguió fijando lacompetencia en la Contraloría General de la República y aclaró que elproceso administrativo por dicho enriquecimiento es independiente delproceso por enriquecimiento injustificado que se tramite en laJurisdicción Penal.III. JURISDICCIÓN ESPECIALIZADALa jurisdicción “En sentido subjetivo -afirma Hernando MoralesMolina- es una parte del poder del Estado, la soberanía, con referencia a la

Volver al índicefunción pública de administrar justicia, a diferencia de la soberanía en elcampo administrativo, militar, financiero, etc.” 70La jurisdicción ordinaria corresponde a la jurisdicción civil y a lajurisdicción penal. Las jurisdicciones especializadas o especiales, comoprefieren llamarlas otros, son la Jurisdicción Laboral, la JurisdicciónTributaria o Fiscal, la Jurisdicción Aduanera, la Jurisdicción de Menores, laJurisdicción de Familia, la Jurisdicción Agraria, la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, la Jurisdicción Electoral, la Jurisdicción de Cuentas oPatrimonial, la Jurisdicción Arbitral y la Jurisdicción Coactiva.La Jurisdicción Penal, jurisdicción ordinaria, tiene el quehacer deperseguir y castigar los delitos perpetrados por todos los servidores públicosy los particulares en perjuicio de los fondos y los bienes estatales yespecialmente, los diversos delitos de peculado cometidos por los servidorespúblicos y agentes de manejo.La Jurisdicción Contencioso Administrativa, jurisdicción especializadaen los asuntos litigiosos en el contorno administrativo, sustancia las causasrelacionadas con la suspensión del cargo o la destitución de los servidorespúblicos, en general y de los servidores públicos de manejo, en particular,que hubieren malversado o menoscabado las arcas gubernamentales.La Jurisdicción de Cuentas es una jurisdicción especializada, puesestá creada por la Constitución para conocer y decidir exclusivamente lascausas en contra de los servidores públicos y los agentes de manejo quehubieren cometido lesión en perjuicio de los fondos, los bienes, los arbitrios ylos valores de la Nación.70 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 10ªedición, Editorial ABC, Bogotá, 1988, p. 21.La Jurisdicción de Cuentas busca para el Estado el resarcimiento delos daños y los perjuicios que le fueron producidos por la actividad irregulardel funcionario público o del particular causante de lesión patrimonial.La acción estatal es de naturaleza pública, en representación de todala sociedad; por eso, su tramitación demanda un proceso y unosprocedimientos especiales, así como reglas específicas de todo orden.Mientras que la acción de cuentas ejercida por el Estado se cobija enla normativa del Derecho Público, la acción de reparación entre losparticulares se fundamenta en la preceptiva del Derecho Civil, disciplina delDerecho Privado.Los intereses que defiende la acción patrimonial del Estado sonpúblicos, contrario a los intereses defendidos por la acción civil, que sonestrictamente privados.En consecuencia, sería contrario a esta naturaleza que dichareparación se ensayara por medio de la Jurisdicción Civil, jurisdicciónordinaria, reservada para dirimir las controversias suscitadas entre lossujetos del Derecho Privado.Todos estos argumentos justifican la existencia de la Jurisdicción deCuentas.La Constitución Nacional únicamente hace referencia explícita a unorganismo de la Jurisdicción de Cuentas. En efecto, solo el Tribunal deCuentas encuentra carta de ciudadanía en el texto de la Ley Fundamental dela República. No obstante, es obvio que al instituirse en la norma supremaesta jurisdicción especializada es perfectamente posible la existencia deotros órganos como es el caso de la Fiscalía de Cuentas.

Volver al índiceEs esas condiciones, la Contraloría General de la República lleva acabo la investigación, el examen o el audito de carácter administrativo,utilizando las reglas de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, es decir, laContraloría General tiene la tarea de descubrir e investigar lasirregularidades que afecten fondos y bienes estatales. La Fiscalía deCuentas realiza la investigación jurisdiccional, como lo hace el MinisterioPúblico en los casos penales, en conformidad con la ley que al efecto sedicte y el Tribunal de Cuentas decidiría el mérito o el fondo de esainvestigación, basado también en esta ley.IV. TRIBUNAL INDEPENDIENTEEn el Derecho Comparado se advierte la tendencia dominante deasignarle al Tribunal de Cuentas una doble función: la función de controlarlos fondos y los bienes públicos y la función de administrar justicia cuandoéstos se vean afectados por manejo irregular.El Tribunal de Cuentas de España es el supremo órgano fiscalizadorde las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Enotras palabras, es el ente de fiscalización externa, permanente y consuntivade la actividad económico-financiera del sector público. Esta funciónfiscalizadora, que se despliega a través de la Sección de Fiscalización, serefiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sectorpúblico a los principios de legalidad, eficiencia y economía, y se ejerce conrespecto a los programas de ingresos y gastos públicos.El Tribunal de Cuentas de España del mismo modo tiene jurisdicciónpropia. En otras palabras, practica el enjuiciamiento de la responsabilidadcontable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de loscaudales o los efectos públicos. Esta jurisdicción contable -articulada por laSección de Enjuiciamiento y apoyada en su labor por la Fiscalía del Tribunalde Cuentas-, se extiende a las cuentas que deban rendir quienes recauden,intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales oefectos públicos, así como a los alcances de caudales o efectos públicos y ala obligación accesoria constituida en garantía de su gestión.El Tribunal de Cuentas de Francia tiene como misión primordial elcontrol financiero externo del sector público. A este efecto, controla aposteriori las operaciones contables y de las cuentas anuales, y la calidad dela gestión, que se traduce en el “correcto empleo de los fondos públicos “delEstado francés. 71Por otro lado, la legislación le ha conferido una estructurajurisdiccional y especializada para juzgar todas las cuentas, secundada porun Ministerio Fiscal, dirigido por el Fiscal del Tribunal Supremo. Estáfacultada para declarar, luego del proceso, la “situación de débito”, es decir,de deudor, de cualquier contador público y para imponer multas. EsteTribunal tiene competencia de primera instancia en los asuntos que le sonpropios y competencia de segunda instancia de los negocios que se ventilanante las Cámaras de Cuentas Regionales.El Tribunal de Cuentas de Brasil constituye el órgano de controlexterno de la Unión y está habilitado para fiscalizar en los aspectoscontables, financieros, presupuestarios, operacionales y patrimoniales a lospoderes públicos; examinar las cuentas anuales rendidas por el Presidentede la República, seguir la recaudación de los ingresos, emitir dictamenprevio sobre las cuentas del Gobierno, etc.Este Tribunal está ungido de jurisdicción propia y privativa en todo elterritorio nacional. Así, está autorizado para juzgar las cuentas de losadministradores y los demás responsables de los dineros, los bienes y losvalores públicos de las unidades de los poderes de la Unión y de las71 Cfr. DESCHEEMAEKER, trabajo citado, p. 3.

