internacional, y <strong>el</strong> contenido de dichas obligaciones podría servir para precisar cuándo losEstados se encuentran cumpliendo –o no– con su obligación de cooperar a niv<strong>el</strong> internacional,con <strong>el</strong> objeto de procurar <strong>el</strong> desarrollo progresivo de los DESC.Se discutió entonces cuál sería <strong>el</strong> enfoque para judicializar casos de corrupción que afectan<strong>el</strong> goce de los DESC. Por ejemplo, ¿sería posible pensar en judicializar casos en los que seasignan recursos para determinadas prestaciones –construcción de hospitales, adquisiciónde medicamentos, por ejemplo–, pero en los que no se produce <strong>la</strong> ejecución d<strong>el</strong> gastopresupuestario? En este caso, se podría decir que se está frente a una vio<strong>la</strong>ción d<strong>el</strong> derecho a<strong>la</strong> salud de <strong>la</strong>s personas que hubiesen sido <strong>la</strong>s destinatarias de <strong>la</strong>s prestaciones en cuestión.Con todo, casos como <strong>el</strong> anterior presentan varios desafíos en materia de prueba y en materiade identificación de víctimas: ¿cómo identificar a <strong>la</strong>s víctimas si justamente nunca se lograronconcretar los destinatarios de los servicios o prestaciones? Por otro <strong>la</strong>do, también se cuestionósi los casos en que no hay ejecución d<strong>el</strong> gasto se deben efectivamente a problemas decorrupción o a una simple ineficiencia administrativa. En este último caso, <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>ción a losderechos humanos de todas formas se produce, pero entonces ya no se está tratando de casosde corrupción, sino de ma<strong>la</strong> gestión pública.INFORMEAdemás, se discutió casos en los cuales se produce discriminación en <strong>el</strong> gasto público: cuandoen una misma ciudad, por ejemplo, los recursos destinados a vialidad, salud o educación sedestinan de forma preferencial a una zona y no a otra, se presenta una situación que puedeimplicar una vio<strong>la</strong>ción a los DESC, además d<strong>el</strong> derecho a <strong>la</strong> igualdad, siempre que se logremostrar que <strong>la</strong> preferencia era arbitraria. Si <strong>la</strong> corrupción era <strong>el</strong> motivo que justificaba estadiferencia en <strong>la</strong>s asignaciones, entonces obviamente no existía una justificación objetiva yrazonable.En estos casos, sin embargo, nuevamente parece ser más fácil probar <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>ción dederechos humanos que <strong>el</strong> hecho de corrupción, pues lo primero no requiere de una pruebade responsabilidad individual más allá de toda duda razonable. Por <strong>el</strong>lo, <strong>la</strong> corrupción serviríamás bien como contexto para ilustrar estas situaciones, más que como una forma eficientede judicializar los casos. Ahora bien, justamente quienes trabajan en <strong>la</strong> <strong>lucha</strong> anticorrupciónpueden concebir que, cuando <strong>la</strong> responsabilidad individual de los autores d<strong>el</strong> d<strong>el</strong>ito de corrupciónsea muy difícil de probar, de todas formas sería posible, a través de mecanismos legales queprotegen los derechos humanos, obtener una cierta reparación d<strong>el</strong> daño social causado por<strong>la</strong> corrupción. En <strong>el</strong> caso específico de los DESC, los estándares de cumplimiento de estosderechos –disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad 49 – permitirían evaluarcasos en los que, si bien no se puede probar que existe corrupción, a lo menos se puedeprobar que existe un daño.49 Para una explicación de estos cuatro estándares y de <strong>la</strong> forma en <strong>la</strong> que podrían ayudar a <strong>la</strong> <strong>lucha</strong> <strong>contra</strong> <strong>la</strong>corrupción, ver ICHRP. Corrupción y derechos humanos: Estableciendo <strong>el</strong> vínculo, op. cit., p. 55.40
