Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índicees un derecho y en que el pleito es la fuente de fijación de derechos” (enotros términos, los países del common law) y en los que, por tanto, el pleitearno se tiene – como por lo general entre nosotros- como un modo de“consumir energías innecesariamente” [Vásquez Bote (op. cit. 880)] no cabeduda que si nuestro sistema jurídico no ofrece una imagen de eficiencia yseguridad, que resulte aceptable a las mentalidades de los aludidosinversionistas, veremos florecer entre nosotros mecanismos sucedáneos anuestro sistema registral: “el contrato de seguro, que logra la seguridadpretendida: que el capital financiero no se arriesgue”. Capital que, por otraparte, “se encuentra en óptimas condiciones para imponer condiciones”, yque como vimos, se ha impuesto “a billetazos” en su propio medio. [VásquezBote (idem: 881)].Mas hay que tener en cuenta que, como lo expresa el citado autor, enestricto derecho ambos sistemas son incompatibles. El seguro de títulos enordenamientos jurídicos en que imperan registros como el nuestro, ademásde innecesario, es “ilegal por falta de causa” [Vásquez Bote (ibidem)]. Losrespectivos contratos carecerían entonces de uno de los requisitos generalesesenciales para su existencia conforme a nuestro ordenamiento jurídico: elconsagrado por el numeral 3 del artículo 1112 del Código Civil panameño. Ytratándose de un contrato de seguro, faltaría precisamente un elementoesencial del mismo: el riesgo asegurado o como lo expresa el autor encuestión “un contrato de seguro sin riesgo, por carecer de causa es nulo”aunque la jurisprudencia de tribunales de sitios “fronterizos” como PuertoRico, en que la influencia norteamericana ha impuesto una jurídicamenteimposible coexistencia entre los dos sistemas, no lo haya dicho. [VásquezBote (idem:889)], quien concluye afirmando que si las empresasnorteamericanas dedicadas a este negocio logran establecerse de maneradefinitiva a cambio de algo en nuestros países, lo harán “absorbiendo elescaso capital financiero de los mismos” [Vásquez Bote (ibidem.: 891)].BIBLIOGRAFÍA:ALIAGA HUARIPATA, L. 1999. “El principio de publicidad en el derechoregistral peruano” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 650. Madrid.ARROYO, D. 1992. “Naturaleza jurídica de la inscripción en el RegistroPúblico” en Estudios Jurídicos, Litho Impresora Panamá. Panamá.BAZ IZQUIERDO, F.1981. “El sistema hipotecario inglés: sus rasgosesenciales” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 545. Madrid.CORRAL DUEÑAS, F. 1993. “La Revista de Don Jerónimo González” enRevista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 619. Madrid.DELGADO SCHEELJE, A. 1999. ”El documento judicial registrable y sucalificación registral en el Perú” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N°653. Madrid.FALBO, M. 1981. “La seguridad jurídica en la constitución de los derechosreales” en Revista del Notariado N° 777, Buenos Aires.GARCÍA GARCÍA J. 1992. “La función registral calificadora, la protección delos consumidores y la cláusula penal en los autos del Presidente del TribunalSuperior de Justicia de Cataluña” en Revista Crítica de Derecho InmobiliarioN° 610. Madrid.GOMEZ GÁLLIGO, F. 1993. La calificación registral en el pensamiento dedon Jerónimo González” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 619.Madrid.LACRUZ BERDEJO, J. 1968. Derecho Inmobiliario Registral. Librería Bosch,Barcelona.