transparencia, lucha contra la corrupción y el sistema ...

Estudio especial sobre asesinato de periodistas se citan más de una veintena de casos en todala región en la que periodistas han sido asesinados entre los años 1995 y 2005 con motivo dela denuncia de actos de corrupción 32 . En este estudio, la Relatoría hace ver la implicancia quepuede tener el asesinato de comunicadores sociales en la denuncia y control de los actos decorrupción, cuando afirma que:INFORMEy que,se viola el artículo 13 de la Convención Americana, y se genera, por lo tanto, responsabilidadinternacional del Estado, por el asesinato de periodistas en razón del ejercicio de sus actividadesprofesionales, afirmando que este tipo de delito tiene el efecto de amedrentar a otrosperiodistas y ciudadanos en general, al generar el temor de denunciar los atropellos,abusos y actos ilícitos de todo tipoLa ausencia de una investigación efectiva de este tipo de delitos y la consiguiente noidentificación y sanción de todos los responsables, genera impunidad y, de este modo, propiciala repetición de los mismos y produce nuevamente un efecto inhibidor del ejercicio de lalibertad de expresión, especialmente en lo que atañe a la libertad de denunciar e informarsobre la conducta de los agentes públicos. Ese efecto sólo puede ser evitado mediantela acción decisiva de los Estados para investigar, enjuiciar y castigar a quienes amenazan,asesinan o cometen cualquier forma de represalia contra una persona por la manifestación desus ideas y opiniones 33 .En este sentido, la debilidad del sistema de justicia en proteger debidamente a quienesdenuncian actos de corrupción tiene por consecuencia el inhibir nuevas denuncias. Aquí tambiénes posible visualizar la estrecha vinculación que existe entre la denuncia de actos de corrupcióny el derecho a la libertad de expresión. En efecto, si se garantiza mejor el derecho a la libertadde expresión es posible esperar que también existan más denuncias de actos de corrupción.Por ello, varios expertos/as llamaron la atención respecto de la necesidad de derogar en lospaíses de la región las normas que penalizan las injurias y calumnias, así como las leyes dedesacato, que son un desincentivo fuerte a realizar denuncias en contra de la autoridad, enparticular cuando las acusaciones son difíciles de probar, como ocurre con la mayoría de losactos de corrupción. Las responsabilidades en estos casos debieran perseguirse, a juicio delos especialistas, únicamente en sede civil. Puesto que estas materias han sido ampliamentetratadas por la Comisión y la Corte Interamericana en casos individuales 34 y en informes de32 CIDH – Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio especial sobre la situación de lasinvestigaciones sobre el asesinato de periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con su actividadperiodística, período 1995-2005. 8 de marzo de 2008. OEA/Ser.L/V/II.131, Doc. 35. [en línea] [consulta: 15 enero 2012].33 Ibídem, párrs. 69 y 70. Negritas agregadas.34 Ver por ejemplo: Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; Corte IDH. Caso Ricardo Canese32