Asimismo, un participante compartió <strong>la</strong> experiencia de algunas organizaciones que trabajan ensupervisión presupuestaria, <strong>la</strong>s que han comenzado a trabajar con <strong>la</strong>s instituciones superioresde fiscalización (Contralorías, Tribunales de Cuentas) para que <strong>el</strong> control que éstas efectúanal gasto público no sea únicamente <strong>el</strong> de un control formal, sino <strong>el</strong> de una supervisión mássustantiva de <strong>la</strong> garantía de los derechos: es decir, en <strong>la</strong> evaluación, debiera considerarse si<strong>la</strong> partida se gastó, pero además si <strong>la</strong> forma en <strong>la</strong> que se gastó permitió efectivamente cumplir<strong>el</strong> rol de protección o garantía de los derechos a <strong>la</strong> que estaba destinada. Esto, obviamente,implica repensar de muchas formas <strong>el</strong> rol de estas instancias, pero es una forma de comenzara vincu<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s cuestiones de eficiencia en <strong>la</strong> gestión pública con <strong>la</strong> de garantía efectiva de losderechos humanos.INFORMEOBSTÁCULOS, sinergias y ActoresLos obstáculos: evaluando <strong>la</strong>s limitaciones d<strong>el</strong> SIDHSi bien hubo un acuerdo transversal en <strong>la</strong>s prometedoras perspectivas de incidencia conjunta,varios/as especialistas p<strong>la</strong>ntearon en <strong>la</strong> discusión ciertos reparos respecto de <strong>la</strong> utilización d<strong>el</strong>SIDH.El primero de <strong>el</strong>los, es que <strong>la</strong> utilización d<strong>el</strong> SIDH no es un fin en sí mismo: se trata de unaherramienta más entre muchas, que debe utilizarse en conjunto con otras estrategias de accióntanto para lograr un mayor respeto de los derechos humanos en <strong>la</strong> región, como para <strong>lucha</strong>r en<strong>contra</strong> de <strong>la</strong> corrupción. En este punto hubo consenso entre todos/as los/as especialistas.En segundo lugar, se presentaron objeciones de fondo a <strong>la</strong>s posibilidades de acción d<strong>el</strong> SIDH,en especial, en su capacidad de responder a <strong>la</strong>s demandas por mayor participación e igualdadsocial, y a su limitada acción en <strong>el</strong> ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.Tanto para responder a <strong>la</strong>s demandas estructurales de los grupos más vulnerables que sehan p<strong>la</strong>nteado dentro d<strong>el</strong> mismo movimiento de derechos humanos, como para poder abordarcorrectamente <strong>el</strong> fenómeno de <strong>la</strong> corrupción, se requiere poder avanzar en materia de DESC yde participación, y <strong>el</strong> SIDH hasta ahora no ha sido demasiado fuerte en ninguno de estos dosaspectos.Por otro <strong>la</strong>do, <strong>el</strong> SIDH tiene otros inconvenientes de índole más práctica, en particu<strong>la</strong>r, <strong>el</strong> enormeretraso procesal en <strong>el</strong> tratamiento de sus casos: <strong>el</strong> SIDH ha sido una herramienta útil en ciertoscasos líderes, pero bastante lenta. P<strong>la</strong>ntear un caso que debe litigarse a niv<strong>el</strong> interno, agotar losrecursos internos y luego llevarlo ante <strong>la</strong> Comisión y eventualmente ante <strong>la</strong> Corte es un procesoque puede llevar entre 7 y 10 años, si no más.Un cuarto punto en <strong>el</strong> que insistieron varios/as especialistas fue <strong>el</strong> problema de <strong>la</strong> implementaciónde <strong>la</strong>s resoluciones que provienen de los órganos d<strong>el</strong> <strong>sistema</strong> interamericano. Un experto p<strong>la</strong>nteóque <strong>el</strong> SIDH podía considerarse como un mecanismo “debilitado”, en tanto cada vez sería más41
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