Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índiceEl Tribunal de Cuentas es uno de los tres tribunales que experimentanmención expresa en la Carta Magna. Los otros altos tribunales de facturaconstitucional son la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral y aligual que ellos goza de los tres tipos de independencia: administrativa,presupuestaria y funcional.Panamá, con este Tribunal de Cuentas, da otro paso en la direccióndel cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,cuyas normas requieren autoridades especializadas e independientes enesta lucha mundial. El artículo 36 de este instrumento internacional dispone:“Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentalesde su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o másórganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediantela aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personasgozarán de independencia necesaria, conforme a los principiosfundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedandesempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberáproporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganosformación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de susfunciones”.V. TRIBUNAL CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIANACIONALESEl artículo 281 de la Constitución Nacional indica que el Tribunal deCuentas se establece con jurisdicción y competencia nacionales para juzgarlas cuentas de los agentes y los empleados de manejo cuando surjanreparos por supuestas irregularidades.Esto significa que en realidad el Tribunal de Cuentas tiene jurisdiccióny competencia en toda la geografía panameña.En otros términos, el empleo de la palabra jurisdicción implica que lafacultad de administrar justicia en todos los confines de la República en eltema del patrimonio público corresponde exclusivamente a esta Jurisdicciónque se ejerce a través del organismo creado para este propósito, en estecaso el Tribunal de Cuentas.La utilización de la locución competencia lleva a comprender que esafacultad de administrar justicia, de índole privativa, encierra todas las causasque, por supuestas irregularidades, se instruyan en contra de los servidorespúblicos o agentes que reciban, recauden, manejen, administren, inviertan,custodien, cuiden, controlen, aprueben, autoricen, paguen o fiscalicenfondos o bienes públicos para establecer la existencia de las lesionespatrimoniales cometidas en perjuicio del Estado y deslindar lasresponsabilidades.VI. PROCESO DE CUENTAS PROMOVIDO POR LACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICATodo servidor público o particular está facultado por ley paradenunciar ante la Contraloría General de la República cualquier manejoirregular o acto de corrupción que lesione el patrimonio público.Las denuncias por las anomalías que se cometan pueden serrealizadas incluso a través de las denominadas denuncias ciudadanas, queson investigadas por la Dirección de Denuncia Ciudadana.La propia Contraloría General, por conducto de sus auditores, puedeiniciar las investigaciones para comprobar si las operaciones con los haberesestatales han sido efectuadas correctamente por quienes los tienen a sucuidado.