Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índicecerciorarse que éstos se utilicen correctamente, según lo indicado por la leyo los reglamentos y a iniciar las acciones judiciales enderezadas a recuperarlos que han sido despojados al Estado.Al efecto, este organismo independiente debe llevar las cuentasnacionales, incluso las referentes a las deudas interna y externa; fiscalizar yregular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo defondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección;examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, lasentidades o las personas que administren, manejen o custodien fondos uotros bienes públicos; realizar investigaciones e inspecciones tendientes adeterminar la corrección o la incorrección de las operaciones que afectenpatrimonios públicos; establecer y promover la adopción de medidasnecesarias para que se hagan efectivos los créditos a favor de las entidadespúblicas; recabar informes sobre la gestión fiscal de las dependenciaspúblicas nacionales, provinciales, municipales autónomas, semiautónomas yde las empresas estatales; demandar la declaratoria de inconstitucionalidado de ilegalidad, según el caso, de las leyes y de los demás actos violatoriosde la Constitución o de la Ley que afecten patrimonios públicos; establecerlos métodos de contabilidad de las dependencias públicas; informar a laAsamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de laAdministración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y la convenienciade la expedición de créditos suplementales o extraordinarios, etc. (art. 280,Constitución Política).Aparte de las acciones de inconstitucionalidad, de ilegalidad o decarácter penal que está facultado para promover, el Contralor General de laRepública debe presentar al Tribunal de Cuentas, para su juzgamiento, lascuentas de los servidores públicos de manejo y los agentes de manejo(particulares) cuando surjan reparos por supuestas irregularidades y asípueda este Tribunal establecer la lesión patrimonial y la responsabilidad deestos servidores o agentes. La tarea relativa al resarcimiento del perjuicioocasionado al Estado está encomendada a este nuevo Tribunal, el cual debeadoptar las medidas cautelares encaminadas a que las acciones del Estadono resulten ilusorias.II. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNCon justa razón se ha expresado que la corrupción es un gravamen alos pobres, porque muchos de los recursos destinados a remediar la pobrezasirven para engrosar las arcas de los expoliadores, los desfalcadores y detodos aquellos que se han beneficiado ilícitamente de la cosa pública.De conformidad con Alirio Liscano, “La corrupción, (…) tiene que ver yasí fue desde siempre, con el orden social imperante, especialmente conaquel tipo de sistema en el que priva el lucro personal como horizonte dedeterminado status dentro de la comunidad, para el ascenso a posicionespolíticas y lógicamente para el logro de una vida rodeada de riquezamaterial, de necesidades satisfechas y de comodidad”. 64 Mariano Grondona,en su libro La Corrupción (Planeta Argentina, Buenos Aires, 1993), añadeque “Toda situación corrupta procede, como si fuese de una raíz venenosa,de un desorden moral básico que aparece „cuando el dinero ocupa unaencumbrada posición en la tabla de valores de una comunidad, y lo cierto esque así parecen estar las cosas hoy en la mayoría de las sociedadesconocidas. Lo habitual es que un funcionario viole sus deberes de lealtad alpueblo, no porque le prometan un puesto más alto, o por alguna otracondición ajena a lo económico, sino porque hay dinero de por medio‟”. 6564 LISCANO, Alirio. “Bolívar y la probidad administrativa”, en Bolívar en tres Perfiles. Ensayode aproximación a sus ideas fundamentales. México, 1996, pp. 25 y 26.65 Citado por VELARDE FUERTES, Juan (Consejero del Tribunal de Cuentas en España).“Corrupción: realidad económica y control fiscalizador”, en Revista Española de ControlExterno, Nº3, Vol. I, Madrid, 1999, pp. 39 y 40.