Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índicede esa manera; más bien es necesario hacer referencia a la condición detener la misma “fuerza y efectos” mencionado en el concepto de firmaelectrónica. Pus bien aquí donde no se presenta esa equivalenciaformal de los documentos, no es posible tampoco afirmar laequivalencia formal de la firma; así independientemente de que la firmaelectrónica presente la misma “fuerza y efectos” que la firma manuscrita. Esevidente entonces la falta de eficacia que mantiene la firma electrónica sobreestos supuestos exegéticamente enunciados dentro de la ley.BIBLIOGRAFÍAANDRÉS BLASCO, J. 2005. ¿Qué es internet?, En: PRINCIPIOS DEDERECHO DE INTERNET, GARCÍA, M., 2da ed., Valencia, págs. 29-27.CRUZ RIVERO, D. 2006. Eficacia formal y probatoria de la firma electrónica,1ra. ed., Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 356 págs.FERNÁNDEZ, J.I. 2006. La Firma electrónica, Editorial Reus, España, 303págs.GARCÍA MAS, F. 2004. Comercio y firma electrónicos, análisis jurídico de losservicios de la sociedad de la información, 2da ed., Editorial Lex Nova,España, 636 págs.TARUFFO, M. 2008. La prueba, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A.,Madrid, 325 págs.LEGISLACIÓN NACIONALLey N° 43 de 31 de Julio de 2001, Gaceta Oficial 24359 de 3 de septiembrede 2001.EL CÓDIGO PROCESALPENAL: NOVEDADES YDESAFÍOSI. INTRODUCCIÓNDelia Adelina De Castro DíazEn los últimos 20 años, la República de Panamá ha adecuado sulegislación en distintas ocasiones, con el propósito de reconocer derechos alos imputados 21 , facilitar la intervención de la víctima en el proceso penal 22 ,producir mayor celeridad e inmediación 23 e inclusive optimizar la función delMinisterio Público en dirección a la selección de las causas que deben llegara los tribunales 24 .Hasta el momento, tales mecanismos han permitido avances en loque a la administración de justicia se refiere, pero la época en que vivimosproducto de la globalización, la mayor preparación y estudio de losprofesionales vinculados al ejercicio del Derecho y la exigencia de un mejorservicio por parte de los usuarios del sistema penal, condujo al país a uncambio aún más profundo: el de las instituciones que participan de laadministración de justicia y la forma de desarrollar el proceso.Es así que la aprobación de un Código Procesal Penal que entrará envigencia de forma progresiva conforme lo dispone el artículo 556 de la Ley21 Incorporación de las medidas cautelares personales distintas a la detención preventivamediante la Ley 3 de 22 de enero de 1991.22 Ley 31 de 28 de mayo de 1998 de la Protección a las víctimas del delito.23 Introducción de la audiencia preliminar a través de la Ley 1 de 3 de enero de 1995.24 Ley 39 de 26 de agosto de 1999, que otorgó a los Agentes del Ministerio Público lafacultad de abstenerse del ejercicio de la acción penal mediante la aplicación del principiode oportunidad reglado.