Volver al índiceentidades de la administración indirecta, incluso las fundaciones y lassociedades instituidas por el Poder Público Federal, y las cuentas deaquellos que fueron responsables de la pérdida, del extravío o de otrairregularidad de la cual resultare daño al Erario.La Corte de Cuentas de El Salvador es el organismo encargado de lafiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución delPresupuesto en particular, así como de la gestión económica de lasentidades. Están sujetos a su fiscalización y control todas las entidades yorganismos del sector público y sus servidores. Estas atribuciones alcanzana todas las entidades, los organismos y las personas que recibanasignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.Esta Corte tiene amplias facultades para declarar la responsabilidadadministrativa, patrimonial y los indicios de responsabilidad penal, según elcaso, y para exigir al responsable principal, por la vía administrativa, elreintegro inmediato de cualquier recurso financiero indebidamentedesembolsado. Para el cumplimento de sus cometidos jurisdiccionalesorientados a surtir el juicio de cuentas, la institución se divide en Cámara dePrimera Instancia y en Cámara de Segunda Instancia.El Tribunal de Cuentas de Panamá contrario a la configuración de losTribunales de Cuentas de España, Francia, Brasil y El Salvador o la DRPpanameña, forma una corporación de administración de justiciaindependiente del organismo competente para fiscalizar los recursospúblicos.En efecto, la reforma a la Constitución de Panamá separa el Tribunalde Cuentas de la Contraloría General de la República con el espíritu defortalecer las instituciones democráticas y robustecer el Estado de Derecho.Originalmente, la Constitución depositaba en esta Contraloría tanto laactividad de fiscalizar, regular y controlar los actos de manejo de fondos yotros bienes públicos, como la de juzgar las cuentas de los agentes y de losempleados de manejo, cuando surgieran reparos por razón de supuestasirregularidades. Para ésta última función, la Ley 32 de 8 de noviembre de1984 reguló, dentro de la institución, los Juzgados y el Tribunal de Cuentas,que por cierto fueron inoperantes, pues nunca se activaron. El Decreto deGabinete Nº36 de 10 de febrero de 1990 los sustituyó por la Dirección deResponsabilidad Patrimonial. En cambio, la reforma constitucional divide lasatribuciones; de ahí que, al entrar en funcionamiento el Tribunal de Cuentas,se separaron de la Contraloría General las funciones jurisdiccionales en elasunto del manejo de las cuentas por parte de los agentes y servidorespúblicos escogidos para este fin.El Tribunal de Cuentas entonces no depende de la ContraloríaGeneral de la República, tal como sucedía en las esferas administrativa ypresupuestaria con la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. Sinembargo, debe hacerse énfasis en que la DRP sí gozaba de independenciafuncional. Las decisiones adoptadas por los tres Magistrados que laintegraban, con arreglo a los cánones de los tribunales colegiados, seapegaban exclusivamente al Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de1990, al Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990 y al Código Judicial.El Tribunal de Cuentas tampoco está subordinado al ÓrganoLegislativo, al Órgano Ejecutivo o al Órgano Judicial. El hecho de que cadauno de estos Órganos nombre a un Magistrado no le resta autonomía ylibertad al Tribunal y menos cuando la designación -previo cumplimiento delos requisitos exigidos por la Constitución y la ley-, es de carácterescalonado, lo cual se deriva de la Constitución Nacional cuando indica quelos primeros nombramientos son por diez años (Asamblea Nacional), ochoaños (Órgano Ejecutivo) y seis años (Órgano Judicial).

Volver al índiceEl Tribunal de Cuentas es uno de los tres tribunales que experimentanmención expresa en la Carta Magna. Los otros altos tribunales de facturaconstitucional son la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral y aligual que ellos goza de los tres tipos de independencia: administrativa,presupuestaria y funcional.Panamá, con este Tribunal de Cuentas, da otro paso en la direccióndel cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,cuyas normas requieren autoridades especializadas e independientes enesta lucha mundial. El artículo 36 de este instrumento internacional dispone:“Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentalesde su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o másórganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediantela aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personasgozarán de independencia necesaria, conforme a los principiosfundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedandesempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberáproporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganosformación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de susfunciones”.V. TRIBUNAL CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIANACIONALESEl artículo 281 de la Constitución Nacional indica que el Tribunal deCuentas se establece con jurisdicción y competencia nacionales para juzgarlas cuentas de los agentes y los empleados de manejo cuando surjanreparos por supuestas irregularidades.Esto significa que en realidad el Tribunal de Cuentas tiene jurisdiccióny competencia en toda la geografía panameña.En otros términos, el empleo de la palabra jurisdicción implica que lafacultad de administrar justicia en todos los confines de la República en eltema del patrimonio público corresponde exclusivamente a esta Jurisdicciónque se ejerce a través del organismo creado para este propósito, en estecaso el Tribunal de Cuentas.La utilización de la locución competencia lleva a comprender que esafacultad de administrar justicia, de índole privativa, encierra todas las causasque, por supuestas irregularidades, se instruyan en contra de los servidorespúblicos o agentes que reciban, recauden, manejen, administren, inviertan,custodien, cuiden, controlen, aprueben, autoricen, paguen o fiscalicenfondos o bienes públicos para establecer la existencia de las lesionespatrimoniales cometidas en perjuicio del Estado y deslindar lasresponsabilidades.VI. PROCESO DE CUENTAS PROMOVIDO POR LACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICATodo servidor público o particular está facultado por ley paradenunciar ante la Contraloría General de la República cualquier manejoirregular o acto de corrupción que lesione el patrimonio público.Las denuncias por las anomalías que se cometan pueden serrealizadas incluso a través de las denominadas denuncias ciudadanas, queson investigadas por la Dirección de Denuncia Ciudadana.La propia Contraloría General, por conducto de sus auditores, puedeiniciar las investigaciones para comprobar si las operaciones con los haberesestatales han sido efectuadas correctamente por quienes los tienen a sucuidado.

