Volver al índicejurídica, hasta tanto se compruebe por los medios correspondientes, lainexactitud <strong>de</strong> aquél. [Pérez Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l Castillo (1983:56-59)].La consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l titular inscrito como verda<strong>de</strong>ro títular – principio<strong>de</strong> legitimación- adquiere especial trascen<strong>de</strong>ncia cuando este dispone <strong>de</strong> su<strong>de</strong>recho: El principio <strong>de</strong> fe pública registral, según el cual el Registro sepresume siempre exacto a favor <strong>de</strong>l tercero adquirente <strong>de</strong> buena fe,implicará una protección absoluta para el tercero que adquiera ateniéndose alas constancias registrales. Respon<strong>de</strong>, como el principio <strong>de</strong> legitimaciónantes tratado, a la necesidad <strong>de</strong> dar solución a los problemas que surgen alhaber discordancia entre la realidad jurídica y el mundo tabular o registral,pero cuando concurre un nuevo elemento: el tercero calificado o terceroadquirente <strong>de</strong> un <strong>de</strong>recho real inscrito a título oneroso y <strong>de</strong> buena fe.En virtud <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> fe pública registral se reputa exacto iuris et <strong>de</strong> iure- sin admitir prueba en contrario- el contenido <strong>de</strong>l Registro en beneficio<strong>de</strong>l tercero que reúna los elementos antes mencionados, esto es, quehaya inscrito su drecho, que su adquisición haya sido a título onerosoy que haya actuado <strong>de</strong> buena fe. La finalidad <strong>de</strong> este principio esgarantizar plenamente las adquisicions <strong>de</strong> quienes contratan <strong>de</strong>buena fe y confiados en los asientos <strong>de</strong>l Registro, con lo que se daseguridad al tráfico inmobiliario (seguridad dinámica).Este principio se aplica partiendo <strong>de</strong> que, por disposición <strong>de</strong> la ley, losactos nulos, en su mas amplia aceptación, no <strong>de</strong>ben registrarse en virtud <strong>de</strong>lprincipio <strong>de</strong> legalidad y la consiguiente calificación (artículo 1795 <strong>de</strong>l CódigoCivil panameño, <strong>de</strong>l que nos ocuparemos mas a<strong>de</strong>lante); pero si por algunacausa dichos actos ingresan al mundo tabular, la inscripción que <strong>de</strong> ellos sehaga no les otorga convalidación alguna (primer párrafo <strong>de</strong>l artículo 1762 <strong>de</strong>lCódigo Civil panameño), por lo que subsisten los vicios que los afectan, ypor tanto, los interesados conservan las acciones que les otorgan las leyespara promover su extinción. Pero si el que figuró como adquirente en el actonulo registra su <strong>de</strong>recho, y <strong>de</strong> ese registro se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> su facultad paratransmitirlo, y efectivamente lo transmite a título oneroso a un terceradquirente <strong>de</strong> buena fe, quien inscribe su <strong>de</strong>recho, el último acto no podráser atacado y el tercero será mantenido en su adquisición aunque <strong>de</strong>spuésse anule o se resuelva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l transferente en virtud <strong>de</strong> título noinscrito o <strong>de</strong> causas implícitas o <strong>de</strong> causas que, aunque explícitas, noconsten claramente en el Registro (segundo párrafo <strong>de</strong>l artículo 1762 <strong>de</strong>lCódigo civil panameño). Esto, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> luego, sin perjuicio <strong>de</strong> las accionesciviles o penales que procedan, pero limitadas a las personas que celebraronel acto nulo.De esta forma, como afirma el citado PEREZ FERNÄNDEZ DELCASTILLO, los principios <strong>de</strong>l Derecho Registral modifican los <strong>de</strong>l DerechoCivil puro, ya que estamos ante la posibilidad <strong>de</strong> que una persona transmita<strong>de</strong>rechos que están fuera <strong>de</strong> su patrimonio, <strong>de</strong>jando sin efecto en ese casola regla que establece que las transmisiones <strong>de</strong> cosa ajena son nulas, puesse conce<strong>de</strong>n efectos sustantivos a la inscripción en virtud <strong>de</strong> la cual la nuevaadquisición se torna inatacable [Pérez Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l Castillo (op. cit. 56-59)]Este principio, que la jurispru<strong>de</strong>ncia panameña ha consi<strong>de</strong>rado como “lapiedra angular <strong>de</strong> nuestro sistema <strong>de</strong> Registro Público” (sentencia <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong>febrero <strong>de</strong> 1962, Repertorio Jurídico N° 2, año II, febrero <strong>de</strong> 1962, p. 34)implica entonces una <strong>de</strong>rogación <strong>de</strong>l viejo aforismo <strong>de</strong> “nemo dat quod nonhabet”, permitiendo adquisiciones provenientes <strong>de</strong> un no propietario, <strong>de</strong> un“non domino” ( no propietario por el vicio inherente a su título). De estaforma, aduce PARDO NUÑEZ,, si la inscripción registral se <strong>de</strong>muestraequivocada, el amparo estatal permitirá mantener la firmeza <strong>de</strong> laadquisición y no transformará al adquirente en un mero acreedor a laoportuna in<strong>de</strong>mnización vía evicción. Así “la soli<strong>de</strong>z que este efecto procuraa la garantía inmobiliaria es seguro estímulo a la circulación <strong>de</strong>l capital”[Pardo Núñez (1994:1559)].
