Informe para el Grupo de Trabajo Sobre Desaparición Forzada e ...

More documents

Recommendations

Info

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, quienes lo detuvieron arbitrariamente en su lugar de trabajo. Desde aquel día,nadie volvió a verlo. Las últimas personas que aseguran haberle visto tambiénfueron detenidas y aseguran que fueron interrogados al igual que Jesús.Tras su desaparición, los familiares de Jesús Ángel acudieron a diversoscentros de detención, entre ellos de la PGJDF, donde presentaron la denunciapor desaparición forzada, no obstante, el Ministerio Público local inicio laAveriguación Previa por el delito de privación ilegal de la libertad 14 . El 12 deabril de 2002 se inició una segunda averiguación previa en la que se denuncióque uno de los policías involucrados en la desaparición había intentadoextorsionar a Jesús. Ambas denuncias fueron acumuladas.Entre los meses de abril a julio de 2012, la CDHDF inició dos expedientes deinvestigación con motivo de diversas irregularidades observadas en laintegración de las averiguaciones previas. El 3 de junio de 2002, tras analizarseel caso, se emitió la Recomendación 4/2002 15 , la cual fue aceptada por laPGJDF; a pesar de ello, la procuraduría negó que se tratara de unadesaparición forzada.a.4.1.2 Recursos legales interpuestosTras cuatro meses de su desaparición y ante la falta de resultados en ladeterminación del paradero de Jesús Ángel, familiares interpusieron un juiciode amparo a su favor, el cual careció de efectividad ya que el Juez lo calificócomo incomunicación. El 18 de febrero de 2003 el juzgado de distritodeterminó que el recurso se tomaría como no presentado en virtud de queJesús no compareció a ratificarlo.El 15 de octubre de 2002, la PGJDF declaró su incompetencia para seguirconociendo del caso, bajo el argumento de que en los hechos habíanparticipado policías federales, razón por la cual remitió las actuaciones a laProcuraduría General de la República (PGR). Ese mismo día se radicó en elámbito federal una indagatoria en la que se continuarían investigando loshechos; no obstante, el 10 de Febrero de 2003 se determinó el no ejercicio dela acción temporal por los delitos de privación ilegal de la libertad, desapariciónforzada de personas, lesiones, abuso de autoridad, extorsión y falsedad dedeclaraciones ante autoridad. El principal argumento de la autoridad se refirió ala negación de las acusaciones por parte de los responsables, señalandoademás, que era necesaria la declaración de Jesús Ángel para que se aclaren14 El actual CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de2002, entrando en vigor 120 días después de su publicación y abrogando el anterior Código de 1931 (de conformidadcon los artículos segundo y quinto transitorios). El artículo 160 define que una privación ilegal de la libertad ocurrecuando un particular que priva a otro de su libertad, sin el propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a lapersona privada de su libertad o a cualquier otra; asimismo, en su último párrafo señala que cuando la privación de lalibertad se lleve a cabo únicamente para cometer los delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 deeste Código respectivamente, la pena será de cinco a veinte años de prisión.15 La Comisión recomendó: “Primero.- Que en la integración de la averiguación previa FSPI/68/02-03 el agente delMinisterio Público lleve a cabo una investigación pronta, objetiva, exhaustiva, imparcial y eficaz, en la que analice todoslos elementos que integran el expediente y que la investigación no sea limitada u obstaculizada […] Segundo.- Secontinúe brindando protección a Leonor Guadalupe Olvera López, a su familia y a sus testigos con la finalidad de queno sean objeto de intimidaciones por parte de los servidores públicos involucrados.” (Cfr. Recomendación 4/2002 de laCDHDF).12
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERALlos hechos 16 .En enero de 2005, tras iniciarse una nueva Averiguación Previa por el delito dedesaparición forzada en la PGR, fueron giradas órdenes de aprehensión encontra de cuatro elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación;sin embargo, los servidores públicos nunca fueron detenidos al obtener lacancelación del mandamiento judicial. Tan solo uno de ellos, Roberto GalarzaHernández, fue detenido en 2008 y sentenciado en 2010 por el delito dedesaparición forzada de personas. La decisión fue notificada a los familiares enel mes de enero de 2011.A la fecha, tras 9 años de la desaparición de Jesús Ángel, solo unservidor público ha sido sancionado, no se ha permitido a su madreconsultar el expediente 17 y no se ha aclarado el paradero o se hanencontrado los restos de la víctima.a.4.1.3 Petición ante el Sistema InteramericanoAnte la evidente impunidad del caso, el trascurso de los años y la ineficacia dela jurisdicción interna para permitir a los familiares de Jesús Ángel acceder a lajusticia y conocer la verdad de los hechos, la CDHDF asumió la representaciónde las victimas en conjunto con el Centro por la Justicia y el DerechoInternacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).De tal forma, el 1 de noviembre de 2010, mediante el Informe No. 147/10, laCIDH declaró la admisibilidad del caso para efectos del examen sobre lapresunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1.1, 2, 3, 4, 5,7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, III y XI dela Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; asícomo 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar laTortura 18 . Actualmente el caso continúa en trámite tras haberse presentado lasobservaciones sobre el fondo del caso.A.5 Legislación en materia de desaparición forzada en el Distrito Federal.De acuerdo con el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal 19coordinado por este organismo en 2008, el Código Penal del Distrito Federal(CPDF) presenta carencias importantes en la tipificación del delito dedesaparición forzada de personas.El CPDF sostiene en el artículo 168 que:16Según lo disponen los artículos 17, 18 y 117 de la Ley de Amparo reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Ley de Amparo”).17 En este sentido, el personal del Juzgado señaló que no podían darle acceso al expediente porque nunca solicitó lacoadyuvancia durante el proceso, por lo que solo el Ministerio Público [Federal] puede consultarlo. Destaca que éstejuicio se sustanció principalmente durante los años 2009 y 2010, cuando la madre de Jesús Ángel fue detenida ypermaneció interna en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, por lo cual se vio impedidapara realizar dicha solicitud y desconoció las acciones que se desahogaron.18 Véase, Informe No. 147/10, disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/2010sp/MXAD497-03ES.doc1913
Page 1: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D
Page 4 and 5: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL D

Informe para el Grupo de Trabajo Sobre Desaparición Forzada e ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?