Volver al índiceEs evidente que la institución, de oficio, está autorizada para realizarlas inspecciones, las auditorías o las investigaciones para determinar lacorrección o la incorrección de las operaciones que afecten patrimoniospúblicos.Por otro lado, la rendición de cuentas de los empleados o los agentesde manejo debe hacerse ante la Contraloría. La rendición es el informerendido por toda persona que reciba, maneje, custodie o administre fondos obienes públicos, sobre la actuación relacionada con éstos dentro un períododeterminado, e incluye el informe financiero correspondiente a la respectivadependencia estatal (arts. 17 y 18, Ley 32 de 1984).Cuando no se haya señalado término al efecto, la cuenta sobre losfondos públicos deberá rendirse mensualmente, dentro de los primerosquince días del mes siguiente (art. 19, ibídem).La cuenta rendida será examinada, finiquitada o reparada dentro deltérmino de un año, contado a partir de la fecha en que se reciba en laContraloría General, debiendo ésta expedir recibo para dejar constancia deeste hecho, a requerimiento del interesado (art. 25, ibídem).En ambos casos, es decir, cuando se realice un audito o unainvestigación o inspección y se revele que hay irregularidades o cuando serepare la cuenta, de lo que deduce la Contraloría General de la República laexistencia de lesión patrimonial, debe activar la Jurisdicción de Cuentas paraque el Tribunal establezca la responsabilidad de los servidores públicos o losparticulares involucrados en los hechos. En otras palabras, la Contraloríadebe remitir el resultado de sus pesquisas administrativas a las institucionesjurisdiccionales para que éstas inicien, tramiten y concluyan el procesocorrespondiente.VII. GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO DE CUENTASEl artículo 32 de la Constitución Política, modificado por el ActoLegislativo N°1 de 2004, establece la garantía del debido proceso, así:“Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridadcompetente y conforme a los trámites legales, ni más de unavez por la misma causa penal, administrativa, policiva odisciplinaria”.El Acto Legislativo mencionado agregó a la normaprimigenia las causas administrativas.El precepto constitucional expresamente limita el debido proceso a losnegocios penales, administrativos, policivos o disciplinarios; sin embargo, ladoctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia desde 1979 72 ha sidopacífica en el sentido de que tiene aplicación en todo tipo de pleito, aunqueello no se diga explícitamente en dicho artículo 32. El fundamento de estadoctrina se encuentra en el artículo 10 de la Declaración Universal de losDerechos Humanos y en el artículo 8 de la Convención Americana de losDerechos Humanos que incluye a los procesos civiles, laborales, fiscales o“de cualquier otro carácter”.72El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 12 de noviembre de1979, expresó: “las garantías del tribunal competente y del debido proceso (...) sonextensivas a todos los juicios, cualquiera que sea su naturaleza (penal, laboral, civil, etc.), yello en consonancia de las tendencias del derecho público moderno, recogidas en laDeclaración Universal de los Derechos Humanos...” Acción de Amparo de GarantíasConstitucionales. Igualmente, en sentencia de 16 de noviembre de 1982, el Pleno expuso:“La Constitución consagra (...) la garantía del debido proceso, que impone y orienta todo elderecho procesal objetivo panameño”. Acción de Inconstitucionalidad (citadas por HOYOS,Arturo. “El debido proceso en el sistema jurídico de Panamá”, en Primer CongresoPanameño de Derecho Procesal. Panamá, 2004, pp. 314 y 315).

Volver al índiceAsí, el artículo 10 de la Declaración Universal de los DerechosHumanos indica que:“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plenaigualdad, a ser oída públicamente y con justicia por untribunal independiente e imparcial, para la determinación desus derechos y obligaciones o para el examen de cualquieracusación contra ella en materia penal”.Por su lado, el artículo 8 de la Convención Americana de losDerechos Humanos (Ley 15 de 28 de octubre de 1977), ratificada pornuestro país, y que desde la década del noventa del siglo pasado, deacuerdo con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 73 constituye parte delBloque de Constitucionalidad, en lo pertinente dispone:“Art. 8-1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías ydentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en lasubstanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para ladeterminación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal ode cualquier otro carácter”.Por lo tanto, en los procesos civiles, laborales, tributarios, aduaneros,de menores, de familia, agrarios, contencioso administrativos, electorales, decuentas o patrimoniales, 74 arbitrales y coactivos rige el debido proceso.No cabe duda entonces que en la nueva Jurisdicción de Cuentastiene plena vigencia el principio del debido proceso.Según el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los elementosbásicos de la garantía son:1. El “derecho a ser juzgado por Tribunal competente, previamenteestablecido”;2. El “derecho a que ese juzgamiento se realice conforme al trámitelegal”; y,3. El “derecho a que, durante su juzgamiento, se permita al imputadoel ejercicio de todas las garantías para su adecuada defensa”. 75También para el Pleno de la Corte Suprema el ejercicio de unaadecuada y efectiva defensa del procesado enlaza con los derechossiguientes: derecho a ser oído, derecho a ser notificado debidamente,derecho a presentar pruebas o contradecir las pruebas aportadas, elderecho de hacer uso de los medios de impugnación contra las resolucionesjudiciales, derecho a que las resoluciones del Juez sean motivadas, derechoa que no se surta un proceso no disciplinado mediante ley; derecho a que eltrámite del proceso se apegue a la regulación indicada por la ley, derecho aque no se pretermita ninguna instancia, derecho a que la sentencia no sea73 Sentencia de 8 de noviembre de 1990. Acción de Amparo de Garantías Constitucionales.Sentencia de 19 de marzo de 1991. Acción de Inconstitucionalidad.74 El proceso o “el procedimiento de responsabilidad patrimonial debe acogerse y respetar eldebido proceso, sobre todo si el ejercicio de una competencia de interés público es capazde afectar intereses de los particulares. Lo contrario, desdice el concepto y práctica delEstado constitucional y social de Derecho diseñado por la ley Fundamental” (sentencia de12 de mayo de 2005. Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Amparo deGarantías Constitucionales).75Sentencia de 13 de septiembre de 1996. Acción de Amparo de GarantíasConstitucionales.

