Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índicesiguiente: 1-en el numeral 5, que se refiere a las evaluaciones de laComisión Médica de Primera Instancia, señala que le fue diagnosticadoFIBROMIALGIA y un 30% de incapacidad (resultado que no se tomó encuenta en por la comisión de primera instancia, toda vez que éste fue emitidocon posterioridad). 2-En el numeral 9, que se refiere a la evaluación de laComisión Médica de Segunda Instancia, se establece un diagnósticodiferente: Síndrome depresivo menor leve, por el cual se establece un 24%de invalidez.Esta situación de desconocimiento del diagnóstico de primera instancia,fue de alguna manera reconocido por el funcionario demandado, cuando ensu Informe Explicativo de Conducta, señala:"Por otro lado debemos señalar, que la diferencia entre la ComisiónMédica Calificadora de Primera y Segunda Instancia, es que la Primera es laque por Ley está facultada para iniciar la fase inicial de evaluación de todapersona que solicita una pensión de invalidez, cuya decisión puede serrevisada en virtud de un recurso, y la Segunda es el máximo organismoinstitucional en esta materia cuando sean recurridos en Primera Instancia,que le da un criterio técnico a la Honorable Junta Directiva de la Caja deSeguro Social, cuyo criterio impera sobre los emitidos por la ComisiónMedica Calificadora de Primera Instancia.Así pues, el dictamen de porcentaje de invalidez definido por laComisión Médica Calificadora de Segunda Instancia del 24%, impera sobreel propuesto por la Comisión Médica Calificadora de Primera Instancia 30%,por lo que, la señora M no califica para ser considerada inválida"(SIC)(F. 20)Este argumento, a juicio de la Sala, resulta insuficiente para justificar ladeclaratoria de no invalidez de la señora M.Ante la omisión de la Comisión Médica Calificadora de PrimeraInstancia, al no atender el diagnóstico del Servicio de Medicina Física yRehabilitación, aunado a la variación en el diagnóstico por parte de laComisión Médica de Segunda Instancia, el Tribunal considera se evidenciauna infracción al acápite a) del artículo 46 del Decreto Ley No. 1 de 1954, elcual señala lo siguiente:"Tendrá derecho a pensión de invalidez el asegurado que reúna lossiguientes requisitos:a)Ser declarado inválido por la Comisión de Prestaciones de la Institución envista del Informe de la Comisión Médica Calificadora y de los demásexámenes y pruebas que estime necesarios...."Aunado a lo anterior, se observa a foja 153, un Informe dirigido a laJunta Directiva de la Caja de Seguro Social, con el cual se adjuntó elproyecto de resolución de segunda instancia, y que confrontado con en elanálisis expuesto en párrafos anteriores, puede concluirse que fueronpresentadas apreciaciones erradas del proceso de primera instancia.Como hemos venido señalando, el dictamen de las ComisionesMédicas Calificadoras y de las autoridades de la entidad demandada quedebieron resolver los procesos de primera y segunda instancia, fue basadoen una evaluación incompleta, con contradicciones y omisiones deconsideración, e incluso dictado sobre una base subjetiva ante la carencia deuna reglamentación objetiva para la calificación de la invalidez.Cabe destacar el hecho, que se llegó a una decisión contraria a losolicitado por la demandante, obviando diagnósticos médicos, emitidos por lapropia Caja de Seguro Social, donde fue considerada imposibilitada paralaborar. Esto a pesar también, de las constancias emitidas por los médicosespecialistas a nivel privado, que estuvieron brindado tratamiento a la señoraM, en los últimos años antes de presentar su solicitud, los cualescoincidieron en sus diagnósticos y que han sido enfáticos en señalar, que la