Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índiceentidades de la administración indirecta, incluso las fundaciones y lassociedades instituidas por el Poder Público Federal, y las cuentas deaquellos que fueron responsables de la pérdida, del extravío o de otrairregularidad de la cual resultare daño al Erario.La Corte de Cuentas de El Salvador es el organismo encargado de lafiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución delPresupuesto en particular, así como de la gestión económica de lasentidades. Están sujetos a su fiscalización y control todas las entidades yorganismos del sector público y sus servidores. Estas atribuciones alcanzana todas las entidades, los organismos y las personas que recibanasignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.Esta Corte tiene amplias facultades para declarar la responsabilidadadministrativa, patrimonial y los indicios de responsabilidad penal, según elcaso, y para exigir al responsable principal, por la vía administrativa, elreintegro inmediato de cualquier recurso financiero indebidamentedesembolsado. Para el cumplimento de sus cometidos jurisdiccionalesorientados a surtir el juicio de cuentas, la institución se divide en Cámara dePrimera Instancia y en Cámara de Segunda Instancia.El Tribunal de Cuentas de Panamá contrario a la configuración de losTribunales de Cuentas de España, Francia, Brasil y El Salvador o la DRPpanameña, forma una corporación de administración de justiciaindependiente del organismo competente para fiscalizar los recursospúblicos.En efecto, la reforma a la Constitución de Panamá separa el Tribunalde Cuentas de la Contraloría General de la República con el espíritu defortalecer las instituciones democráticas y robustecer el Estado de Derecho.Originalmente, la Constitución depositaba en esta Contraloría tanto laactividad de fiscalizar, regular y controlar los actos de manejo de fondos yotros bienes públicos, como la de juzgar las cuentas de los agentes y de losempleados de manejo, cuando surgieran reparos por razón de supuestasirregularidades. Para ésta última función, la Ley 32 de 8 de noviembre de1984 reguló, dentro de la institución, los Juzgados y el Tribunal de Cuentas,que por cierto fueron inoperantes, pues nunca se activaron. El Decreto deGabinete Nº36 de 10 de febrero de 1990 los sustituyó por la Dirección deResponsabilidad Patrimonial. En cambio, la reforma constitucional divide lasatribuciones; de ahí que, al entrar en funcionamiento el Tribunal de Cuentas,se separaron de la Contraloría General las funciones jurisdiccionales en elasunto del manejo de las cuentas por parte de los agentes y servidorespúblicos escogidos para este fin.El Tribunal de Cuentas entonces no depende de la ContraloríaGeneral de la República, tal como sucedía en las esferas administrativa ypresupuestaria con la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. Sinembargo, debe hacerse énfasis en que la DRP sí gozaba de independenciafuncional. Las decisiones adoptadas por los tres Magistrados que laintegraban, con arreglo a los cánones de los tribunales colegiados, seapegaban exclusivamente al Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de1990, al Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990 y al Código Judicial.El Tribunal de Cuentas tampoco está subordinado al ÓrganoLegislativo, al Órgano Ejecutivo o al Órgano Judicial. El hecho de que cadauno de estos Órganos nombre a un Magistrado no le resta autonomía ylibertad al Tribunal y menos cuando la designación -previo cumplimiento delos requisitos exigidos por la Constitución y la ley-, es de carácterescalonado, lo cual se deriva de la Constitución Nacional cuando indica quelos primeros nombramientos son por diez años (Asamblea Nacional), ochoaños (Órgano Ejecutivo) y seis años (Órgano Judicial).