Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índiceuno de los especialistas que la ha atendido durante considerable tiempo,ésta no ha degenerado aún más; aunque esta circunstancia no evita elcumplimiento de la disposición que exige la invalidez de la interesada paraque proceda el derecho a gozar de una pensión bajo el riesgo de invalidez,porque, en atención a las pruebas examinadas, Oliva Pinto debe serconsiderada inválida.En el caso sub-lite gravita la inmediación desplegada por el Tribunal dela causa en la recepción de testimonios como los anotados, que lo ilustransobre el difícil pronóstico que no descarta la gravedad del padecimiento de laseñora Oliva Pinto, a quien la Sala considera inválida o incapacitada paraefectuar la labor que tradicionalmente ha venido desempeñando, deconformidad con los artículos 45 y 46 del Decreto Ley 14 de 1954, y porende, le concede el derecho a gozar de la debida pensión por riesgo deinvalidez, que ha pagar a la afectada la Caja de Seguro Social deconformidad con los parámetros legales, límites y condiciones queestablecen el monto de ese estipendio, previstos en su Ley Orgánica ydisposiciones reglamentarias aplicables."(OLIVA PINTO VS. CAJA DESEGURO SOCIAL, MAG. SUSTANCIADOR HIPÓLITO GIL)Por último, debemos manifestar, que somos de la opinión que no existeconstancia en autos de que la señora MACY MURILLO DE STAGNARO,haya incurrido en alguno de los casos excluyentes de la concesión depensión de invalidez, previstos por el artículo 47 de la Ley Orgánica de laCaja de Seguro Social, ya que su estado de invalidez no es consecuencia deun accidente de trabajo como tampoco ha sido provocado intencionalmente.Con base a las anteriores consideraciones, le es dable al Tribunalproceder con la declaración del otorgamiento de la pensión de invalidez a laseñora MACY MURILLO DE STAGNARO, a partir de la fecha de laresolución originaria que denegó el derecho en la vía administrativa, es decir,a partir del 23 de junio de 2004.En consecuencia, la Sala Tercera Contencioso Administrativa de laCorte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y porautoridad e la Ley, DECLARA: 1- QUE ES ILEGAL, la Resolución No. 10605de 23 de junio de 2004, expedida por la Comisión de PrestacionesEconómicas de la Caja de Seguro Social y sus actos confirmatorios.DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN,INTERPUESTA POR LA FIRMA MOLINO Y MOLINO ENREPRESENTACIÓN DE MACY MURILLO DE STAGNARO, PARA QUE SEDECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 10605 DE 23 DEJUNIO DE 2004, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DELA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUESE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENETE: JACINTO A.CÁRDENAS M. PANAMÁ, OCHO (8) DE JUNIO DE DOS MIL SIETE (2007).2. FIBROMIALGIA (enfermedad de etiología desconocida ha progresado endetrimento de la capacidad laboral de la afectada, específicamente paraprestar labores secretariales y procurarse un trabajo de conformidad y enproporción a sus fuerzas, capacidad y formación profesional.)Para la Sala, se cumplen las premisas jurídicas del artículo 45 invocadoporque la enfermedad de etiología desconocida ha progresado en detrimentode la capacidad laboral de la afectada, específicamente para prestar laboressecretariales y procurarse un trabajo de conformidad y en proporción a susfuerzas, capacidad y formación profesional.En el presente asunto gravitan elementos inmanentes a la filosofía delsistema de seguridad social, que no pueden ser soslayados, porprecisamente estar en la base de la creación de las instituciones públicas deprevisión social. La previsión del infortunio es posible; empero, cuando ésteaparece en la realidad, no es extraño que en ocasiones como la estudiada,resulte de difícil definición y tratamiento terapéutico, a fin de lograr