Volver al índicearbitraria y derecho a que el Juez respete la cosa juzgada formal ymaterial. 76VIII. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO ODEL AGENTE DE MANEJOEl servidor público o el agente de manejo que se investigue y seprocese por lesión patrimonial en perjuicio de los recursos del Estado tienederecho a que se presuma su inocencia mientras no se le declarelegalmente responsable mediante sentencia ejecutoriada.A garantizar este principio apuntan los artículos 280, numeral 13 y 281de la Constitución Nacional que se refieren a la actividad de la ContraloríaGeneral de la República, en materia de las objeciones a las cuentas y delTribunal de Cuentas, en materia del juicio de tales cuentas, en los cuales sehabla claramente de “supuestas irregularidades”.En consecuencia, las irregularidades son supuestas hasta tanto secompruebe en el juicio que son constitutivas de lesión patrimonial.Igualmente, solo hay certeza de la responsabilidad del empleado o delagente de manejo hasta tanto así se declare en virtud de sentencia firme.La carga de la prueba incumbe al Estado -en la órbita administrativa através de la Contraloría General y en la órbita jurisdiccional a través de laFiscalía de Cuentas-, que debe detectar las irregularidades integrantes de lalesión patrimonial, instruir la investigación y ejercer la acusación paraacreditar tanto ésta como dicha responsabilidad.No obstante, tendiente a la salvaguarda de la Hacienda Pública seinvierte la carga de la prueba cuando el funcionario o el particular noconcurre a la rendición de las cuentas o no aporte los documentos que lafundamentan. En efecto, al ocurrir cualquiera de las dos situaciones, tienelugar la sana y antigua presunción juris tantum que aparece en el artículo 20de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, cuyo tenor literal dice:“Cuando la persona, al ser requerida por la Contraloría, no presente elestado de su cuenta con la documentación y valores que la sustentan, sepresumirá que existe faltante por el monto correspondiente”.Esta presunción se puede desvirtuar en el proceso de cuentas, sea enla investigación del Fiscal de Cuentas, sea en la fase plenaria ante elTribunal de Cuentas.IX. COSA JUZGADALa cosa juzgada -expone Ugo Rocco- se entiende como “la cuestiónque ha constituido objeto de un juicio lógico por parte de los órganosjurisdiccionales, esto es, una cuestión acerca de la cual ha tenido lugar unjuicio que la resuelva mediante la aplicación de la norma general al casoconcreto y que, precisamente porque ha constituido objeto de un juiciológico, se llama juzgada.” 77“Este principio -precisa Marco Gerardo Monroy Cabra- significa queuna vez decidido un proceso, no puede nuevamente plantearse otro entre lasmismas partes, el mismo objeto y por la misma causa”. 7876 Cfr. ídem. Esta sentencia cita a HOYOS, Arturo. El Debido Proceso. Editorial Temis, S. A.,Santa Fe de Bogotá, 1995, pp. 89-90. Cfr, además, la sentencia de 12 de mayo de 2005.Acción de Amparo de Garantías Constitucionales.77 ROCCO UGO. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I, Editorial Temis, S. A., Bogotá,1969, pp. 385 y ss., citado por MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principio de DerechoProcesal Civil. Editorial Temis, S. A., Bogotá, 1988, p. 51.78 MONROY CABRA. Ídem.

Volver al índiceLas sentencias, debidamente ejecutoriadas, emitidas por el Tribunalde Cuentas, tribunal de naturaleza jurisdiccional, en nombre de la Repúblicay por autoridad de la ley, hacen tránsito a cosa juzgada.De este modo, después de tramitado el proceso en forma correcta, osea, en acatamiento estricto de todos los derechos y todas las garantías deldebido proceso, luego de dictada la sentencia, siempre que no admitarecurso alguno, no podrá iniciarse otro proceso patrimonial contra el servidorpúblico de manejo o el agente (particular) de manejo por los mismos hechos,aunque se le dé una denominación distinta y por el mismo motivo.BIBLIOGRAFÍADESCHEEMAEKER, Christian. “Jurisdicciones financieras del Estado”{http:// www. webfrancia.com}.HARO BÉLCHEZ, Guillermo. “La lucha contra la corrupción enMéxico” {http://www.clad.org.ve/haro.html}.HOYOS, Arturo. El Debido Proceso. Editorial Temis, S. A., Santa Fede Bogotá, 1995.HOYOS, Arturo. “El debido proceso en el sistema jurídico dePanamá”, en Primer Congreso Panameño de Derecho Procesal. Panamá,2004.LISCANO, Alirio. “Bolívar y la probidad administrativa”, en Bolívar entres Perfiles. Ensayo de aproximación a sus ideas fundamentales, México,1996.MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principio de Derecho ProcesalCivil. Editorial Temis, S. A., Bogotá, 1988.MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil.Parte General. 10ª edición, Editorial ABC, Bogotá, 1988.VELARDE FUERTES, Juan (Consejero del Tribunal de Cuentas enEspaña). “Corrupción: realidad económica y control fiscalizador”, en RevistaEspañola de Control Externo, Nº3, Vol. I, Madrid, 1999.LA REELECCION EN LADEMOCRACIA PANAMEÑAMgtr. Plinio Francisco Valdés FuentesInvestigador JurídicoNuestra Constitución Política ha determinado en sus artículosaspectos interesantes con respecto a la reelección quedando la duda sipodríamos pensar que hay algún grado de restricción a conceptos como lareelección, es por eso que vemos como en el artículo 142 establece “ Loslegisladores serán elegidos por un período de cinco años, el mismo día enque se celebre la elección ordinaria de Presidente y Vicepresidente de laRepública”, este concepto no contempla ni la reelección ni la prohibición dela misma en la elección de los diputados.Mientras que en lo que se refiere a la elección presidencial el artículo173 dispone: “Los ciudadanos que hayan sido elegidos Presidentes oVicepresidentes no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dosperíodos presidenciales inmediatamente siguientes.” (El resaltado esnuestro)Y en cuanto a los representantes de Corregimiento, en el Articulo 222se establece: “Cada Corregimiento elegirá a su Representante y su suplentepor votación popular directa, por un período de cinco años. LosRepresentantes de Corregimientos podrán ser reelegidos indefinidamente.”

Volver al índiceComo podemos apreciar la constitución de Panamá define para lospuestos de elección popular como lo son para Presidente de la República dePanamá como el de representante de corregimiento si es posible lareelección siendo el caso de la que se da para Presidente de la República dePanamáExisten variantes a la reelección, así tenemos la que se da en formainmediata o continua y la que se da en periodo posterior, ambas estáncontempladas en nuestra constitución.A través de los diferentes periodos presidenciales, hemos visto comose ha desarrollado el mecanismo de la reelección tanto en los Diputadoscomo en los Representantes de Corregimiento. A este respecto esimportante tomar en cuenta las consideraciones de algunos grupos civilesquienes consideran que la reelección es la perpetuación en el poder, y latransición de forma democrática hacia la dictadura, e inclusive pudiéramoshablar de violación a los Derechos Humanos visto del punto de vista que losnuevos aspirantes a los cargos de diputados no pueden competir contra unapersona que tiene fondos suficientes para llevar a cabo una contiendaelectoral frente a quien no tiene los medios y no puede llegar a toda lapoblación de su circuito lo que lo pone en desventaja, siendo este principiode igualdad electoral parte de los derechos humanos. Algunos autores sondel pensamiento que entre los elementos que se pueden presentar parajustificar la conveniencia de la Reelección la encontramos en la necesidad decontinuidad, esto quiere decir que producto de que los que entraran a ocuparlos cargos de diputados por primera vez ocasionarían un caso legislativoproducto del desconocimiento del proceso legislativo y es esta falta deconocimiento lo que podría afectar la creación de leyes dirigidas a solucionarproblemas y desarrollar el país.En nuestro ordenamiento tenemos que en la Constituciónencontramos las dos variantes existentes en cuanto a lo que es permitido ylo que es prohibido realizar de acuerdo a nuestra constitución.Así por ejemplo tenemos en el artículo 178 de la Constitución seplasma de que no hay reelección inmediata para aquellos que hubierenocupado tanto el puesto de Presidente como el de Vicepresidente de laRepública. Contrario a esto lo encontramos en el artículo 225 de laConstitución de Panamá donde en forma clara y sin dejar dudas estableceque los representantes de Corregimiento al igual que su suplente pueden serpostulados indefinidamente al mismo cargo (reelección).El problema está en las normas que regulan la elección de losDiputados de la República, ya que en el articulo 142 solo dice que losmismos son electos por cinco años y en la misma elección del presidente,pero deja por fuera lo referente a la reelección, ya sea inmediata, a posterioro indefinida como han adoptado algunos Diputados al igual que losrepresentantes.Esto produce la necesidad de analizar lo referente a las prohibicionesque encontramos plasmadas en nuestra constitución, y es que la necesidadde poner en forma expresa una prohibición es para que no se dé unainterpretación ambigua de la norma o cree confusión. Quizás debamosaplicar el principio de legalidad que dice “Ubi lex voluit, dixit; ubi nonvoluit, tacuit (donde la ley lo quiso, lo dijo, cuando no lo quiso, se cayó), pero como podemos observar en los artículos de la Constitución dePanamá, no se habla de la reelección parlamentaria y solo se mencionacercano a este tema , lo referente a cual es el periodo en el cargo y cuandoson elegidos.Este mismo tema si lo ubicamos en otras legislaciones podemosencontrar en la Constitución de Paraguay en lo referente a la elección de

