Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índicemundo y que rebasaba las potestades administrativas propias de talesautoridades y que se encuentran en decadencia en la actualidad, ya que sufunción principal es de naturaleza sancionadora y no juzgadora o decisoradebido a que ésta compromete la imparcialidad e independencia –que songarantías del debido proceso- las cuales no siempre concurren en lasrelaciones donde interviene la autoridad de trabajo. En consecuencia, seplantea la supresión de esas facultades y la concentración en el sistemajudicial de las mismas y que viene acogiéndose y respaldándose en estostiempos con mucha insistencia.Cabe señalar que el sistema de la justicia laboral no está funcionandoa cabalidad debido a que ciertos órganos nunca fueron establecidos en lapráctica, pese a que abogamos por la plena vigencia de su estructura o porsu puesta en marcha de forma completa e íntegra, pudiendo citar como unejemplo claro de esta situación el hecho que todavía esté operando la SalaTercera de la Corte Suprema de Justicia como ente que conoce y decide losrecursos de casación laboral cuando esa función era con carácterprovisional. En otras palabras, resulta un imperativo insistir en la necesidadde implantar o inaugurar la Sala de Casación Laboral al igual que los otrosórganos de la jurisdicción de trabajo creados por Ley.3. INCORPORACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALES AL ÓRGANOJUDICIAL.Desde su establecimiento hasta finales de los años ochenta, ladesignación de Magistrados y Jueces de Trabajo estuvo controlada ydominada por el Órgano Ejecutivo, como es sabido, pues este órgano delEstado intervenía directamente en dicho acto conforme el sistema de ternasque estaba vigente.Después de restablecido el sistema democrático en el país, tras lainvasión militar estadounidense que acabara con la dictadura instaurada enel territorio nacional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró lainconstitucionalidad de las disposiciones jurídicas que facultaban al ÓrganoEjecutivo a escoger y nombrar los Jueces y Magistrados de los tribunales detrabajo, mediante el sistema de ternas, conforme los artículos 9 del Decretode Gabinete No. 249 de 1970 y artículo 349 de la Ley 67 de 1947.La sentencia del 5 de abril de 1990, en su parte medular, dispuso quela citada normativa que le confiere al Ministro de Trabajo la potestad deproponer al Presidente de la República ternas para que nombraran a losMagistrados del Tribunal Superior de Trabajo es violatoria del artículo 206 dela Constitución Política. Se agrega que esa situación vulnera el principioreceptado en el artículo 2 de la Constitución y, de igual forma, el principio deindependencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funcionesestatuido por el artículo 207 de la misma Carta Política, pues, en fin decuenta, estos servidores públicos también imparten justicia y forman parte dela Administración de Justicia. Y, por último, se expresa que si el deseo o lavoluntad del poder constituyente hubiese sido el de conceder esa potestad alÓrgano Ejecutivo, y no al Judicial, como rezan las normas legalesimpugnadas de inconstitucionales, así lo hubiera dejado expresamenteconsignado en el propio texto de la Constitución, como ocurre por ejemplo,con los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración,quienes son nombrados por el “Consejo de Gabinete”, con sujeción a laaprobación del Órgano Legislativo, por mandato expreso de la Constitución.Cuando reasume su función eclipsada –durante varios años- deorientar y perfilar la vida institucional del país, estableciendo el control de lajuridicidad del Estado, el Pleno vino a restaurar el sistema de justicia paraalejarlo de la injerencia directa del Órgano Ejecutivo, mediante la sentenciadel 5 de abril de 1990, cuando impuso que los nombramientos de los juecesde los tribunales laborales deben ser realizados conforme el artículo 206 de