Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índiceA lo anterior cabe añadir que en Panamá la inscripción es, salvo pocasexcepciones, constitutiva (numeral 1 del artículo 1753 del Código Civil).Ello que implica que en nuestro país los derechos reales inmobiliarios porregla general sólo se crean, existen, se transmiten o se extinguen medianteel Registro.[ Arroyo (1992:498)]3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL ESTATAL POR LOS ERRORESREGISTRALESEn síntesis, tenemos que, para facilitar el tráfico inmobiliario y susconsiguientes implicaciones económicas, el Estado ha establecido unsistema que la doctrina ha llamado “publicidad orgánica” a través delRegistro Público, fundado en presunciones de legalidad, exactitud yveracidad de las constancias registrales. Pero ¿qué ocurre si ese sistemafalla? ¿Si, por ejemplo, la indebida apreciación por parte de los funcionariosregistrales de un acto sujeto a inscripción perjudica a un titular inscrito? ¿o sila inexactitud de las constancias conduce a error a un tercero?.Desde luego que, en principio, ese efecto indeseable debe ser evitado,imponiendo cono dice PARDO NÚÑEZ, controles que garanticen la legalidadde los derechos que se amparen en la publicidad oficial. La naturaleza yalcance de tales controles es decisión de cada Estado, así como laorganización del oportuno sistema de responsabilidad que ofrezca a losinteresados una justa indemnización por los daños producidos por razón delanormal funcionamiento del servicio [Pardo Núñez (idem)]. En otraspalabras, que los estados tienen que adoptar, por una parte, mecanismosque garanticen que las constancias registrales respondan a la realidadjurídica, y por otra, sistemas destinados a indemnizar a los afectados por losdaños que causen las posibles deficiencias en la prestación del servicio. Yesto último se justifica plenamente dado que, si lo que se pretendefundamentalmente es brindar facilidades al capital, disminuyendo costos alfacilitar y garantizar la información que permita la inversión, resultaríaincongruente que ese mismo capital se viera sometido a los riesgos delindebido funcionamiento del sistema de garantías, sin que existiera lacompensación adecuada.En Panamá el principal mecanismo de control para garantizar la legalidadde los derechos inscritos es la calificación registral que establece el artículo1795 del Código Civil. La calificación de los títulos inscribibles – que entérminos de nuestra Corte Suprema de Justicia “más allá de lo meramenteformal” implica una confrontación del título con todo “el orden jurídicoimperante, del cual da fe la institución”- es una consecuencia lógica delprincipio de que los asientos se presumen exactos. Si no existiera la funcióncalificadora, los asientos del Registro sólo servirían, como dice don JerónimoGonzález, para engañar al público, favoreciendo el tráfico ilícito yprovocando un sinfín de litigios. GÓMEZ GALLIGO resume en la siguienteformula aritmética – que recoge también la importancia para estos efectos denuestro sistema notarial, manifiesta en el principio de “titulación auténtica”que consagra el artículo 1756 del Código Civil - la trascendencia de lacalificación [Gómez Gálligo (1993:1896)].Y ante la posibilidad de fallas en el servicio, la Constitución Política de laRepública prevee en su artículo la responsabilidad cicvil del Estado porprestación defectuosa de servicios públicos. En el caso concreto del RegistroPúblico la Sala Tercera de dicho alto tribunal ya ha procedido a otorgarindemnizaciones a terceros afectados. (ver fallo de 11 de julio de 2007).4. MECANISMOS ALTERNOS AL SISTEMA REGISTRAL: ELSEGURO DE TÍTULOSEn los ordenamientos legales en que no existe un sistema registralinmobiliario, éste ha tenido que ser sustituido por otros mecanismos queofrezcan garantías al adquirente.