Volver al índiceDiputados en el Articulo 187 “(…) podrán ser reelectos”, igualmenteencontramos en la Constitución de México en su Artículo 59 establece quelos senadores y diputados del Congreso de la Unión no podrán ser reelectosen el periodo inmediato. En cambio en la Constitución de Colombia laposición para diputado no menciona si se puede o no darse la reelección.Ahora bien si el argumento que hemos plasmado con referencia a lareelección la fundamentamos que no es que no se permite la reelección o sise permite sino que el artículo 142 de la Constitución de Panamá solo hablade periodo y fecha de elección igual lo hace con el presidente y losrepresentantes, sin embargo en el caso de los diputados no manifiesta enforma expresa, esto se debe a que en estricta técnica debe entenderse quetoda facultad no concedida se tiene prohibida.Siendo este el caso la figura de la reelección no se aplicaría al puestode diputado ni al del Presidente ni Vicepresidente, en el caso del primero enningún periodo y en el otro caso no es permitido en el periodo siguiente. Esbasado en estas consideraciones que no hay reelección a nivel de lalegislatura en Panamá.BROCE BARRIOS, VIELKA GISELA. “Consecuencias que provocan laViolencia Doméstica en Panamá”. V Congreso Panameño de DerechoProcesal. Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, Impreso enColombia, 2008.Día a día, mujeres y niños son maltratados por quienes una vezdijeron quererlos; el problema de la violencia doméstica es alarmante, adiario nuestros medios locales informan de un nuevo suceso en las que losgolpes, las ofensas, y las amenazas son el pan de cada día de muchoshogares panameños, y lo más preocupante es que gran parte de ellosterminan con la muerte de un ser querido, el cual deja en la orfandad acriaturas inocentes que ven con tristeza esta situación.El artículo sobre las Consecuencias que provocan la ViolenciaDoméstica en Panamá por la Licenciada Vielka Gisela Broce barrios esexhaustivo e interesante ya que la misma hace un recorrido por las normasque protegen a cada ciudadano dentro del orden jurídico familiar, nosplantea las clases de violencia doméstica, los factores que intervienen y lasconsecuencias de este terrible problema.La Ley 38 de 10 de julio de 2001 define Violencia Doméstica como el“Patrón de Conducta en el cual se emplea la fuerza física o la violenciasexual o sicológica, la intimidación o la persecución contra una persona porparte de su cónyuge, ex cónyuge, familiares o parientes con quién cohabita ohaya cohabitado, viva o haya vivido bajo el mismo techo o sostenga o hayasostenido una relación legalmente reconocida, o con quién sostiene unarelación consensual, o con una persona con quién se haya procreado unhijo o hija como mínimo de otro para causarle daño emocional”

Volver al índiceTambién es interesante como la Licenciada Broce plantea las clasesde Violencia Doméstica, ya que hay ciertos sectores de nuestra sociedadque piensan que solamente el uso de la fuerza física es violencia (pellizcos,heridas, empujones, gaznatadas, etc.); otras clases de violencia domésticaque encontramos es la psíquica o psicológica que es el acto o conductaintencionada que produce desvaloración o sufrimiento de la víctima oagresión contra ella (burla, gritos, insultos, amenazas verbales, etc.), otra esla violencia económica o patrimonial que es la acción u omisión dolosa queimplica daños, transformación, sustracción, destrucción, retención deobjetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, derechosu otros recursos económicos destinados a satisfacer las necesidadesbásicas de las personas (amenaza de quitar los bienes (casa, tierra,enseres) mediante engaños, amenazas o chantaje efectivo, obliga a la mujera entregarle su salario o ingresos, etc.) y por último tenemos la ViolenciaSexual que es la acción que obliga a una persona mediante el uso de lafuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza,uso de sustancias o drogas o cualquier otro mecanismo que afecte suvoluntad, a participar en interacciones sexuales que por sí mismas noconstituyen necesariamente delito contra el pudor y la libertad sexual (lagolpea para tener relaciones, la acusa de infiel, la viola, la toca como no legusta, etc.).Hay muchos otros temas que la Licenciada Vielka Gisela Broceexamina en este artículo, por lo que su lectura es fundamental, ya que esnecesario que tomemos conciencia de la realidad que estamos pasando, estriste ver como familias enteras están pasando por está cruel situación, en laque el sufrimiento y el dolor ocasionado por los golpes, insultos,menosprecios y la muerte se han convertido en el diario vivir de nuestrasociedad.Asistente de Investigador Jurídico: Lessenia Tania. Díaz FernándezGONZÀLEZ MONTENEGRO, RIGOBERTO. “El Preámbulo de laConstitución: Su Valor Jurídico y su Significado Político”. Libro Homenaje ala Memoria del Doctor César A. Quintero Correa. Academia Panameña deDerecho. 2007. Impreso en Panamá.La importancia del preámbulo de la Constitución tiene una altasignificación, pues es no sólo una fórmula solemne de introducción, sinoenunciación compendiosa del fin al que aspira y del origen de donde procedela obra constitucional. En el mismo se debe expresar el espíritu de laConstitución en el que se encuentren representados todos los miembros dela sociedad, consagrados en los principios y valores que conduzcan hacia unEstado Social y democrático de derecho, por eso es importante el trabajopresentado por el Licenciado Rigoberto Gonzáles Montenegro, que alreferirse a la estructura de la Constitución , es decir la forma como sedistribuyen las distintas materias que regulan, se suele sostener que laConstitución se divide o consta de un preámbulo, de una parte dogmática yotra orgánica. Destacando que la parte introductoria de la Constitución, esaquella en la que se establecen los valores fundamentales en los que seinspiró el Constituyente al elaborar la Ley fundamental, de igual modo es enella en el que se expresan los fines del Estado: fortalecer la Nación,garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional,exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general yla integración regional.La parte dogmática de la Constitución viene a ser aquella en la que sevan a regular o reconocer básicamente los derechos y garantíasfundamentales o, si se quiere , es la que contiene el derecho constitucionalde la libertad. Lo que tiene que ver con la forma como se organizan losdiversos órganos del estado vendría a ser la parte dogmática de laConstitución.

