Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índiceestá ejerciendo a los recursos naturales en América Central esimpresionante y preocupante.”. En este orden, recomendó que lospaíses de la región adoptaran medidas enérgicas para frenar las pérdidasde habitad y reducir la problemática de contaminación ambiental, es así quecada jurisdicción, en las diferentes ramas del derecho, toman su posiciónpara contribuir a esta problemática, el derecho administrativo entra cuandosus normas protectoras del ambiente son infringidas, el derecho civilpermite exigir indemnización por daño ambiental, basado en que de tododelito se origina también la acción civil para la restitución de la cosa y elresarcir el daño ocasionado , y el derecho penal ambiental entra cuando lasnormas ambientales penales son quebrantadas. Sobre este último aspectoexiste un convencimiento muy importante dentro del derecho penalambiental: que la responsabilidad primaria en el control jurídico de laconducta anti ecológica pertenece al derecho administrativo, el cual entra aaplicar sus sanciones pecuniarias por el daño causado, en este sentido, lasleyes penales ambientales deben ser específicas, precisas, delimitadas y demanera especial, aquellas que tienen relación a la protección del losrecursos naturales, de la vida silvestre y del ambiente, motivo por el cual sedebe dar particular atención al mismo, tomando en cuenta las característicasy elementos que hacen al derecho penal ambiental diferente de cualquierotra rama del derecho.Los delitos ambientales tienen un impacto muy grave en la sociedad,ya que estos no discriminan grupos, sino que afectan a toda la colectividad,muchas veces los daños ocasionados tienen carácter irreversible, lo quegenera repercusión no solo sobre el ambiente, sino sobre toda vida en elplaneta incluyendo al hombre. En muchos casos los estragos dejados por ladegradación ambiental son irreparables.Como en la mayoría de los países, Panamá cuenta con un conjuntode Leyes ambientales que incluyen normas administrativas. Es el caso de laLey 24 –de Vida Silvestre- de 7 de Junio de 1995 y la Ley 1 de 3 de Febrerode 1994, conocida como la Ley Forestal. Ambas, incluyen artículos queapuntan hacia las sanciones administrativas, pero también penales, paraalgunos, irrisorias en su momento. Tales menciones penales fueron objetode duras críticas, algunos juristas consideraban que las disposicionescontenidas en las mismas deberían estar en el Código Penal y no en una leyque tipifica sanciones administrativas. Con el nacimiento de la Ley 5 del 28de enero de 2005 ya quedan tipificados punitivamente los delitos contra elambiente. Y en efecto, como producto de las acciones de la nueva Leypenal ambiental, los contenidos punitivos de las Leyes de génesisadministrativas mencionadas, quedan derogados y se reemplazan por losde la nueva Ley penal vigente. Pero todavía en pleno siglo XXI, a la sociedadse le hace difícil aceptar la formación de cuerpos legales punitivos dirigidos ala protección del ambiente, incluyendo los recursos naturales y la vidasilvestre, frases como estas se escuchan a diario “si tumbo un palo puedoir preso” “si cazo un ñeque me llevan a la cárcel” me llevan a laapreciación de que, en un alto grado, la sociedad todavía ignora por qué elEstado ha tenido que proteger, mediante disposiciones legales, los recursosnaturales, la flora y fauna. Para el año 2007 las denuncias presentadas alMinisterio Publico ascendieron a 1497, por delitos contra el ambiente, de lacuales 965 han sido resueltas, 532 están en proceso y 95 han sidodesestimadas.Ignorar la problemática ambiental sería una irresponsabilidad, todaslas instituciones tienen que jugar su papel protector y eso incluye a lasociedad, la misma no puede desatender el mandato de nuestraConstitución, la cual dispone en su artículo 119: “el Estado y todos loshabitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar undesarrollo social y económico que prevenga la contaminación delambiente , mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción delos ecosistemas”, igualmente, dentro de los derechos fundamentales delmenor, está reconocido en el artículo 489 del Código de Familia, en sunumeral 5, que es deber de los padres orientar al menor inculcándole