Volver al índiceA lo anterior cabe añadir que en Panamá la inscripción es, salvo pocasexcepciones, constitutiva (numeral 1 <strong>de</strong>l artículo 1753 <strong>de</strong>l Código Civil).Ello que implica que en nuestro país los <strong>de</strong>rechos reales inmobiliarios porregla general sólo se crean, existen, se transmiten o se extinguen medianteel Registro.[ Arroyo (1992:498)]3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL ESTATAL POR LOS ERRORESREGISTRALESEn síntesis, tenemos que, para facilitar el tráfico inmobiliario y susconsiguientes implicaciones económicas, el Estado ha establecido unsistema que la doctrina ha llamado “publicidad orgánica” a través <strong>de</strong>lRegistro Público, fundado en presunciones <strong>de</strong> legalidad, exactitud yveracidad <strong>de</strong> las constancias registrales. Pero ¿qué ocurre si ese sistemafalla? ¿Si, por ejemplo, la in<strong>de</strong>bida apreciación por parte <strong>de</strong> los funcionariosregistrales <strong>de</strong> un acto sujeto a inscripción perjudica a un titular inscrito? ¿o sila inexactitud <strong>de</strong> las constancias conduce a error a un tercero?.Des<strong>de</strong> luego que, en principio, ese efecto in<strong>de</strong>seable <strong>de</strong>be ser evitado,imponiendo cono dice PARDO NÚÑEZ, controles que garanticen la legalidad<strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos que se amparen en la publicidad oficial. La naturaleza yalcance <strong>de</strong> tales controles es <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> cada Estado, así como laorganización <strong>de</strong>l oportuno sistema <strong>de</strong> responsabilidad que ofrezca a losinteresados una justa in<strong>de</strong>mnización por los daños producidos por razón <strong>de</strong>lanormal funcionamiento <strong>de</strong>l servicio [Pardo Núñez (i<strong>de</strong>m)]. En otraspalabras, que los estados tienen que adoptar, por una parte, mecanismosque garanticen que las constancias registrales respondan a la realidadjurídica, y por otra, sistemas <strong>de</strong>stinados a in<strong>de</strong>mnizar a los afectados por losdaños que causen las posibles <strong>de</strong>ficiencias en la prestación <strong>de</strong>l servicio. Yesto último se justifica plenamente dado que, si lo que se preten<strong>de</strong>fundamentalmente es brindar facilida<strong>de</strong>s al capital, disminuyendo costos alfacilitar y garantizar la información que permita la inversión, resultaríaincongruente que ese mismo capital se viera sometido a los riesgos <strong>de</strong>lin<strong>de</strong>bido funcionamiento <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> garantías, sin que existiera lacompensación a<strong>de</strong>cuada.En Panamá el principal mecanismo <strong>de</strong> control para garantizar la legalidad<strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos inscritos es la calificación registral que establece el artículo1795 <strong>de</strong>l Código Civil. La calificación <strong>de</strong> los títulos inscribibles – que entérminos <strong>de</strong> nuestra Corte Suprema <strong>de</strong> Justicia “más allá <strong>de</strong> lo meramenteformal” implica una confrontación <strong>de</strong>l título con todo “el or<strong>de</strong>n jurídicoimperante, <strong>de</strong>l cual da fe la institución”- es una consecuencia lógica <strong>de</strong>lprincipio <strong>de</strong> que los asientos se presumen exactos. Si no existiera la funcióncalificadora, los asientos <strong>de</strong>l Registro sólo servirían, como dice don JerónimoGonzález, para engañar al público, favoreciendo el tráfico ilícito yprovocando un sinfín <strong>de</strong> litigios. GÓMEZ GALLIGO resume en la siguienteformula aritmética – que recoge también la importancia para estos efectos <strong>de</strong>nuestro sistema notarial, manifiesta en el principio <strong>de</strong> “titulación auténtica”que consagra el artículo 1756 <strong>de</strong>l Código Civil - la trascen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> lacalificación [Gómez Gálligo (1993:1896)].Y ante la posibilidad <strong>de</strong> fallas en el servicio, la Constitución Política <strong>de</strong> laRepública prevee en su artículo la responsabilidad cicvil <strong>de</strong>l Estado porprestación <strong>de</strong>fectuosa <strong>de</strong> servicios públicos. En el caso concreto <strong>de</strong>l RegistroPúblico la Sala Tercera <strong>de</strong> dicho alto tribunal ya ha procedido a otorgarin<strong>de</strong>mnizaciones a terceros afectados. (ver fallo <strong>de</strong> 11 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2007).4. MECANISMOS ALTERNOS AL SISTEMA REGISTRAL: ELSEGURO DE TÍTULOSEn los or<strong>de</strong>namientos legales en que no existe un sistema registralinmobiliario, éste ha tenido que ser sustituido por otros mecanismos queofrezcan garantías al adquirente.
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