Volver al índiceLa parte Orgánica es la que regula la composición, fines y funcionesde los órganos de la comunidad.El actual preámbulo de la Constitución panameña se adoptó medianteel Acto Legislativo No.2 de 1994, producto de las reformas constitucionalesque se introducen mediante dicho acto legislativo al texto constitucionalvigentePreámbulo de PanamáCon el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad,asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidadHumana, promover la justicia social, el bienestar general y la integraciónregional, e invocando la protección de Dios, decretamos la ConstituciónPolítica de la República de Panamá.El valor político del texto preambular es pues notable. En él secondensa el espíritu del constituyente, se objetiviza el espíritu de laConstitución. De esta manera su valor político trasciende su mero valorjurídico. En cuanto sus disposiciones sintetizan el contenido del articulado,todas ellas adquieren un valor normativo, no ya meramente indirecto.Es importante destacar que el análisis que nos presenta el LicenciadoMontenegro en torno al significado y valor del preámbulo constitucional no esun tema pacífico en la doctrina, puesto que no existe una posición que deforma predominante le reconozca valor normativo al mismo, lo que si nosqueda claro es que el Preámbulo contiene los motivos, la tendencia y elespíritu de la Constitución en el que se entraña el acto de decisión políticaunitaria y suprema, en el que la Nación proclama, en uso de su soberaníacomo poder constituyente su voluntad.Asistente de Investigador Jurídico: Lessenia Tania Díaz FernándezPEÑA DELGADO, NELSON. Marketing Jurídico: Mercadeo de la ProfesiónV Congreso Panameño de Derecho Procesal. Instituto Colombo Panameñode Derecho Procesal. Impreso en Colombia.2008.221p.La abogacía, nos ofrece la oportunidad de poder desempeñarnos endiversas áreas, siendo una carrera multifacética que permite desarrollar alindividuo en diversas disciplinas del saber humano. No obstante, habría queser cuidadoso al momento de elaborar una imagen de lo que debería ser elabogado y qué puede esperar al momento de ejercer la profesión.Las ideas preconcebidas respecto a la manera de formar unaclientela, el hacer énfasis en la formación académica dentro de las aulas yque el obtener la idoneidad asegura el éxito, sin duda nos aparta de larealidad y no permite que el abogado pueda realizar sus objetivos, ademásde la competencia en el campo laboral que aumenta cada día, siendomayores las exigencias a las cuales adaptarse.Es por ello que el Licenciado Delgado Peña, sugiere que el abogadodebe comprender lo que conlleva el ejercicio del derecho, la coordinaciónrequerida para el establecimiento de un despacho jurídico con un enfoqueempresarial, además de brindar la atención necesaria a los futuros clientes.Es aquí donde el marketing interno juega un papel indispensable, mismoque coordinará los objetivos del personal, que realizarán tareas simultáneaspara el logro de un buen servicio.El servicio es a lo que se dedica al abogado, es la realización de unaactividad deseada por el solicitante, siendo importante atender lascaracterísticas que lo distinguen, como lo son la intangibilidad, siendo elmotivo de satisfacción la confianza dada por parte del cliente hacia suservidor; la inseparabilidad de la actividad como la del sujeto que la realiza,es así como el abogado deberá comunicarse plena e íntegramente con suempleador; la variabilidad que en un despacho jurídico con una organización

Volver al índicede empresa, se presente tendrá que ser balanceada, ya que no se puede darimpresión errónea de lo que no debería de ser un bufete y la naturalezaperecedera de los servicios remarca la importancia de la satisfacción delcliente pues es ésta la que permitirá la entrada de trabajos futuros yrecomendaciones.Las firmas legales tendrán que romper con los paradigmas creados,de que sus clientes serán tanto su fuente de ingreso como su medio decaptación. En un mundo tan competitivo, no se podrá tomar a la ligera elplaneamiento previo de la realización del servicio. El mercadeo, definidocomo “el conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizarintercambios,” de bienes y en este caso, de servicios, es la herramienta autilizar para satisfacer la demanda y presentar una oferta que sea llamativaen el mercado, que serían los clientes potenciales.La aplicación del mercadeo, en el mundo legal se le denominaMarketing Jurídico. Es el mismo el que nos dará la oportunidad deestructurar un bufete con miras al crecimiento, delimitando la especialidad dela firma, creando un estándar y dando a conocer los atributos que ladistinguirán de las demás. Dicha labor no puede ser realizada por unprofesional alejado del mundo jurídico, y tampoco lo serán los miembros dela firma. La persona a intervenir y desarrollar deberá ser una especie deconsultor, con cierta noción en el Derecho que permita una vista totalmenteimparcial y objetiva de los cambios o ajustes que se deberán hacer paraasegurar el buen desempeño del despacho.La formación de un gran bufete no se realiza de manera inmediata.Lleva consigo muchos años de trabajo, sacrificios, ensayos y errores. No sepuede pretender que la utilización en un momento dado del marketingjurídico va a producir un crecimiento exponencial, pero su utilizaciónconstante y el análisis de la demanda y la oferta de la abogacía, le otorgaráuna valiosa ventaja dentro del mundo jurídico.El éxito no se logra limitándose a aplicar lo antes enseñado, sino ainnovar, establecer nuevos parámetros y saber las necesidades de laspersonas. De esta forma, el abogado no debe conformarse con losconocimientos en el saber jurídico y la habilidad en el litigio o de larealización de trámites de un profesional, sino de aplicar otros conocimientosque nos pueden acercar a las personas que solicitan servicios legales.El triunfo de un abogado dependerá de la posibilidad del mismo decorrelacionar sus distintas destrezas y aplicarlas simultáneamente parallegar a distinguirse dentro de los demás. Siendo así, llegará a sercompetitivo y podrá hacerse un lugar dentro de la abogacía, que seencuentra cada día más poblada.Asistente de Investigador Jurídico: Magdalena BrandaoMOLINA SALDARRIAGA, César Augusto “Fundamentos teóricos ymetodológicos del Método Clínico de enseñanza del derecho”, RevistaFacultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 38, No. 108, pp.264, MedellínColombia 2008Los retos constantes, que deben enfrentar las diversas Facultades deDerecho, alrededor del mundo van en aumento cada día. Entre uno de losmétodos propuestos está el Método Clínico de Enseñanza del Derecho. Estametodología abre paso para la formación de profesionales íntegros ypreparados para formar parte del mundo jurídico. Este artículo establece losdistintos métodos de enseñanza utilizados a nivel mundial y al final expone elmétodo Clínico como propuesta nueva para los abogados. Como primermétodo está el Método Heteroestructuralista. Este método es concebidocomo un modelo pedagógico de estructura vertical, en la que laresponsabilidad de recopilación, creación y transmisión de conocimiento sesitúa en la cabeza del docente. El segundo método es el MétodoAutoestructuralista el cual considera al estudiante capacitado para

