Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índiceAsí, el artículo 10 de la Declaración Universal de los DerechosHumanos indica que:“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plenaigualdad, a ser oída públicamente y con justicia por untribunal independiente e imparcial, para la determinación desus derechos y obligaciones o para el examen de cualquieracusación contra ella en materia penal”.Por su lado, el artículo 8 de la Convención Americana de losDerechos Humanos (Ley 15 de 28 de octubre de 1977), ratificada pornuestro país, y que desde la década del noventa del siglo pasado, deacuerdo con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 73 constituye parte delBloque de Constitucionalidad, en lo pertinente dispone:“Art. 8-1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías ydentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en lasubstanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para ladeterminación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal ode cualquier otro carácter”.Por lo tanto, en los procesos civiles, laborales, tributarios, aduaneros,de menores, de familia, agrarios, contencioso administrativos, electorales, decuentas o patrimoniales, 74 arbitrales y coactivos rige el debido proceso.No cabe duda entonces que en la nueva Jurisdicción de Cuentastiene plena vigencia el principio del debido proceso.Según el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los elementosbásicos de la garantía son:1. El “derecho a ser juzgado por Tribunal competente, previamenteestablecido”;2. El “derecho a que ese juzgamiento se realice conforme al trámitelegal”; y,3. El “derecho a que, durante su juzgamiento, se permita al imputadoel ejercicio de todas las garantías para su adecuada defensa”. 75También para el Pleno de la Corte Suprema el ejercicio de unaadecuada y efectiva defensa del procesado enlaza con los derechossiguientes: derecho a ser oído, derecho a ser notificado debidamente,derecho a presentar pruebas o contradecir las pruebas aportadas, elderecho de hacer uso de los medios de impugnación contra las resolucionesjudiciales, derecho a que las resoluciones del Juez sean motivadas, derechoa que no se surta un proceso no disciplinado mediante ley; derecho a que eltrámite del proceso se apegue a la regulación indicada por la ley, derecho aque no se pretermita ninguna instancia, derecho a que la sentencia no sea73 Sentencia de 8 de noviembre de 1990. Acción de Amparo de Garantías Constitucionales.Sentencia de 19 de marzo de 1991. Acción de Inconstitucionalidad.74 El proceso o “el procedimiento de responsabilidad patrimonial debe acogerse y respetar eldebido proceso, sobre todo si el ejercicio de una competencia de interés público es capazde afectar intereses de los particulares. Lo contrario, desdice el concepto y práctica delEstado constitucional y social de Derecho diseñado por la ley Fundamental” (sentencia de12 de mayo de 2005. Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Acción de Amparo deGarantías Constitucionales).75Sentencia de 13 de septiembre de 1996. Acción de Amparo de GarantíasConstitucionales.