Boletín de Informaciones Jurídicas No. 42 - Universidad de Panamá

Volver al índiceEs evidente que la institución, de oficio, está autorizada para realizarlas inspecciones, las auditorías o las investigaciones para determinar lacorrección o la incorrección de las operaciones que afecten patrimoniospúblicos.Por otro lado, la rendición de cuentas de los empleados o los agentesde manejo debe hacerse ante la Contraloría. La rendición es el informerendido por toda persona que reciba, maneje, custodie o administre fondos obienes públicos, sobre la actuación relacionada con éstos dentro un períododeterminado, e incluye el informe financiero correspondiente a la respectivadependencia estatal (arts. 17 y 18, Ley 32 de 1984).Cuando no se haya señalado término al efecto, la cuenta sobre losfondos públicos deberá rendirse mensualmente, dentro de los primerosquince días del mes siguiente (art. 19, ibídem).La cuenta rendida será examinada, finiquitada o reparada dentro deltérmino de un año, contado a partir de la fecha en que se reciba en laContraloría General, debiendo ésta expedir recibo para dejar constancia deeste hecho, a requerimiento del interesado (art. 25, ibídem).En ambos casos, es decir, cuando se realice un audito o unainvestigación o inspección y se revele que hay irregularidades o cuando serepare la cuenta, de lo que deduce la Contraloría General de la República laexistencia de lesión patrimonial, debe activar la Jurisdicción de Cuentas paraque el Tribunal establezca la responsabilidad de los servidores públicos o losparticulares involucrados en los hechos. En otras palabras, la Contraloríadebe remitir el resultado de sus pesquisas administrativas a las institucionesjurisdiccionales para que éstas inicien, tramiten y concluyan el procesocorrespondiente.VII. GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO DE CUENTASEl artículo 32 de la Constitución Política, modificado por el ActoLegislativo N°1 de 2004, establece la garantía del debido proceso, así:“Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridadcompetente y conforme a los trámites legales, ni más de unavez por la misma causa penal, administrativa, policiva odisciplinaria”.El Acto Legislativo mencionado agregó a la normaprimigenia las causas administrativas.El precepto constitucional expresamente limita el debido proceso a losnegocios penales, administrativos, policivos o disciplinarios; sin embargo, ladoctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia desde 1979 72 ha sidopacífica en el sentido de que tiene aplicación en todo tipo de pleito, aunqueello no se diga explícitamente en dicho artículo 32. El fundamento de estadoctrina se encuentra en el artículo 10 de la Declaración Universal de losDerechos Humanos y en el artículo 8 de la Convención Americana de losDerechos Humanos que incluye a los procesos civiles, laborales, fiscales o“de cualquier otro carácter”.72El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 12 de noviembre de1979, expresó: “las garantías del tribunal competente y del debido proceso (...) sonextensivas a todos los juicios, cualquiera que sea su naturaleza (penal, laboral, civil, etc.), yello en consonancia de las tendencias del derecho público moderno, recogidas en laDeclaración Universal de los Derechos Humanos...” Acción de Amparo de GarantíasConstitucionales. Igualmente, en sentencia de 16 de noviembre de 1982, el Pleno expuso:“La Constitución consagra (...) la garantía del debido proceso, que impone y orienta todo elderecho procesal objetivo panameño”. Acción de Inconstitucionalidad (citadas por HOYOS,Arturo. “El debido proceso en el sistema jurídico de Panamá”, en Primer CongresoPanameño de Derecho Procesal. Panamá, 2004, pp. 314 y 315).