Volver al índicedesarrollar procesos de aprendizaje a partir de su propia experiencia. Eldocente acompaña al estudiante en este proceso de enseñanza. Por últimotenemos al Método Clínico, según se considera a este método como laconjunción de ambos modelos explicados anteriormente. El método clínicopermite al estudiante problematizar situaciones y construir conocimiento apartir de la espontaneidad en la obtención de información, la libertad deinterpretación y la guía certera del docente en la consolidación deconclusiones sobresalientes de la información investigada. En fin el MétodoClínico de Enseñanza del Derecho comprende un elemento articulador de lapedagogía, la práctica, la investigación y la responsabilidad social de losfuturos abogados.Ayudante de Investigador Jurídico: Lorena M. Glass NúñezFARRELL, Brian ¿Está el derecho de Habeas Corpus implícitamentegarantizado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos? Revistathe Human Rights Breif, Universidad Americana de Washington, Volumen16, 2008.La Institución del habeas corpus, se ha enmarcado a lo largo de lahistoria, y su evolución nos permite realizar un análisis jurídico muy amplio.El artículo en mención nos presenta un cuestionamiento, digno de serevaluado, el cual gira en torno al contenido de la Declaración Internacionalde Derechos Humanos en relación con el recurso de habeas corpus. Nacidaen Inglaterra, el habeas corpus prevé una protección esencial en contra de laprivación de la libertad de una persona en contra de la ley. A principios delaño de 1947, se creó una comisión, para evaluar el contenido del habeascorpus en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,consecuentemente, se aclaró que cada persona bajo arresto o detencióndebe tener el derecho a determinación judicial inmediata de legalidad decualquier detención al cual está sujeto. Si bien es cierto, mientrascontinuaba el análisis de la comisión, uno de los miembros sugirió que debíaestablecerse principios pero no deben verse detalles acerca del mismo. Perosi no se establece en este tratado universal, que garantía hay de que en laley nacional se va a aplicar, y si se viola dicho derecho, no es recurrible lapresente declaración? Si bien es cierto se observó al igual la intrínsecarelación del artículo 8, el cual establece el llamado amparo, con el habeascorpus, ya que garantiza el derecho que tiene cada uno a un remedioefectivo por los tribunales nacionales competitivos por actos que violan losderechos fundamentales garantizados en la constitución o en la ley. Peroesa relación no implica un remedio adecuado para una detención ilegal. Alfinal el proyecto de la Comisión la obligación de la corte a liberar la personaque ha sido detenido ilegalmente. Por ende muchos opinan que el artículo 8debe garantizar la disponibilidad del habeas corpus como un remedio encontra de la violación fundamental de la libertad personal.Ayudante de Investigador Jurídico: Lorena M. Glass NúñezFORTIN, CARLOS “El Derecho al Desarrollo: Ensayo de conceptualización”.Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, 2008. Impresaen los Estados Unidos de América, Miembro del National Conference of LawReviews. Volumen 77 Número 1.En el ensayo realizado por el señor Fortín, expone las necesidades deque se le tome la debida importancia a este derecho al desarrollo,consagrado en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que tuvo lugaren diciembre de 1986, aprobada por la Asamblea General de laOrganización de las Naciones de Unidas mediante la resolución 41/128, queen su artículo 1 consagra este derecho estableciendo que el mismo consisteen; “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud delcual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar enun desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedanrealizarse plenamente todos los derechos humanos y libertadesfundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. En elensayo desarrollado por el Profesor Fortín se pregunta si dicha declaración

Volver al índiceha pasado hacer letra muerta, en el que lleva a cabo una serie deinterrogantes que desarrolla, tales como ¿A qué se debe esta situación?,¿Por qué el derecho al desarrollo es reconocido en la retorica pero ignoradoen la práctica?, ¿Es posible intentar una operación de rescate redefiniendo elderecho al desarrollo de forma que le permita algún impacto?, ¿Cuálespodrían ser los elementos básicos de esa redefinición?, ¿Vale la pena hacerel esfuerzo?. En el transcurso de la lectura se puede ver como el SeñorFortín, da respuesta a estas interrogantes, desde un plano jurídico, político yeconómico. También expone como los países industrializados se oponen aque el mismo sea expuesto y desarrollado en un tratado internacional, y almismo tiempo explica cómo surge este derecho y por que los países endesarrollo piden que el mismo sea regulado y observado por todos losestados. Por último el autor establece la importancia de este derecho parahacer una contribución fundamental a la problemática de la cooperacióneconómica internacional, y como puede servir de nexo entre el discurso deldesarrollo y el de los derechos humanos.Ayudante de Investigador Jurídico: Ericka L. González M.MELÉNDEZ JUARBE, HIRAM A., “La Constitución en ceros y unos: unacercamiento digital al Derecho a la intimidad y la seguridad pública”.Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, 2008. Impresaen los Estados Unidos de América, Miembro del National Conference of LawReviews. Volumen 77 Número 1.El catedrático Meléndez, establece que se ha perdido casi de formatotal el control sobre el uso y destino de nuestra información. En elmencionado artículo el autor analiza y expone la controversia que se piensaexiste entre el derecho a la intimidad y la seguridad pública, que con lleva enmomentos difíciles, a que se entreguen nuestras libertades. El objetivo de sutrabajo consiste en disolver la aparente tensión entre seguridad e intimidad.El autor propone un análisis constitucional digitalizado que tome en cuenta latecnología misma para lograr un mejor balance entre el derecho a laintimidad y la seguridad. Se sugiere que se articulen nuevos valoresconstitucionales y políticos a la luz de las realidades tecnológicascontemporáneas.Luego de establecer la importancia del derecho a la intimidad, y comoeste se ve afectado en momentos de crisis, o por la libertad de expresión o laseguridad, finalmente se exponen algunos ejemplos de cómo existentecnologías capaces de navegar adecuadamente la fronteraintimidad/seguridad, es decir, como existen tecnologías protectoras deintimidad que no son más que tecnologías que buscan proteger la intimidadminimizando la recolección de información personal e identificable.Ayudante de Investigador Jurídico: Ericka L. González M.SÁEZ N., BELQUIS C. “El Origen de la Familia y las Relaciones deParentesco”. Anuario de Derecho No.34-35 del Centro de InvestigaciónJurídica. Panamá, 2008.En esta oportunidad la autora nos expone una excelente investigaciónsobre temas tan vitales para nuestro Derecho de Familia y la sociedad en sí,como lo son el origen de la Familia y las Relaciones de Parentesco, ambas,instituciones básicas de las sociedades actuales.En este trabajo la autora nos ilustra acerca del origen de la familia,nos expone cuales han sido las principales teorías que han tratado deexplicar esta institución social (que entre ella nos explica las teoríasreligiosas y la teoría materialista) y nos muestra cual ha sido la evolución dela misma durante toda la existencia de la humanidad (desarrollando etapasfamiliares como lo son la familia consanguínea, la familia punalúa hastallegar a la familia monogámica).

Volver al índicePero una de las aportaciones trascendentales de la autora, es que nose queda solo con analizar el origen de la familia en el plano doctrinal ehistórico de la humanidad, sino que vas más allá, analizando el tema tratadoen el contexto local, es decir, que aplica su investigación para analizar elorigen de la familia en nuestro país.El otro de los temas abordados por la autora es el referente a larelación de parentesco, el cual es vislumbrado como la relación que existeentre dos personas, el cual puede ser por consanguinidad, adopción o porafinidad. Este es un aspecto del derecho de familia de vital importancia, puesde él se derivan un sin fin de situaciones jurídicas que son originados por elmismo, es decir, que se originan solo por el hecho de existir la relación deparentesco, entre ellas se mencionan el deber y el derecho de alimentos, loscasos de inhabilidades, el orden de prelación en las sucesiones intestadas,entre otros, los cuales son analizados por la autora en esta obra.Asistente de Investigador Jurídico: Eric TejadaBOUTIN I., GILBERT. “Definición y Ámbito del Derecho Procesal CivilInternacional”. Anuario de Derecho No.34-35 del Centro de InvestigaciónJurídica. Panamá, 2008.Comienza el autor advirtiéndonos del error lingüístico en que incurre elderecho latinoamericano al utilizar este concepto y ello se debe, nos dice elautor, al influjo de las fuentes internacionales en particular los Tratados deMontevideo y Bustamante. Por lo que el autor nos invita a profundizar sobreel particular para encontrar una definición adecuada, la cual debe coincidircon el contenido que encierra el actual concepto, que es el de ocuparse de laproblemática de la localización de la competencia judicial internacional deljuez de la causa.El autor nos define el Derecho Procesal Civil Internacional,advirtiéndonos que toda definición es insuficiente, como “el conjunto denormas positivas internas o internacionales vigentes y vinculantes dentro deun ordenamiento determinado aplicables a una relación o negocio jurídicointernacional (Boutin, 2008)”, pasando posteriormente a analizarla, aofrecernos ejemplos, jurisprudencia y luego nos brinda sus características.En cuanto al ámbito del Derecho Procesal Civil InternacionalPanameño, el autor nos aclara que la determinación del mismo no es tareasimple, y ello se debe a la heterogeneidad de fuentes, pues la misma no seencuentra en un solo cuerpo legal, sino dispersa en varias normas las cualesson explicadas por el autor.Pero a la hora de establecer el dominio del mismo, el autor es muyclaro, al decirnos que “el dominio del derecho procesal internacional se agotaen una sola palabra el control de la competencia judicial internacional”.Asistente de Investigador Jurídico: Eric TejadaCARRILLO B., VANESSA L. “La falta de validez del contrato paraMaternidad Subrogada o Sustituta, de acuerdo a las normas vigentes enPanamá, sobre contratos civiles, filiación y derecho de menores”. Anuario deDerecho No.34-35 del Centro de Investigación Jurídica. Panamá, 2008.En esta ocasión la autora nos trae un tema que cada día cobra másactualidad y vigencia en nuestros tiempo, producto de los avances científicoque se observan cada día. El tema de la fertilización in Vitro conllevaaparejado unas disputas de diversos matices, entre ellos morales, religiosos,científicos y para el punto que nos interesa, también abarca los temaslegales.

Volver al índiceEs por ello que este estudio que realiza la autora es de vitalimportancia para nuestra literatura jurídica, pues pone al descubierto untema tan sensible como lo es la fertilización in Vitro, el cual lleva en sí mismola manipulación de seres humanos.En este trabajo la autora se preocupa por explicarnos en que consistela maternidad subrogada, y lo principal, analiza sus efectos y consecuencias,tanto familiares, personales y legales, pues el mismo es analizado a la luz delas leyes panameñas, de allí su gran valor para nuestra literatura jurídica.El lector que tenga la oportunidad de leerse este trabajo, estarádotado de toda la información necesaria para saber si el contrato dematernidad subrogada es o no valido en nuestra legislación, creándose supropio criterio, y porque no, incluso profundizando más sobre el mismo.Asistente de Investigador Jurídico: Eric TejadaLUQUE, VIRGILIO. El Concepto “Propiedad Territorial-Función Social” en laDoctrina y el Ordenamiento Jurídico Panameño. Anuario de Derecho No.34-35 del Centro de Investigación Jurídica. Panamá, 2008.Con este trabajo el autor aspira a realizar una análisis sobre elconcepto propiedad territorial-función social en el ordenamiento jurídicopanameño y el significado que al mismo tiempo se le da en la doctrina.Otro aspecto importante, es que el autor también consulta legislaciónextranjera, como el derecho italiano, argentino y colombiano, y para talefecto consulta a autores como Giorgio Casarotto, Rodolfo Ricardo Carrera,Joaquín Vanín Tello, entre otros.El estudio de la función social que debe cumplir la propiedad privadaes de vital importancia para nuestro medio, pues el mismo constituye unaevolución de la propiedad privada tradicional, evolución que al parecer no serefleja realmente en nuestro país, y ello se debe, a la existencia de grandesterratenientes, personas propietarias de grandes extensiones de tierra,propiedades que por lo general mantienen improductiva; convirtiéndose enun obstáculo para el desarrollo social que necesita nuestro país.Dicha función social consiste, conforme al autor, en el derecho deusar, gozar y disponer libremente de una cosa pero dentro de los limites yobligaciones impuesto por la ley, es decir, que la función social lo que buscaes que la propiedad beneficie tanto al dueño de la misma como a la sociedady no solo al dueño como ocurre actualmente, de ahí entonces la necesidadque dicho concepto sea conocido y sobre todo aplicado por nuestrasautoridades.Asistente de Investigador Jurídico: Eric TejadaPara el logro de este fin, el autor aborda el tema desde variosaspectos, como por ejemplo trata sobre la evolución histórica que ha sufridoeste concepto a lo largo de la historia de la humanidad, además revisa yanaliza la Constitución, el Código Agrario y el Código Civil, los cualescontienen normas que regulan el tema, realizando un análisis de lasdisposiciones contempladas en dichos cuerpos legales, además de consultarotras disposiciones legales.